La UE prepara una nueva Ley de Empleo de calidad: nuevas reglas para el teletrabajo y más control sobre la IA

La Comisión Europea abre una consulta con sindicatos y patronales antes de presentar la propuesta legislativa, prevista para finales de año.

La Comisión Europea ha puesto en marcha este lunes una nueva fase de consultas con sindicatos y organizaciones empresariales para avanzar en la futura Ley de Empleo de Calidad. En concreto, la norma incluirá medidas para regular el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, reforzar la protección en las cadenas de subcontratación y adaptar la legislación laboral al teletrabajo y a otros nuevos riesgos.

Bruselas prevé presentar la propuesta antes de que termine el año y, además de abordar los cambios tecnológicos, el Ejecutivo comunitario quiere actualizar las reglas sobre salud y seguridad laboral, mejorar la formación de los trabajadores y endurecer las inspecciones y las sanciones contra las empresas que incumplan la normativa.

La primera fase de consultas se celebró entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y reunió las aportaciones de 34 organizaciones europeas, entre ellas 12 sindicatos y 22 organizaciones empresariales.

La consulta permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre. Una vez finalizado ese plazo, sindicatos y patronales podrán decidir si abren una negociación conjunta para intentar alcanzar un acuerdo antes de que la Comisión presente el texto legislativo.

Más control sobre el uso de la inteligencia artificial

Entre las medidas que estudia Bruselas figura la creación de normas para garantizar que las decisiones automatizadas mediante inteligencia artificial sean transparentes y cuenten con supervisión humana.

En este sentido, la Comisión también pretende evitar que estas herramientas den lugar a una vigilancia excesiva de los trabajadores. La futura ley buscará establecer garantías para que la tecnología no sustituya sin control la intervención de las personas en decisiones laborales.

Nuevas reglas para el teletrabajo y los riesgos psicosociales

La iniciativa también plantea actualizar la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo. En concreto, Bruselas quiere adaptarla a nuevas formas de empleo, como el teletrabajo, y a riesgos psicosociales como el acoso sexual.

Además, la Comisión propone reforzar la transparencia y la responsabilidad de las empresas en las cadenas de subcontratación. El objetivo es prevenir situaciones de explotación laboral y mejorar la protección de los empleados cuando intervienen varias compañías en la prestación de un servicio.

La UE va a exigir a todas las empresas cumplir con la nueva Ley de Empleo de Calidad que se aplica a todos los trabajadores

Los países miembros de la Unión Europea deberán acatar la nueva ley en este 2026.

La nueva Ley de Empleo de Calidad se implantará en la Unión Europea a lo largo de este año, 2026, a partir de “una hoja de ruta” que ya ha sido definida por la Comisión Europea para que todos los países miembros puedan ir aplicándola de forma paulatina, con el objetivo de crear “puestos de trabajo de calidad y con perspectivas de futuro en una UE competitiva”.

De esta forma se presentaba el anticipo de la que será la nueva ley de empleo en el portal de la Comisión Europea, una ley que busca asegurar puestos de trabajo “de calidad”, los cuales aún no están definidos totalmente cómo serán. Pero a pesar de no tener una definición exacta, sí que hay una serie de ideas claras en torno a estos puestos de “trabajos de calidad” y son básicamente aquellos que incluyan una “remuneración justa, condiciones de trabajo seguras y saludables, protección contra el estrés y otros riesgos en el trabajo, seguridad laboral, conciliación de la vida familiar y la vida profesional, igualdad de género, acceso a las capacidades, formación y desarrollo profesional, una sólida protección social y cobertura de la negociación colectiva”, según detallan desde la Comisión.

La Comisión subraya en el artículo que "el empleo de calidad es esencial para el bienestar de las personas y para una Europa social fuerte y competitiva. Los trabajadores en empleos de calidad impulsan la innovación, contribuyendo a una mayor productividad. Los empleos de calidad también benefician a las empresas al apoyar la innovación y ayudar a los empleadores a atraer y retener talento".

En esa misma línea, el análisis realizado por la Comisión en el marco del Semestre Europeo concluye que "respaldan la necesidad de abordar la calidad del empleo. La propuesta de informe conjunto sobre el empleo, que forma parte del paquete de otoño del Semestre Europeo, destaca que Europa debe abordar las deficiencias estructurales de su mercado laboral mejorando la calidad del empleo", afirman.

Las 5 claves de la nueva Ley de Empleo de Calidad

La estrategia presentada esta semana por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, fija cinco ejes prioritarios: fomentar la creación de empleo, impulsar condiciones laborales adecuadas, avanzar en la modernización, promover transiciones justas para los trabajadores y proteger elementos clave como el respeto a los derechos laborales ya existentes.

Este planteamiento sirve de antesala a la futura Ley de Empleo de Calidad que la Unión Europea prevé aprobar en 2026. Se tratará de una norma de obligado cumplimiento para los Estados miembros y que, tal como indica la Comisión, "se complementará con medidas no legislativas para ayudar a que los puestos de trabajo europeos sigan siendo seguros, justos y preparados para el futuro".

Desde la UE aseguran que esta legislación "modernizará y complementará las normas mínimas vigentes de la UE en materia de protección de los trabajadores, logrando un cuidadoso equilibrio entre la protección de los trabajadores y el apoyo a la competitividad, especialmente para las pequeñas empresas. La Ley respetará la diversidad de los sistemas nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales", señalan.

Fuente: La UE cambia las normas y en 2026 va a exigir a todas las empresas cumplir con la nueva Ley de Empleo de Calidad que se aplica a todos los trabajadores

La Eurocámara pide a Bruselas investigar la discriminación en España de prejubilados con más de 40 años cotizados

La Comisión no considera que el sistema de pensiones español haya vulnerado la ley

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado este miércoles a la Comisión Europea que investigue el funcionamiento del sistema de pensiones en España y, en concreto, la discriminación a los prejubilados con más de 40 años de cotización.

Así lo han concluido los eurodiputados de esta comisión tras decidir mantener abierta la petición de un ciudadano español que ha denunciado la discriminación que sufren algunos trabajadores españoles si deciden jubilarse antes de la edad fijada.

Según este ciudadano, la mayoría de estos trabajadores comenzaron a trabajar a edades muy tempranas y, a pesar de haber cotizado durante un período superior al requerido para recibir una pensión completa, están sujetos a sanciones que considera "injustificadas".

Al respecto, la Comisión Europea ha señalado que los sistemas de jubilación "deberían que ajustar la trayectoria de llegada a la jubilación en función de diferentes perfiles profesionales para que esto no dé pie a un trato desigual" y ha ofrecido su asistencia a los Estados miembro para diseñar regímenes de pensiones que permitan una viabilidad del sistema y sean justos.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha recalcado que no considera que el sistema de pensiones español haya vulnerado la legislación europea y considera que las reclamaciones del peticionario son competencia nacional.

En cualquier caso, la Comisión Europea ha advertido de que "seguirá vigilante para ver que el trato a los pensionistas siga cumpliendo con las recomendaciones y legislación de la Unión Europea" y ha animado a "mantener un diálogo constructivo", razón por la que la Eurocámara ha decidido mantener la petición abierta para exigir al Gobierno respuestas y soluciones.

Fuente: La Eurocámara pide a Bruselas investigar la discriminación en España de prejubilados con más de 40 años cotizados

El permiso parental retribuido de ocho semanas en 2025: cuándo entrará en vigor y cuánto se cobrará

El permiso parental se amplió a ocho semanas y quedó reflejado en el Estatuto de los Trabajadores, pero carece de retribución en sus últimas dos semanas, un punto que entra en conflicto con la normativa europea

El permiso parental retribuido debería ser una realidad en España desde hace más de dos años. Sin embargo, el Gobierno sigue sin cumplir con los plazos, pese a que la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo obligaba a remunerar los permisos parentales de cuidados, a más tardar el 2 de agosto de 2022. En este sentido, el incumplimiento de no remunerar a tiempo al menos cuatro de las ocho semanal del permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años le constará a nuestro país, al menos, siete millones de euros.

Pero ahí no acaba la cosa porque esta cantidad "se irá agravando a medida que este incumplimiento se extienda en el tiempo", informó hace ahora unos meses el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Además, el expediente sancionador es solo el primer paso en el proceso legal, queda por ver si el caso llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se decidiría la posible imposición de sanciones económicas.

¿Qué está pasando con el permiso parental de 8 semanas?

El permiso de ocho semanas para el cuidado de menores de ocho años quedó recogido en el Estatuto de los Trabajadores desde junio de 2023. En concreto, se establece en el artículo 48 bis del Estatuto de Trabajadores: "las personas trabajadoras tendrán derecho a un permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años".

Está destinado a todos aquellos padres y madres cuyos hijos sean menores de ocho años. A partir de esa edad, ya no existe la posibilidad de disponer de dichas semanas. Este permiso es intransferible, puede disfrutarse de forma continua o discontinua y a tiempo completo o parcial. En cualquier caso, debe disfrutarse siempre por semanas completas: no se ha establecido que el permiso pueda disfrutarse por días. Según explicó a finales de julio el diputado de Sumar Carlos Martín Uriza, la directiva obliga a asegurar al menos 22 semanas de permisos retribuidos, 14 por nacimiento y 8 por cuidados antes de que el menor cumpla 8 años.

"Estrictamente faltarían por retribuir tres semanas más para cumplir con Europa, pero el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar recoge ampliar de 16 a 20 semanas el permiso de nacimiento y retribuir cuatro de las ocho semanas del permiso parental", recordó Uriza, encargado de liderar las negociaciones presupuestarias que arrancan en septiembre. El coste de esta medida puede rondar los 250 millones de euros por semana pagada.

¿Cuál es la situación actual en España?

España cuenta actualmente con 19 semanas, 16 semanas por nacimiento y tres semanas más por la acumulación del permiso de lactancia.

¿Cuándo entrará en vigor este derecho laboral?

El Gobierno de España tenía hasta agosto de 2024 para transponer esta disposición de la directiva sobre conciliación de la Unión Europea, pero no se cumplieron los plazos. A finales de julio el Ejecutivo español anunció que no cumpliría su compromiso a tiempo y aplazó este tema a la negociación de los Presupuestos, con lo que su retribución se retrasará a lo largo del año 2025.

Bruselas valida la reforma de las pensiones pese a sus dudas sobre el gasto: "Garantiza la equidad intergeneracional"

Aun así, recalca que lo hace porque existe una cláusula de salvaguarda para que entren en vigor medidas correctivas "tan pronto como sea necesario" para asegurar la sostenibilidad del sistema

La Comisión Europea ha decidido dar su visto bueno a la segunda parte de la reforma de las pensiones. Aunque los cambios se aprobaron en el Congreso de los Diputados hace ya un año, formaban parte de un hito prometido a Bruselas de cara al cuarto pago de fondos Next Generation, que no se evaluaba hasta esta primavera. La decisión es relevante en tanto que la propia Comisión había manifestado importantes dudas acerca de la reforma de pensiones, en la misma línea de las advertencias de la AIReF, la OCDE y el FMI.

Pero finalmente los economistas encargados del Plan de Recuperación han decidido dejar para más adelante los rapapolvos, en caso de que haya que darlos. Es cierto que el informe sobre pensiones de la Comisión, el llamado Ageing Report, apreció que sus cifras y las del Gobierno español diferían notoriamente, y así se recoge también en el informe emitido este miércoles. "Los supuestos usados en el Ageing Report 2024 llevan a una trayectoria de gasto en pensiones diferente", explica la Comisión.

"Debe tenerse en cuenta que la cláusula de salvaguarda aprobada se asegura de que las medidas correctivas entran en vigor tan pronto como sea necesario para que se asegure la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, incluso en un escenario menos favorable que el que ahora se asume". Es decir, que Bruselas está contenta con la reforma de pensiones gracias a la cláusula de salvaguarda, ese mecanismo automático que se incluyó en la ley y por el que las cotizaciones sociales subirán más de lo que ya está previsto en caso de que el gasto en pensiones supere determinado límite.

La Comisión no entra a valorar qué efectos puede tener sobre el empleo o la economía del país las medidas que se han aprobado para garantizar las pensiones públicas, tan solo da por válida la fórmula de Escrivá. Diferentes instituciones económicas han alertado de que las pensiones no pueden mantenerse subiendo los costes laborales a empresas y trabajadores, como se estableció en la reforma, porque esto tendrá efectos en el empleo. Pero por el momento Bruselas cree que la reforma "garantiza la equidad intergeneracional" y con eso le es suficiente.

Hay que recordar que ya está aprobado que las cotizaciones sociales que empresas y trabajadores abonan mes a mes a la Seguridad Social aumenten del 0,6% de 2023 hasta el 1,2% en 2029, a razón de una décima por año. Esto se bautizó como mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y ejerce como sustituto del factor de sostenibilidad del expresidente Mariano Rajoy. Por otro lado, también se aprobó una cotización adicional para aquellos trabajadores que estén por encima de la base máxima, la llamada cuota de solidaridad, y la subida progresiva de esas bases máximas de cotización. Y el broche final fue lo que ahora garantiza el visto bueno de Bruselas: la cláusula de salvaguarda, la herramienta que eleva las cotizaciones de todos los trabajadores de forma automática en caso de desvío del gasto. Centros de estudios como Fedea dan por hecho que esta cláusula se activará el año que viene.

Extensión del periodo de cómputo

Sobre la extensión del periodo de cómputo de la pensión que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, la Comisión opina que "refuerza la progresividad del sistema y adapta la regulación a las carreras discontinuas y otras formas de trabajo menos típicas". El Gobierno aprobó en marzo del año pasado aumentar el periodo que se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión hasta los 29 años, pudiendo descartar los 24 peores meses, de forma progresiva a lo largo de los próximos años, hasta culminar en 2044. En ese momento, los nuevos pensionistas ya no podrán elegir el método para calcular su pensión. Bruselas ha dado su visto bueno también a esta medida. "Satisfactorily fulfilled", reza el apartado de valoraciones del hito. O lo que es lo mismo, "completado de forma satisfactoria".