17 agosto

La Generalitat destina casi 7 millones a formar vigilantes y afronta dudas sobre su inserción laboral

ADN Sindical reclama explicaciones sobre la incorporación al sector de los más de 3.000 alumnos declarados aptos durante 2024 y 2025.


Durante 2025 y parte de 2026, la Generalitat de Cataluña ha destinado 6.749.567,80 euros a financiar certificados de profesionalidad de vigilantes de seguridad dirigidos a personas en situación de desempleo inscritas en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Así lo ha indicado la propia Administración autonómica en respuesta a una solicitud de ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña, que cuestiona la eficacia de esta inversión y reclama más información.  

En un comunicado, el sindicato explica que solicitó conocer la cuantía de esta inversión con el propósito de "fiscalizar de alguna manera semejante dinero público en nuestro sector en Cataluña". También pidió la relación de alumnos aptos y no aptos en los certificados, tanto privados como subvencionados, correspondientes a 2024, 2025 y 2026.

Sin embargo, ADN Sindical asegura que la Generalitat únicamente le ha proporcionado datos relativos a los dos primeros ejercicios, pese a que, según sostiene, toda la información solicitada es "legalmente pública". De acuerdo con las cifras facilitadas por la Administración catalana, 3.512 alumnos realizaron el certificado durante 2024 y 2025, de los cuales 3.057 fueron declarados aptos y 455 no lo superaron.

Dudas sobre la inserción laboral

A partir de esa información, ADN Sindical plantea una pregunta directa: "¿Dónde están esos más de 3.000 vigilantes de seguridad?". Según la organización, las empresas catalanas continúan alegando falta de personal y "la mayoría" de los trabajadores empleados para cubrir servicios y grandes eventos en Cataluña sigue llegando desde otras comunidades autónomas.

"Si se han formado en Cataluña miles de nuevos profesionales con dinero público, ¿por qué no se están incorporando al mercado laboral catalán? ¿Se está realizando un seguimiento de la inserción laboral? ¿Ha servido realmente esta inversión para cubrir las necesidades del sector o simplemente se han gastado millones sin evaluar bien los resultados?", cuestiona el sindicato.

Exige explicaciones y evaluación de los resultados

ADN Sindical pone en tela de juicio la gestión de la Generalitat al considerar que prioriza el anuncio de inversiones millonarias en formación con dinero público frente a la comprobación de su impacto real. Según la organización, el Govern "da por cumplido el expediente" con la comunicación del gasto, sin verificar posteriormente los resultados ni si la inversión ha cumplido el objetivo para el que fue destinada.

"Exigimos transparencia, exigimos explicaciones y sobre todo exigimos una gestión responsable del dinero público", subraya el sindicato.

La organización defiende que los ciudadanos tienen derecho a conocer no solo a qué se destinan sus impuestos, sino también los resultados obtenidos. En este sentido, concluye que comunicar una inversión millonaria no basta si después no se demuestra que ha servido para cumplir la finalidad prevista.


Horas extras invisibles: 2,5 millones de horas de trabajo no se pagan en España, lo que equivale a 68.000 empleos

La falta de un sistema eficaz de registro horario dificulta demostrar el tiempo trabajado y deja expuestos a sectores como el de la educación, donde aseguran dedicar hasta 10 o 15 horas semanales fuera de su jornada


Hay horas de trabajo que aparecen en la nómina, horas que figuran en el registro horario y horas que, sencillamente, parece que no existen. No porque no se hayan trabajado, sino porque nadie las apunta, no se consideran horas extraordinarias o resulta difícil demostrar que lo fueron.

En España se realizan cada semana 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones no se pagan ni se compensan con descanso, según un análisis del Gabinete Económico de CCOO elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es el equivalente al empleo a jornada completa de unos 68.000 trabajadores.

El sindicato cifra en 436.000 las personas que realizan esas horas extraordinarias sin contraprestación, una media de 5,8 horas adicionales a la semana por trabajador afectado. Por lo que el 5% de la población asalariada hace horas extra cada semana, y de esas horas, el 40% no se pagan ni cotizan, pese a la obligación legal de registrar la jornada.

