La Seguridad Privada debe reforzar el diálogo social como palanca necesaria capaz de abordar los nuevos retos de futuro

UGT ha insistido en la necesidad de reforzar el dialogo social de la seguridad privada en nuestro país, que sin duda será vital en los próximos retos de futuro que deberá abordar el sector en los próximos años.

En la reunión del Observatorio de Seguridad Privada compuesto por asociaciones empresariales y sindicatos más representativos del sector donde además se ha contado con la presencia de la Unidad Central de Seguridad Privada, UGT ha insistido en la necesidad de poner en el centro del debate a las personas trabajadoras de la seguridad privada en nuestro país como verdaderos protagonistas de la actividad diaria.

Reforzar la complementariedad entre la seguridad pública y privada en nuestro país, merece reforzar su tejido empresarial donde una parte de empresas del sector cada vez en mayor número irrumpe en la actividad con políticas desleales para sus trabajadores y trabajadoras y para la imagen del propio sector.

 Para UGT merece también replantearse el modelo de formación de reciclaje durante el periodo de actividad así como una apuesta clara sobre la FP como vía de acceso a la profesión diseñando un plan de carrera profesional donde se aborde la suficiente formación ante los nuevos retos tecnológicos. 

El Sindicato también insiste en la necesidad de dar solución con salidas dignas de la profesión mediante coeficientes reductores o contratos de relevo a las personas trabajadoras de avanzada edad. Para UGT la contratación pública de servicios de seguridad no debe seguir siendo utilizada para la constante bajada de precios y por ende de condiciones para las personas trabajadoras del sector donde se pone en riesgo el mantenimiento constante de su empleo. 

En definitiva retos que debe abordar la seguridad privada en los próximos años y que deben contar con el suficiente dialogo social con empresas, sindicatos, administración y que deben finalizar en un tan necesario cambio de modelo en la seguridad privada en nuestro país. 

Fuente: LA SEGURIDAD PRIVADA DEBE REFORZAR EL DIALOGO SOCIAL COMO PALANCA NECESARIA CAPAZ DE ABORDAR LOS NUEVOS RETOS DE FUTURO (fesmcmadrid.org)

Te apuntaste a la Lista Robinson, pero te siguen llegando llamadas comerciales: así puedes reclamar ante la AEPD

Todos estamos hartos de recibir llamadas comerciales. Y si no lo estás, es que no tienes línea telefónica. Pero muchas veces nos resignamos a sufrirlas en silencio, por desconocimiento de los pasos a dar para impedirlo. "Ah, me vas a hablar de la Lista Robinson, claro, pero un amigo me dijo que se dio de alta hace varios meses y sigue recibiendo llamadas comerciales".

Sí, efectivamente eso pasa a menudo, pero no caigamos por ello en la dejadez o en el miedo a la 'burocracia'... porque, como se ha demostrado esta semana, realizar una reclamación una vez que ya estás dado de alta en la Lista Robinson puede lograr que las compañías que nos atosigan a llamadas terminen perdiendo varios miles de euros en multas.

Así que veamos cómo registrarnos en la Lista, primero, y cómo reclamar después ante la AEPD si alguna empresa nos sigue realizando llamadas comerciales no deseadas.

Cómo apuntarnos en la Lista Robinson

Puedes registrarte en la Lista Robinson con el fin de "evitar la publicidad de entidades que no hayan obtenido directamente del afectado el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines publicitarios o con las que el afectado no mantenga o haya mantenido ninguna relación comercial". Los pasos a seguir son sorprendentemente sencillos:

* Accede a la web de la Lista Robinson y pulsa en el botón central (y bien visible) que reza "Apúntate a la lista". Te dará a elegir entre inscribirte tú mismo o a una tercera persona (que te haya autorizado expresamente o de la que seas tutor legal).

* Si te inscribes en tu propio nombre, el siguiente paso consistirá meramente en rellenar tus datos de contacto (nombre, DNI, e-mail y contraseña). Rellena los campos pertinentes, haz clic en 'Apuntarse' y espera al correo de verificación.

* Una vez recibido el correo y clicado en el enlace de verificación, podremos iniciar sesión en la web de la Lista Robinson e indicar qué números de teléfono queremos mantener al margen de la recepción de llamadas y SMS/MMS comerciales, así como en qué direcciones postales y de e-mail queremos evitar la recepción de SPAM. El proceso es muy sencillo: tan sólo debes proporcionar los datos del medio de contacto solicitado y clicar en 'Aceptar'.

 

* Existe también un apartado denominado 'Revocación de llamadas', que no aparecerá hasta que no introduzcas tu teléfono en el apartado homónimo, nos permite comunicar a una empresa, a la que sí hayamos dado previamente nuestro consentimiento explícito, que ya no queremos recibir llamadas publicitarias. Esto es importante, porque la Lista Robinson no se aplica automáticamente en esos casos.

 

Movilizaciones en Andalucía por el 1 de Mayo

 

UGT pide la revisión de las condiciones de trabajo de la seguridad privada en cuanto a medios de protección

 

UGT ha vuelto a insistir este viernes en la revisión de las condiciones de trabajo de la seguridad privada en cuanto a medios de protección así como de «su escasa o nula protección jurídica».

Así lo ha solicitado en el marco del día mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo. Según ha trasladado el sindicato en un comunicado, este colectivo de seguridad privada «sigue sufriendo continuas agresiones» en España.

Es, a su parecer, un sector «declarado esencial durante la pandemia y que ejerce un papel fundamental como complementario a la seguridad publica tal y como recoge el propio ordenamiento jurídico que regula la actividad».

«El propio Gobierno como primer responsable de la actividad privada complementaria a la seguridad pública sigue mirando hacia otro lado ante el elevado número de agresiones a este colectivo y no es capaz de situar elementos jurídicos de mayor protección dejando la herramienta de la que disponen que no es otra que el propio Reglamento de Seguridad Privada aparcado en el olvido», ha lamentado UGT.

Por ello, ha insistido «en la necesidad en cuanto a que Gobierno, empresas del sector y propios clientes abandonen posturas próximas al negacionismo y articulen elementos de mayor protección individual y jurídica para un colectivo situado en lugares estratégicos próximos a garantizar también la protección de la propia ciudadanía».

Fuente: UGT PIDE LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN CUANTO A MEDIOS DE PROTECCIÓN - Distrito TV

Nace el certificado de inquilino no moroso, el documento que acredita que eres solvente

En idealista acabamos de lanzar el Certificado de inquilino no moroso para que demuestres a tu futuro casero que eres un buen inquilino. Si estás buscando un piso para alquilar, debes saber que el propietario te pedirá cierta información sobre ti. Para que el arrendador se decante por ti ante la elevada demanda, lo mejor es demostrar que eres capaz de pagar la renta mensual y que estás libre de deudas.

Qué es el certificado de inquilino no moroso

Es un documento con el que demuestras la ausencia de deudas al casero y se justifica el rango de alquiler que puedes asumir según tus ingresos. Se trata del certificado más completo del mercado, al consultar más bases de datos que ningún otro informe de morosidad, elaborando así tu mejor carta de presentación.

