La empresa de seguridad privada atribuye su falta de liquidez a una derivación tributaria y a la retención de pagos y cuentas bancarias. La crisis afecta especialmente a trabajadores de Galicia, Castilla y León y Madrid.
HETECSE SA ha solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores después de reconocer ante su plantilla que atraviesa una situación de falta de liquidez que le impide atender con normalidad sus compromisos de pago, incluidas las nóminas. La empresa ha comunicado por escrito a los trabajadores que el problema está relacionado con una derivación tributaria y con la retención de pagos y cuentas bancarias.
"Somos plenamente conscientes de las consecuencias que este impago tiene para las personas afectadas", admite la compañía en el comunicado, facilitado a esta redacción a última hora de ayer jueves por Alternativa Sindical, en el que anuncia que seguirá informando sobre la evolución de la situación concursal y el abono de las cantidades pendientes.
HETECSE señala que la información sobre el reconocimiento de los créditos deberá actualizarse cuando se produzcan novedades en el procedimiento y sea nombrado un administrador concursal que pueda ordenar ese reconocimiento. La empresa concluye el escrito lamentando los perjuicios ocasionados a sus trabajadores, aunque no concreta cuándo podrá regularizar los salarios pendientes.
Impagos en varias comunidades y retrasos desde hace meses
Los problemas de HETECSE no se circunscriben a una única delegación. A las incidencias comunicadas por trabajadores destinados en Galicia, Castilla y León y Madrid se suman las denuncias de UGT en Andalucía y La Rioja.
En Almería, la sección de Seguridad Privada de FeSMC-UGT denunció el 7 de octubre que los vigilantes afectados continuaban acudiendo a sus puestos de trabajo pese a no percibir sus salarios. El sindicato reclamó una respuesta urgente de las administraciones públicas con servicios contratados a HETECSE, entre ellas el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en relación con la Estación Experimental de Zonas Áridas y las fincas de La Hoya.
UGT pidió que, cuando legalmente corresponda, se estudie la resolución de los contratos afectados y se articule una solución temporal mediante otra empresa de seguridad hasta que se realice una nueva licitación. También indicó que había solicitado que se estudiara la posibilidad de pagar directamente a los trabajadores las cantidades adeudadas, siempre que resulte jurídicamente procedente.
En Castilla y León, UGT alertó de que la empresa llevaba varios meses abonando las nóminas con retraso y que en octubre había dejado de pagar los salarios. El sindicato reclamó prudencia ante las primeras informaciones sobre una posible entrada en concurso, antes de que HETECSE comunicara formalmente su solicitud.
La Rioja también figura entre los territorios afectados, donde varios trabajadores destinados en centros de la Seguridad Social de Logroño, Haro, Nájera y Arnedo dejaron de percibir sus nóminas tras meses de retrasos.
Antecedentes por retrasos salariales
Los problemas en el pago de los salarios no son nuevos. En junio de 2026, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO en Andalucía informó de que la Inspección Provincial de Trabajo de Sevilla había estimado una denuncia contra HETECSE por el abono reiterado de nóminas fuera de plazo.
Según esa organización sindical, la Inspección requirió a la empresa para que garantizara el pago puntual de los salarios, de acuerdo con los plazos establecidos en el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. Este antecedente sitúa las actuales dificultades en un contexto de reclamaciones laborales previas, aunque no demuestra por sí solo que aquellos retrasos tuvieran la misma causa que la falta de liquidez reconocida ahora por la compañía.
Las administraciones, ante la reclamación de los sindicatos
Las denuncias sindicales ponen el foco en las consecuencias que la crisis de una empresa adjudicataria puede tener sobre los trabajadores y sobre la continuidad de los servicios de seguridad contratados por organismos públicos.
Alternativa Sindical, sindicato que mantuvo en el día de ayer una reunión con representantes de la empresa de seguridad privada tras exigir una explicación con carácter urgente para conocer los detalles de la falta de pagos de la última nómina, según confirmaron a Escudo Digital, ha cuestionado las condiciones económicas de determinadas adjudicaciones de seguridad privada y ha pedido que los contratos públicos contemplen costes suficientes para garantizar tanto la prestación del servicio como el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Alberto García, portavoz nacional de dicho sindicato, ha indicado que "aun cuando HETECSE SA atraviese una situación de falta de liquidez relacionada con una derivación tributaria y con la retención de pagos y cuentas bancarias que afecta a la empresa, y que impide atender regular y debidamente los compromisos de pago corrientes, entre otros, las nóminas de sus trabajadores, hay que ser también plenamente conscientes de las consecuencias que este impago tiene para los trabajadores afectados".
García ha añadido que "la seguridad privada es un servicio intensivo en mano de obra y su principal activo son sus trabajadores. En consecuencia, cualquier modelo de contratación que establezca los presupuestos de licitación por debajo de los costes reales del servicio puede terminar repercutiendo directamente sobre las condiciones laborales, la estabilidad del empleo y, en situaciones como la actual, incluso sobre algo tan básico como el derecho a percibir el salario en tiempo y forma".
HETECSE presta servicios de vigilancia y protección, además de soluciones de seguridad electrónica, control de accesos y sistemas de alarma. La compañía ha sido adjudicataria de contratos públicos, incluidos servicios del CSIC y de vigilancia de embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera en bases marítimas gallegas.
La solicitud de concurso voluntario abre una nueva etapa para la compañía y para los trabajadores que esperan cobrar los salarios pendientes. El comunicado de HETECSE confirma que ha solicitado el procedimiento, pero no equivale a una declaración judicial de concurso ni acredita que se haya nombrado ya un administrador concursal.
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