APROSER, ASECOPS y FES apuestan por un convenio de cuatro años con subidas salariales de hasta el 12% y medidas para responder a los retos que afronta el sector.
La Comisión Negociadora del próximo Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada celebró el pasado viernes, 10 de octubre, su tercera reunión con la participación de todas las partes implicadas: las organizaciones empresariales APROSER, ASECOPS y FES, y los sindicatos FeSMC-UGT, CCOO del Hábitat, FTSP-USO, CIG y ELA.
El encuentro permitió avanzar en el intercambio de propuestas concretas, pero también dejó al descubierto las diferencias de enfoque entre patronales y sindicatos. Mientras las patronales insistieron en los aumentos de costes que afrontan las empresas y defendieron la necesidad de modernizar el marco del sector, simplificar pluses y garantizar seguridad jurídica, los representantes sindicales coincidieron en que el debate debe centrarse en mejorar las condiciones laborales y salariales, no en reducir derechos.
Así lo resume FeSMC-UGT en un comunicado, cuya información ampliamos con los detalles recogidos en el acta oficial de la reunión, a la que en Escudo Digital hemos tenido acceso. En este artículo detallamos el diagnóstico y las propuestas de las patronales, y dejamos para el próximo la visión y las demandas de los sindicatos.
ASECOPS alerta del aumento de costes y propone un nuevo modelo de sector
Tras haber protagonizado buena parte de la segunda reunión, APROSER cedió la palabra a las otras dos patronales. La primera en intervenir fue ASECOPS, que subrayó el incremento de los costes salariales, a menudo derivados de medidas gubernamentales como la reciente ampliación del permiso de fallecimiento –de 2 a 10 días– y el anuncio de nuevos permisos para cuidados paliativos. Aunque precisó que no cuestiona la finalidad social de dichas medidas –impuestas unilateralmente por el Gobierno–, denunció que los costes asociados no deberían recaer sobre las empresas y que esta dinámica reduce el espacio material de la negociación colectiva.
ASECOPS propuso diseñar un nuevo modelo del sector que parta de un diagnóstico exhaustivo que integre la visión de patronales y sindicatos, con objetivos concretos que permitan racionalizar los pluses retributivos y anticipar normativas como la reducción de jornada. También abogó por depurar el texto del convenio para eliminar incoherencias y reducir la litigiosidad, así como por constituir una mesa específica para abordar la escasez de vigilantes, con la participación del SEPE, los ministerios competentes y el Observatorio Sectorial de Seguridad Privada.
En materia salarial, valoró positivamente el enfoque temporal del Convenio vigente, pero sugirió mejorar la cadencia de los incrementos para evitar que se concentren en los primeros años, planteando una senda homogénea anual o, en su caso, una ligera mayoración al final de la vigencia.
Con respecto a los pluses, abogó por racionalizarlos y, cuando proceda, agruparlos sin merma económica, con el fin de configurar una estructura retributiva "más lógica, clara y eficiente". Y en cuanto a la duración del convenio, apostó por una vigencia de cuatro años, al igual que el marco actual (2023-2026).
FES alerta del absentismo y pide actualizar la subrogación
FES, por su parte, alertó sobre el absentismo –con una ratio cercana al 7,3% frente al 5,4% general– y propuso trabajar en mecanismos de flexibilidad que permitan afrontar bajas y reducciones de jornada sin comprometer la operatividad de los servicios. Asimismo, expuso la necesidad de modernizar el marco normativo, con especial atención a la revisión del artículo 14 sobre subrogación, que en 2024 afectó a más de 18.000 personas, y planteó modificar el artículo 3 para excluir a las empresas instaladoras y CRAs de otros convenios, reforzando la seguridad jurídica.
La federación también puso el foco en el día de asuntos propios, cuya remuneración considera una traba relevante para el margen operativo medio de las empresas, especialmente en un contexto de presión por los precios en los contratos públicos. Asimismo, incidió en proteger la viabilidad de las PYMES, que representan el 84% del sector, y en abordar la escasez de personal, el envejecimiento de la plantilla y las restricciones a las horas extraordinarias.
Finalmente, FES respaldó la iniciativa de ASECOPS de reorganizar la estructura retributiva e igualmente se mostró partidaria de fijar una vigencia de cuatro años para el próximo convenio.
APROSER apuesta por la tecnología, la mejora salarial y un nuevo impulso al transporte de fondos
Seguidamente, retomó la palabra APROSER, que comenzó recordando que en la reunión anterior ya había presentado su plataforma de negociación, centrada en aspectos clave que exceden el ámbito de la mesa, pero sobre los que considera posible alcanzar compromisos conjuntos. Entre ellos, citó la necesidad de revisar la indexación de precios en los contratos públicos, la doctrina judicial Somoza sobre la subrogación y la "excesiva carga fiscal" aplicada a determinados tramos de las tablas salariales.
La patronal destacó como prioridades la revisión del coste de la incapacidad temporal (IT), la jornada garantizada en el transporte de fondos y la adaptación del sector a los avances tecnológicos.
Sobre el transporte de efectivo evocó la "brutal crisis" que arrastra desde la pandemia, pese a los avances logrados en la negociación anterior, y remarcó la necesidad de "dar un soplo de esperanza" a los trabajadores de esa actividad mediante una regulación más flexible. Para contextualizar el problema, APROSER aportó estudios del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España sobre los hábitos en el uso del efectivo, advirtiendo que el dinero físico cada vez se encuentra más en las pymes y familias, en lugar de en los bancos y entidades de créditos como antaño.
Al igual que ASECOPS y FES, APROSER secundó que el próximo Convenio tenga una duración de cuatro años. En cuanto a la propuesta económica, planteó unos incrementos salariales del 3% anual, que supondrían un acumulado del 12,55% frente a una inflación prevista del 8% y permitirían una ganancia de poder adquisitivo de más de 10 puntos.
"Si tenemos en cuenta el porcentaje de incrementos acumulados del convenio actual y el del propuesto, situaríamos un incremento del 31,63%, es decir, que solo en estos dos últimos convenios habríamos incrementado casi un tercio los salarios", argumentó APROSER, según consta en el acta.
Hacia un nuevo marco para la seguridad privada
En conjunto, las tres patronales coincidieron en la necesidad de un convenio de cuatro años, flexible y adaptado a los desafíos del sector.

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