Este certificado reúne información de cinco bases de datos y le informa al arrendador de que no constas en ninguna de ellas:

* BDMI: Base de datos de Inquilinos Morosos del grupo idealista

* RIJ: Registro de Impagados Judiciales

* Icired: morosidad declarada en banca, telcos y otras entidades

* Ficheros de aseguradoras

* Ficheros de terrorismo y blanqueo de capitales

¿Cómo puedo solicitar el certificado de inquilino no moroso?

Para solicitarlo, sólo necesitamos tu nombre y una foto de tu documento de identidad.  Y, además, si incluyes tus ingresos mensuales se refleja el alquiler que podrías asumir. Esto es opcional, aunque te lo sugerimos para que puedas destacar entre el resto de candidatos.

Una vez subida la documentación, en un plazo de 12 horas, recibirás un informe completo en el que se muestra la información obtenida de todas las bases de datos consultadas.

El informe lo puedes imprimir, enviar o mostrar, desde cualquier dispositivo, a los caseros y/o agentes inmobiliarios de todos los inmuebles que te interesen.

Envían a juicio a las 'ovejas negras' de la seguridad privada por fraude y abuso laboral

Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la U.D. Las Palmas, se enfrenta a 21 años de cárcel y 105,4 millones de euros en multas

Son consideradas dos de las ‘ovejas negras’ del sector de la seguridad privada en España. «Empresas pirata», según fuentes sindicales, que se fueron a la quiebra dejando a unos 3.000 empleados sin trabajo y ahora se enfrentan a la Justicia por distintos delitos. Ambas tienen ya fecha para juicio. La primera de ellas es Alcor Seguridad. Cinco de sus exdirectivos se sentarán en el banquillo a partir del próximo 19 de junio en Lugo por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. La otra empresa del sector que irá a juicio es Seguridad Integral Canaria, propiedad del conocido empresario canario Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía pide para el presidente de la U.D. Las Palmas (salpicado recientemente por el caso Mediador) un total de 21 años de cárcel y 105,4 millones de euros en multas por cinco presuntos delitos de fraude contra la Hacienda Pública y otros tres supuestos delitos continuados de fraude a la Seguridad Social. Ramírez, propietario de un 91% del capital de Seguridad Integral Canaria (SIC), se sentará en el banquillo de los acusados del 4 al 20 de julio en Las Palmas junto al que fuese administrador único de la empresa hasta su disolución en el año 2019, Héctor de Armas Torrent. Para este último, el Ministerio Público pide 14 años de cárcel y 79,3 millones de euros en multas.

La Fiscalía considera acreditado que SIC habría defraudado unos 6,5 millones de euros a Hacienda entre 2009 y 2013. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público señala que los gestores de esa empresa disfrazaron el pago de horas extra a sus trabajadores «bajo apariencia de dietas reembolsables» de las que no constan facturas. Esto último, según la teoría de la Fiscalía y la Agencia Tributaria, para eludir el pago de impuestos y cuotas a la Seguridad Social.

Fraude a Hacienda

Además de la ausencia de justificantes de gastos para justificar las dietas declaradas, la Abogacía del Estado (que representa a Hacienda en el caso) respalda los indicios señalados por la Fiscalía y apunta a pruebas adicionales. Se basa para ello en los testimonios de los trabajadores que acudieron como testigos al juzgado durante la instrucción de la causa, además de en la declaración en sede judicial del exsocio de Miguel Ángel Ramírez como imputado.

De Armas, según el escrito de conclusiones de Hacienda, habría admitido que se disfrazaban las horas extras como dietas con el fin era eludir pagos en concepto de IRPF y Seguridad Social. La Abogacía del Estado también destaca el hecho de que, a partir de los propios datos aportados por SIC, hubiera sido imposible cubrir los servicios para los que había sido contratada la empresa sin la realización de horas extras por parte de sus trabajadores.

Denuncian el uso de falsos vigilantes de seguridad en casetas públicas

En la Feria de 2022, una monumental bronca en la caseta del PSOE puso de relieve cómo los caseteros contratan a personal no cualificado

La historia vuelve a repetirse. El sindicato CSIF Sevilla ha denunciado el uso de falsos vigilantes de seguridad en casetas públicas. Unos hechos que advierten que son ejemplos de «intrusismo profesional y vulneración de la normativa vigente». Esta circunstancia ya se puso de relieve en la Feria de Abril del año pasado, cuando una monumental bronca en la caseta del PSOE se hizo viral en redes sociales. Las formas empleadas por los vigilantes contra un usuario al que quisieron echar generó mucha polémica y la apertura de una investigación. Los sindicatos denunciaron entonces que ese personal no eran profesionales de seguridad habilitados.

Este año y antes de que la Feria haya llegado a su ecuador, el secretario de Seguridad Privada de CSIF Sevilla, Felipe Caro, ha puesto en conocimiento de la Unidad Territorial de Seguridad Privada nueve casos de posible intrusismo. «Todos ellas, además, son casetas públicas, correspondientes a los Distritos de Triana-Los Remedios, Casco Antiguo, Nervión-San Pablo-Santa Justa, Sur-Bellavista-La Palmera, Este-Alcosa-Torreblanca, Macarena-Norte, Cerro-Amate, la caseta del Instituto Municipal de Deportes (IMD), así como el ambigú de una caseta en la calle Pascual Márquez», ha señalado en un comunicado.

Mano de obra barata

Desde el sindicato recuerdan que estos trabajadores «es personal sin ninguna habilitación para el desempeño de estas funciones, que están reservadas, por ley, a los profesionales de la seguridad privada», explica Felipe Caro. Son trabajadores que constituyen mano de obra barata, sin cualificación y experiencia «que pasan la noche vigilando las instalaciones para prevenir robos y actos vandálicos. Son trabajadores de empresas de servicios que no están instruidos en seguridad. Esto supone una sobreexposición de estas personas frente a cualquier agresión o actos delictivos«.

Según el sindicato, la contratación de empresas no autorizadas por el Ministerio del Interior -y por lo tanto, no inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada- para la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, «supone una infracción normativa, tanto por parte del trabajador que desempeña esa actividad, como de la empresa a la que pertenece».

Nuevamente, el sindicato, como denunció el año pasado, apunta que la Feria de Sevilla «no puede ser un coladero de intrusismo y empresas incumplidoras; los organismos públicos, casetas y casetas particulares deben realizar controles adecuados para que se cumpla tanto el convenio colectivo como todas las leyes vigentes«.

Fuente: feria de abril sevilla 2023: Denuncian el uso de falsos vigilantes de seguridad en casetas públicas (abc.es)

INCIBE alerta del auge del carding: qué es y cómo protegernos frente a él

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado de un creciente nuevo tipo de ciberataque llamado carding, y que tiene como objetivo principal obtener los datos de tu tarjeta bancaria para usarlo en otras operaciones ilegales y que no les puedan rastrear.

El carding es un tipo de fraude que utiliza información de tarjetas robadas, para usarlas de manera fraudulenta. Para obtener estos datos, los delincuentes emplean otros tipos de fraudes como el phishing o smishing para luego usar las tarjetas para acciones fraudulentas.

Por norma general, este fraude comienza por comprar productos de un precio bajo para comprobar el saldo en la tarjeta y a continuación comienzan a comprar productos más caros. Aunque el uso principal de este fraude es la reventa de productos donde el ciberdelincuente compra algo con una tarjeta robada y luego lo vende por un precio inferior al del mercado.

