La cuarta reunión de la mesa negociadora volvió a evidenciar el distanciamiento entre patronales y sindicatos. Este artículo aborda la visión empresarial.
La cuarta reunión de la Comisión Negociadora del convenio colectivo estatal de seguridad privada, celebrada el pasado 20 de octubre por vía telemática, volvió a poner de manifiesto las profundas diferencias entre las organizaciones empresariales –APROSER, ASECOPS y FES – y los sindicatos –FeSMC-UGT, CCOO del Hábitat, FTSP-USO, CIG y ELA–.
Durante el encuentro, que se prolongó durante casi tres horas, las patronales insistieron en la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica del sector, mientras que las centrales sindicales reclamaron avances tangibles en derechos laborales, condiciones de trabajo y reconocimiento profesional, tal como consta en el acta de la reunión, a la que este diario ha vuelto a tener acceso.
Este artículo se centra en la posición de las organizaciones empresariales, que apelan a la viabilidad operativa del sector y a la equidad en la distribución de costes, y alertan sobre el impacto económico de las propuestas sindicales. En el siguiente se abordarán las valoraciones y planteamientos de las organizaciones sindicales, que reivindican mejoras estructurales en las condiciones laborales y un reconocimiento más justo del papel que desempeñan los profesionales de la seguridad privada.
Coincidencias en grandes ejes y líneas rojas empresariales
APROSER abrió la sesión destacando la lectura detallada de las plataformas sindicales y agradeciendo el esfuerzo realizado por las organizaciones, al tiempo que reconocía coincidencias en varios de los grandes ejes: incrementos salariales por encima del IPC, reducción de jornada, mejoras en permisos y pluses, así como modificaciones en materia de subrogación, salud laboral y jubilación parcial. Sin embargo, advirtió que el conjunto de medidas supondría un incremento de costes "absolutamente inasumible" para los clientes finales, una percepción compartida por ASECOPS y FES, que alertaron de las repercusiones que podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas del sector.
Las tres patronales coincidieron en la necesidad de realizar una valoración conjunta de las propuestas de los sindicatos antes de emitir una respuesta definitiva. Para ello, elaborarán una plataforma común que presentarán en la próxima reunión, convocada para el 31 de octubre. No obstante, APROSER, en representación del bloque empresarial, avanzó dos criterios que marcarán su posición en la negociación.
Por un lado, reiteró su apuesta por una vigencia de cuatro años para el nuevo convenio, en línea con el enfoque plurianual –de 3 a 4 años– defendido por la plataforma de FeSMC-UGT, CCOO y FTSO-USO, y descartando la opción de dos años planteada por CIG. Por otro, rechazó la creación de marcos autonómicos reclamados por la CIG para Galicia y por ELA para el País Vasco y Navarra, alegando que la comisión debe mantener su ámbito estatal.
Ajustes la jornada en transporte de fondos y reducción de los costes por IT
APROSER también detalló dos propuestas ya avanzadas en reuniones anteriores. La primera consiste en suprimir el artículo 52.5 del convenio –relativo al cómputo de la jornada en el transporte de fondos y manipulado de efectivo–, con el fin de flexibilizar la organización del trabajo en este subsector. La segunda plantea reducir los complementos por incapacidad temporal (IT), al considerar que el actual sistema eleva los costes entre un 20% y un 30% respecto al régimen legal y resulta "difícilmente sostenible" ante una tasa media de absentismo del 10% sobre una plantilla de 100.000 profesionales.
Para contener esa presión económica, la patronal propuso una nueva escala que rebaja los porcentajes de cobertura en los tres primeros tramos: del 50% al 40% en IT de 1 a 3 días, del 80% al 70% en IT de 4 a 20 días y del 100% al 95% en IT de 21 a 40 días.
"La nueva escala reduce la cobertura empresarial en los tramos cortos, donde se concentra el mayor numeró de procesos de baja, pero preserva una mejorar sustancial sobre las coberturas aplicadas por la Seguridad Social. De esta forma, la persona afectada continúa percibiendo una compensación superior", defendió APROSER, que presentó esta propuesta como un "ajuste técnico, no una merma de derechos", orientado a garantizar la sostenibilidad económica del sector.
ASECOPS advierte del impacto desigual de las medidas y pide un equilibrio en la transición tecnológica
Tras la intervención de APROSER, tomó la palabra ASECOPS. Su portavoz recalcó que todos los apartados de las plataformas sindicales implican costes que deben evaluarse con rigor para evitar desequilibrios entre la mejora de condiciones laborales y la viabilidad empresarial. "Todo coste repercutible al cliente puede ser asumible, pero si no lo es, la situación se vuelve delicada", subrayó.
ASECOPS incidió en que el aumento de los costes afecta de manera desigual a las empresas en función de su tamaño. Según explicó, las grandes corporaciones cuentan con economías de escala que les permiten absorberlos, pero las pequeñas empresas podrían verse abocadas a concursos de acreedores, lo que aceleraría la concentración del mercado.
La organización también planteó la necesidad de encontrar un punto de equilibrio en el proceso de sustitución tecnológica, advirtiendo de que un incremento excesivo de los costes laborales podría "acelerar la sustitución de fuerza de trabajo por soluciones tecnológicas más eficaces", afectando directamente al empleo. En esta línea, instó a todas las partes a buscar fórmulas que permitan acompasar la transición y garantizar la sostenibilidad tanto del empleo como de las empresas.
Además, señaló que la escasez "casi crítica" de vigilantes disponibles, junto a otros factores de coste, hacen que cualquier medida –como la reducción de jornada– tenga repercusiones operativas, por lo que exigió una "estrategia de estabilidad que evite rigideces y bloqueos, habida cuenta de la dificultad para cubrir sustituciones".
FES alerta de la fragilidad económica de las pymes ante una subida de costes
Por su parte, la Federación Empresarial de Seguridad (FES) manifestó su alineamiento con las posiciones de APROSER y ASECOPS, insistiendo en que las propuestas sindicales supondrían un incremento de costes "difícilmente asumible" para las pymes, a las que representa.
FES centró su intervención en la situación de las pymes, que representan el 87,3% del sector y concentran una parte significativa del empleo. Con una facturación media muy inferior a la de los grandes operadores y un margen neto operativo del 2,9% en 2024, la patronal advirtió que las pymes tienen una capacidad muy limitada para absorber incrementos fijos.
"El 91% de los gastos de explotación de las pymes corresponde directamente a personal", subrayó FES, que alertó de que una subida lineal de los salarios podría diluir sus márgenes brutos, situando en un "serio riesgo" de supervivencia a muchas de ellas.
"La negociación colectiva debe garantizar la adecuada atención de los intereses de todos los agentes implicados, adoptando soluciones equitativas y ajustes proporcionados que eviten la asfixia de uno de los principales motores de empleo y de la pluralidad empresarial", apuntó la Federación.
Hacia un equilibrio entre la sostenibilidad y los avances laborales
Ante el impacto que podrían generar las propuestas sindicales, las organizaciones empresariales abogan por un marco de negociación que garantice la sostenibilidad económica y preserve la estabilidad del sector. El siguiente artículo abordará las propuestas y demandas de los sindicatos, que reclaman un cambio de rumbo en las condiciones laborales del colectivo.
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