Grupo Sureste e Ilunion ganan un contrato de 108 millones para la seguridad de Defensa

El contrato, de un año y prorrogable otros tres, incrementa su presupuesto un 50% respecto al anterior

El Ministerio de Defensa ya tiene servicio de seguridad privada para todas sus instalaciones a nivel nacional. Serán las filiales especializadas en seguridad de Grupo Sureste e Ilunion las encargadas de prestar servicio durante, al menos, este 2025.

Defensa ha adjudicado a ambas compañías este contrato por valor total de 108 millones de euros. La licitación será por un año, prorrogable por otros tres más, pudiéndose extender en total hasta 2028 a razón de 27 millones anuales.

De esos 108 millones, Grupo Sureste ha sido el ganador en dos de los tres lotes que tiene el contrato, representando estos prácticamente 100 millones de euros. El primero de ellos es al que más fondos se le destina: 68,8 millones para los servicios de vigilancia privada, tanto con guardias como con sistemas de alarma y cámaras de seguridad del propio Ministerio de Defensa. Grupo Sureste también se hizo con el segundo lote, de 31 millones de euros, para proteger de igual forma el campus y los centros del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) repartidos por toda la geografía. Por su parte, Ilunion Seguridad se encargará de la vigilancia del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied).

Este contrato ya se prorrogó durante los tres años que permite la licitación en la anterior ocasión. Entonces Grupo Sureste ganó los tres lotes de la licitación, aunque ingresó algo más de 70 millones de euros por los servicios, por lo que el contrato ha padecido una revalorización del 50% desde entonces.

Los demás contendientes

Para los dos primeros lotes, los de mayor importancia económica, dentro del acuerdo, se presentaron siete compañías en total. Además de Sureste, Garda, Transportes Blindados, la propia Ilunion, CMM Guard, Salzillo y Sasegur fueron los otros contendientes.

Para la seguridad del Ministerio de Defensa Sasegur no presentó oferta, mientras Salzillo no alcanzó la puntuación mínima requerida para acceder a la segunda fase de valoración. La primera es la que más pondera (55%) para la valoración final, y se tienen en cuenta criterios de precio (por hora de vigilancia, servicios y medios técnicos) y el valor técnico de la oferta. El 45% restante son criterios mediante juicio de valor, en el cual pondera un 15% la metodología en la organización del servicio, otro 15% del plan de formación continuo y otro 15% del plan de inspecciones.

Para el tercer lote no se presentaron ni Garda ni Sasegur, y el contrato se lo acabó llevando Ilunion por delante de CMM Guard, el segundo pretendiente.

Este contrato es uno de los más importantes que se licitan en cuanto al ámbito de la seguridad privada, siendo un concurso muy exigente y que requiere una gran solvencia técnica por parte de los oferentes.

Fuente: Grupo Sureste e Ilunion ganan un contrato de 108 millones para la seguridad de Defensa

El Gobierno recurre a Securitas para reforzar la seguridad de las tropas españolas en la frontera con Rusia

El contrato con la empresa privada supone la incorporación de un sistema móvil de radares que se incorporará a la misión de Letonia

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Securitas Seguridad España S.A. un contrato mediante un procedimiento negociado sin publicidad para reforzar la protección de las tropas españolas en Letonia, integradas en la misión de la OTAN de disuasión ante Rusia. Según ha podido comprobar Vozpópuli en la documentación adjunta a la licitación, el acuerdo se centra en la adquisición de unos sistemas portátiles de radares y cámaras, que supondrán un incremento en la seguridad en una de las misiones más sensibles en las que participan las Fuerzas Armadas.

El método elegido por la Subdirección General de Contratación es la tramitación urgente, mediante negociación sin publicidad. Esto supone una adjudicación sin un anuncio previo, abordando directamente con la empresa los términos y condiciones del contrato. En este caso, valorado en 150.000 euros, sin incluir impuestos. Según la documentación, se invitó a tres empresas a concurrir al procedimiento, aunque se desconoce el nombre de las otras dos sociedades.

