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30 julio

Un grupo de inmigrantes ilegales agrede brutalmente a varios vigilantes de seguridad en el campamento de Las Raíces: dos han sido trasladados al hospital

Dos vigilantes de seguridad del macro campamento de Las Raíces han sido trasladados al hospital tras sufrir una violenta agresión presuntamente perpetrada por un grupo de inmigrantes en situación irregular alojados en el centro. 


Los hechos ocurrieron en las últimas horas en las instalaciones situadas en el municipio de La Laguna, en Tenerife, y han generado una fuerte conmoción entre el personal del recinto y los propios cuerpos de seguridad.

Según ha avanzado el usuario @CanarioToday, uno de los vigilantes fue brutalmente golpeado en el suelo mientras se encontraba inmovilizado, recibiendo varias patadas en la cabeza. El segundo agredido sufrió una fractura en la tibia como consecuencia de los golpes, lo que obligó a su inmediato traslado en ambulancia. Ambos presentaban lesiones de consideración.

El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en los centros de acogida temporal para migrantes, especialmente en aquellos con alta ocupación como el de Las Raíces, que desde su apertura ha sido objeto de denuncias por parte de sindicatos de seguridad y organizaciones vecinales debido a episodios de violencia, saturación y falta de medios.

Desde que metieron el boxeo como actividad gratuita, ya son varios los inmigrantes con narices rotas y agresiones a vigilantes. Hace dos días agredieron a una trabajadora de la ONG Accem y fue expulsado el agresor.

Por el momento, se desconoce si se han producido detenciones relacionadas con la agresión, aunque fuentes cercanas a la investigación aseguran que ya se han identificado a varios implicados. No se descarta que en las próximas horas se proceda a su arresto y puesta a disposición judicial.

Desde distintos sectores se reclama una actuación firme por parte del Ministerio del Interior y una revisión urgente del modelo de gestión de estos centros, que en múltiples ocasiones han evidenciado deficiencias tanto en recursos humanos como en medidas de seguridad.


03 diciembre

Interior activa el nuevo registro de hospedaje y alquiler de vehículos

El Ministerio del Interior ha activado el nuevo registro documental sobre las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, concebido como un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.


Las empresas hoteleras y de alquiler de coches, así como las plataformas intermediarias en ambos sectores y las agencias de viaje, deben comunicar al registro los datos de los clientes con los que mantienen relaciones comerciales.

Este registro está recogido en el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre de 2021, que está en vigor desde abril de 2022. Desde entonces, el Ministerio ha mantenido un diálogo constante con los sectores afectados y aplicado distintas moratorias a su puesta en funcionamiento para facilitar su adaptación al nuevo mecanismo de recogida de datos.

El registro de pernoctaciones hoteleras existe desde 1959, y había quedado obsoleto con el paso del tiempo al no recoger nuevas modalidades de negocio como las viviendas turísticas de corta duración o los portales y centrales de reserva de habitaciones a través de medios digitales en internet.

El nuevo registro permite ahora recabar los datos de los usuarios de hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos; apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, así como operadores que presten servicios de intermediación entre la hospedería y los consumidores y plataformas digitales de reservas.

Estas empresas solo deberán volcar en el nuevo registro aquellos datos que recaben para su propia gestión comercial, datos que en su mayoría son los mismos que ya comunicaban al anterior registro activo desde 1959. Respecto a la identidad de los clientes, la principal novedad consiste en hacer constar la relación de parentesco cuando algún grupo incluya a menores de edad, mientras que sobre las operaciones comerciales deberán precisar el medio de pago e identificar la transacción si se abona mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o plataforma digital de pago, sistemas inexistentes hace 65 años.

Respecto al registro del alquiler de vehículos a motor, existe desde 1974 y su normativa también ha quedado desfasada medio siglo después. Como en el caso anterior, el nuevo sistema obliga también, junto a las empresas dedicadas expresamente al alquiler de vehículos, a los operadores y las plataformas digitales dedicadas a la intermediación en estas actividades a través de internet.

Un sistema más ágil

El nuevo registro está alojado en la aplicación ses.hospedajes, gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, responsable de la custodia y protección de los datos que en ella sean alojados.

