La autoridad laboral ha multado a la compañía tras no poder realizar las labores de supervisión
Pensaron que era un estafa. Y el recelo acabó saliéndoles caro. El Juzgado de lo Social nº 2 de Cuenca ha confirmado la sanción de 60.000 euros impuesta a una empresa por impedir la entrada a dos subinspectores de Trabajo que acudieron a sus instalaciones para realizar un control de empleo y seguridad social. La resolución subraya que obstaculizar la labor de la Inspección constituye una infracción muy grave de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
Al parecer, el gerente de la compañía -de logística y manipulación- impidió el paso alegando la existencia de robos frecuentes en la zona, temiendo que se trataba de una estafa. Una desconfianza que ha derivado en multa.
El juez alegó que la compañía no negó en ningún momento la negativa a permitir el control y que no se aportaron pruebas que justificaran el impedir la inspección. Además, recordó que los funcionarios se identificaron dos veces. La finalidad de la Inspección de Trabajo es garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad, siendo su colaboración obligatoria para empresarios y responsables.
El titular del juzgado ha desestimado pues la demanda presentada por la empresa, al entender que «queda acreditada la infracción» y, por tanto, confirmando la sanción de 60.000 euros. Según la sentencia, el juzgado no acepta el hecho de desconfianza por la existencia de robos en la zona como justificación a denegar el acceso a los inspectores.
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