El órgano de la administración contratante destaca que en esta situación de “riesgo y lejanía” de las bases y acuartelamientos nacionales, es preciso contar en breve espacio de tiempo con los recursos necesarios para “atender y prevenir las necesidades de seguridad” en las infraestructuras desplegadas en las diferentes zonas de operaciones.

La adjudicación

Con esta adjudicación, Securitas Seguridad España S.A. dotará a las Fuerzas Armadas de nuevos medios para reforzar su protección en la base de Camp Adazi (Letonia), donde actualmente permanecen cerca de 650 efectivos españoles. En concreto, el procedimiento se centra en la compra de un “sistema portátil de vigilancia de puntos sensibles”.

El pliego de prescripciones técnicas únicamente ofrece la primera página de la documentación, que figura bajo el sello de ‘confidencial’. El pliego de cláusulas administrativas, no obstante, detalla que este sistema portátil incluye tecnología radar 360 grados y una cámara, que se puede instalar sobre un trípode y se caracteriza por su capacidad de transporte.

Aunque la documentación está fechada a finales del mes de septiembre, no ha sido hasta ahora cuando el Ministerio de Defensa ha incorporado el procedimiento a la Plataforma de Contratación Pública. La apertura del sobre administrativo no se produjo hasta el pasado 14 de noviembre, con un plazo de ejecución que se extiende hasta este jueves, día 30.

Defensa pagará 1,35 millones tras prescindir de la Guardia Civil en seguridad de sus edificios

El Ministerio que dirige Margarita Robles tendrá que abonar esta partida a una empresa privada de seguridad después de acordar el cese de las funciones del Instituto Armado en delegaciones y subdelegaciones

El Ministerio de Defensa desembolsará una partida próxima a los 1,35 millones de euros para subcontratar la seguridad en dependencias y edificios oficiales bajo gestión orgánica directa del departamento que dirige Margarita Robles. La adjudicación tiene lugar después de que desde esta cartera se gestionase el cese de las funciones de la Guardia Civil en este ámbito -a petición del Mando de Personal del Instituto Armado-, tal y como revelaba un oficio interno que adelantó Vozpópuli.

Como contó este diario, el Ministerio de Margarita Robles remitió el pasado 14 de noviembre un oficio en el que abordaba el "cese de la prestación del servicio de vigilancia por parte de los efectivos de la Guardia Civil" en delegaciones y subdelegaciones de Defensa de toda España. Se trata de dependencias clave en el organigrama del departamento, toda vez que representan el principal instrumento con el que el Ministerio articula su presencia administrativa en buena parte del país.

Dicho oficio, redactado por la Subdirección General de Administración Periférica del Ministerio de Defensa, detallaba que se prescindiría de la presencia de la Guardia Civil en una larga lista de delegaciones y subdelegaciones a partir del presente 1 de enero. Esta decisión se tomó en una reunión de delegados de Defensa que se celebró en octubre de 2022 en La Coruña.

Decisión de la Guardia Civil

"Esta Subdirección General en coordinación con la Unidad de Seguridad de la SDG de Régimen Interior ha coordinado la prestación del servicio de seguridad privada a partir del 1 de enero de 2023 en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa que se indican a continuación", rezaba el documento. A renglón seguido enumeraba una extensa lista de dependencias en las que se prescindiría de los servicios de la Guardia Civil.

La decisión, no obstante, no habría nacido en el seno del Ministerio de Defensa, sino que atendía a una comunicación recibida por parte del Mando de Personal de la Guardia Civil "sobre el cese de la prestación del servicio de vigilancia por parte de los efectivos" del Instituto Armado, apunta el oficio.

En el escrito se detallaba que las funciones de seguridad recaerían a partir del 1 de enero en profesionales del sector privado; en concreto, por la empresa Grupo Sureste, que a través de su rama de seguridad privada desempeña estas funciones en diversas instituciones oficiales -entre otros-. Sin embargo, no se daba cuenta del procedimiento ni de los detalles de la licitación.