Un complemento a su pensión del 25% si optan por la jubilación flexible, trabajando durante mínimo 6 meses

El envejecimiento de la población y el aumento constante del número de pensionistas están obligando a replantear el equilibrio del sistema público en España. En este contexto, la jubilación flexible gana protagonismo como una vía para compatibilizar pensión y actividad laboral.

El envejecimiento de la población y el aumento constante del número de pensionistas están obligando a replantear el equilibrio del sistema público en España. En este contexto, la jubilación flexible gana protagonismo como una fórmula para que quienes ya se han retirado puedan seguir vinculados al mercado laboral mientras compatibilizan empleo y pensión.

Como novedad, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que modifica la regulación de este modelo de jubilación,  una fórmula que permite a los pensionistas seguir en el mercado laboral compatibilizando empleo y pensión. La medida, que entrará en vigor el próximo 28 de agosto, busca incentivar la reincorporación voluntaria de jubilados para mejorar sus ingresos, según ha informado Europa Press.

Nuevos incentivos en la pensión

La principal novedad es la creación de complementos adicionales en la pensión. Según la nueva norma, las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55% y el 80% de la jornada ordinaria incrementarán el importe de la pensión en un 25% adicional.

Aquellas jornadas que sean iguales o superiores al 33% pero inferiores al 55% verán un aumento del 15% adicional.

Por ejemplo, un trabajador con una pensión de 1.600 euros mensuales que, ocho meses después de jubilarse, vuelve a trabajar con un contrato a tiempo parcial del 60%, cobraría el 40% de su pensión (640 euros). Con la nueva regulación, al superar el 55% de la jornada y haber pasado más de seis meses, se le aplicaría un incremento del 25% sobre esa cuantía (160 euros), elevando su pensión a 800 euros mensuales mientras dure la actividad laboral.

Pero ojo porque cuando el trabajador se jubile definitivamente, dejará de percibir dicho incremento.

Ampliación a los autónomos

Una de las grandes novedades de la reforma es la inclusión de los trabajadores autónomos, que hasta ahora estaban excluidos de esta modalidad. 

Según la nueva regulación, en su caso, el pensionista podrá percibir hasta el 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible

El Supremo muestra el camino a la inspección de Trabajo, que dejará de entrar a oficinas de directivos y zonas con archivos sin autorización judicial

* Da instrucciones a los inspectores de los lugares vetados, tras la sentencia del Supremo

* Advierte que prohibir el acceso al centro de trabajo puede conllevar una sanción

La Inspección de Trabajo dejará de entrar sin autorización judicial a los despachos de los directivos, salas de reuniones del consejo de administración y espacios en los que haya archivos confidenciales.

La Dirección del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido una instrucción para marcar el camino a los inspectores, a la que ha tenido acceso elEconomista.es, después de la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de abril que dio un vuelco a las entradas y registros en las compañías.

El tribunal estableció que la inspección no puede entrar al domicilio social de una compañía sin orden judicial. Por tanto, concluyó que cuando coincida en una misma ubicación el domicilio social con el centro de trabajo se necesita autorización judicial previa. "La única excepción podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera", puntualizó.

La Inspección de Trabajo se acoge a este matiz para indicar a los inspectores que no se necesitará una autorización judicial "cuando exista distinción entre el mencionado espacio (domicilio social) y el centro de trabajo". Señala que el hecho de que coincidan los dos lugares "no impide la realización de la visita", aunque marca dos excepciones.

De un lado, en el caso de los establecimientos abiertos al público, como comercios, se podrá entrar libremente salvo en zonas de espacio de la dirección. Y en los no abiertos al público, se podrá acceder, cualquiera que sea "su naturaleza y configuración espacial y disposición", "salvo que afecten a las dependencias o espacios físicos en los que se desarrolle el poder de dirección, tales como el despacho del titular del órgano de administración o de la alta dirección de la empresa, la sala de reuniones del consejo de administración o zonas de archivos, entre otros".

Más allá del fallo

La instrucción va más allá de los límites del Supremo que exige una "separación física apreciable" y delimita de forma unilateral las zonas concretas de acceso y aquellas para las que se necesita el visto bueno de un juez.

Asimismo, el documento obliga a los inspectores que acuden a una compañía a informar expresamente al dueño o representante de la misma de que su intención es visitar únicamente la parte del inmueble en la que está el centro de trabajo.

En el caso de que la persona se oponga alegando que se trata del domicilio social, tendrá que exigírsele que delimite el espacio físico en el que se ejerce la actividad de dirección, para continuar la visita en el resto de las dependencias. Y advierte que oponerse al acceso a zonas distintas a las protegidas "constituye un acto de obstrucción a la labor inspectora y podrá motivar la extensión de la correspondiente acta de infracción". No obstante, si el responsable impide la entrada a las zonas que no se consideran constitucionalmente protegidas, aun conociendo que puede estar cometiendo una infracción por obstaculizar el trabajo del inspector, "se evitará dicho acceso".