13 noviembre

La Policía acordona la Avenida de la Constitución de Sevilla ante un paquete sospechoso que detona de forma controlada

La maleta se encontraba abandonada en la parada del Metrocentro del Archivo de Indias y se ha puesto en marcha el dispositivo habitual de los Tédax


La Policía Nacional ha acordonado en la mañana de este jueves toda la Avenida de la Constitución desde la Plaza Nueva hasta el Archivo de Indias por un aviso de bomba. El dispositivo empezó entre la calle Alemanes y el Archivo pero ya se ha extendido a Plaza Nueva.

La maleta sospechosa se encontraba abandonada en la parada del Metrocentro del Archivo de Indias, según ha podido saber ABC, y se ha puesto en marcha el dispositivo habitual en estos casos de los Tédax, que finalmente ha acabado detonando de forma controlada. De momento, no han encontrado explosivos dentro de la misma.

En el dispositivo hay al menos una decena de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como helicópteros y policías a caballo, que estaban desviando a los viandantes por calles aledañas como Fernández y González.

Igualmente, se han desalojado todos los edificios, comercios y hoteles. Ha sido especialmente significativo el desalojo de la sede del Banco de España, pues algunos de sus empleados comentaban que «nos ha sido imposible hasta coger los bolsos. Ha sido todo muy rápido», según ha podido saber ABC.

En medio de la avenida se encontraba un camión de mudanzas con una escalera sobre una fachada y los operarios han tenido que abandonar rápidamente la zona. Un testigo señala a ABC que se encontraban tomando café en la avenida y ha visto cómo pasaban muchos policías muy rápido hacia el Archivo. «Nos hemos acercado a ver qué pasaba y nos han dicho que nos alejáramos, que había que desalojar la zona. 
Parecía que había un aviso de bomba como los que ha habido estos días en otras ciudades». Otra persona que se encontraba en el lugar de los hechos de camino al trabajo relata: «Yo estaba haciendo el recorrido habitual que hago todos los días, cruzando la avenida de la Constitución desde Los Remedios, pero me he tenido que parar al poco de cruzar la Puerta de Jerez. Me he cruzado con gente que decía que había una bomba y que estaba la Policía desalojando la zona a la altura del Archivo de Indias. Yo no me he acercado, me ha dado la vuelta. La verdad es que me he asustado y he intentado llegar al trabajo dando vueltas por otras calles y bordeando el lugar donde estaba la Policía».

En el día de ayer hubo otro aviso por una maleta abandonada en la esquina entre Juan Díaz de Solís y López de Gomara en la capital andaluza. Igualmente, los Tédax detonaron de forma controlado este miércoles una maleta sospechosa que había aparecido la Plaza de España y horas después artifieros de la Guardia Civil hicieron lo propio con una mochila cerca de una gasolinera en la localidad de Guadarrama.


Los trabajadores con más de un año de antigüedad pueden cobrar una indemnización mayor por despido, sin tener en cuenta que el cese sea objetivo o improcedente

La ley establece un tope máximo de 24 mensualidades para los improcedentes y de 12 para los objetivos


Por norma general los profesionales asalariados tienen derecho a una indemnización de entre 20 y 33 días de salario por año trabajado cuando les despiden. La cuantía final dependerá principalmente de si se trata de un cese improcedente o por causas objetivas, según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores (ET).

La indemnización máxima, de 33 días de salario por año de servicio, prevé abonar un máximo de 24 mensualidades (720 días). Por tanto, si bien es cierto que el reglamento no incrementa la cuantía de la compensación económica de forma concreta por antigüedad, cuanto más extensa haya sido la relación laboral mayor será la indemnización puesto que, como ya se ha mencionado, se calcula a partir de los años trabajados.

De esta forma, a un trabajador que haya estado prestando servicios durante un año en la empresa le corresponderá una compensación económica de 33 días de salario si es víctima de un despido improcedente, pero si estuvo dos años, la indemnización sería de 66 días, si estuvo un lustro serían 165 días de salario, etc., hasta alcanzar el máximo de 24 mensualidades. En cualquier caso, los periodos inferiores a un año se prorratean por meses.

