Albiol propone sustituir policías locales por seguridad privada en trabajos de vigilancia estática

El alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) se ha reunido este lunes con los mandos de la Guardia Urbana de Badalona para evaluar el dispositivo de seguridad de la verbena de Sant Joan y planificar el verano.

Antes, el alcalde se ha encontrado con los agentes que en la madrugada del viernes fueron agredidos cuando intervinieron en una pelea multitudinaria en la playa de la ciudad. Albiol ha explicado que aunque tres de los cinco agentes que resultaron heridos se han tenido que tomar la baja se encuentran bien y les ha agradecido su actuación.

El alcalde ha reconocido que la carencia de efectivos policiales es un problema real en la ciudad y que, a la espera de convocar nuevas plazas, está buscando fórmulas para minimizarlo. Una de ellas pasa por contratar seguridad privada para cubrir servicios, como la vigilancia de edificios públicos, que ahora realizan agentes de la Guardia Urbana y poder destinar estos efectivos a patrullar las calles.

La medida ya se aplicó puntualmente en noviembre del año pasado ante el alud de bajas en el cuerpo coincidiendo con la reclamación para que se les pagara los servicios extraordinarios que realizaron durante el verano para cubrir las vacaciones de los compañeros.

El "problema serio" de las vacaciones en verano

Al respecto, la de las vacaciones de los agentes de la Guardia Urbana, Albiol ha lamentado que cuando más gente hay en las calles de la ciudad la mitad de la plantilla esté de vacaciones en julio y agosto.

Aquí, ha avanzado que de cara al próximo año se tendrá que estudiar la manera de evitar que esta circunstancia se vuelva a producir. "Si a una plantilla limitada se le suma esto es un problema serio", ha añadido.

Fuente: Albiol quiere sustituir agentes de la Guàrdia Urbana por seguridad privada en trabajos de vigilancia estática (elperiodico.com)

Los primeros días de José Luis Sanz como alcalde de Sevilla: ceses, nombramientos y zafarranchos de limpieza

Sanz nombra coordinador general del Área de Limpieza a Ricardo Villena, presidente de Lipasam cuando la empresa recibió por primera vez la Escoba de Oro

No hay tiempo que perder. La consigna estaba clara. Por eso José Luis Sanz presentó el organigrama de su equipo de gobierno antes incluso de su investidura como alcalde de Sevilla. Hecho esto, en los días posteriores a tomar el bastón de mando de la ciudad, Sanz ha ido comunicando ceses y nombramientos en el Ayuntamiento de Sevilla.

Entre los ceses confirmados se encuentra el de Francisco Yuste como director general de Protocolo y Casa Consistorial, un cargo que asumió en agosto de 2007, nombrado por el alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y que mantuvo con el 'popular' Juan Ignacio Zoido y sus sucesores en la Alcaldía, los también socialistas Juan Espadas y Antonio Muñoz.

También ha cesado José Medina como jefe de la Policía Local, cargo que asumió en diciembre de 2019. Antes había ocupado otros cargos de responsabilidad en otros cuerpos policiales. Ahora vuelve a su plaza en el Cuerpo Nacional de Policía en Algeciras (Cádiz). Gabriel Nevado ha asumido la jefatura de la Policía Local de Sevilla de forma provisional, como ya hiciera en 2015 cuando sustituyó a Juan José García.

Por otro lado, uno de los primeros nombramientos de José Luis Sanz como alcalde de Sevilla ha sido el de Manuel Torreglosa como gerente de Lipasam –la empresa municipal de limpieza– y de Tussam –la empresa municipal de transportes urbanos–, de ambas empresas, donde ha trabajado en tres mandatos municipales en distintos cargos. Hasta ahora ha sido director de Relaciones Internacionales del grupo Carrefour en Andalucía, empresa donde ha desarrollado mayoritariamente su carrera profesional.

Sanz también ha nombrado coordinador general del Área de Limpieza a Ricardo Villena, delegado de Parques y Jardines y Medio Ambiente y presidente de Lipasam en tiempos de la alcaldesa 'popular' Soledad Becerril, cuando la empresa municipal de limpieza recibió por primera vez la Escoba de Oro (1998).

Zafarranchos de limpieza

Trabajo inspecciona que se cumpla con las medidas ante la ola de calor

La Inspección de Trabajo inicia 4.000 actuaciones para verificar que las empresas cumplen con medidas de prevención ante la ola de calor

La Inspección de Trabajo ha iniciado cerca de 4.000 órdenes de servicio para comprobar que las empresas cumplen con las medidas de prevención establecidas por el Gobierno para preservar la salud de los trabajadores ante temperaturas extremas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a EFE que previamente se habían enviado 102.000 cartas a empresas que realizan su actividad en el exterior para advertirles de las medidas adicionales adoptadas en Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo para proteger a sus empleados durante las olas de calor.

En un decreto ley con medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, el Gobierno incluyó la obligación de que las empresas prevean la prohibición de desarrollar determinadas tareas en algunas horas cuando haya alerta naranja o alerta roja por altas temperaturas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Ministerio de Trabajo recuerda que el Gobierno no es quien aplica esta eventual prohibición, que afecta a todos los trabajos al aire libre y en lugares que no puedan quedar cerrados, sino que son las empresas las que tienen que tenerla prevista en sus planes de prevención, cuyo cumplimiento vigilará la Inspección de Trabajo a través de sus actuaciones.

La norma cita expresamente algunos trabajos como los desarrollados en medios de transporte, obras de construcción temporales o móviles, industrias de extracción, buques de pesca o campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal.

LOS SINDICATOS VALORAN LAS MEDIDAS

«Vemos una mayor sensibilidad», asegura en declaraciones a EFE el secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, Mariano Sanz, quien indica que en sectores como la construcción, donde las implicaciones del calor ya venían recogidas en el convenio colectivo, se adecuan los horarios de trabajo a las condiciones meteorológicas.

Díaz firma con sindicatos el Estatuto del Becario con la oposición de patronal y rectores y las reticencias de Moncloa

Supone la primera regulación de la situación de los becarios en España y era un mandato de la reforma laboral.

Los rectores y la patronal se descolgaron del acuerdo al considerarlo como una "amenaza" para el modelo actual.

El Ministerio de Trabajo ha firmado este jueves junto con los sindicatos UGT y CC OO el acuerdo de estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, conocido ya como Estatuto del Becario. Es el texto resultante de más de un año de negociaciones y que, sin embargo, no parece contar todavía con el respaldo total de Moncloa y del cual se han descolgado los rectores y la patronal. 

La norma —que supone la primera regulación de la situación de los becarios en España— nace de una disposición adicional de la reforma laboral y aspira a paliar con la precariedad e inestabilidad de los estudiantes en prácticas y regular sus contratos. Recoge, entre otras cosas, un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos con multas de hasta 225.000 euros, la vigilancia de la inspección para asegurar que los becarios no cumplen la misma función que un empleado, limita las prácticas extracurriculares a 480 horas, y establece una compensación de los gastos.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han firmado finalmente este jueves el que previsiblemente será el documento que reciba el visto bueno del Gobierno y las Cortes, aunque no está claro que vayan a conseguir tampoco el apoyo de todas las fuerzas. Fuentes de Moncloa confirman a que el texto no irá al Consejo de Ministros del próximo martes y trasladan ciertas reticencias a un texto al que, consideran, todavía le queda recorrido: "Está muy verde". 

