La propuesta incluye una subida salarial del 12% en cuatro años y avances en conciliación y otros ámbitos, aunque los sindicatos la consideran insuficiente.
La quinta reunión de la mesa negociadora del convenio estatal de seguridad privada, celebrada el pasado viernes 31 de octubre por vía telemática, marcó un punto de inflexión en la estrategia de las organizaciones empresariales –APROSER, ASECOPS y FES–. Tal como adelantaron en el encuentro anterior, presentaron una propuesta conjunta que conforma su respuesta a las plataformas sindicales, cuyas reclamaciones consideran "inasumibles" para las empresas del sector, especialmente para las pymes.
En su propuesta conjunta, las patronales introducen varias mejoras y reconocen coincidencias en determinados temas a negociar, con el objetivo de acercar posturas y desbloquear la negociación. Sin embargo, los sindicatos sostienen que los avances son todavía insuficientes y no responden a las principales demandas del colectivo.
En este artículo abordamos la batería de medidas que plantea la plataforma unificada de las organizaciones empresariales, según consta en el acta de la reunión, a la que Escudo Digital ha vuelto a tener acceso.
Asuntos pendientes y voluntad negociadora
Al igual que en las reuniones anteriores, APROSER fue la encargada de abrir la sesión. Su portavoz comenzó subrayando que las patronales continuarán trabajando en "fórmulas alternativas" para avanzar en dos propuestas planteadas por su organización que han sido rechazadas de plano por el bloque sindical, destinadas a contener los costes por incapacidad temporal (IT) y a flexibilizar la jornada en el transporte de fondos. Según aseguró, su objetivo es encontrar un "equilibrio entre el mantenimiento de derechos y la sostenibilidad empresarial", y anunció que en el próximo encuentro de la mesa negociadora, convocado para este viernes –7 de noviembre–, trasladará nuevas medidas en estos ámbitos.
A continuación, confirmó que las tres patronales han logrado unificar posiciones en torno a una propuesta conjunta, que sirve como respuesta a las plataformas sindicales, aunque admitió que hay dos materias que todavía están analizando: las libranzas en fines de semana y los descansos preferentes en Navidad. A pesar de la falta de acuerdo en estos dos puntos, el representante de APROSER puso en valor el consenso alcanzado entre las organizaciones empresariales, destacando que la propuesta conjunta refleja su "disposición a negociar" y a avanzar en cuestiones que contribuyan a mejorar la conciliación, reducir la conflictividad judicial, modernizar el convenio "y, en cualquier caso, asegurar el poder adquisitivo".
Tras esta introducción, el representante de APROSER procedió a presentar la plataforma empresarial elaborada en coordinación con ASECOPS y FES.
Una vigencia de cuatro años y un incremento salarial del 12%
El bloque patronal apuesta porque el nuevo convenio tenga una vigencia de cuatro años (2027-2030), al igual que el actual y como ya había manifestado en las anteriores reuniones de la mesa negociadora.
En materia salarial, propone un incremento global del 12% para todo el convenio, porcentaje que incluiría cualquier mejora económica relativa a pluses de transporte, vestuario, nocturnidad, festivo y fines de semana. Además, defienden mantener una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC real, acompañada de otra cláusula adicional que salvaguarde la adaptación operativa y económica de las empresas ante una eventual reducción de jornada. "Ambas cláusulas deberían coordinarse para evitar desproporciones en los compromisos asumidos por las partes", se indica en el acta.
Conciliación, lenguaje inclusivo y revisión de categorías
Entre las medidas orientadas a mejorar la organización del trabajo y la conciliación, la plataforma empresarial plantea la entrega de los cuadrantes con mayor antelación y el aumento del porcentaje de cuadrantes anuales en los servicios fijos y estables, siempre que se implante una regulación sobre desconexión digital adaptada a la naturaleza esencial de la actividad y a las obligaciones de cobertura establecidas en la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada.
