Jorge Salgueiro, presidente de AECRA, analiza para Escudo Digital los retos del nuevo convenio, desde la digitalización y las certificaciones hasta el papel de la Administración.
Tras desgranar la hoja de ruta de FeSMC-UGT en la mesa de negociación del próximo Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada –donde actúa como el sindicato con mayor representatividad–, en esta segunda entrega recogemos la visión de Jorge Salgueiro, fundador y presidente de la Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA), secretario general de la Asociación de Jefes y Directores de Seguridad de España (AJDSE) y asesor legal de la Asociacion Estatal de Formación de Seguridad Privada (ASEFOSP).
Con experiencia en anteriores procesos negociadores en los que ha participado invitado por APROSER, Salgueiro ofrece a Escudo Digital un análisis que combina su profundo conocimiento del sector y su especialización jurídica con una visión práctica sobre los retos que afronta la seguridad privada.
Hacia un nuevo acuerdo con continuidad en las subidas salariales
A diferencia del tono reivindicativo de los sindicatos, Salgueiro interpreta la negociación desde un enfoque institucional. Insiste en la necesidad de equilibrio entre patronales, sindicatos y administraciones, recordando que muchos de los asuntos que se van a debatir ya se han tratado en el Observatorio de Seguridad Privada.
"Todas las patronales y sindicatos tienen voluntad de negociación y van a velar por un modelo de mejora en todos los sentidos para los trabajadores. Pero parte del cumplimiento depende de las administraciones", afirma.
El punto de partida es el convenio actual, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, en el que considera que la patronal mostró sensibilidad al ajustar los salarios al IPC, lo que ha supuesto un incremento total del 16%. Con ello, se ha evitado que las retribuciones de los vigilantes quedaran por debajo del salario mínimo internacional. Salgueiro no duda de que tanto las patronales como los sindicatos seguirán apostando por esta senda de subidas salariales en el nuevo acuerdo.
Adaptación a la transformación digital y certificaciones obligatorias
Al igual que FeSMC-UGT, Salgueiro identifica la transformación digital como uno de los grandes retos de este nuevo marco laboral, aunque desde un enfoque distinto: mientras el sindicato lo plantea como la estrategia de "anticipación al cambio", él pone el énfasis en la gestión empresarial y el cumplimiento normativo.
"Creo que uno de los puntos fundamentales que se abordará en la negociación es la adaptación al nuevo modelo de transformación digital", señala el presidente de AECRA, recalcando que la digitalización ya es una realidad en los servicios de seguridad.
Según indica, los programas de gestión integral (ERP) ya forman parte del día a día de muchas administraciones y acabarán extendiéndose a los proveedores de seguridad. Este escenario exige, a su juicio, actualizar la formación del vigilante en nuevas tecnologías y modelos de gestión, así como avanzar hacia una mayor especialización de la profesión.
Salgueiro vincula esta transformación tecnológica con unas normativas cada vez más estrictas que, a su juicio, también deberían contemplarse en el convenio. En esta línea, recuerda que el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), una norma de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, repercute directamente en las empresas que trabajan para ellas al obligarlas a estar certificadas. Además, prevé que la futura directiva europea de ciberseguridad (NIS2) reforzará esta exigencia al considerar a las compañías de seguridad como operadores críticos, lo que implicará una "remisión directa" al ENS que alcanzará igualmente a las empresas privadas que presten servicios a administraciones o entidades esenciales.
En este contexto, anticipa que las certificaciones jugarán un papel decisivo en el sector. "Antes las certificaciones se introducían en los contratos públicos de forma voluntaria como un aspecto a valorar positivamente, pero muchas de ellas ahora van a ser obligatorias". Para Salgueiro, este salto normativo está ligado al propio proceso de transformación digital y convertirá la acreditación de seguridad en un requisito imprescindible.
La Administración, primera obligada al cumplimiento
Por otra parte, Salgueiro coincide con FeSMC-UGT en señalar a la Administración como uno de los principales responsables de la precarización del sector. Mientras el sindicato reclama una reforma de la Ley de Contratos Públicos para evitar que las licitaciones se adjudiquen primando las ofertas más baratas, el presidente de AECRA denuncia que muchos pliegos se elaboran con presupuestos que incumplen las tablas salariales del convenio, lo que degrada las condiciones laborales y compromete la viabilidad de las empresas.
"Las administraciones públicas, que son las contratistas de muchísimos servicios, tendrían que cumplir el convenio colectivo. En otras muchas ocasiones, lamentablemente, el problema es que los contratistas no se ajustan a lo que deben. La propia Administración debería velar por que esto no ocurriera. Muchas veces es una cuestión de conocer las normas que rigen en el mercado, porque el propio licitador las desconoce y tampoco sabe cuáles son las condiciones del servicio, lo que se puede contratar o el objeto del contrato", explica.
Ante este escenario, plantea que cualquier incremento salarial pactado en la mesa negociadora debería trasladarse de manera automática a los contratos públicos.
Además, al igual que FeSMC-UGT, pone el foco en la Ley de Contratos Públicos, aunque en su caso para destacar que el nuevo convenio debería abordar las subrogaciones o sucesión de empresas. Salgueiro considera que se trata de un aspecto problemático, ya que "muchas compañías asumen contratos sin saber el estado del servicio, si tiene o no pérdidas, si al personal se le ha pagado o no…", lo que genera incertidumbre tanto a las empresas como a los trabajadores.
Reforzar la protección y dignificar la profesión
Salgueiro concluye con una valoración que también enlaza con lo planteado por el sindicato: la necesidad de reforzar la protección de los vigilantes y de hacer la profesión más atractiva. "Hay unos 10.000 demandantes de empleo en el sector de la seguridad privada y esos puestos no se cubren. Hay que dotar a los vigilantes de mejores herramientas que les hagan sentirles más protegidos y acompañados a nivel profesional. Deben disponer de plataformas de soporte con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les amparen, además de recibir una mayor formación, no solo en la transición tecnológica, sino también en la atención al cliente. Al final, la vocación y la orientación al cliente son fundamentales en esta profesión".
Para Salgueiro, el desafío no reside únicamente en alcanzar un acuerdo en la mesa, sino en que éste se traduzca en condiciones aplicables y sostenibles. La digitalización, las certificaciones y la implicación de la Administración marcan un horizonte que exigirá responsabilidad compartida de todas las partes. En última instancia, lo que está en juego es el futuro de una profesión que reclama mejores condiciones, mayor protección y reconocimiento a su servicio público.
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