Contra los "asalariados fantasma"

Díaz, sin embargo, se ha mostrado optimista durante el acto de firma del acuerdo, que espera poder sacar adelante en esta legislatura. "Hoy hacemos que nuestro país sea un poquito mejor. Porque desde hace décadas la juventud se ha encontrado un mundo laboral sin oportunidades que les faltaba al respeto y les dejaba a su suerte", ha celebrado Díaz. Un sistema que, según ha afeado la titular de Trabajo, usaba a los jóvenes en prácticas como "asalariados fantasma". 

Para Sordo, de CC OO, el acuerdo "podría haber sido sellado hace ya unos cuantos meses". En los 15 meses que ha durado la negociación, ha señalado, han primado la "flexibilidad" y renunciado a algunos puntos en pro del consenso y para que el texto saliese adelante. "Si hoy no es tripartito —ha añadido, en un claro mensaje a la patronal— es porque alguien ha decidido bajarse de la diligencia en el último momento". 

¿Cuáles son los cambios que introduce la nueva Ley de Familia?

Estos son los cambios que introduce la nueva Ley de Familia

Ya es una realidad. El Gobierno ha aprobado hoy la Ley de Familia. Esta ley surge para evitar los problemas a los que se enfrentan los trabajadores a la hora de conciliar la vida laboral y familiar.

La norma incluye tres nuevos permisos, entre los que destaca el permiso retribuido de 5 días al año para cuidar de un familiar o una persona con la que se conviva.

Estos son los cambios que introduce la nueva Ley de Familia

¿Qué es la Ley de Familia?

La Ley de Familia es una nueva normativa impulsada por el Gobierno para mejorar la conciliación laboral del personal trabajador en España.

Muchas familias se enfrentan a serias dificultades para atender a sus responsabilidades laborales y a la vez al cuidado de los hijos.

Para frenar este problema, los Ministerios de Derechos Sociales y de Igualdad han pasado varios meses trabajando en esta nueva medida.

Esta nueva Ley de Familia incluye un permiso por cuidado retribuido al 100% durante 5 días para atender a un familiar o a un conviviente. Te contamos más detalles, a continuación:

Estas son las claves de la Ley de Familia

La Ley de Familia incluye 3 nuevos permisos para favorecer la conciliación familiar:

 * Permiso no retribuido de 8 semanas para los padres trabajadores

Este permiso nace con el fin de posibilitar el cuidado de los hijos menores (hasta que éstos cumplan 8 años de edad).

La idea es que se pueda disfrutar seguido o repartiendo las semanas de forma discontinuada, a lo largo de los 8 años. Este nuevo permiso amplía el de 16 semanas que sí están retribuidas.

El permiso de 8 semanas podría aumentar de manera progresiva siendo de 6 semanas en 2023 y alcanzando las 8 semanas en 2024. 

¿Qué hacer ante una ola de calor? ¿Y ante una persona con un golpe de calor?

España está inmersa desde hace días en un episodio de calor extremo, con temperaturas máximas que han llegado a los 44,5 grados en Villarrobledo (Albacete), según datos de la Agencia Española de Meteorología (AEMET). La responsable es una lengua de aire caliente procedente de África que ha dejado los termómetros de todo el país teñidos de rojo.  

Según AEMET, no estaríamos ante una ola de calor propiamente dicha ya que para que ocurra este fenómeno, el calor debe ser muy intenso, tener una duración de tres días y darse en una amplia extensión de territorio. Lo cierto es que las altas temperaturas son cada vez más frecuentes en todo el mundo, como lo corroboran las olas de calor que han azotado Estados Unidos y Canadá en las últimas semanas y que dejan cifras desastrosas a su paso. En lo que llevamos del año 2021, en Estados Unidos se estima que ha habido 80 defunciones debido al calor, mientras que en Canadá el número ya asciende a 400, según la BBC. 

La Agencia Estatal de Meteorología ha notificado que, desde la época preindustrial hasta ahora, la temperatura ha subido en España un 1,7ºC. De hecho, según las informaciones del organismo, 2020 fue el año más cálido en España y también el más asfixiante de Europa. Voces expertas sostienen que el cambio climático estaría detrás de esta subida.  

2020 fue el año más cálido en España y también el más asfixiante de Europa.

Consejos para enfrentarse a una ola de calor 

 

Cruz Roja ha advertido este fin de semana que las altas temperaturas pueden tener una serie de efectos negativos sobre la salud como calambres, deshidratación, insolación o golpe de calor, que son especialmente preocupantes en la población infantil y en las personas mayores.

Con el fin de reducir los problemas derivados de las altas temperaturas, Cruz Roja recuerda una serie de pautas sencillas en el día a día para poder disfrutar del calor y del verano con más seguridad: 

Mantenerse alejado del calor y evitar salir y realizar actividades extenuantes durante el momento más caluroso del día. Se debe tratar de buscar siempre la sombra, no deja a niños y niñas o animales en vehículos estacionados y, si es y posible, pasa 2–3 horas del día en un lugar fresco mientras se respeta la distancia física de al menos 1,5 metros  

 

Mantener el hogar fresco. Usar el aire nocturno para enfriar su hogar. Reducir la carga de calor dentro de casa durante el día usando persianas y apagando la mayor cantidad posible de dispositivos eléctricos. 

 

Mantener el cuerpo fresco e hidratado. Se debe utilizar ropa ligera que transpire y de colores claros, tomar duchas o baños fríos y beber agua regularmente, evitando las bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína. Hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos). 

 

Despidos de baja por IT y extinción de contrato temporal: ¿nulos en virtud de la Ley 15/2022? (TSJ de Madrid)

Interesantísima sentencia del TSJ de Madrid sobre los despidos de baja por enfermedad en caso de contratos temporales: ¿nulidad al amparo de la Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación? Y si el contrato temporal era fraudulento, ¿nulos o improcedentes?

En la sentencia, el TSJ de Madrid determina que «en los supuestos en que un contrato temporal se extingue al llegar la fecha predeterminada y conocida de su finalización, a priori no existe un panorama indiciario de discriminación, puesto que la extinción aparece prima facie debida a la propia finalización pactada del contrato y ello aunque se pueda llegar a determinar que la temporalidad del contrato no era correcta».

La sentencia del TSJ de Madrid de 10 de mayo de 2023: extinción de contrato temporal y baja por IT: ¿despido nulo con la Ley 15/2022?

El TSJ, aunque declara improcedente el despido al entender que el contrato temporal no era lícito, descarta la nulidad.

Puede ser que quede acreditado que el móvil de la causa del despido es ajeno a la enfermedad o condición de salud del trabajador, pero también, aunque el móvil sea la enfermedad o condición de salud, queda excluida la antijuridicidad si:

– La diferencia de trato deriva de una disposición, conducta, acto, criterio o práctica que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla ( artículo 4.2 de la Ley 15/2022);

– O que la extinción del contrato viene exigida por el proceso de tratamiento de la enfermedad, o por las limitaciones objetivas que imponga la enfermedad para el ejercicio de determinadas actividades o por limitaciones exigidas por razones de salud pública ( artículo 2.3 de la Ley 15/2022).

Y esto será así cuando se acredite la concurrencia de estas circunstancias justificativas, aunque no fueran alegadas en la carta de despido, puesto que las deficiencias formales del despido y de la carta solamente determinarán la declaración de improcedencia del mismo.

