La Unión Europea ha aprobado una reforma que permite a los países restringir el acceso a ayudas sociales a personas sin empleo ni vínculo laboral con el territorio.
En casi todos los países europeos existen ayudas sociales y prestaciones por desempleo. Cada uno de estos países puede regularla, pero la Unión Europea ha dado un paso adelante en la reforma de las normas que regulan el acceso a estas ayudas. Y es que el nuevo marco, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, va a permitir a los países restringir determinadas ayudas a personas sin empleo ni vínculo laboral con el territorio, con el objetivo de evitar abusos y garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos.
¿Qué cambia exactamente con la nueva normativa europea?
La reforma forma parte de la actualización del sistema de coordinación de la Seguridad Social en la UE, un conjunto de normas que regula cómo se reparten las prestaciones entre países cuando una persona trabaja o reside en varios Estados. Hasta ahora, existían vacíos legales que generaban conflictos, como los casos de personas que se trasladaban a otro país sin haber trabajado allí y podían solicitar ayudas sociales, lo que provocaba tensiones entre administraciones. Con el nuevo sistema, la UE introduce un principio más claro. Y es que, a partir de este momento, el derecho a las prestaciones estará más vinculado a la actividad laboral y a la cotización efectiva en el país.
Esto significa que los Estados miembros podrán limitar el acceso a determinadas ayudas si el ciudadano no trabaja en el país, no ha cotizado en su sistema de Seguridad Social y no tiene un vínculo suficiente con el territorio.
El impacto directo en las personas sin empleo
El cambio más relevante afecta a las personas desempleadas que se trasladan a otro país de la UE. A partir de ahora, un ciudadano europeo que no esté trabajando en el país de acogida podría ver restringido su acceso a determinadas ayudas sociales. Esto no implica la eliminación total de derechos, pero sí una mayor exigencia de condiciones.
Siguiendo esta nueva reforma, cuando una persona se mude a otro país sin haber trabajado allí, es posible que no pueda acceder a ciertos subsidios. Además, las ayudas asistenciales podrán condicionarse a la residencia efectiva o a un historial de cotización.
Nuevas reglas para el paro en Europa
Además de limitar ayudas sociales, la reforma introduce cambios importantes en la prestación por desempleo en contextos transfronterizos.
Uno de los puntos clave es que el país responsable de pagar el paro será, en general, aquel donde el trabajador haya cotizado durante un periodo mínimo. En concreto, se establece un umbral de unas 22 semanas de trabajo para que ese Estado asuma el pago de la prestación. También se introduce un marco común para coordinar otras prestaciones sociales en situaciones transfronterizas, sobre todo en ayudas familiares, prestaciones por cuidados de larga duración y subsidios sociales en general.
De esta manera, se evita que el coste recaiga en países donde el trabajador no ha contribuido y, además, clarifica qué administración debe hacerse cargo del desempleo. Así no hay duplicidades ni tampoco conflictos administrativos.
Por otro lado, se amplía el periodo durante el cual una persona puede buscar empleo en otro país mientras cobra el paro. Es decir, se pasa de tres a seis meses, dando algo más de margen a esas personas para la movilidad laboral.
¿Cómo afecta a los españoles?
Para los ciudadanos españoles, el impacto dependerá de su situación. Si son españoles que viven en otro país de la UE, en caso de que no trabajen o no hayan cotizado en ese país, pueden tener más dificultades para acceder a ayudas sociales. Además, será necesario que demuestren una vinculación real con el país. Y, aun así, es probable que algunos subsidios asistenciales estén restringidos para estos.
Si son españoles que trabajan en el extranjero, van a saber dónde tienen que cobrar el paro y podrán trasladar su prestación durante más tiempo. Pero es importante cumplir con el requisito de la cotización en el país donde trabajan.
Por último, en el caso de los españoles que regresan, España podría exigir más requisitos a los ciudadanos europeos sin empleo que soliciten ayudas. En estos casos, se podría aplicar el principio de contribución previa.
En resumen, el sistema se vuelve más exigente para quienes no tienen actividad laboral, pero más claro para quienes sí han trabajado y cotizado. Así, la reforma mantiene la libre circulación de personas en la UE sin poner en riesgo los sistemas de protección social. Aunque muchos expertos opinan que esto puede dificultar la integración de personas desempleadas en otros países al hacer más relevante el trabajar y cotizar en el país.
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