Este tipo de fraude es muy común en épocas de campañas de venta tipo Navidad, las rebajas o el Black Friday, sin embargo, las autoridades han descubierto un importante incremento en este ciberataque en las últimas semanas.

¿Cómo podemos protegernos?

El carding es un fraude muy ligado a técnicas de ingeniería social, eso significa que usan las herramientas para engañar, pero a su vez significa que existen varios consejos que puedes seguir para evitar convertirte en víctima.

En primer lugar, nunca hagas caso a aquellos mensajes o emails que son spam o provienen  de remitentes desconocidos, al igual que es recomendable que hagas comprobaciones periódicas de tus movimientos bancarios.

Otro consejo que te puede evitar sufrir esta desgracia es apagar el NFC cuando no lo estés utilizando o descargar un protector antirrobo de tarjetas. También es recomendable aprovechar las medidas que ofrecen los bancos como las tarjetas monedero y siempre que haya, activa el doble factor de autentificación para los pagos con tarjeta.

Lista Robinson: el sistema para dejar de recibir publicidad y llamadas abusivas. Así te puedes apuntar

Día a día son muchas las personas en España que reciben llamadas publicitarias, con el objetivo de cambiar un contrato telefónico o el de la luz. Esto puede terminar suponiendo una gran molestia, sobre todo cuando se llama a horas inapropiadas, y es por ello que se han ido creando varias plataformas para poder acabar con estas políticas, siendo la Lista Robinson una de las más populares.

Estas prácticas sobre todo son molestas cuando no se han dado los permisos necesarios a las empresas al no ser sus clientes. La comunicación aunque generalmente se realiza por teléfono, también hacen uso de otras vías como el envío de correo postal, SMS y también el propio email.

Qué es la Lista Robinson

Este servicio entra dentro de la publicidad personalizada y es muy accesible a cualquier usuario. Esto se debe a que es completamente gratuito su uso para cualquier ciudadano de España, aunque para las empresas si que tiene un precio su inscripción. Su objetivo como hemos comentado anteriormente es evitar que se envíe publicidad a los usuarios en el caso de que no se cuente con la autorización pertinente.

Está completamente regulado a través de varias leyes como es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, así como toda la normativa referente a telecomunicaciones y comercio electrónico. Pero aunque muchas personas piensan que se debe eliminar por completo este tipo de políticas, lo que se persigue siempre es que exista un equilibrio entre el tratamiento de los datos y la publicidad.

Y es que este servicio tiene una gran historia a sus espaldas, aunque para muchas personas haya nacido hace relativamente poco. En concreto, comenzó a funcionar en 1993 centrándose en el correo postal, aunque fue en 2009 con el boom tecnológico cuando se dio el salto a los correos electrónicos, SMS, MMS y llamadas telefónicas. Y ha funcionado realmente bien, ya que en la actualidad se pueden encontrar más de millón y medio de usuarios los que están inscritos.

Detrás de esta lista, que recibe el nombre de Robinson Crusoe por el aislamiento que tuvo, se encuentra la empresa Adigital (Asociación Española de la Economía Digital). Si bien, hay otros muchos servicios que son similares y las empresas no estarán obligadas únicamente a hacer uso de estas.

Alta en la Lista Robinson

Como hemos comentado anteriormente, cualquier persona puede inscribirse a través de su página web y únicamente con datos muy simples. En concreto, al entrar se pulsará al principio en Apúntate en la lista, pudiendo elegir seguidamente si te quieres inscribir tu mismo u otra persona. Esto último es ideal cuando tu eres mayor de edad y necesitas apuntar a alguien menor de 14 años sobre el que tengas la correspondiente tutela.

Si encuentras una foto tuya circulando por Internet sin tu permiso, puedes ejercer tu derecho de supresión: qué es y cómo hacerlo

Mantener nuestra privacidad en Internet cuesta cada vez más. Si bien a veces de manera inconsciente, o sin nuestro permiso, difundir datos personales es algo que está a la orden del día, ya sea a través de imágenes, vídeos, redes sociales, etc. Sin embargo, con el fin de ayudar al usuario a ejercer su derecho de Supresión o "al olvido", la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) nos ofrece todas las claves para solicitar la eliminación de contenido que no deseamos que aparezca en una web o red social.

Tal y como rige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea, por lo que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, la eliminación de sus datos personales al hacer una búsqueda en Internet de su propio nombre.

Se trata del derecho que poseemos como ciudadanos ante el impedimento de la difusión de información personal a través de Internet. Y es que cuando un dato no cumple con las normas de protección de datos de la Unión Europea, el usuario tiene derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en buscadores.

La eliminación puede deberse a que la información sea obsoleta, o ya no tenga relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima. Aunque lo ideal sea solicitar a la fuente original la eliminación de nuestra información personal, los buscadores y redes sociales incluyen mecanismos de eliminación de contenido y denuncia, y en este artículo te mostramos las claves de cómo solicitar la eliminación de información personal.

Aspectos que debes saber

La AEPD nos informa acerca de una serie de requisitos y aspectos que debemos de conocer antes de ejercer nuestro derecho de supresión:

* El ejercicio del derecho de supresión sólo puede solicitarlo la persona afectada o, en caso de tratarse de menores de 14 años, sus progenitores o tutores legales.

* En caso de no haber conseguido la eliminación del contenido, puedes solicitar el borrado a la plataforma que ha proporcionado los medios para la publicación. Esta puede ser la propia red social o plataforma donde se hayan publicado las imágenes o vídeos. Para ello debemos de acreditar nuestra identidad e indicar qué enlaces son los que contienen la información que se desea eliminar.

* La empresa debe resolver la solicitud de supresión en un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la misma. Transcurrido ese plazo sin haber recibido contestación alguna o se considera como "insatisfactoria" la respuesta, se puede interponer una reclamación a la AEPD, acompañando la solicitud de la documentación que acredite haber solicitado previamente la supresión ante la plataforma. Para acceder al formulario de reclamación de la AEPD ante la eliminación de datos sensibles puedes hacerlo a través de este enlace. Para ello es necesario contar con un certificado electrónico instalado o DNI electrónico, Clave Pin /Permanente.

Estas son las empresas que tendrán la semana laboral de 4 días

Te contamos cuáles son los requisitos de las pymes para optar a esta jornada laboral

Desde el 13 de abril y durante un mes, las pequeñas y medianas empresas industriales que empleen a menos de 250 trabajadores podrán solicitar las ayudas asociadas al programa piloto del Ministerio de Industria, que tiene como objetivo reducir la semana laboral a cuatro días sin afectar los salarios de los trabajadores.

La convocatoria de las ayudas se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), luego de que la orden ministerial con las bases del programa se publicara en diciembre del año pasado. Este programa cuenta con un presupuesto de 9,65 millones de euros financiado por la Fundación EOI.

¿Qué requisitos tienen las empresas?

Las empresas que decidan participar en este programa piloto subvencionado pueden optar a ayudas de hasta 200.000 euros, siempre y cuando reduzcan un 10% de la jornada laboral durante un período mínimo de 24 meses, sin que esto afecte los salarios de los trabajadores.