En el caso presente el primer punto que ha de resolverse es si existe un panorama indiciario de que el despido pudo tener como móvil la enfermedad del trabajador, teniendo en cuenta que existía un contrato temporal de fecha 28 de julio de 2021 con duración inicial prevista hasta el 27 de noviembre de 2021 y prorrogado en aquel momento hasta el 27 de julio de 2022, de manera que lo que hizo la empresa el 22 de julio de 2022 fue meramente comunicar que la extinción se produciría en la fecha prevista en el contrato.

La Inspección de Trabajo pide a Díaz, Escrivá y Montero desbloquear el refuerzo de la institución

Los sindicatos han convocado una huelga a partir del 26 de junio

El bloqueo al cumplimiento del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo para reforzar el organismo ha provocado que los secretarios generales de las dos principales organizaciones sindicales, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), hayan enviado cartas a los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz; Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; e Inclusión, José Luis Escrivá, pidiendo que se cumpla con lo prometido.

Desde CCOO, Unai Sordo reitera que el refuerzo lleva aprobado cerca de dos años y se muestra "profundamente preocupado" ante el inmovilismo del Gobierno en este aspecto, provocando "un deterioro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y un profundo conflicto laboral".

Por ello, concluyen, "solicitamos que dicho acuerdo se cumpla de forma inmediata".

Por su parte, UGT señala que esta situación de bloque la han conocido en las ultimas semanas, cuando el objetivo era dotar a la Inspección de Trabajo de "una organización más eficaz".

Álvarez, al igual que Sordo, ha trasladado a los ministros "su preocupación por esta situación" y solicita que se cumpla "sin más demora" el compromiso de refuerzo y modernización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los sindicatos de la Inspección han convocado una nueva huelga a partir del 26 de junio.

Cesado el jefe de la Policía Local de Sevilla, José Medina

* El Ayuntamiento le ha notificado su cese a la finalización de la jornada laboral de este miércoles

* Nevado vuelve temporalmente a asumir el mando de la Policía Local de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha cesado esta tarde al jefe de la Policía Local, José Medina, que ha solicitado el reingreso en el Cuerpo policial de Algeciras (Cádiz), donde tiene en propiedad el cargo de superintendente.

Según ha confirmado el propio Medina, ha recibido este miércoles por la tarde un correo electrónico del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento notificándole su cese a la finalización de la jornada laboral de este miércoles, tras lo que ha pedido el reingreso en el cuerpo algecireño.

Nacido en Sevilla en 1965, era el jefe de la Policía Local de Sevilla desde diciembre de 2019, aunque había pertenecido a este cuerpo antes de ocupar otros cargos de responsabilidad en otros cuerpos policiales, y ha afrontado durante estos tres años y medio una experiencia sin precedentes.

Bajo su mandato, la Policía sevillana tuvo que gestionar el servicio durante la pandemia con lo que ello supuso y, tras el confinamiento, la vuelta a la normalidad.

Medina ha liderado la gestión policial de importantes eventos en la ciudad durante estos años y se lleva "un grato recuerdo de su paso por su Policía Local de Sevilla". Ha agradecido "el trabajo, dedicación y entrega de mis compañeros de la Policía Local, de los mandos, de los agentes y de sus familias por saber entender las dificultades que tiene el desempeño de esta profesión".

Por último, se ha mostrado "emocionado y satisfecho", y cierra esta etapa profesional, "pero dejo abierto mi corazón, que siempre estará junto a sus compañeros y compañeras de Sevilla, en la que siempre será su casa".

Fuente: Cesado el jefe de la Policía Local de Sevilla, José Medina (diariodesevilla.es)

GFS Security, con 300 empleados en Galicia, entra en inminente "quiebra técnica"

La compañía, encargada de la seguridad en empresas como Reganosa o incluso en el CHUO, acumula una deuda por encima de los 300.000 euros, según comunica el sindicato.

El diagnóstico que hacen los sindicatos es que GFS Secutiry Group se encuentra la UCI y con unas constantes vitales que no invitan al optimismo. La situación ahora mismo es tan alarmante en la que desde la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) recomiendan  a las sociedades con contrato con la firma de seguridad que hagan una “retención de facturaciones y rescisión de contratos con adjudicación a otras empresas solventes”, ya que la “quiebra técnica” de la compañía es inminente.

La compañía de seguridad, de origen valenciano, cuenta ya con una deuda de más de 300.000 euros a sus empleados, correspondientes a los salarios y acuerdos judiciales “formalizados en los últimos meses sobre deudas anteriores”, señalan desde el sindicato. Un ejemplo son los salarios que todavía adeudan luego de asumir el contrato de Prosetecnisa en Galicia.  

“La situación se ha agravado en las últimas semanas, con una severa falta de liquidez tras la adquisición de la compañía por parte de un fondo de inversión de dudosa solvencia, el cual ha sido creado hace solo tres meses”, señalan desde la FTSP-USO. También desde la CIG argumentaron hace unos días que la excusa de la compañía era esta supuesta venta para justificar los retrasos.

300 EMPLEOS EN RIESGO

En la misma línea, subrayan que GFS “tampoco ha dado cumplimiento a los acuerdos alcanzados con los trabajadores para hacer frente a las diferentes deudas”. Por todo esto, el organismo sindical alerta a los clientes de la compañía que retengan las facturas para “intentar garantizar el abono de las nóminas a los trabajadores”, además de rescindir los contratos de GFS para adjudicarlos a “empresas solventes del sector”.

Las empresas que podrían verse afectadas son Reganosa o Bioetanol Teixeiro, además de servicios públicos como el Complejo Hospitalario de Ourense. Ante el escenario actual, el sindicato considera “poco probable” que GFS pueda remontar el vuelo, dejando en una situación muy comprometida a los 300 trabajadores de la empresa en Galicia. 

“LO VENDE TODO Y SE MARCHA”

Por el relato que acercan trabajadores de la compañía a Galiciapress no puede considerarse, ni mucho menos, una noticia sorprendente, ya que va en la línea del modus operandi de la dirección de la empresa. Según comunican a este diario trabajadores que prefieren mantener el anonimato, el responsable no es otro que el gerente de GFS Scurity, José Andres Escoms Isona, al que acusan de "cambiar los mandos de la compañía a su mujer", Ahinoa Vercher Martínez, en varias ocasiones. 

Se necesitan 70 Vigilantes de seguridad, para refuerzo en verano (Andalucía)

Publicadas ofertas de empleo para cubrir 70 puestos de Vigilante de Seguridad, para las empresas Securitas y Prosegur, en Andalucía.

50 Vigilantes de Seguridad (Prosegur)

De cara a los meses de verano, la empresa Prosegur necesita incorporar Vigilantes de seguridad, para cubrir diferentes servicios. Según disponibilidad, se irán especificando servicios.

Funciones Entre las principales funciones a desempeñar:

* Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos.

* Evitar la comisión de actos delictivos.

* Cumplimiento de la operativa.

* Colaboración con las FFCCSS.

Requisitos 

Las personas interesadas deberán:

* Disponer del título de Educación Secundaria Obligatoria.

* TIP de Vigilante de Seguridad, homologado por el Ministerio de Interior.

* Habilidades comunicativas.

* Además, se requiere disponibilidad para trabajar a turnos los meses de verano.

Condiciones laborales 

Se ofrece salario según convenio de seguridad privada, formación a cargo de la empresa y bolsa de empleo.

¿Cómo inscribirse en las ofertas de empleo?

