11 febrero

UGT firma el acuerdo para la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, han firmado junto a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos para la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales


Día tras días seguimos lamentando la escandalosa realidad de los datos de siniestralidad en nuestro país, ante la que no podemos mirar hacia otro lado. Cada año en torno a 800 personas fallecen en accidente de trabajo en España. Mientras la Unión Europea promueve la tolerancia 0 a los accidentes en el trabajo, en nuestro país sigue siendo palpable la precarización preventiva en los centros de trabajo. Ante esta situación, la salud de la sociedad requiere de una acción urgente. La firma de este acuerdo es la respuesta a la urgente necesidad de actualizar una ley que se aprobó hace 30 años y que no protege a las personas trabajadoras de los riesgos del siglo XXI.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha agradecido a los negociadores el trabajo realizado, y ha asegurado que “tiene poca explicación que hoy no esté aquí ningún responsable de la patronal. Es un elemento de una gravedad muy importante. Estamos hablando de una de las lacras más importantes que tiene este país. Una de las cuestiones que produce más dolor a los trabajadores y trabajadoras y sus familias. Cada mañana, cuando nos levantamos, debemos pensar que hay 3 trabajadores o trabajadoras que no vuelven a su casa. Y es imprescindible acabar con esta lacra de una vez por todas”.

Esta modificación que se propone a través del Anteproyecto de Ley, consigue adaptar la normativa a la nueva realidad del mercado de trabajo y la dota de perspectiva de género y de edad a la gestión preventiva. También aborda los diferentes desafíos que presentan las transiciones digital, climática y demográfica.

Aunque la digitalización del lugar de trabajo puede suponer avances, también lleva implícitos riesgos laborales que ya se están manifestando. Las exigencias son cada vez mayores y los plazos de tiempo más ajustados repercutiendo en la salud mental de las personas trabajadoras. De hecho, las bajas por este motivo están disparadas. Para los sindicatos es evidente que la causa de muchos de estos procesos se encuentra en el entorno laboral, por ello, se debe avanzar en el reconocimiento del origen profesional de estas patologías.

En este sentido, la propuesta de modificación de la Ley de prevención de Riesgos Laborales incluye el compromiso de aprobar una norma diferenciada para la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral como ya existe para otros riesgos como los biológicos o los químicos y se incluye la definición de violencia y acoso laboral en línea con el C190 de la OIT. En esta definición, ratificada por España, se establece que dichas conductas pueden suceder una sola vez o de manera reiterada e incluye la realizada a través de las nuevas tecnologías o por uso de algoritmos o IA.

En cuanto a los efectos del cambio climático que estamos sufriendo de manera muy intensa, ponen de relieve la necesidad de mejorar la protección de los y las trabajadoras frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos extremos. Con la modificación de la norma se avanza en este sentido, complementando la regulación ya existente en el RDL 4/2023 y RDL 8/2024.

UGT espera que, durante este año, declarado en nuestro país como el “Año de la seguridad y salud en el trabajo”, podamos contar con una mejora significativa en la cultura preventiva de las empresas, y reducir de manera drástica las vidas truncadas en el trabajo por no haber reconocido los riesgos e implementado las medidas necesarias de protección.

No podemos perder esta oportunidad para avanzar. Por ello, UGT pide responsabilidad a todos los grupos parlamentarios para conseguir una Ley actual, sólida y eficaz. Una responsabilidad que no ha tenido la patronal, que abandonó la Mesa de Diálogo Social tras más de un año y medio de negociaciones y no ha participado en esta firma.


Todo lo que necesitas saber sobre el acuerdo para actualizar la Ley de PRL

¿Qué mejoras incorpora el texto?

· Salud mental
· Transición digital
· Transición climática
· Adaptación a los cambios demográficos 
· Perspectiva de género
· Protección de personas especialmente sensibles
· Participación de las personas trabajadoras
· Formación en prevención
· Gestión preventiva en las empresas


¿Qué cambios propone en salud mental? 

