UGT denuncia que la Seguridad Social está dando altas exprés por la falta de personal: "Muchas veces el médico en dos minutos le da el alta a la persona"

Pepe Álvarez afirma que los médicos tienen una carga "absolutamente inaceptable"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha denunciado que el colapso del sistema está provocando que los profesionales del servicio de inspecciones médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social concedan altas exprés a los trabajadores que están de baja médica.

Álvarez ha advertido de que "en realidad no hay tribunal médico" y que la inspección médica se basa únicamente en "un señor médico que tiene una carga de trabajo absolutamente inaceptable", lo que conlleva que "muchas veces, con unos papeles que tiene encima de la mesa, en dos minutos le da el alta a la persona en cuestión".

La importancia de este problema, que se ha ido agravando con el paso del tiempo y el aumento de la carga de trabajo para los empleados de la inspección, ha generado que, según Álvarez, se haya convertido en una de las principales causas de reclamación en los servicios jurídicos del sindicato.

Contra el cambio en las notificaciones de la Seguridad Social

El secretario general de UGT ha realizado estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por el sindicato y recogido por Europa Press en el que ha aprovechado para criticar el nuevo sistema de notificaciones de la Seguridad Social, en el que se apuesta por mandar exclusivamente alertas por medios telemáticos en trámites como las bajas médicas o por maternidad.

Álvarez ha calificado este cambio como "absolutamente inaceptable" y ha pedido al Gobierno su retirada inmediata porque, en su opinión, atenta contra las garantías y derechos de los trabajadores y agudiza la brecha digital de la población en trámites con la Administración. Además, ha anticipado que UGT recurrirá esta decisión ante los estamentos correspondientes.

"El Ministerio tenía que citar a la gente como marca la legislación en nuestro país, que no es vía SMS, porque no todo el mundo tiene por qué tener teléfono móvil, ni tiene por qué tener correo electrónico, porque no hay nada que obligue a tener correo electrónico a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas", ha sentenciado Álvarez.

En paralelo, el secretario general de UGT ha criticado al Gobierno por la aprobación de esta medida sin consultas ni avisos previos por parte de la Seguridad Social: "Nosotros nos hemos enterado por pura casualidad, no porque leemos las órdenes ministeriales (...), pero la Seguridad Social no nos ha consultado ni nos ha comentado".

UGT urge a abrir la negociación del VI AENC para garantizar subidas salariales y consolidar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras

Ante el aumento de la inflación, el sindicato reclama además la convocatoria inmediata de una Mesa de Diálogo Social para revisar la subida del SMI de 2026

Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de agosto, publicados hoy, registran, como sucede siempre en este mes, un descenso de las personas afiliadas y un aumento de las personas paradas respecto a julio. Estos resultados reflejan una tendencia estacional propia de este período que le convierten en el segundo peor mes del año para el empleo (tras enero), y responden al cierre de muchas empresas por motivos vacacionales o a la reducción en este mes de la actividad de algunos sectores como la educación. Sin embargo, al descontar estos efectos estacionales, los datos presentan un nuevo aumento mensual de la afiliación, pero mantiene un aumento del paro registrado, lo que quiere decir que la positiva tendencia del empleo en nuestro país se mantiene firme pero que probablemente la regulación de personas extranjeras haya influido en los buenos datos de afiliación y en el peor resultado del paro registrado. El proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras está teniendo, en este sentido, un efecto muy positivo, al incorporar a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras a la economía formal con plenos derechos laborales y de protección social, lo que explica en buena medida el buen dato de afiliación de este mes y, en paralelo, el repunte del paro registrado.

Los datos confirman, además, que agosto de 2026 reproduce, con escasas diferencias, la pauta de los últimos ejercicios: entre 2023 y 2025 este mes registró una caída media de la afiliación cercana a 190.000 personas y una subida del paro en torno a 22.000, con las series anuales mostrando siempre creación neta de empleo y reducción del desempleo.