Para inscribirse en esta oferta de empleo, hay que hacerlo a través de los enlaces de infojobs y pulsando en «Inscribirme en esta oferta». Si ya estás registrado, sólo tendrás que acceder como candidato/a con tu correo electrónico y tu contraseña. Si no estás aún registrado, deberás hacerlo y crear tu currículum.

Funciones 

Las tareas que tendrán que llevar a cabo son las de control de accesos, rondas por las instalaciones, CCTV y tareas de vigilancia en general.

Requisitos 

* Se pide estar en posesión de TIP

* Disponibilidad de incorporación inmediata.

* Vehículo para los desplazamientos al centro de trabajo.

* Disponibilidad para trabajar a jornada completa, en turnos rotativos de 8 o 12 horas según cuadrante.

* Conocimientos de ofimática.

Una jubilación forzosa es declarada improcedente porque al trabajador no se le comunicó su reemplazo

La empresa deberá readmitir a este trabajador o pagarle una indemnización de 8.702 euros

El Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona ha declarado improcedente una jubilación forzosa por no comunicar al trabajador afectado a qué persona que se contrataría o a quién se le cambiaría el tipo de contrato para sustituirle. La empresa deberá readmitir a este trabajador o pagarle una indemnización de 8.702 euros.

La empresa de seguridad privada, Sabico Seguridad, comunicó a uno de sus trabajadores, que desempeñaba su labor como vigilante de seguridad, su intención de extinguir la relación laboral que mantenían. A pesar de la oposición del trabajador, este recibió una carta en la que se le informaba de que, habiendo alcanzado la edad legal de jubilación establecida en la normativa de la Seguridad Social y teniendo derecho el empleado al cien por cien de la pensión ordinaria de jubilación, procedían a su jubilación forzosa. Siguiendo lo establecido en la norma, se podía leer en la carta, a la jubilación obligatoria por parte de la empresa le ha de seguir la contratación de un nuevo trabajador o la transformación de un contrato temporal en indefinido por cada contrato extinguido por esta causa. Cuatro días después el contrato temporal de un trabajador de la empresa fue convertido a indefinido.

La disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores permite la extinción de la relación laboral por jubilación obligatoria del trabajador, siempre que este haya alcanzado la edad legal de jubilación y tenga derecho a la totalidad de la pensión, debiendo la empresa adoptar las medidas para la conservación del empleo descritas anteriormente. “No basta con el mantenimiento, en general del volumen de empleo en la empresa” para que una jubilación obligatoria sea válida, sino que se debe concretar cuál es el nuevo contrato o cuál es el contrato que se transforma.

En el comunicado que entregaron al trabajador no se especifica qué trabajador se va a incorporar o va a ver modificado su contrato. Y si la empresa “no indica en la comunicación la concreta medida adoptada para el mantenimiento del volumen de empleo, al trabajador afectado por la extinción le resulta imposible examinar si esta última se ajusta a las previsiones convencionales”. No es posible averiguar, apunta la sentencia, si la transformación de contrato que la empresa hizo días después está vinculada a la jubilación forzosa del demandante “o es la que se esgrime en todos los juicios en los que se impugnan las jubilaciones forzosas adoptadas por la empresa”.

El magistrado- juez apunta que en la comunicación empresarial de la extinción de la relación laboral “son predicables las exigencias formales de las cartas de despido (). La empresa debe indicar con precisión la causa en todos sus aspectos y en el acto del juicio no puede permitírsele la prueba de extremos no indicados en la comunicación. Eso supone la declaración de improcedencia del despido, lo que supone la readmisión o la indemnización.

Un juzgado condena a Prosegur a abonar a un vigilante los gastos de locomoción de los años 2019 a 2021 al entender que no han prescrito ya que tiene en cuenta los recursos judiciales y las negociaciones extrajudiciales para interrumpir el plazo de prescripción de un año

El juzgado de lo Social número 32 de Madrid ha dictado una novedosa sentencia por la que reconoce el derecho de un trabajador a reclamar cantidades adeudadas hace más de un año, al entender que ese plazo de prescripción para instar la acción judicial lo interrumpen tanto los recursos ante otros juzgados como las negociaciones extrajudiciales que tuvieron lugar con su empresa, Prosegur, durante los años anteriores.

De esta forma, el juzgado ha condenado a la empresa de Seguridad Prosegur a abonar al vigilante un total de 1056 euros en concepto de gastos de locomoción relativo al periodo comprendido entre enero de 2019 y septiembre 2021, a pesar de que la demanda se interpuso en 2 de febrero de 2022.

Ante ello, la empresa se opuso al pago de las cantidades entre 2019 y 2020 al entender que habían prescrito al haber superado más de un año desde la generación del derecho a la demanda, según consta en los hechos de la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

No obstante, el letrado de los servicios jurídicos del sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, ASTSP, Roberto Mangas Moreno, aportó como prueba ante el juzgado que se había obtenido sentencia favorable ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM, en fecha 15 de enero de 2021.

Con ese fallo favorable, se presentó demanda de ejecución judicial en abril de 2021, que fue denegada por el juzgado de lo Social número 20 de Madrid en junio de ese año, por lo que tras los oportunos recursos y negociaciones extrajudiciales con la empresa, en febrero de 2022 se terminó presentando demanda de conciliación contra Prosegur.

Por todo ello, la titular del juzgado de lo Social número 32 de Madrid, Sonia López Ramallo asegura en su sentencia que ‘la prescripción … debe ser interpretada con criterio estricto, de modo que ha de admitirse la interrupción del plazo prescriptivo en todos aquellos casos en los que medien actos del interesado de los que se desprenda su voluntad de conservar el derecho’.

Y pone como ejemplo toda la actividad judicial y extrajudicial desplegada por la defensa del trabajador para obtener ese derecho, tanto las oportunas demandas y recursos ante el juzgado de lo Social número 20 y posterior recurso ante el TSJM, como el intento de ejecución de sentencia y la posterior solicitud de conciliación o las negociaciones extrajudiciales con la empresa.

Por todo ello, condena a Prosegur a abonar al vigilante demandante la cantidad reclamada de 1.056 euros en concepto de dietas de locomoción entre enero de 2019 y septiembre de 2021, más el 10% de intereses legales de dicha cantidad.

Fuente: Un juzgado condena a Prosegur a abonar a un vigilante los gastos de locomoción de los años 2019 a 2021 al entender que no han prescrito ya que tiene en cuenta los recursos judiciales y las negociaciones extrajudiciales para interrumpir el plazo de prescripción de un año – El Heraldo del Henares

José Luis Sanz nombra a Ricardo Villena como coordinador general del Área de Limpieza

* Fue el concejal responsable de Lipasam en la etapa de Soledad Becerril y director de la Fundación Jiménez-Becerril

* El alcalde confirma a Manuel Torreglosa como gerente de Lipasam y Tussam

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha designado a un antiguo concejal de la época de Soledad Becerril para coordinar el Área de Limpieza, Parques y Jardines y Arbolado. Se trata de Ricardo Villena, que fue en 1998 delegado de Medio Ambiente y Parques y Jardines, además de presidente de Lipasam. Abogado de profesión, cumple con el perfil anunciado por el ahora alcalde, cuya pretensión es lograr el grado de limpieza en la ciudad que hubo en tiempos de Soledad Becerril y, para ello, cuenta con Villena, que también ha sido director-gerente de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril (2019) y es vocal del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla.