Para participar en el proyecto piloto, el número de empleados debe ser de al menos un 30% de la plantilla en empresas de hasta 20 trabajadores y un 25% en empresas de entre 21 y 249 trabajadores.

El propósito del programa es fomentar la mejora de la productividad en las pequeñas y medianas empresas privadas que se dedican a la actividad industrial.

Según el ministro Héctor Gómez, «este programa piloto ofrece a las pymes industriales una oportunidad para reorganizar sus horarios de trabajo y reducir el tiempo de trabajo sin afectar los salarios, lo que puede mejorar los resultados empresariales. Invito a las empresas a aprovechar este programa y presentar sus propuestas».

Fuente: Estas son las empresas que tendrán la semana laboral de 4 días - Economía Digital (economiadigital.es)

La sentencia de Europa sobre Doñana que ha complicado los planes de Juanma Moreno

La Comisión cuenta con una condena previa a España en la que se advirtió de un incumplimiento por parte de las administraciones del buen estado ambiental con "graves daños a la biodiversidad"

Los planes de Juanma Moreno sobre Doñana han comenzado a alterarse tras topar con Bruselas y con una sentencia en la que exige una especial protección y conservación de tres zonas del parque natural que se consideran de especial importancia para la UE, en aplicación de la directiva sobre los hábitats de la región. La resolución ya ha sido esgrimida por la Comisión Europea, precisamente el organismo que estuvo en el origen de aquel fallo, por el que se condenó a España en junio de 2021 al concluir que las "extracciones desmesuradas de agua subterránea" en el espacio violaban el derecho comunitario. 

Todo comenzó hace más de una década por una iniciativa de WWF, que presentó una queja ante la Comisión, denunciando la extracción "abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana" con destino al cultivo intensivo de fresas. La organización de defensa del medio ambiente consideraba que la práctica se desarrollaba de forma ilegal ante la total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades españolas: los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

La última de las advertencias de Bruselas respecto al proyecto de ley en Andalucía sobre el regadío en Doñana, reflejada por escrito por el comisario europeo de Medioambiente, Virginius Sinkevicius, señala específicamente que el plan "podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria" y que la UE tiene la obligación de garantizar con "todos los medios disponibles" que esta se respeta en España. 

La proposición de ley que PP y Vox impulsan en el Parlamento andaluz con el aval del Gobierno de Juanma Moreno busca reordenar los cultivos en la llamada Corona Norte Forestal de Doñana. El objetivo al menos inicial era recalificar unas 750 hectáreas que se quedaron fuera del reparto que se aprobó en 2014 con el aval de Bruselas y que dejó a “unas decenas” de agricultores sin poder regar. La norma aboga por estudiar cada finca y convertir en regables aquellas que tengan derechos históricos de agua. Los recursos hídricos deben llegar en superficie una vez que culminen una serie de obras que todavía no tienen fecha, pero la concesión de los mismos no depende de la Junta, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, adscrita al Ministerio de Transición Ecológica. 

La sentencia de junio de 2021 dictaminaba que se había producido un incumplimiento por parte de las administraciones responsables de velar por el buen estado ambiental de Doñana, lo que está "provocando un grave daño a la biodiversidad".

Bruselas da dos meses a España para que adapte las normas de conciliación de la UE

Unas normas que refuerzan los derechos de los trabajadores a la conciliación y para solicitar permisos flexibles para el cuidado de familiares, por ejemplo

La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum a España para que notifique en el plazo de dos meses la transposición a su legislación de las nuevas normas que refuerzan los derechos de los trabajadores a la conciliación y a solicitar permisos flexibles para el cuidado de familiares, una mejora en la regulación que los países de la UE deberían aplicar ya desde agosto del pasado año.

El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase en un procedimiento de infracción, que ha sido enviado a las autoridades españolas para informarles de que disponen de un plazo de dos meses para cumplir con los requisitos o Bruselas valorará dar el tercer y último paso previsto en un expediente de infracción, que supone denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La Unión Europea cerró el acuerdo que reconoce el derecho de los progenitores y cuidadores a solicitar fórmulas de trabajo flexible en 2019, pero los gobiernos tuvieron aún tres años para adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a las nuevas reglas comunes.

Entre las claves de las mejoras previstas en las nuevas normas figura el permiso parental de "al menos cuatro meses" para cada uno de los progenitores, de los que dos meses son retribuidos e intransferibles. Además, el trabajador deberá poder solicitar el disfrute de tal permiso de forma flexible, ya sea a tiempo completo, parcial o en múltiples periodos.

La armonización de las normas a escala europea prevé también un permiso para el trabajador que ejerza de cuidador o preste ayuda personal a un miembro de la familia o persona que viva en el mismo hogar, de modo que tenga derecho como mínimo a cinco días laborables al año de permiso para tales tareas.

Asimismo deja claro que todo trabajador progenitor de un hijo de hasta ocho años de edad o cuidador de una persona dependiente debe tener derecho a solicitar la reducción del horario laboral, un horario de trabajo flexible y condiciones de flexibilidad en el lugar de trabajo.

Aena ultima un megaconcurso de 1.500 millones para los servicios de seguridad en sus 45 aeropuertos

Los contratos ganan en plazo tras la desbandada de Prosegur, Securitas y Eulen en 2020

Próxima llamada de Aena al sector de la seguridad privada. El consejo de administración del gestor aeroportuario va a aprobar, previsiblemente la próxima semana, la licitación de los contratos de vigilancia en los 45 aeropuertos y dos helipuertos de la red, además del aeródromo de Murcia. Se trata de uno de los mayores concursos de servicios puesto en juego por la Administración, con un valor total de unos 1.500 millones de euros. Se prevé que las firmas de seguridad pongan a trabajar para Aena cerca 5.500 vigilantes y más de 2.000 auxiliares.

Fuentes conocedoras del borrador del pliego hablan de un plazo de cinco años de servicio, con una posible prórroga de un año adicional, con el fin de dar la mayor estabilidad posible a las adjudicatarias. Se sube desde los dos años del último concurso.

Las aspirantes a entrar en Barajas, El Prat y demás plazas bajo gestión de Aena tendrán que ajustar sus ofertas a la parte alta de la horquilla de viajeros ofrecida por la compañía en su plan estratégico 2022-2026. Esto es unos 286 millones de viajeros en este 2023 (tras la actualización de final de febrero); 288 millones en 2024; la cifra prevista para 2025 sube a 301 millones de usuarios, y para 2026 se estima un techo de 315 millones. El récord vigente para Aena se alcanzó en 2019, cuando atendió a 275 millones de pasajeros que despegaron o aterrizaron en España.

El último concurso para gestionar los sistemas de seguridad y cubrir los pasos de control en los aeropuertos, con un presupuesto de licitación de 303 millones y resuelto en noviembre de 2020, estuvo rodeado de polémica al reflejar el alza de costes laborales que salió de las huelgas de 2018. Ese conflicto llegó a paralizar El Prat y supuso una crisis sin precedentes para Vueling. Tal fue ese impacto que los grandes de la seguridad, como Prosegur, Securitas y Eulen, decidieron no presentar ofertas ante lo que entendían como márgenes excesivamente estrechos.

