Mejor conservar la vida que el trabajo
Tú salud no es negociable
#RiesgosLaborales
27 julio
Asados como pollos: los vigilantes de Es Pinaret soportan hasta 40 grados mientras los menores delincuentes disfrutan de aire acondicionado
El personal de seguridad afirma que nadie quiere hacer horas extras y que tienen que recurrir de gente nueva y sin experiencia
Los vigilantes de seguridad de Es Pinaret han dicho basta. Los trabajadores denuncian que desempeñan su labor en unas condiciones extremas, soportando temperaturas que, según aseguran, rozan los 40 grados en algunos puestos de vigilancia, mientras los menores delincuentes permanecen en dependencias climatizadas con aire acondicionado.
La plantilla asegura que la situación es insostenible y que quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad del centro de internamiento de Es Pinaret son precisamente quienes soportan las peores condiciones. «Estamos a casi 40 grados y la gente se cae desmayada. Luego vemos informes donde reflejan 32 grados y nadie entiende de dónde salen esas mediciones», denuncian varios trabajadores, que ponen en duda los controles realizados y sostienen que la realidad es muy distinta a la reflejada en la documentación oficial.
El malestar entre los vigilantes de seguridad ha ido en aumento durante las últimas semanas. Según denuncian, incluso les han retirado los ventiladores de algunos puestos de trabajo, dejándolos prácticamente sin ninguna medida para combatir el calor en plena ola de altas temperaturas. Fuentes sindicales han contactado con OKBALEARES para exponer esta situación que consideran «lamentable».
En los puestos exteriores, la situación resulta todavía más insoportable, obligando a los vigilantes a permanecer durante horas bajo un calor asfixiante.
La empresa de prevención de riesgos laborales Previs realizó una evaluación de las instalaciones y emitió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de golpes de calor. Entre ellas figura retirar o modificar las pantallas de metacrilato que dificultan la ventilación, instalar ventiladores de pie, estudiar la colocación de un sistema de climatización, implantar rotaciones durante las horas de mayor calor, garantizar descansos en zonas frescas con hidratación suficiente y formar a los trabajadores en la prevención y actuación frente a un golpe de calor.
Sin embargo, según denuncian los propios vigilantes de Es Pinaret, buena parte de esas medidas continúan sin aplicarse. La plantilla sostiene que las recomendaciones han quedado prácticamente en papel mojado, mientras los trabajadores siguen soportando unas condiciones que consideran indignas y peligrosas para su salud.
La consecuencia ya empieza a notarse en el servicio. «Nadie quiere venir a hacer horas extras. La gente sabe las condiciones que hay y prefiere renunciar. Al final tienen que traer personal nuevo porque es imposible cubrir los turnos», explican.
La empresa de seguridad KUO entra en preconcurso de acreedores: en UGT exigimos garantías para la plantilla
Desde UGT exigimos transparencia, información inmediata y garantías absolutas para que esta crisis empresarial no se traduzca en impagos, recortes o pérdida de derechos para los y las vigilantes de seguridad.
Saltan las alarmas en la empresa de seguridad privada Security Services KUO, S.L. ya que la empresa ha presentado preconcurso de acreedores, figura legal previa al concurso que permite abrir un periodo de negociación con sus acreedores para intentar alcanzar un plan de reestructuración y evitar una situación concursal definitiva.
Desde UGT queremos trasladar un mensaje claro: esta situación no puede pagarse con los derechos de la plantilla. Las nóminas, las cotizaciones, los cuadrantes, las condiciones laborales y la continuidad de los servicios deben estar garantizados.
La empresa tiene la obligación de actuar con absoluta transparencia, informar a la representación legal de las personas trabajadoras y explicar con claridad cuál es su situación económica real y qué medidas pretende adoptar.
El preconcurso no significa necesariamente el cierre de la empresa, pero sí es una señal de alarma que exige vigilancia sindical, control jurídico y defensa firme de los derechos laborales.
Por ello, desde UGT vamos a estar especialmente atentos a cualquier retraso salarial, incumplimiento de convenio, modificación de condiciones, intento de descuelgue o maniobra que pueda perjudicar a los y las vigilantes afectados y afectadas.
Exigimos a KUO responsabilidad, información inmediata y respeto escrupuloso a la legalidad. Y trasladamos a la plantilla un compromiso: UGT no va a permitir que una crisis empresarial se convierta en recortes, impagos o pérdida de derechos para quienes sostienen cada día los servicios de seguridad privada.