Villena se incorporará al Área asignada a la delegada Evelia Rincón, que es la principal prioridad del nuevo gobierno municipal en los primeros días desde la toma de posesión. Trabajará mano a mano también con Manuel Torreglosa que, como informó este martes ABC, será nombrado gerente tanto de Lipasam como de Tussam.

Torreglosa también tiene experiencia de gestión en ambas empresas municipales, ya que se incorporó a Lipasam a principios del 2010, como director de Recursos Humanos y coordinador general de la sociedad. Y, posteriormente, con la llegada a la Alcaldía de Juan Ignacio Zoido, fue designado gerente de Tussam. Posteriormente, volvió como director de Recursos Humanos de Lipasam, ejerciendo también labores de coordinación en la agrupación de empresas municipales.

Actualmente es el responsable de Relaciones Institucionales del grupo Carrefour en Andalucía y director del centro comercial Carrefour Macarena, empresa en la que ha desarrollado, mayoritariamente, su carrera profesional, llegando a desempeñar la dirección Operacional de Recursos Humanos de hipermercados y la de Formación y Desarrollo Profesional del grupo en España.

Fuente: José Luis Sanz nombra a Ricardo Villena como coordinador general del Área de Limpieza (abc.es)

Cuatro detenidos por dar una paliza a un hombre que acosaba a una niña de 13 años en Laredo

Los agresores son familiares de la menor y el agredido es de otro clan diferente

La Guardia Civil ha detenido a un matrimonio de 55 años, a su hijo de 28 y a una cuarta persona por la paliza brutal que ha sufrido un hombre en un aparcamiento de una gran superficie en el municipio de Laredo a primera hora de la tarde del domingo. El vídeo viral de la agresión, ha sido determinante para identificar a los autores y el vehículo en el que se dieron a la fuga. La investigación apunta a que la agresión se produjo entre dos clanes de etnia gitana porque la víctima ‘acosaba’ a una menor de 13 años. El hombre, tiene numerosos antecedentes policiales, algunos por violencia de género.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la tarde del domingo en el aparcamiento de una zona comercial  y fueron grabados por varios testigos. Las imágenes muestran cómo cuatro hombres de etnia gitana le propinan una paliza brutal a otro hombre de un clan de la misma etnia, armados de palos y barras metálicas. Primero consiguen derribar a la víctima a golpes y cuando esta inconsciente en el suelo los agresores continúan golpeándole con los palos y dándole patadas en la cabeza. Es la mujer, ahora detenida, la que dirige a los autores de la paliza en todo momento.

Todo sucedió en medio del aparcamiento y a plena luz del día, mientras la víctima pide clemencia en un charco de sangre. La paliza se prolongó durante varios minutos interminables sin que nadie interviniera en favor del agredido, hasta que algunos testigos comienzan a increparles y los cuatro atacantes emprenden la huida. Los agresores se subieron en una furgoneta roja, cuya imagen y matrícula comenzó a circular de inmediato en las redes sociales. Un camionero intentó impedirles la fuga dejando abierta la puerta de su vehículo.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informaba de los hechos en las redes sociales de esta forma: «En plena calle de Laredo y a plena luz del día. Brutal apaleamiento a un hombre: «Llamar a la Guardia Civil».

La víctima, un hombre de cerca de 60 años, se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Valdecilla de Santander. La agresión, según las primeras investigaciones, fue porque el hombre acosaba a una menor de 13 años familia de los atacantes.

La Guardia Civil ha desmentido que la víctima fuera uno de los vigilantes de seguridad de la zona comercial, tal y como comentaban varias fuentes en las redes sociales. De hecho, la víctima tiene más antecedentes penales que los agresores, algunos por violencia de género.

Fuente: 4 detenidos por la paliza a un hombre que acosaba a una niña en Laredo (okdiario.com)

Marlaska, que autoriza contra los agricultores las pelotas de goma que prohibió en Cataluña, cabrea a toda la Policía

A el, Fernando Grande-Marlaska, que fue un juez sublime, no hay por donde cogerlo desde que Pedro Sánchez le dio una cartera ministerial.

Al Gobierno social-comunista del que forma parte, tampoco.

El mismo ministro y el mismo Ejecutivo -ahora con Pablo Iglesias y los de Podemos en su seno- que irritó hasta el paroxismo a las asociaciones policiales, por prohibir a los agentes usar pelotas de goma contra los violentos CDR independentistas que les atacaban en Cataluña, han autorizado el uso de esas mismas pelotas de goma para alejar a unos agricultores que protestaban frente al Instituto Ferial de Extremadura (FEVAL) en Don Benito (Badajoz).

Eso sí, en esta ocasión los protegidos o necesitados de protección no eran simples agentes de la Guardia Civil o la Policia Nacional, sino el ministro de Agricultura socialista, Luis Planas y el presidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

De todo esto, Pablo Iglesias que lloraba tanto por la forma en que se respondía policialmente a los ataques de los violentos independentistas, no ha dicho nada.

Los que si hablan son los policías, que no ocultan el cabreo que tienen con Grande-Marlaska.

La penúltima del ex juez y ahora palafrenero de Sánchez ha sido condecorar sólo a determinados policías destinados a Cataluña para controlar la oleada de ataques separatistas.

No a todo el colectivo desplegado en la zona y que se jugo la piel por defender a España, la Ley y la Constitución.

 “Este sindicato policial ve inadmisible la decisión de la DGP, de no condecorar a todos los policías nacionales que participaron en la Operación Ícaro”.

“Hemos solicitado a la DGP el cese inmediato del director adjunto Operativo, al que hace responsable directo de los casi 300 policías que resultaron heridos”.

Los responsables de Jupol no asistieron este 29 de enero de 2020 al acto de entrega de medallas de la Operación Ícaro “por su total desacuerdo con el número de condecoraciones otorgadas”.

Una década de lucha contra una empresa pirata de seguridad privada: "Entraba en la garita el viernes y no salía hasta el lunes"

La Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará casi una década después la denuncia contra una empresa de seguridad privada acusada de explotar a sus trabajadores con jornadas maratonianas

Casi diez años han tenido que esperar los trabajadores de la empresa de seguridad privada Alcor para que comience el juicio contra los administradores por explotación laboral. Jornadas maratonianas, horas extras excesivas, prácticas antisindicales... son algunas de las denuncias que presentaron los empleados. Las amplias diligencias de la Policía Nacional han permitido que se celebre esta cita que comenzará este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo.

La investigación fue realizada por la Unidad Central de Seguridad Privada y adjuntaron como pesquisas desde escuchas telefónicas, vigilancias, hasta el análisis de contratos de los trabajadores. La acusación que representa a los empleados está ejercida por el sindicato USO, que tienen a Ismael Franco, de ADR Abogados, como defensor.

Precisamente, FTSP-USO Galicia celebrará este un acto reivindicativo con una concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo, para denunciar, una vez más, las practicas antilaborales y antisindicales de este empresario de Alcor Seguridad. Llevan casi una década de lucha para que se celebre este juicio contra la empresa. La acusación solicita al gerente de la compañía, Carlos Somoza, la pena de seis años de prisión.

Una 'oveja negra' dentro de la seguridad

Este caso, al igual que el que se inicia a principio de julio en Canarias contra Miguel Ángel Ramírez, pone en relieve las 'ovejas negras' de un sector que trabaja en la sombra y con grandes riesgos para su integridad física. Sufren en la actualidad un aumento de las agresiones similar al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Fiscalía Provincial de Lugo, representada por Inés Martínez Blanco, defiende en su escrito que Somoza ha abusado de la necesidad de los trabajadores desde 2011 hasta el 6 de octubre de 2015. "Imponía y mantenía unas condiciones laborales que incumplían las disposiciones legales aplicables", matiza.