El problema tiene, además, una particularidad: no siempre se trata de empresas que carecen de registro horario. Desde 2019 todas las compañías están obligadas a registrar la jornada. La cuestión es si ese registro refleja realmente todo el tiempo trabajado y, sobre todo, si puede utilizarse después para demostrarlo.

Fichar no siempre significa demostrar cuánto se ha trabajado

La reforma de 2019 introdujo la obligación general de registrar la jornada, pero dejó sin determinar con suficiente precisión cómo debía hacerse ese registro para que resultara eficaz. Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, señala que ese es uno de los problemas de fondo: “Muchas empresas no hacen un registro veraz ni tampoco lo hacen de tal manera en la que luego ese registro se pueda comprobar si es cierto”. A su juicio, la reforma “ayudó poco a reducir las horas extra” porque no fijó un sistema suficientemente eficaz para acreditar el tiempo efectivamente trabajado, y ni siquiera está resultando “una herramienta eficaz en materia probatoria”.

El problema, resume el profesor, es “¿cómo demuestras que has hecho esas horas extraordinarias?”. En trabajos con horario fijo, superar la jornada es relativamente fácil de identificar. Pero en empleos con horarios flexibles, jornadas distribuidas de forma irregular o trabajo realizado fuera del centro, delimitar qué es exactamente una hora extraordinaria se complica mucho más. Y después hay que demostrarlo.

Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, introduce un matiz: el registro horario sí ha mejorado la posición de los trabajadores. “La existencia de registro horario es clave para que el trabajador pueda reclamar las horas extras no pagadas”, señala. Pero esa protección no es automática. Cuando existe un horario fijo y no hay registro, el Tribunal Supremo exige que el trabajador aporte indicios suficientes de un exceso de jornada; solo entonces la carga de la prueba pasa a la empresa, y aun así el trabajador debe concretar qué horas reclama.

12 agosto

El SEPE rechaza conceder el subsidio por desempleo a los trabajadores que se beneficien de una indemnización por despido superior a la mínima

El exceso no tributará en el IRPF pero sí se tendrá en cuenta para conceder o no el subsidio asistencial por desempleo


El Estatuto de los Trabajadores (ET) establece en su artículo 53 que en los despidos objetivos el empleado tiene derecho a percibir una indemnización mínima de 20 días de salario por año de servicio "con un máximo de 12 mensualidades". Además, si el contribuyente cumple con los requisitos mínimos de cotización, podrá beneficiarse también de una prestación contributiva por desempleo.

En caso de agotar el paro puede solicitar un subsidio asistencial por desempleo, que atiende al nivel de rentas del individuo para concederlo o no. Ahora bien, si la indemnización concedida supera el límite establecido por el ET, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), siguiendo la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), entiende ese extra como "ingreso mensual", por lo que podría negarse a conceder el subsidio por desempleo si superase la carencia de rentas.

Eso sí, la parte que supere la indemnización mínima no tributará en el IRPF. Así lo determina una reciente sentencia del Supremo (que se puede consultar en este enlace), que aclara cómo computa la indemnización por despido en el IRPF y en el SEPE y confirma que han de aplicarse doctrinas distintas.

La indemnización, el IRPF y el SEPE

Tal y como recoge el letrado Jesús Prieto, la normativa por la que se rige el IRPF consiente que determinadas indemnizaciones queden exentas de tributación, incluso cuando superan los 20 días por año trabajado, pero siempre que no supere los límites fiscales establecidos.

Ahora bien, el Alto Tribunal ha dictaminado que estas exenciones no pueden trasladarse al ámbito de los subsidios. Esto es porque la LGSS no contiene ninguna cláusula que remita al reglamento del IRPF, por lo que la indemnización puede no tributar pero sí computar como renta a efectos del subsidio.