Ahora bien, para que un despido se declare improcedente debe probarse que el motivo por el que la empresa cesó al trabajador no se ajusta a derecho. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el comportamiento del empleado no es lo suficientemente grave como para imponerle la sanción máxima, que es el despido, o no cumple con los plazos legales previstos.

Despidos objetivos: 20 días de salario por año de servicio

Los despidos por causas objetivas ocurren cuando la empresa cesa al trabajador por ineptitud o falta de adaptación, aunque también por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando disminuyen los ingresos o cambia la demanda de servicios, por ejemplo.

En estos casos la indemnización se reduce a 20 días de salario por año trabajado, rebajándose también las mensualidades hasta un máximo de 12. Por tanto, para alcanzar la cuantía máxima de un año el trabajador tendría que tener una antigüedad de 18 años en la empresa, puesto que 12 mensualidades equivalen a 360 días.

Si solo tuviera una antigüedad de un año, la compensación económica sería de 20 días de salario, mientras que si la antigüedad fuera de dos años sería de 40 días, y así sucesivamente hasta alcanzar la antigüedad de 18 años. Al igual que en los despidos improcedentes, los periodos inferiores a un año se prorratean por meses, por lo que para un semestre de antigüedad la indemnización sería de 10 días de salario, por ejemplo.


Actas de la segunda reunión del Comité de empresa de Trablisa Sevilla (12/11/2026)

Os dejo el acta de la segunda reunión del Comité de empresa de Trablisa Sevilla, celebrada en las oficinas de la empresa en el día de ayer.




09 noviembre

UGT reclama actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para proteger la salud de las personas trabajadoras

El sindicato considera que la huelga general del 11-N también es un llamamiento a no dejarse la salud en el trabajo, a no sufrir estigmatización por enfermar y a combatir las condiciones laborales que perjudican la salud mental


En 2026, declarado en nuestro país como «Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo», se conmemora el aniversario de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 8 de noviembre.

La aprobación de esta ley llegó de la mano de la transposición, con seis años de retraso, de la Directiva Europea 89/391/CEE. Este hito supuso una modernización del sistema español de protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras, que hasta ese momento se regía por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971.

La entrada en vigor de la ley supuso numerosos avances, como la aprobación de normativa de desarrollo, un aumento de la sensibilización en materia preventiva, el reconocimiento del derecho de participación de las personas trabajadoras a través de las delegadas y los delegados de prevención, así como la creación de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.

Sin embargo, UGT lleva tiempo reclamando la necesidad de actualizar esta norma para adaptarla a las nuevas realidades del mundo del trabajo, fuertemente influenciadas por las transiciones demográfica, digital y climática, cuyos efectos ya se dejan sentir en la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

El sindicato considera imprescindible incorporar la perspectiva de género a la norma para garantizar una protección equivalente a hombres y mujeres, ya que tradicionalmente la gestión preventiva se ha llevado a cabo desde un punto de vista androcéntrico.

UGT reclama reforzar la ley para evitar que sigan produciéndose accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En 2025 se registraron 771 accidentes laborales mortales, de los que 613 ocurrieron durante la jornada de trabajo.

Por otro lado, el sindicato advierte de que las personas trabajadoras están sufriendo las consecuencias de una deficiente gestión de los riesgos psicosociales y organizativos en sus puestos de trabajo. Las bajas laborales por problemas de salud mental se encuentran en máximos, por lo que UGT considera necesario abordar esta situación y ponerle remedio.