Como consecuencia del comportamiento estacional mencionado, en esta ocasión el número de personas registradas como paradas en los servicios públicos de empleo ha aumentado en 44.419 personas, situando el total en 2.355.918 personas, aunque sigue siendo la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. En términos desestacionalizados el aumento ha sido menor, de 15.137 personas. Por su parte, comparado con hace un año, el paro registrado se ha reducido en un 2,9%, lo que implica 70.593 personas menos.

En lo que respecta a la afiliación, se constata el mismo comportamiento estacional. Así, el descenso mensual en 162.840 personas se explica por la habitual reducción de la actividad durante el mes de agosto, aunque ha sido amortiguada por la regularización de las personas extranjeras, ya que se trata de la menor caída de la afiliación mensual en un mes de agosto desde 2021. Con ello, el número medio de personas afiliadas en este mes se sitúa en 22.345.226, la mayor cifra en un mes de agosto de toda la serie histórica. Si descontamos los efectos de estacionalidad, las personas afiliadas aumentan en el mes en 83.844 personas, alcanzando un total de 22.371.964 personas ocupadas. En términos anuales, hay 679.023 personas más afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone un ritmo de creación de empleo del 3,1%. Este dato es el que mejor refleja la situación del empleo en España, que continúa creciendo por encima del 2,5% de media en lo que va de año y que supone una evolución sostenida y sostenible, consecuencia de un crecimiento robusto de la actividad económica.

Esta evolución confirma que la economía española sigue generando empleo y reduciendo el paro registrado, aunque se aprecian señales de moderación en el ritmo de creación de empleo respecto a los ejercicios posteriores a la pandemia, en un contexto de mayor incertidumbre económica internacional. A ello se suma la aceleración de la inflación, que en agosto alcanzó el 4,3%, lo que sitúa de nuevo los salarios en el centro del debate económico y social: en ausencia de mecanismos eficaces de actualización salarial, una parte importante de las personas trabajadoras corre el riesgo de volver a perder poder adquisitivo.

Se trata, además, de un empleo de mayor calidad que el creado antes de la reforma laboral de 2021, un punto de inflexión que introdujo un cambio en el tratamiento contractual. Esto ha permitido que, según la información publicada hoy, haya una tasa de temporalidad del empleo afiliado del 13,4%, 15,9 puntos menos que antes de dicha reforma.

¿Es legal trabajar sin aire acondicionado durante una ola de calor?

Cuando el calor supone un riesgo, la empresa debe adoptar medidas preventivas como ventilación, pausas, agua, adaptación de horarios o cualquier otra actuación necesaria para evitar daños a la salud

Lo importante no es si hay aire acondicionado, sino si la empresa está protegiendo la seguridad y la salud de las personas trabajadoras frente a las altas temperaturas.

Fuente: ¿Es legal trabajar sin aire acondicionado durante una ola de calor?

UGT gana una sentencia con la que se reconoce a una trabajadora la jubilación parcial del 80% tras una denegación del INSS

El Juzgado ha recordado en su sentencia que la excedencia por cuidado de familiares goza de una especial protección legal

UGT FICA Castilla y León ha obtenido recientemente una sentencia favorable que reconoce el derecho de una trabajadora de la industria manufacturera a acceder a la jubilación parcial con reducción de jornada del 80%, con efectos desde el 1 de octubre de 2024.

Cabe recordar que la jubilación parcial permite que un trabajador próximo a la edad de jubilación reduzca su jornada laboral y perciba simultáneamente una parte de su pensión de jubilación. De hecho, en determinados sectores industriales y siempre que se formalice un contrato de relevo indefinido y a jornada completa, la reducción de jornada puede alcanzar el 80%, de manera que el trabajador únicamente presta servicios durante el 20% de su jornada habitual mientras percibe la correspondiente pensión por el 80% restante.