Por tanto, cuando el contribuyente se beneficie de una indemnización por despido y quiera acceder a un subsidio, ha de tener en cuenta la cuantía de esta compensación, ya que la indemnización mínima fijada por ley tiene un tratamiento más favorable por no considerarse renta a efectos del subsidio por desempleo. Además, la LGSS la excluye del cómputo de ingresos.

Sin embargo, cuando las indemnizaciones son superiores, por ejemplo en los ERE, el SEPE considera ingreso la diferencia en la que se excede. Es por esto que, a la hora de solicitar el subsidio asistencial por desempleo, el organismo puede denegarlo al superar el límite de carencia de rentas, pudiendo concederlo cuando el nivel de renta vuelva a situarse por debajo del tope (al terminar de cobrar la indemnización).

Tres detenidos tras agredir a un vigilante de seguridad en el Hospital Virgen del Rocío

UGT denuncia que el trabajador fue empujado contra unas cajas de protección contra incendios y reclama más medidas de seguridad en el hospital


Un vigilante de seguridad del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha sufrido una agresión durante la pasada noche en un altercado que terminó con tres personas detenidas por la Policía Nacional, según ha denunciado UGT Servicios Públicos Sevilla. Los hechos comenzaron con la llegada al hospital de una joven en estado inconsciente acompañada por tres hombres. Debido a la gravedad de la situación, la paciente fue trasladada al cuarto de parada para recibir atención sanitaria.

Fue entonces cuando sus acompañantes intentaron entrar en la zona asistencial. El vigilante les comunicó que no podían acceder y, según relata el sindicato, la negativa desencadenó el enfrentamiento.

El vigilante fue lanzado contra unas cajas contra incendios

Uno de los hombres habría agredido al trabajador hasta estamparlo contra unas cajas de protección contra incendios situadas en la zona. A partir de ahí se produjo un altercado que pudo ser controlado gracias a una circunstancia que resultó clave: en ese momento había dos agentes de la Policía Nacional en el hospital.

Los policías se encontraban custodiando a otro paciente y, al percatarse de lo que estaba sucediendo, intervinieron de inmediato. Finalmente, los agentes procedieron a la detención de los tres presuntos agresores. Para UGT, precisamente ahí está una de las principales preocupaciones. El sindicato destaca que la presencia de los policías en el centro fue circunstancial y considera que, de no haber estado allí en ese preciso momento, los implicados podrían haber abandonado las instalaciones antes de ser identificados. "No podemos convertir la presencia casual de la Policía en el hospital en el único mecanismo de protección de nuestros trabajadores", advierte la organización sindical.

UGT reclama más protección para los vigilantes

El sindicato considera «inadmisible» que los profesionales de seguridad tengan que afrontar episodios violentos sin disponer, a su juicio, de suficientes medidas de protección. UGT recuerda que los vigilantes son muchas veces la primera barrera ante situaciones conflictivas que se producen en los centros sanitarios. Una posición que los expone directamente a amenazas y agresiones físicas mientras intentan garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.

Por este motivo, reclama tanto a la dirección del Virgen del Rocío como al Servicio Andaluz de Salud que adopten medidas "de manera inmediata" para prevenir este tipo de episodios, reforzar la seguridad y ofrecer a los profesionales los medios necesarios para desempeñar su trabajo con garantías. El sindicato insiste, además, en que no basta con reaccionar una vez que se ha producido una agresión. Considera necesario anticiparse, evaluar los riesgos y poner en marcha medidas preventivas.

"La seguridad de los trabajadores no puede depender de la casualidad", concluye UGT, que advierte de que lo ocurrido demuestra la necesidad de actuar antes de que un episodio similar pueda acabar con consecuencias más graves.


07 agosto

Security Services Kuo condena al desempleo a más de 500 vigilantes de seguridad en el territorio nacional fruto de su mala gestión

En un comunicado oficial remitido por el Administrador Concursal, entre otros aspectos, indica el inicio en los próximos días, ante el órgano judicial competente un procedimiento de despido colectivo


El anuncio efectuado por el Administrador Concursal del inicio en sede judicial de un procedimiento de despido colectivo respecto de las personas trabajadoras afectadas obedece a la imposibilidad de continuidad de la actividad. Una actividad propiciada por Kuo y amparada desde las administraciones públicas que como ya ha ocurrido en demasiadas ocasiones en el sector impulsa el abaratamiento de importes económicos en las adjudicaciones de servicios de seguridad que finalizan con la pérdida del empleo de miles de personas trabajadoras.