23 julio
La UE prepara una nueva Ley de Empleo de calidad: nuevas reglas para el teletrabajo y más control sobre la IA
La Comisión Europea abre una consulta con sindicatos y patronales antes de presentar la propuesta legislativa, prevista para finales de año.
La Comisión Europea ha puesto en marcha este lunes una nueva fase de consultas con sindicatos y organizaciones empresariales para avanzar en la futura Ley de Empleo de Calidad. En concreto, la norma incluirá medidas para regular el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, reforzar la protección en las cadenas de subcontratación y adaptar la legislación laboral al teletrabajo y a otros nuevos riesgos.
Bruselas prevé presentar la propuesta antes de que termine el año y, además de abordar los cambios tecnológicos, el Ejecutivo comunitario quiere actualizar las reglas sobre salud y seguridad laboral, mejorar la formación de los trabajadores y endurecer las inspecciones y las sanciones contra las empresas que incumplan la normativa.
La primera fase de consultas se celebró entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y reunió las aportaciones de 34 organizaciones europeas, entre ellas 12 sindicatos y 22 organizaciones empresariales.
La consulta permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre. Una vez finalizado ese plazo, sindicatos y patronales podrán decidir si abren una negociación conjunta para intentar alcanzar un acuerdo antes de que la Comisión presente el texto legislativo.
Más control sobre el uso de la inteligencia artificial
Entre las medidas que estudia Bruselas figura la creación de normas para garantizar que las decisiones automatizadas mediante inteligencia artificial sean transparentes y cuenten con supervisión humana.
En este sentido, la Comisión también pretende evitar que estas herramientas den lugar a una vigilancia excesiva de los trabajadores. La futura ley buscará establecer garantías para que la tecnología no sustituya sin control la intervención de las personas en decisiones laborales.
Nuevas reglas para el teletrabajo y los riesgos psicosociales
La iniciativa también plantea actualizar la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo. En concreto, Bruselas quiere adaptarla a nuevas formas de empleo, como el teletrabajo, y a riesgos psicosociales como el acoso sexual.
Además, la Comisión propone reforzar la transparencia y la responsabilidad de las empresas en las cadenas de subcontratación. El objetivo es prevenir situaciones de explotación laboral y mejorar la protección de los empleados cuando intervienen varias compañías en la prestación de un servicio.
¿Está obligado un trabajador a continuar trabajando aunque la empresa no le pague?
Pese a que el marco legal establece la obligación de seguir trabajando cuando no cobres, también existe un límite que debe ser respetado de retrasos en la nómina
El salario continúa siendo una de las principales preocupaciones para millones de trabajadores en España. Aunque contar con un empleo ofrece estabilidad económica y personal, una parte importante de los empleados considera que la nómina que recibe no refleja el esfuerzo realizado. Según el Estudio sobre Bienestar y Salud Laboral en España 2026 elaborado por Edenred y Savia, un 75,6% de los trabajadores españoles asegura estar insatisfecho con su sueldo durante este año, una cifra que marca un máximo histórico y que supone un fuerte aumento frente al 50,3 % registrado en 2025.
La realidad económica ha llevado a muchos empleados a aceptar condiciones salariales con las que no están completamente conformes a cambio de otros beneficios que mejoran su día a día laboral. De hecho, el 52,7% de los encuestados reconoce que mantiene un salario que no considera adecuado gracias a las llamadas retribuciones no económicas. Entre ellas se encuentran elementos como el teletrabajo, la flexibilidad horaria o un buen ambiente laboral, factores que pueden compensar parcialmente una nómina que muchos consideran insuficiente.
Sin embargo, mientras el debate sobre los salarios continúa abierto, existen situaciones en las que incluso los derechos básicos vinculados a la remuneración del trabajo no se cumplen. El retraso o impago de las nóminas coloca a muchos empleados ante una difícil decisión. Es decir, siembra la duda sobre si seguir acudiendo a su puesto pese a no haber recibido su sueldo o dejar de trabajar como respuesta al incumplimiento empresarial.
De hecho, la Inspección de Trabajo, que actuó en 2025 con alrededor de 1,2 millones de actuaciones, permitió recuperar más de 51 millones de euros correspondientes a salarios que no habían sido abonados puntualmente. Pero ante esta situación surge una pregunta clave: ¿está obligado un trabajador a continuar trabajando aunque la empresa no le pague?
¿Cuál es tu obligación si no te abonan la nómina a tiempo?
