UGT en el seno del sindicalismo europeo viene trabajando en que el parlamento europeo apoye una propuesta para obligar a las empresas que contraten servicios de seguridad con las administraciones públicas deban cumplir el convenio colectivo sectorial.
Dentro de la campaña iniciada en España bajo el lema “Contratación Pública Socialmente Responsable” que conllevó una mejora en la Ley de Contratos del Sector Público en nuestro país, UGT considera que es el momento para que el conjunto de países europeos establezca criterios para que las empresas que contraten servicios con la administración pública deban cumplir el convenio establecido en cada uno de los países que componen Europa durante la vigencia de los contratos firmados con las administraciones públicas.
Petición trasladada desde el sindicalismo europeo al ámbito político y que debe concluir con la elaboración y puesta en marcha de una directiva europea en los próximos meses que garantice a los vigilantes de seguridad el cumplimiento del convenio colectivo por parte de sus empresas como principal garante de empleo y de mantenimiento de las condiciones laborales plasmadas en la negociación colectiva.
El Gobierno en España, según apunta UGT, debería tomar buena nota de este tipo de medidas y revisar la forma de contratos públicos realizados en materia de seguridad privada en nuestro país que en la actualidad son el mayor garante de destrucción de empleo en el sector así como de potenciar un tejido empresarial oportunista basado en el bajo precio de adjudicación de contratos públicos con nulos criterios de calidad en la prestación de servicios así como vulnerando constantemente el abono de cotizaciones a la seguridad social y en consecuencia condiciones de empleo y condiciones laborales al colectivo de seguridad privada en nuestro país.
INTEGRAL CANARIA, MARSEGUR, NOVOSEGUR, ESABE, LPM, OMBUDS, y ahora PROSETECNISA son empresas que abandonaron el sector mediante concurso dejando deudas al estado y relegando a sus personas trabajadoras a la exclusión laboral y todas ellas contaban en su momento con un denominador común, ser los principales proveedores de servicios de seguridad en la administración publica en España.
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