Para acogerse a ella, la normativa exige realizar funciones propias de la industria manufacturera que requieran esfuerzo físico o especial atención, que la empresa cumpla determinados porcentajes de contratación indefinida, acreditar los periodos de cotización legalmente exigidos y haber prestado servicios en la empresa durante, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de acceso a la jubilación parcial.

Sin embargo, y pese a que la empresa para la que trabajaba, Gullón, acordó con la trabajadora sin ningún tipo de problema formalizar el contrato relevo, el INSS entendió que la trabajadora no cumplía el requisito de antigüedad pese a que la demandante trabajaba en la empresa desde marzo de 2008, pero durante parte del periodo previo a la solicitud había disfrutado de una excedencia por cuidado de familiar. Esta circunstancia llevó a la Administración a considerar que no se acreditaban los seis años de antigüedad exigidos de forma ininterrumpida.

Así, desde UGT FICA han incidido en que la conciliación y los cuidados tanto de descendientes como de dependientes mayores a nuestro cargo suelen recaer en las mujeres, lo que, a menudo, las penaliza, no solo a la hora de ver recortados sus salarios o pensiones sino en ocasiones como esta.

No obstante, el Juzgado ha recordado en su sentencia que la excedencia por cuidado de familiares goza de una especial protección legal. Durante ese periodo el trabajador mantiene una situación que, a efectos de determinadas prestaciones, debe computarse como tiempo válido para el acceso a la jubilación.

Por eso, la sentencia concluye que el tiempo de excedencia no puede perjudicar a la trabajadora en el cómputo de la antigüedad exigida para acceder a la jubilación parcial. Además, considera irrelevante que durante dicho periodo hubiera realizado breves trabajos a tiempo parcial o figurara de alta como cuidadora no profesional, ya que seguía manteniendo su vinculación con la empresa principal.

Como consecuencia, el Juzgado reconoce que sí cumplía todos los requisitos legales y declara su derecho a la jubilación parcial del 80%, condenando al INSS y a la TGSS a reconocer y abonar la prestación correspondiente desde la fecha de solicitud.

El aumento de las bajas por incapacidad temporal no se deben a los complementos salariales, según UGT

El sindicato de Pepe Álvarez considera que la subida de la incapacidad temporal es consecuencia directa del deterioro del sistema sanitario y alerta de la importancia de la prevención del suicidio en las empresas.

El aumento de las bajas laborales derivadas de una incapacidad temporal es uno de los principales problemas que afectan a las empresas. Sobre esto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha rechazado que los complementos que mejoran la prestación por incapacidad temporal estén detrás de este alza. 

Según el informe Situación de la IT y sus efectos en la salud, presentado este martes, la evolución de la negociación colectiva en los últimos años muestra precisamente lo contrario: cada vez menos convenios garantizan el 100% del salario desde el primer día de baja, lo que, a juicio del sindicato, invalida la tesis de que exista un incentivo económico para ausentarse del trabajo.

La secretaria de salud laboral, Patricia Ruiz, ha señalado que la baja médica trae consigo una merma salarial “significativa”, explicando que con el sistema actual queda establecido que el trabajador no percibe ingresos durante los 3 primeros días, cobrando el 60% de la base reguladora desde el cuarto día y el 75% a partir del día 212.

Teniendo estas cifras en cuenta, se aprecia que esta reducción podría suponer pérdidas de hasta 400 euros en el sector de la industria o de entre 1.500 y 2.000 euros en empleos más precarios en el caso de que la duración de la baja sea de 6 meses o más.

Las bajas no están relacionadas con las cláusulas de mejora

La incidencia de las bajas no está relacionada directamente con las cláusulas de mejora en los convenios. Como ejemplo, el financiero donde no hay complementos y se registran más procesos de IT que en actividades donde sí se garantiza el salario completo desde el primer día. 