El rival a batir

La gran ganadora entonces fue la firma balear Trablisa al adjudicarse seis de los 13 lotes que fueron licitados por 168 millones y con un periodo de duración de dos años, ampliables a un tercero. Cuatro lotes de aeropuertos quedaron desiertos.

Trablisa sustituyó a Ilunion en Barajas y había prorrogado sus servicios en Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Alicante, Almería, Menorca e Ibiza. También incorporó el lote Canarias Este (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), donde trabajaba Ilunion; se llevo el conjunto de aeropuertos de Canarias Oeste (Tenerife Sur y Tenerife Norte); desplazó a Segurisa del lote Norte (Bilbao, Asturias, Santander, Santiago, A Coruña y Vigo); relevó a ICTS en Sevilla y Jerez, y se apuntó la seguridad de los aeródromos con menos de 400.000 viajeros.

Ultimátum de CCOO y UGT a la patronal: pacto salarial ya o dispararán las movilizaciones tras el Primero de Mayo

Los sindicatos mayoritarios llamarán al voto de los trabajadores y trabajadoras en las elecciones autonómicas y municipales, donde se “juega mucho” en cuestiones clave como la vivienda

Se acaba la paciencia de los sindicatos mayoritarios en la negociación salarial. CCOO y UGT han avisado este jueves a la CEOE de que, o presenta ya una propuesta para un pacto estatal de subida de salarios (AENC) y avanza en la negociación antes del Primero de Mayo, o harán estallar movilizaciones a partir de la segunda mitad de año. Un auge de las protestas que, si el año pasado se centró de manera diferenciada en cada convenio de manera individual, en esta ocasión se plantea subir un escalón más, con movilizaciones paralelas en varias sectores con su convenio en disputa.

La patronal se resiste a subir salarios mientras los beneficios empresariales no paran de crecer

La negociación para el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), que no se renovó el año pasado, no logra “avances” significativos en la materia central en estos momentos de crisis inflacionista: los salarios. Los empresarios no han presentado aun siquiera una propuesta, han criticado los dirigentes sindicales, pese a que se habían emplazado a la vuelta de Semana Santa para ello.

“Tienen mucha cara”, ha cargado Unai Sordo, secretario general de CCOO, contra los empresarios y las resistencias de la patronal CEOE, dirigida por Antonio Garamendi, a negociar aumentos de salarios y abordar el debate incluso teniendo en cuenta la macha económica de los sectores, como solían demandar. “Es cinismo, la patronal tienen aversión a la transparencia de los datos económicos porque se les cae el discurso, no están repartiendo los beneficios”, ha añadido Sordo.

Pepe Álvarez, líder de UGT, directamente ha hablado de “usura” y “avaricia” empresarial a través del auge de beneficios gracias a la inflación, sin repartir parte de esas ganancias a sus trabajadores y trabajadoras a través de los salarios. “Esos beneficios de usura no solo aumentan a cuenta de los trabajadores”, ha advertido Álvarez, sino también de los pequeños autónomos y empresas que no pueden competir con las grandes compañías y multinacionales que están engordando sus márgenes.

Primero de Mayo, punto de inflexión

Ante esta situación, los sindicatos mayoritarios han dado un ultimátum a la CEOE para que presente en los “próximos días” una propuesta y se siente realmente a negociar. “El diálogo no es juntarse para hablar, va de negociar y de hacer propuestas serias”, ha insistido Sordo. “Por parte de CCOO, la paciencia se ha acabado”, ha añadido el líder del sindicato.

El Comité de empresa crea una comisión encargada de velar por las condiciones de servicios como la feria

En la última reunión celebrada por el Comité de empresa de Trablisa Sevilla, se decidió por unanimidad la creación de una comisión con el objetivo de velar por las condiciones de trabajo de los compañeros que se harán cargo de los servicios especiales creados para fechas claves, como por ejemplo la Feria de Sevilla.

Bien es sabido por todos las penurias que pueden llegar a pasar quienes realizan su trabajo en este tipo de eventos, que de por si ya son bastante duros de realizar, pero que pueden llegar a ser un infierno si no se dispone de unas condiciones de trabajo básicas y dignas, motivo por el que no hubo discrepancias en el seño del Comité de empresa para su aprobación.

Tras comunicar su creación a la delegación de la empresa en Sevilla, se acordó una reunión con los representantes de la misma para informarles de las intenciones de la comisión y solicitar su necesaria cooperación a la hora de informarla de servicios cogidos, cuadrantes de los vigilantes que trabajarían en ellos, etc. 

En dicha reunión la empresa manifestó su conformidad con todo lo hablado y se comprometió a hacer llegar a la comisión todo lo pedido por esta, algo que a fecha de hoy aun no se ha producido, alegando la misma en el día de ayer que aun no tenía todos los cuadrantes cerrados. De hecho, necesitaban la incorporación de cuatro vigilantes para poder hacerlo.

Desde esta sección sindical queremos haceros llegar nuestro total compromiso, por lo que podemos aseguraros que, con información por parte de la empresa o sin ella, la comisión realizará su trabajo, llegando a tomar las medidas que crean oportunas que las condiciones de los diferentes servicios nos obliguen.

Ni que decir tiene que os invitamos a comunicarnos por el medio que creáis mas oportuno cualquier deficiencia o irregularidad de la que tengáis conocimiento, algo fundamental para poder realizar correctamente nuestro trabajo.

Nada nuevo bajo el sol, vaya. Os seguiremos informando de todo lo que acontezca.

Hechos y mitos sobre la reforma laboral 2021

En este documento se repasan y contrastan de manera concisa las principales ideas y mantras que se han extendido en los últimos meses en torno a la efectividad de la reforma laboral, centradas en su mayoría en cuestionar la calidad de la contratación indefinida y, de forma particular, en desprestigiar la modalidad de fijo discontinuo como figura de estabilidad laboral. Los datos muestran que estas críticas son infundadas o, en el mejor de los casos, exageradas.

Fuente: Hechos y mitos sobre la reforma laboral 2021 (servicioestudiosugt.com)

La Brigada de Seguridad Privada de la Policía Nacional advierte que los vigilantes no pueden dirigir el tráfico en el aeropuerto

El pasado 10 de abril nos hacíamos eco de la noticia publicada en ultimahora.es, en la que los vigilantes del aeropuerto de Palma vienen denunciando a través de los sindicatos y, en breve, ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que no tienen competencia para regular el tráfico en Son Sant Joan. Puedes leerla completa en este enlace. Hoy os dejamos un nuevo capítulo de toda esta historia publicado en seguridadyempleo.com, según el cual Seguridad privada deja claras nuestras competencias al respecto:

Nuevo giro en la guerra abierta entre AENA y el Ajuntament de Palma. En esta ocasión, la Brigada de Seguridad Privada de la Policía Nacional lanza una advertencia muy clara y directa a todas las partes implicadas. Los vigilantes de seguridad bajo ningún concepto pueden dirigir el tráfico y mucho menos multar o sancionar infracciones de circulación. 

En su contestación, los máximos responsables del control y vigilancia de la seguridad privada matizan que lo único que pueden hacer y, siempre dentro del recinto delimitado (no en vía pública), es realizar labores de informadores. Es decir, pueden comunicar a los conductores que están estacionando en zona no permitida e invitarles amablemente a que circulen.