23 octubre

Interior crea un modelo único de libro registro de munición para la seguridad privada

La Secretaría de Estado de Seguridad ha creado un modelo de «Libro de entrada y salida de munición para ejercicios de tiro» para la seguridad privada. 


El órgano dependiente del Ministerio del Interior unifica así este documento obligatorio para las empresas que prestan servicios con armas de vigilancia o protección de personas.

Hasta la fecha no existía un modelo único de este libro, por lo que eran los propios interventores de Armas y Explosivos de la Guardia Civil los encargados de establecer un formato. Precisamente la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad se ha resuelto a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil, mediante la modificación de la Resolución de 16 de noviembre de 1998 por la que se aprueban los modelos oficiales de los libros-registro que establece en el Reglamento de Seguridad Privada.

Cambios en los libros registro de seguridad privada

La modificación principal de la citada resolución consiste en añadir un anexo 5 bis titulado «Libro registro de entrada y salida de munición destinada a ejercicios de tiro», que establece un modelo común para anotar las entradas y salidas de la munición.

También modifica el punto 2 del apartado 3 para indicar la obligación de imprimir diariamente el contenido de los asientos o anotaciones realizados, salvo que correspondan a los libros de depósitos y alarmas, en cuyo caso se imprimirán en el momento en que se haga la anotación.

Finalmente, añade un punto 4 al apartado 3 por el que deberán anotarse los asientos en el «Libro registro de entrada y salida de armas» y en el «Libro de entrada y salida de munición de ejercicios de tiro» en el momento de la entrega, depósito o recogida de cada arma o lote de munición. El sistema deberá generar un registro por cada asiento realizado que garantice la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de estos; especialmente a la hora de identificar a las personas que intervienen.

Informatizar los libros registro de seguridad privada

La Secretaría de Estado de Seguridad justifica además la decisión por la necesidad de «integrar el control de la entrada y salida de las armas de fuego y su munición, tanto de dotación como destinada a ejercicios de tiro, por medios de gestión informatizada». Algo que, apunta la resolución, venía demandando el propio sector de la seguridad privada desde hacía tiempo.


07 octubre

Faltan vigilantes de seguridad y la FTSP-USO culpa al Ministerio del Interior por "demorar las incorporaciones"

¿Dónde están todos esos vigilantes de seguridad que faltan? 


A lo largo y ancho del territorio nacional escasean profesionales de la seguridad privada y desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) responsabilizan de esta situación al Ministerio del Interior y al incumplimiento de unos plazos que, parece, se están demorando más de la cuenta a la hora de expedir para todos aquellos que han superado las pruebas de acceso la tan necesaria Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) para que puedan operar los profesionales.

"COLAS INTERMINABLES" Y "EMBOTELLAMIENTO"

El sindicato censura la "inacción" del Ministerio por no haber "dotado a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía de los medios necesarios para acelerar la entrega de estas habilitaciones". 

Y es que, hoy por hoy, solo existe un servicio centralizado en Madrid, con una única máquina para expedir los carnets. Esto se traduce en "colas interminables" y en hasta un año de espera para recibir la TIP, por lo que el número de huecos en el sector es cada vez mayor.

En este escenario, desde la FTSP-USO señalan que existe un "embotellamiento en el sistema de expedición de las tarjetas", lo que provoca que haya "servicios críticos y esenciales" que hoy están sin la cobertura recomendada. 

Solo en Cataluña cifran el déficit en unos 5.000 vigilantes, lo que evidencia el "impacto negativo" que tiene sobre el sector, que resulta "una actividad fundamental", y sobre los afectados. 
 
"El sindicato exige al Ministerio del Interior que implemente más unidades de expedición y adapte sus procesos a las necesidades de un sector que ya supera los 86.000 profesionales en activo. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos", zanja el sindicato.


01 julio

Interior exhime a Prosegur de la presencia permanente en la custodia de efectivo

El Ministerio de Interior ha concedido a Prosegur dispensar "de la presencia permanente de sus vigilantes".