La mala praxis de un número cada vez más elevado de empresas de seguridad en el territorio nacional y la falta de implicación de las administraciones públicas generan el caldo de cultivo perfecto para un modelo de seguridad basada en la escasa solvencia de determinadas empresas y la falta continua de respeto a los derechos más fundamentales de sus trabajadores y trabajadoras avanzando hacia un modelo de seguridad perverso sin ningún tipo de garantía laboral ni el más mínimo valor añadido que no sea otro que la oferta económica más baja y la continua precariedad del colectivo.

UGT ha solicitado del propio Administrador Concursal la ejecución de un procedimiento rápido y en pleno respeto a los derechos de las personas trabajadoras afectadas por esta situación con la intención de no dilatar en el tiempo el impago de nóminas.

UGT también ha insistido en la dificultad de proceder al mantenimiento del empleo de los vigilantes de seguridad mediante la subrogación de personal incorporada en el convenio colectivo al determinar entre otros aspectos jurídicos la denominada Sentencia Somoza mediante la cual la empresa entrante debe hacerse cargo de las deudas contraídas por la anterior compañía. 

Según UGT todo ello ocurre bajo un manto jurídico que protege a la administración de cualquier responsabilidad y que obliga a un nuevo marco normativo en nuestro país más garantista de la propia estabilidad en el empleo de las personas trabajadoras subcontratadas por las distintas administraciones.


Reconocimiento al esfuerzo de los vigilantes de seguridad de Ceuta

Como jefe de equipo del servicio de seguridad de los juzgados de Ceuta, quisiera expresar públicamente unas palabras de reconocimiento y agradecimiento ante la situación excepcional que está viviendo nuestra ciudad con motivo de la entrada masiva de inmigrantes.


En momentos de especial dificultad es cuando se pone de manifiesto la profesionalidad y el compromiso de quienes, desde distintos servicios, trabajan de forma silenciosa para que Ceuta continúe funcionando con normalidad. Por ello, mi primer agradecimiento va dirigido al equipo de vigilantes que tengo el honor de coordinar en los juzgados, por su entrega, responsabilidad y capacidad de respuesta durante estos días.

También deseo hacer extensivo este reconocimiento a todos los vigilantes de seguridad de la ciudad, independientemente de la empresa o del servicio en el que desarrollen su labor. Muchos compañeros han doblado turnos, han renunciado a horas de descanso y han estado disponibles las 24 horas del día para garantizar la seguridad y el funcionamiento de edificios públicos, entidades bancarias, comercios, servicios de acuda, movilidad y otras instalaciones esenciales para la ciudadanía.

La labor del vigilante de seguridad no siempre es visible. Con frecuencia trabajamos desde la discreción, previniendo incidencias, colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ofreciendo tranquilidad a ciudadanos, trabajadores y usuarios. Sin embargo, situaciones como la actual demuestran que detrás de cada servicio hay profesionales comprometidos con Ceuta y con sus vecinos.

Quiero destacar especialmente el compañerismo mostrado entre vigilantes, la disposición inmediata para cubrir necesidades urgentes y la actitud ejemplar de quienes han respondido sin mirar horarios ni sacrificios personales. Ese esfuerzo merece ser reconocido por toda la sociedad ceutí.

Mi agradecimiento se dirige igualmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios de emergencia y demás profesionales que están afrontando esta situación con dedicación y sentido del deber.

Ceuta ha demostrado una vez más que, ante las dificultades, sus profesionales saben estar a la altura. Ojalá estas líneas sirvan para poner en valor el trabajo de tantos hombres y mujeres que, desde la seguridad privada, contribuyen cada día a la protección y al bienestar de nuestra ciudad.