07 noviembre

Una vigilante de seguridad evita una agresión al médico de guardia en el centro de salud de Amate (Sevilla)

Una sola profesional tuvo que hacer frente a dos individuos que irrumpieron en una consulta

Los agresores arrojaron material médico, insultaron y amenazaron al facultativo


Una vigilante de seguridad privada evitó que una agresión al médico de guardia del centro de salud de Amate, en Sevilla, fuese a mayores durante la madrugada del pasado 1 de noviembre. La profesional, que se encontraba sola al frente del dispositivo de seguridad del punto de urgencias, tuvo que interponerse entre el facultativo y dos individuos que irrumpieron en la consulta arrojando material médico, profiriendo insultos y amenazas. Así lo ha denunciado este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta de la escalada de violencia que sufren los trabajadores de seguridad privada en los centros sanitarios públicos.

Los hechos se produjeron alrededor de las 00:15 horas, cuando un usuario y su acompañante entraron en la consulta y comenzaron a lanzar material médico. Durante el altercado, ambos se dirigieron al médico con insultos y amenazas, cuestionando su profesionalidad.

Ante esta situación, la vigilante, que era la única profesional de seguridad que prestaba servicio en ese momento, se interpuso entre los agresores y el facultativo. Su intervención permitió contener el episodio hasta la llegada de la Policía Nacional y evitar que otros usuarios que se encontraban en la sala de espera también pudieran verse afectados.

Desde CSIF advierten de que lo sucedido en Amate no constituye un episodio aislado, sino que se enmarca en una sucesión de incidentes violentos registrados en instalaciones sanitarias de Sevilla. El sindicato pone como ejemplo varios episodios ocurridos en las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR).

No es un hecho aislado

Hace apenas unos meses, un vigilante de este hospital sufrió una brutal paliza a manos de un grupo de más de diez acompañantes de un paciente. La agresión incluyó puñetazos, patadas, mordiscos y golpes con un objeto contundente. El trabajador terminó con una brecha en la cabeza, un corte profundo en el labio y múltiples mordeduras. Una compañera que acudió para auxiliarlo también resultó herida.

Poco después, otro altercado en las mismas Urgencias terminó con un nuevo vigilante agredido, así como una dotación de la Policía Nacional que se encontraba en las instalaciones. Además, en diciembre del pasado año, el personal de seguridad del Virgen del Rocío tuvo que intervenir ante un individuo que accedió al área de Atención al Ciudadano portando varios botes de gasolina, un arma blanca de grandes dimensiones y un martillo.

Aquel hombre llegó a atrincherarse con una trabajadora sanitaria, a la que utilizó como escudo humano. Los vigilantes consiguieron reducirlo y engrilletarlo hasta la llegada de los agentes policiales.


05 noviembre

Los trabajadores con contratos temporales de corta duración no pueden estar de prueba más de un mes

El Estatuto de los Trabajadores establece un límite de 30 días para el periodo de prueba de determinados contratos temporales de hasta seis meses.


Los trabajadores con contratos temporales de seis meses o menos tienen un límite de un mes para su periodo de prueba, siempre que el convenio colectivo no establezca una duración diferente. Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, que fija las condiciones que deben respetar las empresas.

Las relaciones laborales generan numerosas dudas entre los trabajadores, especialmente cuando se trata de contratos temporales. ¿Cuánto tiempo puede durar el periodo de prueba? ¿Puede la empresa despedir al empleado durante esos días? ¿Qué ocurre si ya ha trabajado anteriormente en el mismo puesto?

Son cuestiones que conviene resolver antes de firmar un contrato. Para ello, lo más recomendable es acudir al Estatuto de los Trabajadores, la norma que regula los derechos y obligaciones de empleados y empresarios en España.

El periodo de prueba

El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece las condiciones que regulan este periodo inicial de la relación laboral. La norma determina que el periodo de prueba debe acordarse por escrito y respetar los límites que establezcan los convenios colectivos.

En ausencia de un pacto específico, el Estatuto fija una duración máxima de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores. En empresas con menos de 25 empleados, el límite para quienes no sean técnicos titulados es de tres meses.

Sin embargo, existe una excepción para los contratos temporales de corta duración. En concreto, el texto señala que "en el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15 concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder de un mes", salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa.

Por tanto, las empresas deben tener en cuenta tanto la duración del contrato como las condiciones recogidas en el convenio aplicable antes de establecer este periodo.