* La decisión del Alto Tribunal obliga a cambiar la ley para introducir indemnizaciones superiores a los 33 días
* El Supremo rechaza que los jueces den indemnizaciones por despido mayores a los 33 días
La sentencia del Tribunal Supremo sobre las indemnizaciones superiores a los 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente no es el fin de debate. Todo lo contrario. De hecho, supone el pistoletazo 'oficial' de salida a una reforma que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lleva mucho tiempo anticipando. La decisión del Alto Tribunal, que parece da un portazo a la posibilidad de que los jueces otorguen compensaciones por encima del máximo legal, da sin embargo luz verde a la ministra de Trabajo para impulsar un cambio de la legislación ante los recelos de sus socios socialistas en el gobierno de coalición.
El Ministerio de Trabajo es consciente de que será un proceso largo, que podría retrasar su entrada en vigor hasta finales de 2025, cuando ya se haya implementado por completo la jornada de 37,5 horas semanales. Pero ya cuenten con un plan para ganar tiempo, que pasa por convocar a un grupo de expertos que analice las diferentes opciones y, a partir de ahí, abrir una mesa del diálogo social para buscar un acuerdo en el que quiere sumar a la patronal.
El Ejecutivo es muy consciente de que, a diferencia de lo ocurrido con las horas de trabajo, no puede presentar en Bruselas lo que, de facto, es una nueva reforma laboral que además cruza las líneas rojas de la pactada hace ya tres años sin consenso con la patronal. Además, hay un intenso debate entre PSOE y Sumar sobre la dirección que tomar. El único punto en común, que está en el acuerdo de investidura, es "reforzar" la causalidad del despido y hacer que las indemnizaciones cumplan con la Carta Social Europea. Pero lo que significa esto, está abierto a la interpretación.
Trabajo insiste en que no se trata de volver al tope de los 45 días previo a la reforma del PP de 2012, pero se inclina por 'destopar' las indemnizaciones en función de las circunstancia. Es la mimas tesis de los sindicatos, que han llevado el debate a Europa logrando una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y el Consejo de Europa determinando que España debe modificar su legislación porque el sistema que limita la indemnización no es "suficientemente disuasorio" ni "reparativo" como establece la Carta.
Pero se trata de organismos no vinculantes y tienen mucho menos peso que si provinieran del Parlamento Europeo, la Comisión o el Tribunal Superior de Justicias de la UE. De hecho, Francia, Italia o Finlandia han rebatido resoluciones prácticamente idénticas.
Más relevante es lo que han dicho los jueces en España. Varias sentencias de tribunales superiores de justicia autonómicos han dictado indemnizaciones adicionales aplicando la Carta Social Europea y los convenios de la OIT. El PSOE se mantener a favor de mantener esta vía, sin cambiar el grueso de la norma (a lo sumo unos retoques mínimos para garantizar cierta seguridad jurídica), pero dejándolo en manos de los tribunales que decidieran caso por caso. Era precisamente lo que defendía la Abogacía del Estado en sus alegaciones ante el CEDS.
El Alto Tribunal ha cerrado esta vía, al menos con la legislación actual. Algo que Trabajo y los sindicatos ya daban prácticamente por hecho. UGT y CCOO insisten en que la resolución no "zanja el debate" sobre la suficiencia de las indemnizaciones por despido en España ni su adecuación a la Carta Social Europea. Pero siempre han defendido que sería necesario cambiar la ley y, precisamente, esta resolución da luz verde a Díaz para impulsar una reforma en profundidad del despido.
No se rompe el compromiso con la patronal
En Trabajo confían en contar con la patronal y defienden que no se vulnera ningún compromiso previo con ellos, ya que para ellos el problema no es la cantidad, 33 o 45 días, sino la existencia de un tope. En este sentido consideran que una modificación del Estatuto de los Trabajadores sigue siendo necesaria para garantizar la seguridad jurídica (más para los trabajadores que para las empresas, eso sí).
El mayor problema es cómo aplicar un sistema de despidos 'destopados' sin impedir la contratación de los colectivos que se pretende proteger. El caso paradigmático serían los mayores de 45 años, que suponen casi seis de cada diez parados. Trabajo, en todo caso, no da detalles de cómo materializar la reforma y sortear estos riesgos y su idea es que sea el comité de expertos que redacte un documento de propuestas de reforma que sirva de base para negociar con los sindicatos y la patronal.
Aunque teniendo en cuenta los precedentes de otros grupos de expertos, como el del SMI, en el ámbito del diálogo social lo ven más como una manera de ganar tiempo hasta poder presentar una propuesta con un supuesto aval técnico y académico que 'casualmente' coincidirá con las tesis, no ya del Gobierno, sino de Sumar. Cabe recordar que en el grupo de expertos sobre el salario mínimo no participaron ni CEOE ni Cepyme.
No hay comentarios:
Publicar un comentario