Más allá del debate sobre los incentivos, el sindicato sitúa el foco en el deterioro del sistema sanitario. UGT vincula directamente el aumento de la duración de las bajas con el crecimiento de las listas de espera, que han aumentado un 27% entre 2018 y 2024. En ese mismo periodo, el tiempo medio de espera quirúrgica ha crecido en 13 días, hasta los 103,8 días de media nacional, con incrementos especialmente acusados en comunidades como Andalucía, Galicia, Murcia o Madrid.

Álvarez criticó, además, la falta de implicación de varias comunidades autónomas en los acuerdos de colaboración entre mutuas y Seguridad Social para agilizar tratamientos, suscritos únicamente por Andalucía, Cataluña y Baleares. A su juicio, esta ausencia de coordinación evidencia una falta de prioridad política hacia la salud laboral.

UGT denuncia malas prácticas en las mutuas: “Les interesa más el negocio que lo sanitario”

El sindicato se ha manifestado frente a la sede de Asepeyo en Logroño tras una sentencia a favor de un trabajador a quien la mutua y la empresa no le reconocían la contingencia profesional por una enfermedad derivada por su actividad laboral

El sindicato UGT de La Rioja ha salido este jueves a la calle para censurar “la mala praxis” que realizan las mutuas que, a juicio del sindicato, están más enfocadas en “hacer negocio” que en el ámbito sanitario.

Frente a la sede de la Mutua Asepeyo (Avda. de Madrid, 2, de Logroño) el sindicato ha indicado que el pasado año abrió 45 expedientes contra las mutuas por las malas prácticas, por altas indebidas, “y aproximadamente un 70 por ciento fueron favorables para el trabajador”.

El secretario de Salud Laboral de UGT La Rioja, José Antonio Jorge Divar, ha defendido esta cita en Asepeyo ante la última sentencia emitida por el juzgado de lo social de Logroño que ha dictado a favor de un trabajador al reconocerle la contingencia profesional por una enfermedad derivada por su actividad laboral. En contra del criterio, en este caso, de esta mutua y de la empresa en la que trabajaba en Ezcaray.

Jorge Divar ha explicado que este proceso comenzó a principios del año 2023 cuando el trabajador “con unos dolores fuertes en la mano solicitó la asistencia de la mutua que le fue denegada por la empresa”. Ante ello, el empleado no tuvo más remedio que acudir a su médico de Atención Primaria que le dio la incapacidad temporal.

A finales de 2023 fue intervenido quirúrgicamente, según ha explicado, y tras el periodo de rehabilitación, fue dado de alta y solicitó su reincorporación a su puesto de trabajo. “Una incorporación con un informe que instaba a la empresa a adaptar ese puesto” algo a lo que “la empresa de nuevo se negó con el criterio, lógicamente, de la mutua”.

Esto derivó a que el trabajador tuviera que volver a iniciar un nuevo proceso de incapacidad temporal. “Esto es un ejemplo de las malas prácticas que vienen realizando las mutuas”, ha afirmado.

Mutuas que, como ha querido dejar claro el secretario de Salud Laboral de UGT, son asociaciones privadas de empresarios sin ánimo de lucro, que colaboran con la Seguridad Social, es decir, “que manejan dinero público para hacerse cargo de las prestaciones sanitarias y económicas en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

UGT urge al Gobierno a suprimir cuanto antes el registro de jornada a papel y boli

UGT urge al Gobierno a suprimir cuanto antes el registro de jornada a papel y boli

Pepe Álvarez lamenta que el salario mínimo no vaya a tributar IRPF, si bien apoyará la subida que plantea el Ejecutivo

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado al Ministerio de Trabajo a que aplique cuanto antes el nuevo registro de jornada, que suprime, entre otros, el cómputo de la jornada a través del papel y boli. "Es una cuestión absolutamente prioritaria, no vamos a continuar firmando acuerdos si no se cumple", ha afirmado este jueves en una rueda de prensa.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, activó el pasado septiembre, hace ya cuatro meses, el procedimiento para reformar la normativa que rige el registro de jornada, una vez el Congreso tumbó su ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El endurecimiento de las condiciones para controlar el horario de los trabajadores y evitar las horas extras era uno de los elementos que iban dentro de la norma y que, tras su fracaso, no llegaron a entrar en vigor.