Incorpora cuidados que antes estaban ausentes, evaluando los riesgos psicosociales y estableciendo medidas preventivas, ante unas bajas por salud mental que hoy están disparadas.

¿Qué normas específicas habría para los riesgos psicosociales? 

El desarrollo normativo de estos supuestos y al reconocimiento, del acoso laboral, incluyendo el ciberacoso y la violencia digital.

¿Qué aportaría la Ley en la transición digital? 

Reforzar el derecho a la desconexión digital, una medida clave para prevenir el tecnoestrés y proteger la salud mental de las personas trabajadoras.

¿Cómo afrontaría la Ley los riesgos climáticos? 

Obligaría a evaluar riesgos ante catástrofes naturales y fenómenos meteorológicos adversos, y garantizaría que las personas trabajadoras sean informadas sobre cómo actuar en estas situaciones. 

¿Cómo se tendrían en cuenta los cambios demográficos?

Las evaluaciones de riesgos deberían considerar las características de la población trabajadora envejecida, así como de jóvenes y menores, y se establecería que el puesto de trabajo debería adaptarse a la persona, teniendo en cuenta la edad, el sexo o la condición biológica. 

¿Qué implica incluir la perspectiva de género? 

La Ley lo incorpora en la evaluación de riesgos, permitiendo tomar medidas preventivas específicas frente a un modelo de prevención que hasta ahora estaba mayoritariamente masculinizado. 

¿Qué protección podrían recibir las personas especialmente sensibles? 

Se establece la obligación de protocolos de adaptación del puesto tras ausencias prolongadas por motivos de salud, reforzando su protección dentro del entorno laboral. 

10 febrero

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: "la empresa debe darte mínimo 12 horas de descanso entre jornadas"

El artículo 34 de la norma regula la jornada laboral y deja claros los límites del tiempo de trabajo, los descansos obligatorios y la obligación de registrar el horario.


La ley es clara: entre el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente deben pasar, como mínimo, 12 horas de descanso. Es decir, si hoy sales tarde, tu empresa no puede llamarte para empezar 'tempranísimo' al día siguiente como si fueras un robot con modo ahorro.

Este tipo de normas aparecen en el Estatuto de los Trabajadores, un texto básico que regula la mayoría de derechos laborales en España y que, pese a su importancia, muchos empleados no conocen al detalle.

Y eso juega en contra del trabajador: cuando no sabes lo que te corresponde, es más fácil que aceptes horarios abusivos, cambios de turno sin aviso o jornadas que se alargan sin control.

Uno de los artículos más importantes en este sentido es el artículo 34, que se centra en la jornada laboral. Ahí se recogen los límites generales del tiempo de trabajo, cómo puede organizarse la jornada a lo largo del año y cuáles son los descansos mínimos que deben respetarse sí o sí.

El texto recuerda que la duración de la jornada "será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo". También fija una línea roja: "la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales" de promedio en cómputo anual, según explica el Estatuto de los Trabajadores.

Es decir, que aunque haya semanas más intensas, el balance anual no puede superar ese límite.

Además, el artículo contempla que la empresa pueda aplicar una distribución irregular del horario. Esto significa que puede mover horas de unas semanas a otras en función de la producción, la temporada o las necesidades del negocio.

La ley establece que, incluso en esos casos, "dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley", según explica el Estatuto de los Trabajadores.

El descanso

El INSS reforzará el seguimiento a los trabajadores que se cojan dos o más bajas laborales en un año

El Ejecutivo de Pedro Sánchez reforzará el seguimiento de las incapacidades temporales recurrentes tras las recomendaciones de la AIReF en un informe


El sistema de bajas laborales es una de las principales herramientas de protección social en España. Cada año, millones de trabajadores se acogen a la incapacidad temporal para poder recuperarse de una enfermedad o una lesión sin perder sus ingresos. Se trata de un pilar básico del Estado del bienestar, pensado para garantizar la salud del trabajador y su estabilidad económica mientras no puede llevar a cabo sus labores habituales.