Gracias a las pruebas de la investigación de la Policía Nacional, la fiscal enumera: imposiciones de largas jornadas de trabajo o la obligación a los trabajadores de emplear dos códigos diferentes como subterfugio para desempeñar jornadas consecutivas de 24 horas. "Entraba en la garita un viernes y no salía hasta el domingo", fueron algunos de los testimonios de estos vigilantes de seguridad.

Horas extras a partir de 200 horas

Otra de las infracciones de la empresa es que abonaban las horas extraordinarias a un precio significativamente inferior al estipulado. Estas remuneraciones solo se podían percibir si los trabajadores hacían 200 horas mensuales.

La sentencia que revoluciona la indemnización por despido

El TSJ de Cataluña avala el pago “reparativo” para restaurar el daño provocado por un cese improcedente

Son pocas, pero pueden marcar un antes y un después. Las sentencias que se pronuncian sobre la llamada indemnización “reparativa”, que busca restaurar el daño causado a un trabajador por un despido improcedente, están empezando a ser invocadas por los abogados para conseguir una compensación adicional a la establecida en la ley. Aunque ya había algunas sentencias de los juzgados de lo social que la otorgaban cuando la indemnización tasada era “exigua” y en la decisión empresarial concurría una “clara ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho”, encontraban la resistencia de los tribunales superiores de justicia (TSJ), que acababan aplicando los topes máximos fijados por el legislador. El espaldarazo ha venido de la mano del TSJ de Cataluña, que a finales de enero dictó una sentencia pionera.

La resolución, de la que fue ponente el magistrado Felipe Soler, consideró que la indemnización legal tasada de una trabajadora, inferior a 1.000 euros, era “insignificante” y no compensaba “el daño producido por la pérdida del puesto de trabajo” ni tenía “efecto disuasorio para la empresa”. La empleada, que desde finales de 2019 era indefinida de una compañía barcelonesa de movilidad, fue despedida por causas económicas y productivas tras el estallido de la pandemia, lo que le impidió acogerse al ERTE iniciado pocos días después.

“Es indudable que la actora, de no haber actuado la empresa de manera abusiva, amparada en el mínimo coste que suponía su despido por su escasa antigüedad en la empresa, tenía una expectativa cierta y real de haber sido incluida en el inminente ERTE tramitado por fuerza mayor, con lo que se habría podido acoger a las medidas extraordinarias sobre protección de desempleo, con reconocimiento de la prestación aun careciendo de las cotizaciones mínimas necesarias para ello”, subraya la sentencia al fijar una indemnización adicional de 3.500 euros.

Cambio de paradigma

Este tipo de compensaciones “restaurativas” alumbran un cambio de paradigma en el derecho laboral, donde rige la indemnización tasada, calculada en función de unos criterios objetivos, como el salario o los años de prestación de servicios, y sujeta a unos topes máximos. Prescindiendo para su determinación de otros parámetros, como las ganancias que deja de obtener el trabajador como consecuencia de la extinción del contrato o el perjuicio que sufre en su patrimonio, el modelo imperante permite al empresario extinguir la relación laboral de manera unilateral en cualquier momento, sabiendo con exactitud cuál va a ser el coste de despedir improcedentemente a un empleado.

Ahora bien, en los últimos años un número cada vez mayor de jueces está otorgando indemnizaciones superiores a las establecidas legalmente, poniendo coto a lo que han calificado como “excesivo ejercicio del derecho a despedir”, especialmente cuando se trata de empleados con poca antigüedad. Como explica el magistrado de lo social Carlos Javier Galán, para ello valoran “los daños y perjuicios que resulten acreditados por parte del trabajador”, siempre y cuando “no queden cubiertos con la indemnización tasada en el Estatuto de los Trabajadores”.

El asesor de Vini Jr. denuncia haber sufrido un episodio de racismo por parte de la seguridad del RCDE Stadium

Felipe Silva ha asegurado el medio 'Globo' que un seguridad que estaba trabajando en el Brasil-Guinea le apuntó con un plátano y le dijo: "Esta es mi pistola para vosotros"

La previa del Brasil-Guinea en Barcelona, en el RCDE Stadium, ha estado cargada de polémica por un episodio que ha provocado la indignación en el país sudamericano. Según han informado Globo y SporTV, ambos medios de Brasil, Felipe Silva, asesor y amigo de la infancia de Vinicius, ha denunciado un episodio racista al entrar el partido.

El amigo de Vini asegura que, al pasar por el torniquete para entrar al campo con su entrada, un guardia de seguridad se le acercó para registrarle. En un momento dado, el empleado habría sacado, presuntamente, un plátano de su bolisllo, diciendo: "Manos arriba, esta es mi pistola para ti". El guardia no pertenecía directamente al Espanyol, sino que era un trabajador de una empresa externa.

Este hecho provocó, según se puede ver en uno de los vídeos difundidos por SporTV, que Felipe y varios miembros del equipo de Vinicius Júnior entrasen en cólera, llegando a llamar a la policia para actuar con este hecho. Globo asegura que ha presenciado la escena, y en concreto, el reportero del medio brasileño asegura que ha visto el plátano, las cuales se pueden ver en redes.

Otro de los hombres de seguridad trató de sacar a Felipe del campo, pero sus propios amigos impideron que fuese así. Hay que recordar que el Brasil-Guinea estaba envuelto en una campaña contra el racismo, lo que, de confirmarse el hecho, aumentaría la gravedad del asunto.

Fuente: El asesor de Vini Jr. denuncia haber sufrido un episodio de racismo por parte de la seguridad del RCDE Stadium - Fútbol - COPE

Nuevos planes del Gobierno: pretende retrasar la jubilación 10 años

Podría suponer un gran empujón económico de cara a percibir las pensiones

El Gobierno español está llevando a cabo diversas acciones para promover que los trabajadores retrasen su retirada del mercado laboral. Históricamente, en el país existía una tendencia a jubilarse antes de la edad ordinaria, pero ahora se ofrecen incentivos muy interesantes para prolongar la vida laboral hasta diez años más.

Recientemente, se anunció que la Seguridad Social permitirá la combinación de dos tipos de incentivos ofrecidos. En la reforma de pensiones de 2021, se estableció un incremento adicional del 4% sobre la pensión correspondiente o una cantidad concreta en un único pago. Hasta ahora, solo se podía elegir una de estas alternativas, pero se aprobó un Real Decreto en el último Consejo de Ministros que permitirá combinar ambas opciones.

Trabajar después de los 65 años

Esta propuesta es parte de la reforma de pensiones planteada por el Gobierno en 2021, cuyo objetivo principal es retrasar las jubilaciones. Una de las ventajas más destacadas se presenta cuando se pospone el retiro durante 10 años, obteniendo un aumento del 20% en la prestación correspondiente.

Estas decisiones gubernamentales tienen como objetivo acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, que actualmente es de 66 años y cuatro meses. España se encuentra entre los países europeos con menor tasa de actividad laboral después de los 65 años. Solo el 5% de los españoles decide prolongar su carrera y retrasar su retiro, la mitad de la media europea. El Gobierno considera fundamental aumentar la edad efectiva de jubilación para obtener más ingresos y garantizar las pensiones públicas en las próximas décadas.

