* El ministerio, CCOO y UGT pretenden aplicar en España el despido "restaurativo" y calcular las indemnizaciones atendiendo al caso particular de cada trabajador. El empresariado se resiste.
* Los sindicatos proponen un sistema indemnizatorio con tres capas: un suelo mínimo, una indemnización tasada por días por año trabajado y la posibilidad de añadir compensaciones adicionales.
"Una lucha mueve el mundo: el tiempo de trabajo". En estos términos se pronunciaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la cumbre sindical europea que acogió Madrid hace dos semanas. Una reivindicación, desglosaba la ministra, con dos patas. Por un lado, la reducción de la jornada laboral. Nueve meses han pasado desde que las derechas parlamentarias —PP, Junts, Vox y UPN— cerraran las puertas del Congreso a la norma por la que 12 millones y medio de trabajadores habrían visto reducida en 30 minutos —dos horas y media a la semana— su jornada en la fábrica, la oficina o frente a la pantalla del ordenador. "Lo volveremos a llevar", se comprometía entonces Díaz, con el techo de las 37 horas y media como bandera de la legislatura. Una bandera que, a las puertas del parón veraniego, permanece arriada. Por otro lado, el registro horario. Es aquí donde el ministerio ha concentrado sus esfuerzos en los últimos meses. Los motivos no faltan: aparece en el acuerdo de gobierno, obedece a una directiva europea y, lo más importante, es un Real Decreto (no depende de los números en el Congreso). Argumentos, todos ellos, que no han servido para borrarle la reticencia a su compañero en el Consejo de Ministros, que mantiene paralizada la norma.
Pero si hay una trinchera laboral que lleva tiempo olvidada es, sin duda, la reforma del despido. Una negociación que los sindicatos pretenden reactivar. Esta semana, el miércoles 1 de julio, está convocada una nueva mesa de diálogo social. En principio, el sujeto a debate será otro: la directiva de transparencia salarial. Pero fuentes sindicales adelantan a Público que tienen la intención de aprovechar la cita para insistir a Trabajo. Y es que, apuntalan, después de dos reuniones —el 25 de octubre de 2025 y el 29 de mayo de este año— el departamento que dirige Yolanda Díaz todavía no ha presentado una propuesta (a lo que se comprometió el pasado mes de mayo). Voces del equipo de la vicepresidenta responden, en conversación con este diario, que el documento "está en proceso de redacción". Esperan poder tenerlo, completan, antes de coger las vacaciones de verano.
El tercero en discordia —la patronal— quiere dejar las cosas como están. Y, aunque se presentó a la última mesa sobre el despido, lo hizo, valoran los sindicatos, "por mera cortesía": "No están dispuestos a negociar". Lo cierto es que, a las preguntas de Público, la CEOE no ha querido explicar ni su postura sobre el modelo de despido ni su intención de participar en las negociaciones para reformarlo. Un silencio que aderezan las declaraciones públicas de su voz fundamental, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha llegado a sugerir que la nueva norma amenazaría la "seguridad jurídica" de las empresas. Los de Garamendi no son la única voz disonante. Fuentes de Trabajo apuntan directamente a la cartera de Economía, que, "una vez más", entorpece las negociaciones del ministerio. El Ministerio que dirige Carlos Cuerpo tampoco ha respondido a las preguntas de este medio. También apuntan al bloque de las derechas en el Congreso —PP, Vox, Junts, UPN y, como en el caso del Estatuto del Becario, PNV—, que anticipa una votación ajustada para sacar la norma adelante. Para ejemplo, la reforma laboral de 2022, que se aprobó gracias a un voto equivocado de la bancada popular.
Un poco de historia
La reforma del despido es una reivindicación histórica de los sindicatos, tras décadas de recortes del Estatuto de los Trabajadores. De González a Rajoy. Desde los años 90, todos los expresidentes han metido mano a la regulación del despido, mermando, progresivamente, la protección de los trabajadores. El primer recorte llegó en 1994, de la mano del exdirigente socialista Felipe González, que, entre otras cosas, amplió las causas del despido objetivo, además de facilitar los despidos colectivos y legalizar las ETT, las empresas de trabajo temporal. A González le siguió el popular José María Aznar, que metió el primer tijeretazo a los salarios de tramitación, eliminando su obligatoriedad si, en las primeras 48 horas tras el despido, la empresa reconocía la improcedencia del mismo y abonaba la indemnización. Lo que se llamó, en su momento, despidos exprés. También normalizó, por primera vez, la reducción de los días de indemnización de algunos contratos. De los 45 a los 33 días; de un techo de 42 a uno de 24 mensualidades.
Estos números los acabaría generalizando años después, en 2012, Mariano Rajoy a todos los contratos indefinidos. Pero antes de Rajoy estuvo José Luis Rodríguez Zapatero, gracias al que se empezaron a clasificar como objetivos los despidos relacionados con la pérdida de ingresos de las empresas. Con Rajoy llega, en cualquier caso, el gran navajazo a la protección del despido: a la reducción de las indemnizaciones se suman el recorte (aún mayor) de los salarios de tramitación, la normalización del despido objetivo en el sector público o el despido por bajas médicas (derogado, en 2020, por el equipo de Yolanda Díaz).
La piedra angular de la reforma: el despido restaurativo
Instaurar en España el despido restaurativo. Esa es la dirección en la que apuntan tanto los sindicatos como Trabajo. Un objetivo que secunda el Consejo de Europa, recordando a España sus compromisos como firmante de la Carta Social Europea. Hasta en dos ocasiones Estrasburgo ha tirado de las orejas al Estado español —en marzo de 2024, en respuesta a una denuncia de UGT y, en marzo de 2025, a una de CCOO—por un sistema de despido que ni es suficientemente disuasorio para las empresas ni repara debidamente a los trabajadores. Una bronca de Europa que no ha evitado que el Tribunal Supremo —en julio de 2025— se posicionara del lado de la legislación nacional y en contra de las indemnizaciones adicionales que estaban dictando, en base a la recomendación europea, algunos tribunales ordinarios. Una decisión que levantaba ampollas entre las filas de los sindicatos, que, en febrero de este año, decidían presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