Sin embargo, en los últimos años el debate ha ido más allá de la protección social. Y es que, junto a los casos legítimos, las administraciones detectan un uso reiterado del sistema por parte de un grupo considerable de trabajadores que encadena varias bajas en un mismo año. Una práctica que genera sospechas y abre el debate sobre si se debería tener un mayor control de estos procesos.

Este es el contexto en el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha puesto el foco sobre las bajas laborales recurrentes. En un informe reciente, el organismo alerta de que el número de procesos de incapacidad temporal ha aumentado cerca de un 60% desde 2017 y que una parte relevante corresponde a trabajadores con dos o más bajas anuales. Casi nada.

Según el análisis, aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores concentra más de la mitad de todos los episodios de incapacidad temporal. Además, la duración media de las bajas también se ha incrementado, pasando de unos 40 días a cerca de 46, con especial incidencia en patologías como los trastornos mentales.

Ante esta situación, la AIReF reclama reforzar el control y el seguimiento de los casos reincidentes. El organismo aclara que el estudio no trata de cuestionar el derecho a la baja médica ni de sancionar a los trabajadores, sino de mejorar la gestión del sistema y detectar de forma temprana los procesos que se repiten de manera sistemática, con el objetivo de asegurar que nadie pueda aprovecharse del sistema con un uso indebido.

Entre las medidas propuestas por el organismo al Ejecutivo de Pedro Sánchez figuran una mayor implicación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, una mejor coordinación con los servicios sanitarios y el uso de herramientas que permitan identificar patrones de bajas repetidas.

El Gobierno, por su parte, ha recogido estas recomendaciones y ya trabaja en reforzar los mecanismos de supervisión, especialmente en los casos de dos o más bajas en un mismo año. Un enfoque que busca preservar un sistema clave para millones de trabajadores sin que su uso indebido comprometa su sostenibilidad.


06 febrero

De la vigilancia tradicional a la protección crítica: cómo doblar el salario en seguridad privada

La protección de infraestructuras críticas está redefiniendo la seguridad privada y abre la puerta a sueldos más altos y contratos alineados con los estándares europeos.


Tradicionalmente, la seguridad privada ha estado asociada casi en exclusiva a la figura del vigilante uniformado. Sin embargo, el sector está experimentando una profunda transformación en la que la protección de infraestructuras críticas –energía, transporte, agua, telecomunicaciones o logística— se ha convertido en un ámbito estratégico, mucho más técnico y mejor remunerado.

Ya existen compañías españolas que empiezan a acceder a contratos de protección de infraestructuras críticas, pero el perfil de las adjudicatarias ha cambiado. Ya no compiten solamente con "vigilantes uniformados", sino con un modelo integral que combina seguridad física, tecnología, ciberseguridad y coordinación institucional. Además, el mercado de la protección crítica no está reservado únicamente a empresas de seguridad privada, sino que se articula en torno a tres tipos de compañías.

Los tres actores del nuevo mercado de la seguridad de infraestructuras críticas

1. Empresas de seguridad con oferta evolucionada

En este grupo figuran grandes compañías de seguridad privada que han ampliado su catálogo más allá de la vigilancia básica, integrando tecnología y aportando capacidades de control, resiliencia y análisis, complementarias a la oferta de seguridad física.

Algunos ejemplos son:

Trablisa: con más de 50 años de experiencia en seguridad privada, ha evolucionado hacia servicios especializados para infraestructuras críticas: diseño y ejecución de planes de protección, vigilancia inteligente y adaptación normativa. Opera en logística, transporte y entornos con elevados requisitos técnicos.

Prosegur: la multinacional española integra protección física y ciberseguridad. Su división Cipher trabaja en defensa de infraestructuras esenciales frente a ciberataques, monitorización avanzada y Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), alineándose con los estándares de protección híbrida de la UE y de la OTAN.

Securitas España: aunque la evolución del grupo Securitas AB avanza más rápido en otros países –especialmente en los nórdicos–, en España está reforzando su oferta en vigilancia inteligente, tecnología de monitorización, respuesta móvil y coordinación con autoridades –factores clave en contratos de infraestructuras críticas.