Vetada la vía legislativa, Trabajo optó por la reglamentaria, que le permite fintar así al Congreso, pero limita su capacidad de introducir cambios. Díaz activó el proceso para modificar la norma hace cuatro meses y todavía no han entrado en vigor.

Las principales novedades contempladas son la obligatoriedad por parte de las compañías de computar las horas trabajadas a través de medios digitales y habilitar el acceso en remoto por parte de la Inspección para que puedan verificar en cualquier momento y sin necesidad de personarse en la compañía de que no se están produciendo excesos horarios.

Álvarez ha urgido a Trabajo a que aplique cuanto antes estos cambios y que no demore más su entrada en vigor. "Apelo al presidente del Gobierno para que pongamos seriedad y rigor a un tema que es muy importante para los trabajadores y trabajadoras de este país", ha afirmado.

Críticas a la propuesta del SMI

El líder de la UGT también ha criticado la propuesta de Trabajo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) este año. Yolanda Díaz ha planteado un incremento del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales (en 14 pagas), y que el SMI no tribute IRPF. Álvarez ha considerado que la medida es un "parche", ya que el año pasado ya se dejó sin resolver si el salario mínimo tributará o no y se sacó para adelante con una disposición transitoria y este año se cerrará el tema de la misma forma.

"El año pasado se parcheó el aumento del SMI con la fiscalidad" y "este año volveremos a hacer otro parche. Firmaremos, pero es otro parche", ha afirmado. Los sindicatos son partidarios de incrementar en mayor medida el salario mínimo, pero hacerlo tributar y que parte de ese incremento se lo lleve Hacienda.

La medida que se aplicará si no entra en vigor la reducción de jornada

El éxito de la propuesta de reducción de jornada depende, en gran medida, de los votos de Junts, una convocatoria que sorprendió hasta los sindicatos.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral en España ha llegado a un punto crítico. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha propuesto una reducción a 37.5 horas semanales, pero su tramitación se enfrenta a un obstáculo clave: la votación de las enmiendas a la totalidad en el Congreso.

Si estas enmiendas, presentadas por partidos como PP, Vox y Junts, son aprobadas, el proyecto estrella del gobierno de Yolanda Díaz volverá al punto de partida, lo que supondría un importante revés político y un retraso significativo.

El registro horario: el “Plan B” del Gobierno

Ante la posibilidad de que su propuesta principal sea rechazada, el Ministerio de Trabajo ha concretado un plan alternativo: la implementación inmediata de un registro horario electrónico. A diferencia de la reducción de jornada, este control de horarios puede ser aprobado a través de un real decreto del Consejo de Ministros, sin necesidad de pasar por el Parlamento. Este registro, que permitiría a la Inspección de Trabajo un acceso telemático a los horarios de las empresas, se concibió inicialmente como un complemento a la reducción de jornada, pero ahora se presenta como una medida independiente y de aplicación directa.

Junts, el actor clave y la sorpresa de la votación

El éxito de la propuesta de reducción de jornada depende en gran medida de los votos de Junts per Catalunya. Las negociaciones con este partido han sido particularmente difíciles, aunque se han centrado en ofrecer ayudas y un trato especial a las pymes, un punto sensible para muchos.

La convocatoria de la votación para la próxima semana, que pilló por sorpresa incluso a los sindicatos, sugiere que el gobierno buscaba un acuerdo rápido o que la situación se ha vuelto más urgente de lo esperado. El sindicato UGT, a través de su secretario general Pepe Álvarez, ha calificado la fecha de “prematura y nada oportuna”, pero mantiene la esperanza de que la batalla por la reducción de jornada se ganará, si no en este intento, en uno futuro.

