El modelo español de seguridad privada sigue siendo legal y funcional, pero ya no encaja en el entorno estratégico, normativo y operativo al que se enfrenta el país.
Un artículo de Ramón Cuerda Riva, ex militar y experto en Seguridad, para EscudoDigital
España necesita nuevos modelos de seguridad privada. No porque el actual sea ilegal o ineficaz en términos básicos, sino porque ha dejado de ser suficiente para el contexto europeo, estratégico y operativo en el que se mueve el país en la actualidad.
La necesidad no es ideológica, es estructural. España cuenta con multinacionales de seguridad propias consolidadas –como Prosegur, Eulen o Trablisa– y es, además, un mercado clave para grandes grupos internacionales como Securitas AB, con directivos influyentes en su estructura. No obstante, la comparación con otros países europeos, más avanzados en la colaboración público-privada en seguridad interior, así como la aparición de nuevos desafíos, ponen en evidencia las carencias del modelo español.
Fortalezas y debilidades del sistema español
El modelo español presenta fortalezas claras: un marco legal garantista, un control público definido y una separación nítida entre seguridad pública y privada. A ello se suma una capacidad ampliamente acreditada para cubrir los servicios básicos de vigilancia.
Sin embargo, el sistema está diseñado para riesgos de baja intensidad y corta duración. Tras años de estabilidad y concursos centrados en el precio, se ha asentado sobre la presencia humana de bajo coste más que sobre la capacidad operativa. El resultado es un sistema poco integrado en la planificación de la seguridad nacional, con escasa especialización y una dependencia excesiva del enfoque low cost.
A diferencia de los modelos nórdicos o del británico, el sistema español no escala adecuadamente ante crisis prolongadas, amenazas híbridas o escenarios de protección masiva de infraestructuras críticas, como los previstos por la OTAN y la UE en sus planteamientos de resiliencia interior, incluidos los asociados a un potencial conflicto en Europa oriental.
En consecuencia, el modelo actual español es válido, pero está agotado.
La UE y la OTAN presionan
En el marco de la Unión Europea, España debe responder hoy a exigencias crecientes en materia de resiliencia interior, protección de infraestructuras críticas y ciberseguridad. Entre ellas destacan la directiva NIS2 (UE 2022/2555), en vigor desde enero de 2023 y de obligada transposición por los Estados miembros desde octubre de 2024, así como la Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas (CER), que establece un marco común para garantizar que las entidades críticas puedan prevenir, resistir, absorber y recuperarse de incidentes disruptivos, ya sean de origen natural, terrorista, por sabotaje, amenazas internas o derivados de emergencias de salud pública.
A estas obligaciones se suman los compromisos asumidos por España en el seno de la OTAN, que implican la defensa del propio territorio interior en un contexto marcado por limitaciones estructurales de las plantillas públicas –no es viable duplicar las Fuerzas Armadas ni los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ante cada nueva amenaza–, una presión presupuestaria sostenida y la aparición de riesgos no convencionales.
Todo ello obliga a liberar recursos públicos de tareas estáticas y a reforzar las capacidades de prevención y detección temprana. La simple pregunta de cómo sostener la seguridad durante crisis prolongadas evidencia que el modelo español actual no está diseñado para ese escenario. Un nuevo entorno exige, en consecuencia, nuevos modelos.
España necesita tres modelos coexistentes
España no necesita "más seguridad privada" bajo un único enfoque, sino articularla en torno a tres modelos distintos, complementarios entre sí. Basta con observar a nuestros vecinos y aliados, que por su mayor proximidad al riesgo ya han avanzado en esta transformación.
1. Modelo de seguridad privada estratégica
Orientado a la protección de infraestructuras críticas, apoyado en el uso de alta tecnología, con una estrecha integración público-privada y con personal altamente cualificado, lo que además ofrece una vía eficaz para retener y reutilizar recursos humanos previamente formados en el sector público. Menos volumen, más valor.
2. Modelo de seguridad privada tecnológica
Basado en una amplia red de Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), monitorización remota y verificación de incidentes. Reduce la presencia física permanente, pero incrementa de forma significativa la fiabilidad operativa.
3. Modelo de seguridad privada enfocado en la resiliencia.
Capaz de sostener operaciones durante crisis prolongadas, proteger cadenas de suministro y apoyar labores de protección civil y logística.
Los tres deberían sostenerse sobre el modelo básico de seguridad privada, que seguirá siendo necesario para tareas de vigilancia general, presencia disuasoria y servicios de bajo riesgo. El error sería pretender que un único modelo pueda cubrir todas estas funciones.
Riesgos de no evolucionar
Este cambio es inevitable, incluso aunque no se impulse políticamente ni se acompañe de una gran reforma legal. En buena medida, porque la Unión Europea está elevando los requisitos, pero no es el único motivo. Los clientes estratégicos son cada vez más exigentes, a medida que toman decisiones crecientemente geoestratégicas y menos basadas exclusivamente en el coste. Ya no se trata de ganar más o menos dinero, sino, en muchos casos, de seguir existiendo. A ello se suma el papel de las aseguradoras, que penalizan los modelos débiles o insuficientemente preparados.
Las fuerzas públicas, por su parte, no tienen capacidad para asumir todo, y menos aún en un contexto en el que el mercado y el entorno estratégico fuerzan y aceleran el cambio.
¿Qué puede ocurrir si el gobierno de España –condicionado por ciclos electorales sucesivos– no evoluciona el modelo? Pueden anticiparse al menos tres consecuencias probables.
La primera, un aumento de la dependencia de operadores extranjeros, con empresas internacionales asumiendo progresivamente servicios críticos.
La segunda, un bloqueo institucional: Guardia Civil y Policía no se retirarán de tareas estáticas por falta de confianza en la seguridad privada, lo que supondrá una retención ineficiente de recursos del Estado.
La tercera, un sector estancado, caracterizado por bajos salarios, alta rotación y una pérdida continuada de talento, especialmente en liderazgo y capacidades tecnológicas.
Reformar es menos arriesgado que no hacerlo
Superar este escenario exige perder el miedo. España cuenta con una larga trayectoria en colaboración público- privada y sabe que crear nuevos modelos no implica privatizar la seguridad pública, ni otorgar determinadas armas o potestades policiales, ni reducir el control del Estado. Implica, simplemente, diferenciar funciones, profesionalizar el sector y disponer de entre 15.000 y 20.000 profesionales adicionales integrados y supervisados.
España no solo necesita, sino que inevitablemente contará con nuevos modelos de seguridad privada. La única incógnita es si los diseñará de forma ordenada, pública y controlada, o si emergerán de forma fragmentada, reactiva y desigual.
Desde un punto de vista estratégico, no actualizar el modelo constituye hoy un riesgo mayor que reformarlo.
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