La respuesta que establece el marco laboral español es que, mientras el contrato siga vigente, el trabajador debe continuar cumpliendo sus obligaciones profesionales. El Estatuto de los Trabajadores regula esta relación entre empresa y empleado y establece en su artículo 29 la obligación empresarial de abonar el salario de forma puntual y en el lugar y fecha acordados. El incumplimiento de esta obligación supone una infracción por parte de la empresa, pero no permite al trabajador abandonar automáticamente su puesto. Si deja de acudir sin una resolución legal que respalde su decisión, podría enfrentarse a consecuencias disciplinarias, incluso a un despido por ausencias injustificadas.
Esto sucede si no se abonan tres mensualidades seguidas
La vía prevista por la legislación para estos casos pasa por reclamar judicialmente la extinción del contrato cuando el incumplimiento empresarial alcanza la gravedad suficiente. Esta posibilidad está recogida en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empleado solicitar la finalización de la relación laboral por incumplimientos graves del empresario. Si un juez acepta la petición, el trabajador tendría derecho a una indemnización equivalente a la del despido improcedente. Entre los supuestos que pueden justificar esta solicitud se encuentran los impagos de al menos tres mensualidades o los retrasos continuados en el pago del salario durante un periodo relevante, aunque cada caso debe analizarse de forma individual.
¿Deben indemnizarte si superan los límites legales?
Además de solicitar la extinción del contrato, el trabajador puede reclamar las cantidades pendientes mediante la vía laboral correspondiente. Para ello, puede presentar una papeleta de conciliación como paso previo a una demanda ante los juzgados de lo Social, con un plazo general de un año para reclamar salarios atrasados desde el momento en que debieron abonarse. También puede solicitar un interés de mora salarial del 10% sobre las cantidades adeudadas. En paralelo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede investigar los incumplimientos y sancionar a las empresas infractoras con multas que, según la gravedad de la infracción, pueden situarse por encima de los 7.501 euros llegando a cifras mucho más elevadas en los casos más extremos.
20 julio
Los vigilantes de seguridad exigen soluciones ante el aumento de las agresiones: “Pediremos responsabilidad penal”
“No podemos normalizar que se nos agreda. No puede ser que un día sí y otro también se cometan agresiones y que nos digan que no es responsabilidad de nadie”, han subrayado
Más protección jurídica, personal y medios de protección son algunas de las reivindicaciones del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT ante el incremento de las agresiones que se están produciendo a los vigilantes en nuestro país. Todo ante una situación “que va a peor” y ante la cual aseguran: “Pediremos responsabilidad penal a quien se la tengamos que pedir, empresa, administración o cliente”.
El responsable estatal del sector de Seguridad Privada de FeSMC UGT, Diego Giráldez, junto al secretario del sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT La Rioja, Fernando Vega, han hecho estas declaraciones al presentar la campaña '#NoMásAgresiones' con el fin de “visibilizar” la situación que vive el sector. “No podemos ser el saco de boxeo de las frustraciones de nadie”, han indicado.
“Todos los días hay una agresión a un vigilante”
Fernando Vega exige así “soluciones ante las agresiones y una respuesta firme tanto de las empresas y de las administraciones”. Desde UGT entiende que “hay que decir basta ya porque, aunque no tengamos estadísticas, la progresión de las agresiones es muy elevada. Todos los días, en casi cualquier ámbito -fábrica, centros de salud, comerciales- hay una agresión. Nosotros proporcionamos seguridad pero para ello necesitamos que se nos proteja también a nosotros”.
En La Rioja hay alrededor de 700 vigilantes de seguridad. “No podemos normalizar que se nos agreda. No puede ser que un día sí y otro también se cometan agresiones y que nos digan que no es responsabilidad de nadie”, han subrayado.
Por su parte, Giráldez ha destacado que en España la cifra de agentes de seguridad privada asciende a unas 80.000 personas. “Queremos que puedan trabajar con más seguridad de la que actualmente disponen. La seguridad privada actúa por Ley como complementaria a la pública en pleno contacto con la ciudadanía y en muchas ocasiones mermado de las facultades de autoprotección necesarias”.
Además, han señalado entre las causas que contratación pública “prioriza el precio más bajo”, entre otros factores. “Un número importante de empresas del país ve la seguridad privada como un único y absoluto negocio, dejando en tierra de nadie a sus profesionales”. UGT también que la seguridad privada sea reconocida como una profesión, no como un empleo y que sea también una profesión de riesgo. “Queremos también que los trabajadores de este sector tengan una mayor garantía jurídica”.
Por todo ello, afirma, seguiremos movilizándonos en las calles y no descartan otro tipo de medidas si no mejora la situación. “Queremos que nuestros trabajadores hagan su trabajo en las mejores condiciones posible, la seguridad privada no puede ser un bajo precio para la administración y un negocio para las empresas”, ha finalizado.
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