Las estadísticas muestran que los planes del Gobierno están surtiendo efecto. En 2022, el 5,4% de las nuevas jubilaciones eran demoradas, pero en el primer trimestre de este año ya se observa un aumento del 7,8%. La mitad de estas demoras son de un año por encima de la edad ordinaria, mientras que uno de cada cuatro las aplaza por más de tres años.

Fórmula mixta

La fórmula mixta ofrece beneficios adicionales a los nuevos jubilados. Aquellos que demoren su retiro entre 2 y 10 años recibirán simultáneamente un aumento del 2% por cada año postergado, junto con un pago único equivalente a la mitad de lo que correspondería en caso de optar por el pago único. Si deciden retrasar la jubilación durante 11 años o más, recibirán un pago único aplicado a 5 años del periodo demorado, además de un aumento del 2% de la pensión por cada año adicional trabajado.

Movilización de vigilantes de seguridad contra la "pirata" Alcor, en pleno juicio de FTSP-USO contra Carlos Somoza

La protesta se ha celebrado hoy lunes 19 de junio ante la Audiencia Provincial de Lugo, en la Plaza de Avilés, a las 10 horas.

Carlos Somoza, exgerente de la empresa gallega nacida en Monforte de Lemos Alcor Seguridad, se ha enfrentado a muchos procesos penales en los últimos años, pero la sombra de la sospecha sigue pesando sobre su figura. Investigado en el pasado por el 'Caso Muro', Somoza vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados al ser, como lo tachan desde la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), una de las "ovejas negras" del sector de la seguridad privada, que denuncia a esta empresa calificada de "pirata" y "low cost". En esta ocasión, las acusaciones a las que se enfrenta el empresario son falsedad documental y abuso laboral.

Desde el sindicato llevan años denunciando las supuestas prácticas irregulares de Somoza, trabajando fuera del convenio colectivo porque, como argumentaba en su día para Galiciapress, "así puedo dar trabajo a más personas". Con todo, el exgerente -que "pese a no figurar como administrador actuaba como gerente de la misma", según Fiscalía- no es el único investigado, ya que, como señala el sindicato "cinco de sus ex directivos (de Alcor) se sentarán en el banquillo a partir del próximo 19 de junio en Lugo por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores" en calidad de "cooperadores necesarios". 

"ABUSANDO DE LA SITUACIÓN DE NECESIDAD" Y "AMENAZAS"

"Desde aproximadamente 2011 y hasta el 6 de octubre de 2015, el acusado ha venido empleando en la entidad regentada de facto por él mismo, Alcor Seguridad SL, a múltiples trabajadores a los que, abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban, les imponía y mantenía unas condiciones laborales que incumplían las disposiciones legales vigentes, vulnerando de este modo los derechos mínimos irrenunciables de los trabajadores", reza la Fiscalía. 

Horas extra por debajo del precio correspondiente y con clausulas abusivas, obligar a los trabajadores subrogados a renunciar a su antigüedad o no respetar los descansos son algunos de los puntos que refleja el fiscal como motivos de la investigación. "Todas las condiciones eran impuestas a los trabajadores de la entidad bajo la amenaza de ser despedidos en caso de incumplimiento", explican.

El de Alcor es, junto con el que implica a Seguridad Integral Canaria, propiedad del conocido empresario canario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la U.D. Las Palmas y al que piden más de 20 años de prisión -por los tres años y tres meses que piede la Fiscalía a Somoza; seis años de prisión en la petición del sindicato-, uno de los "juicios más esperados" para la USO, que recalca que estas empresas "han tenido explotados a decenas de empleados durante años, engañándoles con las horas extra y la cotización a la seguridad social". 

"La Justicia en España es lenta pero llega y por fin tendrán que ponerse ante un tribunal", celebra Basilio Febles, secretario general de FTSP-USO. Será Ismael Franco, de ADR abogados, el encargado de llevar el caso para el sindicato.

Denuncian el calvario de los vigilantes del Teatre Principal de Palma tras la llegada de Trablisa

CCOO no descarta recurrir a cualquier otra medida de presión que posibilite que los vigilantes puedan cobrar su dinero

CCOO denuncia que tras la caótica herencia dejada por la anterior empresa adjudicataria del servicio de seguridad del Teatro Principal (Gomsegur, S.L.) -30.000 euros en salarios adeudados a los Vigilantes-, la llegada de Trablisa, nueva concesionaria del servicio desde el 16 de mayo de 2022, parecía ser la solución al problema de estos trabajadores. 

Sobre todo cuando el Teatre Principal se habría asegurado de confeccionar un pliego de condiciones de la contrata que parecía garantizar el que éstos iban a cobrar los salarios dejados de abonar por Gomsegur, S.L. por la vía de incluir los 30.000 € adeudados en el precio inicial del servicio, habiéndose comprometido Trablisa, cuando obtuvo la concesión del servicio, a abonar dichos salarios.

Sin embargo, critican que tras haber conseguido la adjudicación, la nueva concesionaria, ante el estupor de los Vigilantes afectados y del propio Teatre Principal Palma, se negó a abonar la deuda. El asunto acabó judicializándose y, el próximo 28 de junio, previsiblemente, se celebrará el juicio; esperando los vigilantes del teatro que la empresa Trablisa no solicite un nuevo aplazamiento como ya hizo en el juicio del pasado mes de mayó, dilatando así la agonía del cobro de las cantidades adeudadas por los trabajadores.

En este ínterin de más de un año desde el “desembarco” de Trablisa en el Teatre Principal y tras seis movilizaciones, con el apoyo de la Sección Sindical de CC.OO. -único Sindicato que habría respaldado a estos trabajadores- delante de diversos servicios estratégicos de la empresa (Teatre Principal, Fundación La Caixa, Juzgados de Vía Alemania y Estación Intermodal), la empresa habría hecho caso omiso y los Vigilantes del Teatro siguen sin cobrar sus nóminas.

Un auténtico “Vía Crucis” el este colectivo que desde CCOO espera que “llegue a buen puerto” el próximo 28 de junio. "Si no fuera así, continuaremos apoyando a estos trabajadores y no descartamos nuevas movilizaciones ni recurrir a cualquier otra medida de presión que posibilite el que los Vigilantes de Seguridad del Teatro Principal puedan cobrar su dinero", concluyen. 

Fuente: Denuncian el calvario de los vigilantes del Teatre Principal de Palma tras la llegada de Trablisa (crónica balear.es)

Formación online y gratuita del SEPE para los profesionales de la seguridad privada

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ofrece formación gratuita para los profesionales de la seguridad privada. 

Según evidencia el último informe de Aproser, el sector de la Seguridad privada da empleo a más de 200.000 personas y genera cada año más de 4.000 millones de euros. Por otro lado, la tecnología sigue marcando el futuro de la seguridad privada, con la incorporación de la inteligencia artificial y la aplicación de nuevas soluciones de ciberseguridad, videovigilancia o gestión de riesgos.

Teniendo en cuenta los nuevos escenarios del sector, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ofrece formación 100% subvencionada para los profesionales de la seguridad privada. 

La inscripción a los cursos gratuitos disponibles ya se puede realizar desde la siguiente página: https://www.cursosfemxa.es/seguridad-formacion.

Formación gratis para los profesionales del sector

La formación gratuita está disponible para cualquier profesional que trabaje en el sector de la seguridad privada. No es formación bonificada por lo que no consume créditos de formación de las empresas.

