Inspectores y subinspectores acaban de celebrar su tercer día de huelga indefinida ante la falta de diálogo con el Ministerio para mejorar sus condiciones profesionales
En un acto celebrado este jueves en el Ministerio de Trabajo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentaba el acuerdo que suscribía el Gobierno en el seno del Diálogo Social, con patronal y sindicatos, para la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, un acto que contó con la presencia de todos los interlocutores sociales y representantes de las Comunidades Autónomas.
“La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 se sustenta en dos pilares fundamentales: la prevención y la colaboración, con un enfoque integral, y situando al mismo nivel la protección de la salud física y mental de las personas trabajadoras”, destacó la ministra en el acto protocolario de la firma.
Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, volvió a poner en el foco de atención a la Inspección de Trabajo, de la que señalo que es un pilar clave y que necesita más medios técnicos y humanos para hacer su labor.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) afrontó este miércoles 22 de febrero su tercer día de huelga convocada por las distintas organizaciones sindicales para reclamar al Gobierno que cumpla con el acuerdo alcanzado en julio de 2021 y refuerce el organismo. El seguimiento, con oficinas vacías en casi toda España, rondó el 90 %.
La huelga, convocada por la plataforma reivindicativa formada por las asociaciones CCOO, CIG, CSIF, SITSS, SISLASS, UGT, UPIT y USESS en todos los centros de trabajo de la Inspección, viene provocada porque desde hace 19 meses que suscribieron un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, julio del 2021, este acuerdo sigue sin desarrollarse.
Precisamente este miércoles, los convocantes de la huelga que se manifestaban frente al Ministerio de Trabajo aprovecharon la coyuntura para reunirse de forma improvisada con Joaquin Rey, secretario de Estado de Empleo y parte de su equipo. En esa reunión, se les indicó que se estaba trabajando con el Ministerio de Hacienda en un nuevo borrador de acuerdo que regulase la situación de la Inspección ante la sorpresa de estos profesionales.
“La ministra Díaz habla de impulsar de nuevo el diálogo social para reformar la Ley de Prevención de Riesgos laborales de 1995, que nos parece bien, pero es incapaz de sentarse con nosotros y resolver nuestro problema”, explica Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad social
Esta plataforma reclama a Díaz que “se implique directa y personalmente para garantizar que el diálogo social vuelva a entrar en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, convocándonos a una mesa para solucionar los problemas que tiene la Inspección de Trabajo”, aclara Josetxo Gándara de CCOO.
Desde este colectivo se explica a Economist & Jurist que “las reformas laborales y las estrategias para frenar la siniestralidad laboral no serán realmente eficaces, si no se refuerza la parte operativa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
A día de hoy, en España hay 858 inspectores de trabajo, 994 subinspectores y 924 efectivos de personal administrativo en este organismo. La ratio es de solo un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea es de uno por cada 7.000.
Se abre el diálogo social de nuevo
En este acto de presentación de la Estrategia de Seguridad y Salud estuvieron presentes los secretarios generales de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Junto a ellos el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva, el director de Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Carlos Arranz. En representación de las Comunidades Autónomas, la Consejera de Empleo y Políticas de Empleo del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ya que los regionales también han participado en la elaboración de la Estrategia.
La ministra anunció además la próxima apertura de una mesa de diálogo social para actualizar el marco normativo de la Ley de Prevención de Riesgos laborales a fin de mejorar la integración de la actividad preventiva de las empresas, la introducción de la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos y el reforzamiento de la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales.
“Es una expresión de la importancia de nuestros objetivos, que estarán avalados por el Diálogo Social”, resaltó Díaz.
Ese diálogo social del que hace tanto gala Díaz “es el que falta para resolver la problemática de nuestro colectivo. La ministra apareció en mayo del 2021 para iniciar las negociaciones con nuestro colectivo, pero luego ha desaparecido y no se ha implicado en nuestra mesa de trabajo. Alardea del trabajo de la Inspección pero es incapaz de resolver nuestros problemas”, aclaran desde la plataforma reivindicativa.