El Ministerio de Interior ha concedido a Prosegur "dispensar de la presencia de los vigilantes de seguridad armados en las bases de depósitos de efectivo". Así lo comunicó el propio Ministerio del Interior el pasado 1 de abril de 2024. La empresa Prosegur Servicios de Efectivo España SL cursó a este órgano de manera oficial la dispensa de presencia permanente en el centro de control por parte de un vigilante de seguridad armado, es decir, en los arcos temporales en los que se cesa la actividad respecto a la gestión de efectivo en las bases de depósito. Y cuando la cámara acorazada se encuentre cerrada y bloqueada.

Esta medida ya concedida por wl Ministerio de Interior supondrá la pérdida de casi un centenar de puestos de trabajo en toda España, dado que la misma afecta a las delegaciones de: Albacete, Alicante, Huercal de Almería (Almería), Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Puerto del Rosario-Fuerteventura (Las Palmas), Gerona, Ogijares (Granada), Huelva, Ibiza (Islas Baleares).

También en Jaén, A Coruña, Breña Alta-La Palma (Santa Cruz de Tenerife), Arrecife-Lanzarote (Las Palmas), Las Palmas de Gran Canaria, León, Lérida, Logroño, Madrid, Málaga, Melilla, Menorca (Islas Baleares), Pola de Siero (Asturias), Palma de Mallorca (Islas Baleares), Barañain (Navarra), Santa Marta de Tormes (Salamanca), San Sebastián, Santander, Sevilla, Soria, Reus (Tarragona), San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Toledo, Quart de Poblet (Valencia), Valladolid, San Pedro de Sardoma-Vigo (Pontevedra) y Zaragoza.

Interior concede a Prosegur la dispensa de medida de seguridad personal

Hay que señalar que la citada medida se concede por parte del director general de la Policía en base a que las instalaciones de depósito disponen de un sistema de alarma con un gran dimensionado de elementos de detección, particiones y zonificación, el concurso de elementos de automatismos destinados a la gestión de aperturas de accesos, elementos de respuesta (dispositivo de ofuscación de niebla, bloqueos de acceso, sistemas acústicos, iluminación de seguridad…) y otros que realicen la automatización integral supervisada de cada inmueble, proporcionando en su conjunto un alto grado de protección.

Para Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, "esta medida solicitada por parte de Prosegur CASH, sin contar con la representación legal de los Trabajadores y ante el silencio cómplice de los sindicatos afines, UGT, CCOO y USO es una salvajada, que va a dejar a muchos padres de familia en el paro, sin que los comités de empresa hayan podido participar de una negociación que hubiera paliado los efectos que generará esta situación. Así mismo, también generará modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo”. 

Y sentencia: “Es una vergüenza que esta resolución se haya tenido debajo de la mesa por parte de la empresa durante más de un mes, a fin de que se pasen los plazos para su impugnación, teniendo en cuenta que la resolución data del día 4 de abril de 2024 y la Administración concedía un mes para el susceptible recurso”. 

31 mayo

La multa por el jefe de Seguridad del Real Alcázar de Sevilla termina en el juzgado

El Ayuntamiento eleva al tribunal de lo contencioso administrativo la sanción de Interior al Patronato del Palacio por el nombramiento Gabriel Nevado


El Ayuntamiento de Sevilla va a recurrir ante el juzgado de lo contencioso administrativo la sanción de 20.001 euros impuesta por el Ministerio del Interior al Real Alcázar por haber nombrado, sin tener la cualificación necesaria para serlo, comodirector de seguridad a Gabriel Nevado.

En el Ayuntamiento consideran que el Ministerio del Interior ha actuado con parcialidad en este caso, ya que para optar a ese cargo del Real Alcázar la normativa establece que hay que ser personal adscrito al Consistorio y tener la habilitación de director de seguridad. El anterior director de seguridad, Julián López León, señalan fuentes municipales, sí disponía de esa habilitación de director de seguridad, pero no era personal adscrito al Ayuntamiento.

En el caso de Nevado, cuando fue designado en octubre de 2023 para el cargo en el Real Alcázar, sucedía lo contrario: estaba adscrito al Ayuntamiento de Sevilla como superintendente de la Policía Local, pero no disponía de la habilitación de director de seguridad. Esto motivó la apertura del procedimiento por parte de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla a partir de la denuncia de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Durante la tramitación de este expediente sancionador, Nevado obtuvo el 19 de marzo la habilitación como director de seguridad. Sin embargo, en mayo se hacía pública la sanción de 20.001 euros del Ministerio del Interior al Real Alcázar por carecer aquel de esa titulación.

