* El juez es quien debe autorizar el cese voluntario del trabajador
* La doctrina deniega la posibilidad hasta los tres meses sin cobrar
Si un trabajador ejercita la acción de extinción del contrato, cesando voluntariamente en su puesto de trabajo ante el impago de nóminas, sin solicitar del juez la adopción de medidas cautelares, asume los riesgos derivados de que la sentencia sea desestimatoria o de que interprete que no existía una causa justa para que dejara de prestar servicios en favor del empleador, según establece el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, de 6 de septiembre de 2023.
La ponente, la magistrada García Alarcón, estima que en el caso de que el juzgado dictamine que no se dan las condiciones legales exigibles para no concurra la gravedad necesaria para la resolución indemnizada del contrato al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y que los términos de la comunicación de los trabajadores, manifestando su cese en la empresa, estamos ante una baja voluntaria y no un despido.
La magistrada basa su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo -TS- (sentencias de 6 de noviembre de 2017 y de 14 de mayo de 2020), que establece que la vigencia de la relación laboral en el momento en que el juez se pronuncia sobre la concurrencia de la causa alegada para justificar la extinción que se pretende, constituye, con carácter general, una cuestión imprescindible para que sea viable la acción resolutoria de la relación laboral, dado que dicha extinción del contrato se produce en virtud de la sentencia firme que declara que el empresario ha incurrido en la causa invocada.
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