Las patronales también expresan su plena conformidad con la incorporación de un lenguaje inclusivo en el texto del próximo convenio, para lo que han elaborado un documento que ya han entregado a la mesa negociadora para su revisión. En paralelo, proponen la creación de una comisión paritaria especializada que se encargue de actualizar las categorías y funciones profesionales, en consonancia con los cambios tecnológicos y organizativos del sector. Este grupo de trabajo tendría que realizar un informe conjunto antes de la finalización de la negociación, sin alterar el marco funcional vigente ni generar costes adicionales hasta que se alcance un acuerdo económico global.
Por otra parte, coinciden en la necesidad de revisar el concepto de macroconcentración urbana ante las "interpretaciones dispares existentes", que desvirtúan su finalidad original: evitar que los movimientos ordinarios dentro de un mismo núcleo urbano se consideren desplazamientos. En esta línea, se muestran dispuestas a trabajar en un nuevo texto técnico que "aporte claridad, seguridad jurídica y uniformidad de aplicación en todo el territorio", sin modificar el régimen económico.
Permisos retribuidos, subrogación y jubilación anticipada
La plataforma de APROSER, ASECOPS y FES también contempla ordenar y armonizar el contenido del convenio relativo a los permisos retribuidos, manteniendo inalterados los alcances temporales, las causas y el régimen económico, pero abriendo la puerta a mejorar de redacción, claridad y justificación documental, "sin que ello implique incremento de costes ni modificación de la jornada efectiva".
En cuanto al tratamiento de periodos vacacionales en procesos de subrogación, las organizaciones empresariales plantean adoptar un modelo inspirado en el del Convenio de Servicios Auxiliares que "garantice una correcta traslación de derechos y cotizaciones".
Finalmente, las patronales abordan la cuestión de la jubilación parcial mediante coeficientes reductores. Aunque admiten la dificultad de que el sector pueda acogerse a este régimen –reservado a colectivos con condiciones de penosidad o riesgo especialmente elevado–, manifiestan su disposición a reforzar la petición conjunta ante la Administración. Para ello, sugieren encargar un informe técnico externo e independiente que analice los posibles efectos económicos, organizativos y de empleo de su aplicación. "Dicho estudio deberá realizar un análisis riguroso de los compromisos empresariales derivados con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema, con carácter previo a la materialización de la actuación conjunta", recoge el acta de la reunión.
El portavoz de APROSER cerró su intervención cediendo la palabra a los representantes de ASECOPS y FES, quienes respaldaron plenamente la plataforma conjunta y reforzaron el mensaje de unidad empresarial.
Unidad empresarial
Desde ASECOPS se recordó que, tal como se había anticipado en la reunión anterior, las propuestas sindicales implican un impacto económico que requería una valoración conjunta por parte de las patronales. "En esa línea se ha trabajado y se sigue trabajando para una evaluación equitativa" de los planteamientos de ambas partes, apuntó su representante.
FES, por su parte, destacó el trabajo desarrollado por las tres organizaciones empresariales para alcanzar acuerdos en el mayor número de puntos posibles.
"El nivel de diálogo, la disposición al acuerdo y la voluntad de adoptar una posición común son, sin duda, una muestra de responsabilidad colectiva ante un proceso tan relevante como la negociación del convenio", afirmó el portavoz de FES, quien añadió que las patronales mantendrán sus esfuerzos para llegar a un consenso en las materias aún pendientes, en referencia a los descansos en fines de semana y Navidad, de cara a la próxima reunión del 7 de noviembre.
Antes de esa nueva cita, publicaremos una nueva entrega en la que abordaremos las reacciones de los sindicatos, que reprochan a las patronales haber centrado su propuesta en aspectos técnicos sin impacto económico, eludiendo compromisos reales en materia salarial, jornada laboral, pluses y derechos consolidados que, a su juicio, son imprescindibles para dignificar el empleo en el sector.
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