Desde el Ayuntamiento lamentan que el Ministerio no haya tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que ha realizado en favor del nombramiento del actual director de seguridad, que, añaden fuentes municipales, está en el cargo de manera temporal, hasta que el gobierno municipal decida una nueva modalidad de designación. En el equipo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, consideran que sacar a licitación entre empresas de seguridad privada este puesto de tanta responsabilidad no es la fórmula ideal para su nombramiento.

La Policía Nacional alertó sobre la falta de cualificación de Nevado seis meses después del último proceso de licitación para el cargo

En ese sentido, desde el gobierno local insisten en que el proceso que han llevado a cabo con Gabriel Nevado desde su designación hasta lograr la cualificación requerida para el puesto era necesario para ajustar el puesto a la legalidad, esto es, primero nombrar a una persona adscrita al Ayuntamiento y después obtener la titulación.

En ese sentido, recuerdan que en la última etapa de Antonio Muñoz como alcalde, al suspenderse el proceso de licitación en mayo de 2023, se procedió a una atribución temporal de funciones, similar a la de Nevado, al que era entonces superindentente José Medina Arteaga, y entonces no se cuestionó el nombramiento, como ha sucedido ahora, señalan desde el Ayuntamiento de Sevilla.

La Policía Nacional alertó a la Subdelegación para que abriera el expediente sancionador en el caso de Nevado al constatar que, pese a ser un cargo temporal similar al de Medina Arteaga, el Ayuntamiento no articulaba ningún proceso de designación, seis meses después de no promover ningún proceso de licitación para el cargo. La sanción de 20.001 euros del Ministerio es la más baja para una sanción muy grave.


03 mayo

El Ministerio del Interior sanciona al Real Alcázar con 20.001 euros por la falta de titulación del director de seguridad

El Secretario de Estado de Seguridad resuelve que se trata de una infracción muy grave al utilizar “personas carentes de la acreditación necesaria para el servicio”


Infracción confirmada. Examinada la documentación que compone el expediente sancionador, la Secretaria de Estado de Seguridad acredita que el Patronato del Real Alcázar nombró al Superintendente de la Policía Local, Gabriel Nevado Calvo, para ejercer de director de seguridad de uno de los monumentos más visitados de España careciendo en ese momento de la correspondiente habilitación para asumir ese cargo. El documento concluye que “no puede alegar esta institución desconocimiento de la ley de seguridad privada, ya que tanto el Patronato como la administración pública, y el señor Nevado Calvo con el título de director de seguridad desde año 2014, conocen la ley de seguridad privada”.

En consecuencia, el Real Alcázar es responsable de una infracción administrativa tipificada como muy grave consistente en “la contratación o utilización a sabiendas de personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias para la prestación de servicios de seguridad o la utilización de personal docente no acreditado en actividades de formación”. La sanción impuesta es de 20.001 euros.

De la documentación aportada por el Real Alcázar, la Secretaria de Estado de Seguridad deduce que el monumento tiene encomendadas las tareas de director de seguridad a Gabriel Nevado Calvo, quien no disponía en la fecha de la denuncia policial de la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior para ejercer tales funciones. “Consultado el registro nacional de personal de Seguridad Privada se comprueba que Gabriel Nevado Calvo ha obtenido la habilitación de director de seguridad con posterioridad a la apertura de este expediente sancionador en fecha a 19 de marzo de 2024”. Según ha podico conocer este periódico, su incorporación será inmediata, incluso esta misma semana.

El procedimiento se inició a principios de febrero con un expediente sancionador de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en el que solicitó al Real Alcázar que aclare los motivos por el que tiene al frente de la seguridad del monumento a un responsable provisional sin la titulación requerida. El proceso de licitación para nombrar a esta importante figura que debe velar por los propios trabajadores y visitantes se desarrolló de manera normal hasta el momento en el que hubo que abrir las distintas ofertas, quedando los sobres cerrados y a la espera de comprobarse la documentación.

