La empresa deberá readmitir a este trabajador o pagarle una indemnización de 8.702 euros
El Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona ha declarado improcedente una jubilación forzosa por no comunicar al trabajador afectado a qué persona que se contrataría o a quién se le cambiaría el tipo de contrato para sustituirle. La empresa deberá readmitir a este trabajador o pagarle una indemnización de 8.702 euros.
La empresa de seguridad privada, Sabico Seguridad, comunicó a uno de sus trabajadores, que desempeñaba su labor como vigilante de seguridad, su intención de extinguir la relación laboral que mantenían. A pesar de la oposición del trabajador, este recibió una carta en la que se le informaba de que, habiendo alcanzado la edad legal de jubilación establecida en la normativa de la Seguridad Social y teniendo derecho el empleado al cien por cien de la pensión ordinaria de jubilación, procedían a su jubilación forzosa. Siguiendo lo establecido en la norma, se podía leer en la carta, a la jubilación obligatoria por parte de la empresa le ha de seguir la contratación de un nuevo trabajador o la transformación de un contrato temporal en indefinido por cada contrato extinguido por esta causa. Cuatro días después el contrato temporal de un trabajador de la empresa fue convertido a indefinido.
La disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores permite la extinción de la relación laboral por jubilación obligatoria del trabajador, siempre que este haya alcanzado la edad legal de jubilación y tenga derecho a la totalidad de la pensión, debiendo la empresa adoptar las medidas para la conservación del empleo descritas anteriormente. “No basta con el mantenimiento, en general del volumen de empleo en la empresa” para que una jubilación obligatoria sea válida, sino que se debe concretar cuál es el nuevo contrato o cuál es el contrato que se transforma.
En el comunicado que entregaron al trabajador no se especifica qué trabajador se va a incorporar o va a ver modificado su contrato. Y si la empresa “no indica en la comunicación la concreta medida adoptada para el mantenimiento del volumen de empleo, al trabajador afectado por la extinción le resulta imposible examinar si esta última se ajusta a las previsiones convencionales”. No es posible averiguar, apunta la sentencia, si la transformación de contrato que la empresa hizo días después está vinculada a la jubilación forzosa del demandante “o es la que se esgrime en todos los juicios en los que se impugnan las jubilaciones forzosas adoptadas por la empresa”.
El magistrado- juez apunta que en la comunicación empresarial de la extinción de la relación laboral “son predicables las exigencias formales de las cartas de despido (). La empresa debe indicar con precisión la causa en todos sus aspectos y en el acto del juicio no puede permitírsele la prueba de extremos no indicados en la comunicación. Eso supone la declaración de improcedencia del despido, lo que supone la readmisión o la indemnización.
La sentencia establece, sin embargo, que el despido no es nulo, como reclamaba el actor; que no vulnera el derecho fundamental a no sufrir discriminación por razón de edad, pues no se ha cuestionado la validez de la regulación legal. Y si se ha declarado la improcedencia de la decisión es porque la empresa no concretó la medida de mantenimiento del empleo que el convenio colectivo exigía adoptar, impidiendo la verificación por parte del trabajador. Por tanto, “la improcedencia deriva de un simple defecto formal de la comunicación extintiva (de la relación laboral), no pudiéndose apreciar voluntad discriminatoria alguna en la empresa”, señala la sentencia. Tampoco considera que la jubilación forzosa sea una represalia por la actitud del trabajador. Aunque había reclamado horas extra y pagas extraordinarias, estas “no pueden ser valoradas al no haberse alegado en la demanda”.
Además de la empresa, también ha sido condenado el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Contra esta sentencia, del pasado 12 de junio, cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El bufete de abogados Cohen y Cohen ha conseguido posicionarse como una opción confiable para los israelíes que quieran invertir en España y establecer puntos de negocio en el país ya que ha inaugurado una oficina en Jerusalén.
El despacho, especializado en Derecho de Extranjería, Mercantil, Inmobiliario y Litigación, liderada por los hermanos José Cohen y Asher Cohen, ha experimentado un aumento significativo en la demanda de sus servicios por parte de particulares y empresas israelíes en los últimos años.
El socio cofundador, José Cohen, ha manifestado que: «desde hace varios años España ha despertado un gran interés comercial en Israel. Cada vez son más los israelíes que desean invertir en nuestro país y establecer vínculos comerciales. Con la apertura de nuestra oficina en Jerusalén, buscamos asentar nuestra presencia y seguir brindando apoyo legal a los inversores israelíes».
El también socio cofundador de la firma, Asher Cohen, ha querido añadir que: «creemos que la apertura de nuestra oficina en Jerusalén es un desafío importante que requiere un enfoque a largo plazo. Nuestra prioridad ahora es consolidar nuestra presencia en Israel y, al mismo tiempo, continuar creciendo en Madrid, donde llevamos operando desde 2018″.
Esta nueva oficina, ubicada estratégicamente en la ciudad de Jerusalén, con conexión directa con el vibrante entorno empresarial de la ciudad, permitirá brindar soluciones legales sólidas y estratégicas de manera más presencial y cercana a sus clientes, persona físicas y empresas con intereses en ambos países.
Con la llegada oficial a Israel, la firma se convierte en uno de los primeros despachos de abogados españoles con presencia en el país. La dinámica comunidad española en la región, así como las relaciones establecidas con la oficina económica española y el Colegio de Abogados de Israel, han proporcionado una base sólida para desarrollar nuevas oportunidades profesionales y colaboraciones futuras.
De esta forma, Cohen y Cohen ha destacado en Israel por su experiencia en adquisiciones de inmuebles y compraventa de empresas, dos servicios estrella que han sido altamente demandados en la región. Además, el despacho también brinda asesoramiento en materia de extranjería, especialmente para estudiantes e inversores interesados en establecerse en España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario