* La OCDE y los expertos piden a Díaz que se faciliten las dimisiones pactadas
* Las empresas que pacten falsos despidos se arriesgan a penas de cárcel y multas de hasta 225.000 euros
Mientras la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los agentes sociales se preparan para abordar una compleja reforma de la regulación del despido de alcance incierto, surgen cuestiones que reclaman su lugar en la mesa de diálogo. Una de ellas es la 'dualidad' en la protección social que existe entre los trabajadores que sufren ceses y aquellos que dimiten o pactan salidas de mutuo acuerdo con sus empresas. Un problema que también eleva los costes y la incertidumbre para las empresas. Ni siquiera las fuertes sanciones e incluso penas de cárcel logran resolver este rompecabezas.
De hecho, en sus propuestas para mejorar la productividad de la economía española, la OCDE advierte de la necesidad de que España regule estas situaciones en línea con lo que se hace en los países de nuestro entorno. Una idea que refrendan los expertos laboralistas españoles, que consideran que una reforma en esta línea permitiría ir reduciendo los costes legales para empresas y trabajadores y "aliviar significativamente" la carga de trabajo de los juzgados de lo social y los órganos de conciliación.
La cuestión de las dimisiones y las denominadas salidas voluntarias del empleo no es menor en el contexto actual. En los cinco primeros meses de 2024 ya suman 1,09 millones de bajas de afiliación, de las que 845.712 fueron de trabajadores con contrato indefinido. Supone, respectivamente un 2,6% y un 5% más que en 2025, pero si nos referimos a los datos de 2021, antes de la aprobación de la reforma laboral, la comparativa arroja un incremento general del 78,5% y del 258,5% para los asalariados con un contrato fijo. Y más que duplican a las bajas provocadas por un despido o por no superar el periodo de prueba.
Que una reforma laboral centrada en impulsar el empleo estable haya disparado las dimisiones ha sido algo inesperado para el propio Gobierno. La explicación no es tan simple como que ahora se firman más contratos indefinidos. Hay que tener en cuenta que hablamos de datos de afiliados a la Seguridad Social y el peso de los indefinidos ya era mayoritario antes de la reforma laboral. Aunque su número se ha incrementado notablemente —y la tasa de temporalidad se ha desplomado en casi 20 puntos— ello no justifica por sí solo el auge de las dimisiones. A no ser que asumamos que esos nuevos indefinidos se hayan vuelto mucho más propensos a renunciar de lo que eran antes de la reforma. De hecho, en 2019 las dimisiones de indefinidos suponían un 35% de media: ahora superan el 75%.
En cualquier caso, la evolución de lo que llevamos de 2024 revela que si bien, el incremento se ha frenado, no se está revirtiendo. Esto significa que no se trata de un mero efecto de la adaptación de trabajadores y empresas al cambio legal sino de una auténtica nueva realidad. Una parecida a la de otros países con un mayor peso del empleo fijo, pero también una regulación de las renuncias diferente a la española, donde están de hecho penalizadas, incluso cuando se pactan con la empresa, lo que supone una extinción del contrato "de mutuo acuerdo".
Se suele pensar que los trabajadores solo dimiten por encontrar un trabajo mejor. La realidad parece bien diferente: un reciente análisis del investigador de Fedea, Florentino Felgueroso revelaba que solo un 42% de las renuncias se traducían en un nuevo empleo y un tercio de estos con un sueldo peor. Aunque las causas de esas renuncias se desconocen, los datos apuntan a otras causas, desde formación a responsabilidades familiares y personales. Este último supuesto penalizaría más a las mujeres.
Esos trabajadores no tienen derecho a prestación ni subsidio por desempleo. Y aunque pacten una cantidad con la empresa (más allá del 'finiquito' que le corresponde), el tratamiento fiscal de la misma es menos ventajoso que una indemnización por despido.