Si los conductores hacen caso omiso (están en su derecho) lo único que podrán hacer será llamar a la Policía Local de Palma que es la autoridad competente en esta materia. Es más, desde la Policía Nacional ya han dejado bien claro que no pueden hacer fotografías o tomar imágenes de vehículos o matrículas.

La guerra abierta entre Aena y el Ayuntamiento de Palma salpica de lleno a la seguridad privada

Por su parte, desde Cort tienen muy claro que lo último que van a hacer es enviar a policías para multar a ciudadanos por una finalidad lucrativa por parte de AENA. Exigen al Estado que autoricen 30 minutos de gratuidad a los residentes y un mayor número de plazas rotatorias. Por su parte, AENA mantiene su afán recaudatorio y sigue generando una guerra encarnizada. 

Del mismo modo, desde Cort también apuntan que, según la disponibilidad de agentes irán atendiendo las demandas de AENA y que en la mayoría de casos se soluciona con presencia policial y sin necesidad de multar a nadie.

Fuente: La Brigada de Seguridad Privada de la Policía Nacional advierte que los vigilantes no pueden dirigir el tráfico en el aeropuerto - SEGURIDAD Y EMPLEO

Este es el favor de la 'mili' a los trabajadores que se quieren jubilar de forma anticipada

* Añade un año a la cotización exigida en las modalidades voluntaria e involuntaria

* Se trata de una vieja demanda que todavía no aplica a la jubilación ordinaria

Los trabajadores que desean jubilarse de forma anticipada, ya sea de forma voluntaria o empujados por una extinción de contrato involuntaria, pueden hacerlo siempre que tengan la edad que exige la ley y si cumplen el resto de requisitos contemplados en la Ley General de la Seguridad Social.

Uno de los requisitos más específicos es el de la cotización, que también se pide en la jubilación ordinaria. Para hacer posible el adelanto en las jubilaciones anticipadas el sistema pide a los trabajadores mayores cotizaciones que en la jubilación ordinaria (que solo pide 15 años cotizados). La razón: ser más inflexible con las personas que quieren cotizar durante menos tiempo y, por lo tanto, realizar menos aportaciones al sistema de pensiones.

Los artículos 207 y 208 de la Ley General de la Seguridad Social (puede consultarlos en este enlace del Boletín Oficial del Estado) explican cuáles son los requisitos de cotización de la jubilación anticipada en sus dos grandes modalidades:

-La jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantos de hasta dos años en la edad ordinaria de jubilación, obliga a una cotización de al menos 35 años, de los cuales dos deben darse en los 15 años previos a la solicitud de la jubilación.

-La jubilación anticipada involuntaria, que permite adelantos de hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria de jubilación, obliga a una cotización de al menos 33 años, de los cuales dos deben darse en los 15 años previos a la solicitud de la jubilación.

Para conseguir estos requisitos de cotización los trabajadores que hubiesen realizado la 'mili', el sobrenombre con el que se conoce al servicio milutar obligatorio, podrán añadir un año extra de cotización si lo necesitasen para llegar a esa cotización exigida. Sucede lo mismo con los periodos de servicio femenino obligatorio o con la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia.

Así lo explica la Seguridad Social en su página web, en la que deja claro que "los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria sólo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria y con el límite máximo de un año".

La juez investiga si los dueños de Mersant Vigilancia pagaron sobornos a funcionarios

* La empresa seguía teniendo acceso a ayudas a pesar de que no estaba al corriente de pagos

* Se investigan si se entregaron sobres con hasta 30.000 euros a empleados de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social

La juez de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga la presunta trama de fraude a la Seguridad Social orquestada en la empresa Mersant Vigilancia, indaga ahora si los responsables de la empresa también pagaron sobornos a funcionarios de Hacienda y de la Seguridad Social. Esta rama del caso surge a raíz de la declaración ante la Policía de al menos tres trabajadoras de la compañía de seguridad privada.

Una de ellas aseguró que "durante un tiempo entró dinero en la empresa de los pagos de los clientes, ya que se habían conseguido levantar los embargos que obraban sobre las cuentas". Esto fue obra de un abogado de Sevilla que era amigo del dueño de la empresa en la sombra, Francisco Javier Cabrera Santamaría, y del empresario de Carmona que terminó adquiriendo la empresa. "Al parecer había sobornado a funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria para que expidieran certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones con ambos entes públicos, sin ser esto cierto", expuso esta mujer.

Según esta misma declaración, el contable de Mersant le entregaba al abogado "unos cheques con dinero que luego él se encargaba de cobrar en el banco y con ese dinero pagar los sobornos a los funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social". Uno de estos cheques, según consta en el sumario del caso, era de un importe de 30.000 euros y se libró en los "meses de diciembre de 2021 o enero de 2022". El abogado supuestamente se encargaba de conseguir los certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias de la empresa.

Durante la pandemia, el contable solicitó préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para todas las empresas del grupo por encargo de Cabrera. Estas ayudas fueron concedidas y se utilizaron las cantidades que se ingresaron para ponerse al día con la Seguridad Social y Hacienda, según destacó otra empleada de la compañía.

Otra de las trabajadoras aseguró que conocía que Mersant y otras empresas asociadas a ella "tenían unas deudas muy elevadas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y por ello las cuentas de esas empresas eran sometidas a embargos preventivos". Sin embargo, vio certificaciones que acreditaban que Mersant Vigilancia estaba al corriente de pago con la Agencia Tributaria. Al conectarse al sistema red de la misma (al que se accedía con el certificado digital de la empresa) "podía comprobar que la deuda que había pendiente de satisfacer seguía existiendo".

La empleada aseguró que dichas certificaciones se obtenían en unos determinados momentos en los que aparecía que la empresa aparentemente no tenía deudas. Eran tres las personas que le indicaban cuándo tenía que conectarse para descargar los certificados. Una de estas tres personas era el director de seguridad de la compañía y propietario de la misma en la sombra, Francisco Javier Cabrera Santamaría. 

Defensa pagará 1,35 millones tras prescindir de la Guardia Civil en seguridad de sus edificios

El Ministerio que dirige Margarita Robles tendrá que abonar esta partida a una empresa privada de seguridad después de acordar el cese de las funciones del Instituto Armado en delegaciones y subdelegaciones

El Ministerio de Defensa desembolsará una partida próxima a los 1,35 millones de euros para subcontratar la seguridad en dependencias y edificios oficiales bajo gestión orgánica directa del departamento que dirige Margarita Robles. La adjudicación tiene lugar después de que desde esta cartera se gestionase el cese de las funciones de la Guardia Civil en este ámbito -a petición del Mando de Personal del Instituto Armado-, tal y como revelaba un oficio interno que adelantó Vozpópuli.

Como contó este diario, el Ministerio de Margarita Robles remitió el pasado 14 de noviembre un oficio en el que abordaba el "cese de la prestación del servicio de vigilancia por parte de los efectivos de la Guardia Civil" en delegaciones y subdelegaciones de Defensa de toda España. Se trata de dependencias clave en el organigrama del departamento, toda vez que representan el principal instrumento con el que el Ministerio articula su presencia administrativa en buena parte del país.