El Superintendente lleva desde el verano pasado al frente de la Policía Local, que ya dirigió (en una bicefalia junto con Juan José García) durante la etapa de Juan Ignacio Zoido como alcalde. Desde el Ayuntamiento aseguran que también se trabaja de manera importante en mejorar la seguridad de un recinto que es visitado al día por miles de personas. Para ello se va a aumentar el número de vigilantes de seguridad.

El expediente sancionador se abrió unas semanas después de que el Ministerio de Interior ordenase medidas complementarias dentro del nivel 4 sobre 5 de la alerta antiterrorista. Este proceso sancionador que ha sido tramitado por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla lo inicia la unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Le corresponde, en su condición de Autoridad Nacional de Control, el control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, la vigilancia e investigación de su personal, medios y actuaciones, así como aquellas funciones que le estén atribuidas en la normativa específica sobre esta materia, ejerciendo la coordinación y dirección técnica de las respectivas unidades territoriales. Entre sus funciones se encuentra la propuesta de resolución de expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves incoados en todo el territorio nacional.


22 marzo

Interior refuerza desde hoy viernes las medidas de seguridad ante un posible atentado yihadista en España

Despliega un amplio plan, que incluye la prevención de ataques cibernéticos contra instalaciones críticas


Desde el viernes y hasta el 2 de abril, el Ministerio del Interior intensifica las medidas de seguridad ante la posibilidad, entre otros peligros, de ataques yihadistas, según el comunicado enviado a las unidades, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. “La inminente festividad de Semana Santa -un periodo de especial significado para los ciudadanos, y que comporta, además, una importante y numerosa participación y presencia de éstos relacionados con dicha festividad, así como desplazamientos por todo el territorio nacional- unido a la persistencia de altos niveles de riesgo de actuaciones terroristas, tal como se ha puesto de manifiesto en la sesión de la Mesa de Evaluación de la Amenaza celebrada hoy, 20 de marzo, hacen preciso no solo mantener las medidas de prevención, protección y respuesta previstas en el vigente Nivel 4 de Activación del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, sino incluso proceder a un reforzamiento de especial intensidad de las mismas”, señala el comunicado.

“La intensificación de dicho reforzamiento en toda España estará dirigida a un robustecimiento de los dispositivos de seguridad y de las capacidades de inteligencia, de control y seguimiento antiterrorista por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por el resto de los Cuerpos policiales y demás instituciones, organismos y operadores, públicos o privados, en materia de seguridad, en el marco de sus respectivas competencias y responsabilidades funcionales y territoriales. Las medidas de reforzamiento habrán de estar orientadas a cumplir los objetivos marcados en el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista para su actual Nivel 4 de Activación, reforzando las medidas operativas y de inteligencia en consonancia con los riesgos derivados de las particulares y especiales circunstancias que comportan la celebración y los movimientos de población y de concentración de ciudadanos para el disfrute de la Semana Santa”, agrega.

“Las medidas de especial intensidad durante este específico periodo estarán dirigidas a la vigilancia y protección de los lugares, espacios y medios de transporte, acontecimientos religiosos, de ocio o lúdicos en general, con alta concentración de personas, así como la vigilancia y protección de los objetivos estratégicos que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana", subraya.

Las medidas de especial intensificación operativa antiterrorista se aplicarán en todo el territorio nacional, y comprenden los siguientes objetivos:

1. Reforzamiento de los dispositivos operativos y las medidas preventivas y de vigilancia y de respuesta antiterrorista, así como los controles aleatorios de vehículos y personas, en todos aquellos lugares en los que pueda tener lugar una alta presencia o tránsito de personas, tales como:

 - a. Las zonas, plazas, paseos y grandes vías comerciales, dada la importante afluencia de ciudadanos que en estas fechas pueden producirse en las mismas.

 - b. Los acontecimientos religiosos, de ocio, deportivos o cualesquiera otros con gran afluencia de personas.

 - c. Los edificios, centros o instalaciones emblemáticas con gran presencia de visitantes, o que puedan ser identificados como de especial interés por los elementos terroristas para sus acciones.

 - d. Y, en general, todos aquellos lugares o edificios en los que se prevea la existencia de especiales concentraciones de ciudadanos y que, por ello, puedan ser considerados como potenciales objetivos de sus acciones por los citados elementos terroristas.

Marlaska fija como prioridad reconocer como autoridad a funcionarios de prisiones y mejorar jubilación de policías

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha fijado este lunes entre sus prioridades para la presente legislatura "integrar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) en el centro de coordinación 112 de Cataluña y también en el de Navarra, así como que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de autoridad.


Así lo ha anunciado Grande-Marlaska en su comparecencia en el Senado sobre las líneas generales del Ministerio, respondiendo a demandas que han venido realizando tanto sindicatos policiales como los de prisiones. Estos últimos mantienen sus protestas con cortes en acceso a cárceles catalanas --comunidad con estas competencias transferidas-- tras el asesinato de una trabajadora en la cocina de una prisión de Tarragona.

Grande-Marlaska ha abogado por continuar su "política de seguridad eficaz" y hacerlo "sin caer en la autocomplacencia" y con "total voluntad de consenso", además de teniendo en cuenta la "importante fragmentación política reflejo de la pluralidad y la diversidad territorial".

En este punto, ha mencionado que su previsión es "integrar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Centro de Coordinación 112 de Cataluña. También ha mencionado el caso de Navarra, donde el objetivo es conseguir integrar las "capacidades de todos los cuerpos policiales en el Centro de Coordinación 112 de la Comunidad Foral".

La integración en los servicios de emergencias es una antigua reclamación de sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil, que denuncian que son relegados en las alertas que se gestionan en Cataluña y otras regiones que cuentan con policías autonómicas.

En materia penitenciaria, aparte de reiterar que con los presos de ETA lo que hacen es aplicar la ley tras el fin de ETA, ha señalado que la plantilla de trabajadores es la mayor en diez años con 25.000 efectivos.

Además, ha citado el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales de Instituciones Penitenciarias sobre mejoras laborales, a falta de "constituirles como agentes de autoridad" para que "no sufran ningún perjuicio en el ejercicio de sus funciones", lo que quiere abordar a lo largo de la presente legislatura.

LEY MORDAZA Y RÉCORD DE AGENTES

El ministro, como ya hizo en su comparecencia en el Congreso, también ha reiterado que su voluntad es reforzar la lucha contra los ciberdelitos y atender a cuestiones pendientes como la reforma de la ley de seguridad ciudadana --la conocida como 'ley mordaza'--, tras el fracaso en la anterior legislatura por los vetos cruzados de sus socios ERC y EH Bildu.

20 marzo

Marlaska retira a la Guardia Civil la seguridad de los aeropuertos: sólo se ocupará de las maletas

 Los guardias civiles de Barajas ya han recibido la orden para ceder sus competencias en seguridad


El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, comienza un plan de retirada de la Guardia Civil de puertos y aeropuertos. Las actuales competencias de seguridad ciudadana de la Benemérita pasarán a la Policía Nacional. La primera infraestructura en la que se va a implantar es el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde los mandos ya han sido avisados del traspaso. En el caso de Cataluña y País Vasco, el plan pasa por entregar las competencias de la Guardia Civil a los gobiernos de sendas comunidades autónomas. Es un paso más en el plan del Ministerio del Interior para desmantelar el Instituto Armado.

Fuentes internas de la Guardia Civil confirman a OKDIARIO que ya ha tenido lugar en la Dirección General una reunión para proceder a la cesión de competencias a otros operadores de seguridad en los puertos y aeropuertos españoles. La orden se hará mediante una instrucción de la Secretaría de Estado y Seguridad. En concreto, Interior ha acordado la ejecución total de la retirada de la Guardia Civil de aeropuertos y puertos de toda España, comenzando por Barajas, donde ya se ha informado de que, en menos de 15 días, los guardias civiles tendrán que dejar parte de las funciones que tenían encomendadas.

En concreto, se usurparán a la Benemérita las funciones de seguridad, se desmantelará la oficina de denuncias, los guardias civiles no estarán presentes en las zonas comerciales, ni tampoco prestarán servicio en pista. Tampoco se ocuparán de los pasajeros conflictivos ni de los accidentes, pese a que los pilotos reclaman su presencia a la torre de control en caso de emergencia. Fuentes consultadas aseguran que ya se han dado instrucciones para desalojar las oficinas que la Guardia Civil tiene en la segunda planta de la terminal.

De esta forma, la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto de Madrid se limitaría al filtro de entrada y salida de pasajeros y a vigilar los equipajes. Esta última función adquiere especial transcendencia por la llegada de valijas diplomáticas procedentes de Venezuela destapadas tras el escándalo del Delcygate y que salpica a los actuales cabecillas de la trama Koldo.

Cataluña y País Vasco

La cesión de competencias se acentúa en comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco. La gestión integral de la seguridad de las infraestructuras aeroportuarias y portuarias de estas regiones pasa a ser cedida a las comunidades autónomas.

En el caso de Cataluña, está previsto que ocupen las funciones de Guardia Civil los Mossos d’Esquadra. Es importante recalcar que estos agentes de la policía autonómica catalana llegan a doblar el sueldo base de un guardia civil. Por su parte, Interior también quiere retirar a la Guardia Civil de los aeropuertos y los puertos del País Vasco para otorgarle sus competencias a la Ertzaintza. Los agentes afean que este movimiento pueda suponer una estrategia política de cara a las elecciones vascas q​​ue se celebrarán el próximo 21 de abril o los comicios catalanes que tendrán lugar el 12 de mayo de 2024.

20 julio

Interior implica a los vigilantes de seguridad en la lucha contra la discriminación

La Conselleria de Interior ha elaborado un protocolo dirigido a la seguridad privada para prevenir y detectar situaciones de odio y discriminación, tanto actos racistas como ataques a a la orientación sexual de las personas. 


El objetivo es que los vigilantes -16.000 en toda Catalunya y a los que se les dará formación específica- tengan los elementos suficientes para poder reaccionar ante este tipo de actuaciones y, de esta manera, faciliten su tipificación y el enjuiciamiento de estos casos. Este mecanismo en forma de manual lo ha puesto la Generalitat a disposición de los ciudadanos y, sobre todo, de las empresas de seguridad privada.

¿Qué son delitos de odio según el Código Penal?

Además de dar directrices para indentificar al agresor, lo que se pretende es "poder acompañar a la víctima" y ofrecer una "mejor atención a esa persona que está en situación de riesgo y nerviosa", pues "se ha de sentir protegida" y "minimizar el riesgo", según la directora general de la Administración de Seguretat, Sonia Andolz, que con el 'conseller' Joan Ignasi Elena han presentando este protocolo.

"El personal de seguridad privada se encuentra en primera línea y siempre actúa en el lugar donde hay mucha gente", ha precisado Andolz. "Es un protocolo práctico", añadió. "En ocasiones primero es difícil identificar quién es el agresor y la víctima", ha recalcado. Para aclarar estos hechos es de suma importancia los datos que el personal de seguridad recogen en sus partes o actas sobre el incidente. La Generalitat formará a los docentes de las academias que impatirán las clases a los vigilantes.

El titular de la cartera de Interior, Joan Ignasi Elena, ha subrayado la importancia de la participación de las empresas y el personal de seguridad privada para identificar posibles delitos de odio, ante "una creciente realidad" que necesista "la implicación de todos". En el 2022 se registraron 624, lo que supone un aumento del 26% respecto al año anterior (2022). "Damos pautas para gerstionar estas situaciones", en coordinación con las policías locales y los Mossos. En la elaboración de este protocolo, según el 'conseller', han participado el departamento, el sector de la seguridad privada, los sindicatos y las entidades de derechos humanos.

Manual básico

El documento quiere convertirse en el manual de referencia en Catalunya para la prevención, detección y gestión de situaciones de odio y discriminación en el ámbito de la seguridad privada, según Interior. Una de las finalidades es garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación vigente y que establece que los empleados de las empresas de seguridad privada deben respetar el derecho a la igualdad de trato en las actuaciones que realicen y evitar cualquier forma de abuso y discriminación. Para ello, los vigilantes deben conocer cuáles son los principales ejes discriminatorios, las señales de detección y cómo enfrentarse a la situación. "Contra el odio y la discriminación, no nos quedamos de brazos cruzados. Nos importa", es el lema de la campaña.