La nueva convocatoria cuenta con más de 600 plazas de formación gratuita que cubren las necesidades más actuales el sector. Entre los cursos disponibles, se pueden encontrar los siguientes:

* Básico de prevención de riesgos laborales (30 horas)

* Negociación y resolución de conflictos (20 horas)

* Actuaciones de urgencia y primeros auxilios (100 horas)

* Competencias digitales básicas (60 horas)

Inscripción y metodología de los cursos del SEPE

Los vigilantes de seguridad del Aeropuerto, contra la ONCE por las condiciones laborales

Los trabajadores de Ilunion Seguridad S.A. --que pertenece al grupo empresarial de la organización-- se concentrarán para pedir un nuevo plus

 

Los vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Barcelona, contra la ONCE. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, junto a las demás fuerzas sindicales, se concentrará este martes, 13 de junio, frente a la Delegación Territorial de Catalunya de la ONCE en defensa de las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad de Ilunion del Prat. 

Los trabajadores de Ilunion Seguridad S.A., que pertenece al grupo empresarial de la ONCE., se quejan de la sobrecarga de trabajo, derivada de la falta de contratación, que actualmente cuenta con un "déficit de, aproximadamente, 30 trabajadores". 

RECLAMOS

Entre otras, una de las reivindicaciones de los trabajadores es la implantación de un nuevo plus que compense la falta de personal derivada del cambio de las condiciones exigidas por AESA.

Fuente: Los vigilantes de seguridad del Aeropuerto, contra la ONCE por las condiciones laborales

El Supremo confirma que los representantes de los trabajadores despedidos por motivos disciplinarios pierden esa condición hasta que haya sentencia

Los tres trabajadores pertenecían al sindicato Comisiones Obreras

El Tribunal Supremo ha confirmado que los empleados que han sido despedidos por motivos disciplinarios pierden la condición de representantes de los trabajadores hasta que haya una sentencia. Demandaron al considerar que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales. 

Así lo ha determinado la sentencia 295/2023 de 25 de abril dictada por los magistrados Rosa María Virolés (presidenta), Concepción Rosario Ureste, (ponente), Antonio V. Sempere, Ángel Blasco Pellicer, Sebastián Moralo Gallego, María Luz Paredes, Juan Molins e Ignacio García Perrote. 

Esta decisión es idéntica a la del Juzgado de lo Social Nº9 de Barcelona que, a su vez, fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).

Según los hechos probados de la sentencia de primera instancia, los tres trabajadores demandantes desarrollaban sus funciones para la empresa Servicios Logísticos Martorell Siglo XXI. Todos eran afiliados al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y miembros del Comité de Empresa.

En agosto de 2018 los tres trabajadores fueron despedidos por motivos disciplinarios. Esta decisión fue recurrida por todos antes los tribunales para que se declarase nulo o, subsidiariamente, improcedente.

NO LES DEJARON PASAR AL EDIFICIO

Pero los demandantes, el 4 de junio de 2018 y el 31 de octubre de ese mismo año, ya despedidos, solicitaron el acceso al centro de trabajo para asistir a las reuniones del Comité de Empresa mientras se tramitaba su proceso en los juzgados.

Sin embargo, la empresa les denegó el acceso.

El líder de la patronal recula y dice que la reforma laboral “se puede retocar”

El presidente de CEOE apostó anoche por “defender lo firmado”, el acuerdo con los sindicatos, pero este martes ha precisado que “eso no significa” que no pueda retocarse “como ha dicho el señor Feijóo”

Tras defender anoche la reforma laboral, el líder de la patronal recula unas horas después. “Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está”, dijo Antonio Garamendi ayer lunes por la noche sobre el acuerdo alcanzado con los sindicatos sobre la reforma laboral. Este martes, el presidente de los empresarios ha precisado que la regulación “se puede retocar”, “como ha dicho el señor Feijóo”, ha afirmado a los medios de comunicación.

El discurso de Garamendi ha variado bastante en las últimas horas. “Los pactos son para ser estables en el tiempo y tienen que ir hasta el final. Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está”, sostuvo este lunes por la noche el presidente de la CEOE durante unas jornadas con motivo del 45º Aniversario de Cinco Días.

El líder de la principal organización empresarial española y los de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), defendieron los numerosos acuerdos del diálogo social en los últimos años, tanto en la pandemia como en numerosas legislaciones como la reforma laboral, la de pensiones, la ley rider o la de teletrabajo, que han convertido a España en una referencia internacional.

Tanto para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, los pactos a dos y tres bandas que se han logrado en esta legislatura son “garantía de paz social”, por lo que deben ser respetados a “largo plazo” y responder al “interés de la sociedad”.

Unas horas después: “Se puede retocar”

Las palabras de Garamendi en defensa de la reforma laboral suponían un mensaje muy relevante para el principal líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que había anunciado su voluntad de modificar algunos aspectos de la legislación laboral.

Pero este martes el discurso de Garamendi ha cambiado notablemente. “Los acuerdos son a largo plazo. Eso no significa que haya puntos, como ha dicho el señor Feijóo, que se pudieran retocar. Eso es lo que yo he dicho. Yo defiendo los acuerdos (...), que lógicamente son los que marcan y tienen que marcar el futuro, pero evidentemente, como todo en la vida, podrá cambiarse o no cambiarse”, ha afirmado el presidente de la CEOE a los medios de comunicación en un acto, recoge Europa Press.

Así será la nueva tarifa de la luz que afectará a nueve millones de clientes a partir de 2024

El Gobierno aprueba la nueva metodología de cálculo del PVPC

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de la tarifa regulada de electricidad -el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)- que afectará a nueve millones de clientes, alrededor del 34% de todos los domésticos, y supondrá una importante reducción de la volatilidad de los recibos de la luz.

La nueva fórmula de cálculo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024 e incorporará parcialmente las señales de precio a largo plazo permitirá reducir la volatilidad de los precios de la electricidad. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) cumple finalmente con las condiciones impuestas por la Comisión Europea para aprobar la denominada excepción ibérica con más de ocho meses de retraso.

El alza de precios y la volatilidad del mercado eléctrico diario e intradiario tuvieron el año pasado un impacto directo en los pequeños consumidores domésticos acogidos al PVPC (con una potencia contratada menor o igual a 10 kW). Esta traslación directa de la volatilidad y el encarecimiento de precios en la tarifa regulada se debe a que la metodología para establecer el coste de la energía emplea exclusivamente el precio del mercado diario e intradiario en cada hora.

La actual propuesta de Transición Ecológica reformula este cálculo con la incorporación de los precios de los mercados a largo y a medio plazo, además de mantener en cuenta la referencia de lo que ocurre en el pool diario.

Actualmente la tarifa regulada está disponible para pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kW, entre los que se incluyen aquellos con acceso al bono social eléctrico. Fuentes ministeriales afirman que la reforma concreta que sólo se podrán acoger hogares y micropymes, y que el bono social se mantendrá ligado al PVPC.

¿Cómo se calcula?

La nueva metodología de cálculo permite "indexar (al menos parcialmente) el PVPC a señales de precio de con un claro componente de largo plazo". Al mismo tiempo, se introducen productos de más corto plazo, "que permiten igualmente a las comercializadoras de referencia ajustar con mayor precisión su portfolio de energía a las verdaderas necesidades de suministro", según detalla el documento que se lanzó a información pública por el Miteco.