Dicho oficio, redactado por la Subdirección General de Administración Periférica del Ministerio de Defensa, detallaba que se prescindiría de la presencia de la Guardia Civil en una larga lista de delegaciones y subdelegaciones a partir del presente 1 de enero. Esta decisión se tomó en una reunión de delegados de Defensa que se celebró en octubre de 2022 en La Coruña.

Decisión de la Guardia Civil

"Esta Subdirección General en coordinación con la Unidad de Seguridad de la SDG de Régimen Interior ha coordinado la prestación del servicio de seguridad privada a partir del 1 de enero de 2023 en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa que se indican a continuación", rezaba el documento. A renglón seguido enumeraba una extensa lista de dependencias en las que se prescindiría de los servicios de la Guardia Civil.

La decisión, no obstante, no habría nacido en el seno del Ministerio de Defensa, sino que atendía a una comunicación recibida por parte del Mando de Personal de la Guardia Civil "sobre el cese de la prestación del servicio de vigilancia por parte de los efectivos" del Instituto Armado, apunta el oficio.

En el escrito se detallaba que las funciones de seguridad recaerían a partir del 1 de enero en profesionales del sector privado; en concreto, por la empresa Grupo Sureste, que a través de su rama de seguridad privada desempeña estas funciones en diversas instituciones oficiales -entre otros-. Sin embargo, no se daba cuenta del procedimiento ni de los detalles de la licitación.

El TSJMU ordena readmitir o indemnizar con 47.000 euros a un electricista despedido por beber cerveza

Los magistrados han considerado que la ingesta de la cerveza era compartida, durante el almuerzo y que su rendimiento no se vio afectado.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha ordenado readmitir o indemnizar con 47.028 euros a un electricista de la empresa Instalaciones Eléctricas José Lucas Hernández SL que fue despedido de forma disciplinaria por beber cerveza durante el horario laboral. Han considerado que la ingesta era compartida, durante el almuerzo y que su rendimiento no se vio afectado.

Esta sentencia, que revoca la dictada por el Juzgado de lo Social Nº8 de Murcia es la 246/2023 de 14 de marzo ha sido dictada por los magistrados Ramón Álvarez Laita, Mariano Gascón Valero y Manuel Rodríguez Gómez. 

El trabajador llevaba desempeñando su labor para la empresa desde 1994 y en septiembre de 2021 le despidieron por motivos disciplinarios. Pero no era la primera vez que le recriminaban este acto. En 2020 fue suspendido de empleo y sueldo durante 13 días aunque bien es cierto que impugnó la penalización judicialmente y fue anulada.

En el contenido de la carta le explicaron que el 5 de julio de 2021 le vieron salir de las instalaciones en una furgoneta de color blanco acompañado de un compañero para dirigirse al bar “Los Cuñaos” para tomar una consumición. 

Según la misiva horas después se marchó a Cartagena a una obra que tenían por la zona y accedió a un Carrefour Express para comprar comida, cuatro latas de cerveza y una litrona. Todas ellas con alcohol para beberlas posteriormente en un parking. 

De camino de vuelta a Murcia, según le dijeron en la carta, volvió a parar en otro establecimiento de carretera para comprar otra lata e ingerirla junto al furgón. Posteriormente reanudó la marcha en coche tras el consumo de alcohol.

Estas son las 'preguntas trampa' del tribunal médico para decidir si concede una pensión de incapacidad permanente

* Están revestidas de informalidad, pero tienen un trasfondo clave

* Pueden ofrecer información mucho más importante de lo que parece

La visita al tribunal médico es el paso más delicado de todos los que forman parte del proceso de solicitud de pensión de incapacidad permanente. El halo de autoridad que se ha creado en torno a la figura del Equipo de Valoraciones de Incapacidad (EVI) hace que las personas que piden la pensión tengan miedo a este trámite, pero deben permanecer tranquilas.

El único objetivo de los miembros del tribunal es determinar si la persona que pide la pensión realmente la merece: que los recursos del sistema de pensiones se usen de forma eficiente y a ciudadanos que lo necesiten. Una tarea que requiere seriedad, pero que en ningún caso ha de resultar intimidante para el paciente que acude al tribunal.

Es normal que las personas que formen este tribunal médico pregunten a los trabajadores sobre muy diversas cuestiones: acerca de su vida laboral, de sus funciones, de su vida cotidiana, de su autonomía e independencia para las tareas del hogar...con la intención de conocer cuál es la influencia de la enfermedad o dolencia que sufre en su vida profesional y su vida doméstica.

Algunas de estas preguntas, no obstante, están revestidas de una inocencia que no siempre responde a la realidad. Diversas cuestiones aparentemente banales que se le plantean al entrevistado pueden conseguir mucha más información que preguntas a las que se presupone una mayor importancia.

Son las que se denominan 'preguntas trampa' del tribunal médico. No tienen mala intención, ni están cargadas de malicia, simplemente se realizan porque con ellas sus miembros pueden obtener información muy valiosa para saber si el trabajador tiene derecho a una pensión de incapacidad permanente y, en caso informativo, de qué grado.

La Inspección de Trabajo alcanza el récord histórico de casi un millón de personas beneficiadas en 2022

El organismo público que vela por el cumplimiento de las normas laborales llegó a unas “936.000 personas trabajadoras” con sus actuaciones, un aumento del 40% respecto al año anterior

Récord de personas alcanzadas por las actuaciones de la Inspección de Trabajo en 2022. En total, casi un millón de personas, unas 936.000, responde el Ministerio de Trabajo a consultas de elDiario.es, lo que supone un 40% más respecto al año previo, cuando se detectaron infracciones que afectaban a 671.336 trabajadores. Aún a falta de que se publique el informe detallado completo de 2022, este balance general arroja cifras históricas y un gran aumento anual de la población trabajadora cubierta por el organismo vigilante de la legalidad laboral.

 

En concreto, las infracciones detectadas por la Inspección en 2022 alcanzaban a “935.880” personas, indican desde el Ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, una cifra que supera por cientos de miles los datos de cobertura de la serie histórica. Respecto a hace cinco años, se trata prácticamente del doble de trabajadores.

En el Ministerio de Trabajo responden que “todos los parámetros han registrado un incremento notable” en 2022, pero la mayor alza se sitúa en las personas trabajadoras alcanzadas por la labor inspectora, que lograron “una restitución de sus derechos”, destaca el departamento de Yolanda Díaz.

Por ejemplo, de trabajadores temporales fraudulentos que pasan a ser indefinidos, falsos autónomos a los que se convierte en laborales, infracciones por incumplir los planes de igualdad en las empresas, cuyas multas se han disparado por siete, o empleados en la economía sumergida a los que se da de alta a la Seguridad Social, entre otras infracciones.

Se dispararon los falsos autónomos detectados

Entre los abusos que ha destapado la Inspección, destaca un gran aumento de las regularizaciones de personas que estaban empleadas irregularmente como falsos autónomos. Las actuaciones han supuesto “39.044 regularizaciones” en 2022, más de cuatro veces el número de personas convertidas el año anterior, 9.399 trabajadores. En total, se han detectado “27.400 infracciones”, que han supuesto “122,2 millones de euros de recaudación”, indica Trabajo.

