* El Gobierno se ha comprometido a llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros con "carácter inmediato".
* Los sindicatos desconvocan la huelga en la Seguridad Social tras pactar la incorporación de 3.500 nuevos trabajadores.
Los sindicatos y el Gobierno llegaron el martes a un acuerdo para desconvocar los paros parciales y la huelga prevista en la Seguridad Social para septiembre. Además de reforzar la plantilla con 3.525 contrataciones, los puntos pactados incluyen avanzar en la creación de la Agencia de la Administración de la Seguridad Social, una demanda que lleva lustros sobre la mesa y para la que el Gobierno ya se dio un plazo que venció en junio del año pasado. Este plan para convertir la Seguridad Social en agencia persigue agilizar la gestión gracias a una mayor autonomía organizativa y presupuestaria. Sin embargo, el tiempo corre a contrarreloj, con el fin de la legislatura a la vista.
La Seguridad Social actualmente no funciona como un organismo único, sino que se compone de varias entidades gestoras, entre ellas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el Instituto de migración y servicios sociales y el Instituto Social de la Marina. Se suman también los servicios comunes, es decir, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Gerencia de Informática (GISS) y los servicios jurídicos. "Pasar a agencia sería muy interesante, porque sería un único organismo. Todas las entidades gestoras y los servicios comunes formarían una estructura única y el personal sería también único", explica María Dolores Panero, representante de la sección sindical de Seguridad Social de CCOO. De este modo, aunar todas las entidades supondría no solo mejorar el funcionamiento diario de la institución, sino también unificar y homogeneizar las condiciones del personal y la negociación colectiva.
"Se convertiría en un único conglomerado que dé toda la cobertura a un coste que estimamos que va a ser menor y con la posibilidad de reacción ante una situación sobrevenida de exceso de trabajo", añaden fuentes de CSIF. Y es que el objetivo no es solo unificar las entidades actuales, sino también obtener una mayor autonomía que conduzca a una mayor eficacia, de ahí la fórmula de la agencia. Este tipo de organismos públicos están dotados de "autonomía funcional", de manera que le corresponde al propio ente la ordenación del personal y tienen más margen en materia presupuestaria. "Sería un cambio significativo", valora Panero.
Por ejemplo, las agencias elaboran y aprueban su propia relación de puestos de trabajo, es decir, el documento en el que se recoge la ordenación de la plantilla, con las correspondientes funciones y niveles jerárquicos y retributivos de cada puesto. Asimismo, tal y como recoge la ley 40/2015, las agencias tienen también un régimen económico particular. Estos organismos se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero tienen capacidad para aumentar un 5% su presupuesto, además de contar con los ingresos propios que perciban por las actividades que realizan.
"La creación de la agencia te da una posibilidad de autogestión", señalan fuentes de CSIF, que ponen de ejemplo "el volumen de trabajo exagerado" que ha traído consigo la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). "El INSS ha tenido que asumir una sobrecarga de trabajo monumental, estamos hablando del orden de 1,7 millones de expedientes presentados que hay que resolver. Ahora mismo conseguir una dotación mayor de personal tiene que pasar por Hacienda y Función Pública y pasa un año y medio sin que consigamos las manos que nos hacen falta. Si es una agencia estatal y tiene sobrecarga de trabajo, lo puede autogestionar directamente, por ejemplo sacando plazas de contratados laborales para esa finalidad", explican las mismas fuentes, que señalan como modelo a la Agencia Tributaria.
Además, el cambio organizativo permitiría adaptar la Seguridad Social a los nuevos tiempos, ya que la estructura actual data en buena medida de la Transición, en reemplazo del Instituto Nacional de Previsión. Desde entonces la labor de la Seguridad Social ha evolucionado, por la transmisión de competencias a las comunidades autónomas y la creación y desaparición de prestaciones para cubrir distintas realidades. Existe dentro del INSS, por ejemplo un departamento dedicado a gestionar la prestación a los afectados por el síndrome tóxico, creado a raíz de la intoxicación masiva producida en España en la primavera de 1981 por la desviación de aceite de colza de uso industrial al consumo humano.
Una demanda histórica
La idea de unificar las entidades gestoras y servicios comunes y convertir la Seguridad Social en una agencia no es nueva, lleva décadas rondando. De hecho, hace ya doce años que se plasmó en la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011. "Se autoriza al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social", explicitó la norma. El mandato se incluyó también en las recomendaciones del Pacto de Toledo y es, según denuncian los sindicatos, "el único compromiso relevante que queda pendiente". "Cuando quedó recogido en el Pacto de Toledo, lo vimos más viable, porque se habló mucho de la agencia, pero nunca se formalizó", señala Panero.
Hace año y medio, en diciembre de 2021, el Gobierno llegó incluso a darse un plazo de seis meses para acometer el cambio de estructura, un compromiso que quedó plasmado en la Ley 21/2021, que retomó la revalorización de las pensiones conforme al IPC. El plazo venció el 30 de junio del año pasado y el proyecto de ley para la creación de la agencia todavía no existe. Este martes el Ministerio de Inclusión alcanzó un nuevo compromiso con los sindicatos: "presentar un anteproyecto de la ley al Consejo de Ministros, iniciando su tramitación con carácter inmediato".
"El anteproyecto de ley es lo único que quizás por tiempos puedan llevar al Consejo de Ministros", reconoce la representante de CCOO, que recuerda que a finales de este año habrá elecciones, por lo que la creación de la agencia ya es imposible en la legislatura actual. Aun así, el anteproyecto ya supondría un avance en el camino hacia la nueva estructura, pero, antes de llegar al Consejo de Ministros, requiere no solo predisponer el actual entramado para la transición al nuevo modelo, sino también recibir el visto bueno del Ministerio de Función Pública y del de Hacienda. Según fuentes sindicales, serían este el filtro que estaría demorando el proceso e impidiendo que el borrador preparado por Inclusión salga adelante.
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