Mayor eficacia en prevención
Con el objetivo de conseguir la mayor eficacia posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la Estrategia ha sido elaborada en torno a seis objetivos estratégicos:
El primero de ellos es del de mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Junto a ese hay otro objetivo como es de la gestión de los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático.
El tercer punto de dicha Estrategia es el de mejorar la gestión de la seguridad y la salud en las PYMES, una apuesta por la integración y la formación en prevención de riesgos laborales, así como reforzar protección de las personas trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad.
Como quinto elemento, Díaz indicó que se tratará de introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo así como el fortalecimiento del sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo para afrontar con éxito futuras crisis, como sexto elemento.
En torno a estos seis objetivos se han ideado unas líneas de actuación consensuadas por las Administraciones Públicas y los interlocutores sociales y adoptadas en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Según comentaron varios expertos en ese escenario, junto a la figura del Delegado Provincial de Riesgos Laborales, el papel de los inspectores y subinspectores de trabajo será clave.
Con respecto a la prevención de accidentes de trabajo, una de las actuaciones que incorpora la Estrategia es profundizar en la investigación de las causas que provocan accidentes de trabajo mortales debido a patologías no traumáticas, que representan el 40 % de los accidentes letales, con el objetivo de perfilar políticas preventivas eficaces.
Se elaborarán guías para informar sobre los estilos de vida, factores biomédicos y estresores laborales que incrementen el riesgo cardiovascular y sus estrategias de prevención.
Además, se va a poner el foco en las actividades profesionales que acumulan el mayor porcentaje de accidentes de trabajo para intensificar campañas de asistencia técnica y de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de forma coordinada con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Administraciones Públicas.
Transformación digital y salud mental
Ante la transformación digital, ecológica y el cambio demográfico que se está produciendo, se va a revisar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, para incorporar la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva y reforzar la protección de las personas trabajadoras frente a riesgos psicosociales.
Además, por primera vez, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo dedica una atención especial a la salud mental con planes específicos para la identificación, evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en actividades con mayor prevalencia de enfermedades mentales, entre otras actuaciones.
También se reconocerá a las empresas que acrediten buenas prácticas en el manejo de la salud emocional y la prevención de las enfermedades mentales.
Con la identificación de colectivos de personas trabajadoras que presentan los peores datos de seguridad y salud, se van a analizar los factores que las hacen vulnerables y se incorporará la prevención de riesgos laborales en otras políticas públicas.
Se va a prestar atención al nivel de protección de colectivos específicos con mayor riesgo, como los trabajadores y trabajadoras del sector sociosanitario, como lo son las personas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), a través de acciones que mejoren el conocimiento de patrones de siniestralidad y las patologías relacionadas con el trabajo.
En consonancia con el Convenio 189 de la OIT para mejorar la protección de las personas trabajadoras del servicio del hogar, se van a elaborar unos criterios orientativos para la gestión de los riesgos en los servicios de asistencia a domicilio y personas trabajadoras del servicio del hogar, con especial atención en los aspectos ergonómicos y psicosociales.
A fin de que las pequeñas y medianas empresas puedan mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se va a revisar la normativa para facilitar su aplicación y se va a promover la formación y capacitación en prevención de riesgos laborales.
En el caso de los y las autónomas se analizará la normativa correspondiente para lograr una protección de la salud equiparable a la de las personas trabajadoras por cuenta ajena y, de ser necesario, se modificará.
Aunque un análisis global de los accidentes de trabajo demuestra que los hombres se accidentan más que las mujeres, existen determinadas ocupaciones o actividades en los que son las mujeres las que corren el riesgo de sufrir daños asociados a la actividad profesional. Es por ello por lo que, para conseguir una integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva, se va a incorporar esa perspectiva en los procesos de evaluación de riesgos y los estudios sobre las condiciones de seguridad laboral.
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