La precariedad laboral en la Feria de Sevilla: "Me quería pagar 3,3 euros la hora"

* Una oferta laboral para vigilar las casetas durante el montaje incluye jornadas laborales de 90 horas

* Le aconsejaron que se llevara "un colchón" para combatir el cansancio y el sueño

La falta de profesionales que quieran trabajar en la Feria de Abril va camino de convertirse en un problema endémico de esta celebración. Las empresas de montaje y catering sufren muchas dificultades en la búsqueda de candidatos que ocupen los puestos de trabajo necesarios para la instalación de las casetas y su gestión. Aunque desde las patronales se defienden los sueldos dignos que se pagan por dichos oficios, sigue habiendo casos en los que la precariedad ahuyenta la demanda laboral. 

No es una situación genérica. No todas las ofertas de trabajo presentan bajos salarios, pero sí es cierto que aún quedan bastantes ejemplos de que los empleos que genera la Feria están muy lejos de la "dignidad laboral" que requiere su desempeño. 

Un caso bastante llamativo lo protagoniza la oferta de una empresa para el puesto de vigilante de una caseta durante el mes previo a la semana de farolillos. Por razones de confidencialidad, ni se detallará el nombre de la entidad contratante ni del empleado interesado en dicho empleo, al que le iban a pagar poco más de tres euros la hora. 

Una subcontrata

Fue la propia empresa la que se puso en contacto con dicho trabajador para darle a conocer la propuesta laboral. La relación entre ambas partes venía de antes, ya que este sevillano había sido contratado en otras ocasiones por la entidad para cometidos distintos. La empresa en cuestión se dedica durante el año a la construcción, pero entre febrero y abril es subcontratada por la multinacional encargada de la instalación del real. En este operativo interviene una veintena de pymes de la provincia, según explica dicho trabajador. 

Cuando el empleado preguntó por las condiciones del puesto ofertado, les fueron detalladas a mano por un responsable de la empresa. Lo hizo en un recuadro con el epígrafe "experiencia personal". En él se concretaba que el contrato comenzaba el 20 de marzo y concluiría el 20 de abril, esto es, el jueves anterior al alumbrado. El horario de la jornada laboral sería el siguiente: de lunes a viernes, de seis de la tarde a ocho de la mañana. 

La vigilancia de la caseta durante el montaje también se ampliaba a los fines de semana. De esta forma, el trabajador entraría a realizar estas funciones el sábado a las tres de la tarde y estaría en su puesto hasta el lunes a las ocho de la mañana, es decir, 41 horas seguidas. Con todo, no era el periodo más largo. Llegado el Jueves Santo, el empleado se encargaría de la vigilancia de la caseta desde las 15:00 de este día hasta las 8:00 del Lunes de Pascua: casi 90 horas seguidas sin tregua. 

Sin día libre en un mes

Los empleados tienen derecho a percibir una indemnización por el retraso en el cobro de la nómina, dice el Supremo

La Sala de lo Social se ha pronunciado así en una sentencia dictada el pasado 10 de enero

El Tribunal Supremo (TS) ha unificado doctrina en una reciente sentencia y ha declarado que el retraso en el pago de la nómina de los empleados de manera reiterada supone una causa por la que el trabajador podrá rescindir unilateralmente el contrato y el empleador estará obligado a pagarle la misma indemnización que por un despido improcedente.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el pasado 10 de enero (9/2023), la firman los magistrados Rosa María Virolés Piñol (presidenta), Antonio Vicente Sempere Navarro, Ángel Blasco Pellicer, Concepción Rosario Ureste García (ponente) e Ignacio García-Perrote Escartín.

En ella, estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por un trabajador, que ha estado asistido por el abogado Sotero Manuel Casado Matías, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 13 de abril de 2021 que desestimó su recurso de suplicación contra la resolución del Juzgado de lo Social número 15 de Madrid que en septiembre de 2020 desestimó su demanda. 

En consecuencia, el TS declara extinguido el contrato de trabajo entre las partes y condena a la empresa Ventas y Servicios Técnicos de Centro S.L. a que lo indemnice con 48.232,73 euros. 

«En este caso, desgraciadamente, el trabajador no cobrará esa indemnización porque en toda esta batalla judicial, que ha durado desde septiembre de 2020, la empresa ha entrado en concurso de acreedores, por lo que tendrá que ir al fondo de garantía salarial a que le paguen los topes que establece el Fogasa. Con lo cual, va a haber una cantidad que el trabajador no va a ver satisfecha», declara a Confilegal su abogado, socio de la firma Nácar Abogados, con sede en Madrid y servicio a nivel nacional.

EL CASO

Según los hechos probados de la sentencia de instancia, el demandante presta servicios para dicha empresa desde octubre de 2007, con categoría de personal de oficial de primera, con una retribución de 2.624,47 euros/mes brutos con prorrata de pagas extraordinarias.

La demandada mantiene una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social que determina apremios, embargos y requerimientos de pago por la Agencia Tributaria. 

Estas son las ayudas que puedes pedir si cobras menos de 30.000 euros y tienes una hipoteca

Se trata de un paquete de medidas impulsado por el Gobierno para aliviar la carga hipotecaria de las familias vulnerables

El pasado mes de noviembre, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, anunció un paquete de medidas para aquellas familias más vulnerables que contasen con una hipoteca. En concreto, las medidas tienen como objetivo mejorar la situación de las familias vulnerables, crear unas directrices para las familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad y establecer medidas a todas las hipotecas en general. 

Todas estas medidas vienen a raíz de la situación económica actual, que está ahogando a miles de familias con hipoteca. El euríbor experimenta fuertes subidas que repercuten en los precios de las hipotecas de tipo variable, que durante años han sido la opción predilecta de los compradores españoles

Estas medidas han sido adoptadas por casi la totalidad de las entidades financieras. En total, 54 entidades bancarias ya están aplicando estas ayudas a los hipotecados. Quedan reguladas por el Real Decreto Ley 19/2022, de 22 de noviembre, que modifica el Real decreto ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. El paquete de medidas se divide en dos grandes grupos: aquellos hipotecados muy vulnerables y otro grupo para hipotecados con rentas bajas.

Medidas para hipotecados vulnerables

Los deudores hipotecarios vulnerables son aquellas familias que cuentan con rentas inferiores a los 25.200 euros al año, una hipoteca sobre una vivienda de hasta 300.000 euros y con una cuota que supere el 50% de los ingresos netos del hogar y con un incremento de esta tasa del 50% en los últimos años. Las medidas que pueden adoptar para aligerar la carga son las siguientes:

* Se reduce el tipo de interés aplicable durante los 5 años de carencia en el pago del principal de la hipoteca, pasando del Euríbor más 0,25 % al Euríbor menos 0,10 %.

* Posibilidad de que las familias soliciten la restructuración de la deuda en varias ocasiones.

* Se duplica hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual.

* Se amplía de 6 a 12 meses el plazo para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera, por un importe máximo del 3 % de su valor por parte de las personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual.

* Los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50 % de la carga hipotecaria podrán acogerse también al Código, en este caso con una carencia en el pago del principal de 2 años, un tipo de interés menor durante ese periodo y la posibilidad de alargar el plazo de la hipoteca hasta 7 años.