Perspectivas de Éxito y Confianza Sindical

Pese a las dificultades, el equipo del Ministerio de Trabajo ve opciones de que la propuesta pueda avanzar, confiando en un acercamiento en el contenido de la ley. Sin embargo, reconocen que la decisión final es política y recae en Junts.

El sindicalista Pepe Álvarez ha sido contundente en su optimismo, recordando las palabras de la ministra María Jesús Montero, quien previamente sugirió que la ley podría aprobarse al “segundo o tercer intento”. Este escenario muestra que tanto el gobierno como los sindicatos están preparados para una batalla legislativa prolongada si la primera votación fracasa.

Además, UGT presiona para que el registro horario, considerado esencial para corregir abusos en las empresas, se implemente de forma inmediata, independientemente del destino de la reducción de jornada.

Fuente: Buenas noticias para millones de trabajadores españoles: esta es la medida que se aplicará si no entra en vigor la reducción de jornada

Pepe Álvarez: “Se cree que los sindicatos somos entes subvencionados y tenemos que dar la vuelta a esa leyenda urbana”

El líder sindical responde sobre las negociaciones laborales más inmediatas, como la subida del salario mínimo y la reducción de la jornada, y de su propuesta para que el Estado pague más a los sindicatos

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) acaba de ser reelegido secretario general de UGT para su tercer y último mandato. El líder sindical afronta en el corto plazo varios acuerdos muy relevantes para las relaciones laborales: la reducción de la jornada de trabajo y un nuevo aumento del salario mínimo. Además, en el Congreso Confederal de UGT situó sobre la mesa un debate que puede ser controvertido: que el Estado pague más a los sindicatos por su labor.

El Ministerio de Trabajo ha afirmado que cerrará un acuerdo inminente con los sindicatos sobre la ley para reducir la jornada laboral. ¿Qué queda por cerrar y cuándo cree que se podrá sellar este texto? ¿La próxima semana?

Está abierta la audiencia pública y no veo ningún problema para que vaya con un acuerdo con los sindicatos. Si vamos a una modificación legislativa a pelo, sin un acuerdo previo con la patronal, lo que se ha hablado en la mesa, se queda la mesa y no tiene que estar en la proposición de ley. Porque, si no, en la tramitación parlamentaria con toda seguridad habrá que hacer concesiones. 

Nos lo insinuó el PNV, en la medida en que nos ha dicho que ellos preferirían votar una reforma pactada con la CEOE. Por tanto, sería de inocentes pensar que lo que salga del Consejo de Ministros va a ser lo que se publique en el Boletín Oficial del Estado. 

El presidente Pedro Sánchez pidió a los empresarios que se sentaran a negociar en el Congreso de UGT, cuando ya se había oficializado su ‘no’ a la última propuesta de Trabajo. Y usted, que había pedido al Gobierno que legislara “a pelo” sin la patronal, afirmó un día después que había “oportunidades” de acordar con la patronal. ¿Moncloa quiere que se amplíe la negociación del diálogo social? ¿Se lo ha pedido?

No, no estoy pensando ni en Moncloa ni en lo que quiera el presidente. Las negociaciones en la mesa en el ámbito del Gobierno se han acabado y nosotros no vamos a entrar en una negociación con la CEOE otra vez, a volver al día de la marmota. La CEOE hay una cosa que no ha hecho: decir que, con condiciones, acepta las 37 horas y media. Si no dice eso, ¿para qué vamos a negociar? 

Mi llamamiento tiene que ver con que creo que, para poder tener una mayoría en el Congreso de los Diputados, necesitamos que los grupos parlamentarios que mantienen una posición más tibia vean que, si no hay acuerdo, es porque la CEOE no ha querido. Esa es la única intención. 

UGT exigirá subir el salario mínimo otro 6% para que supere los 1.200 euros en 2025

El secretario general de la formación, Pepe Álvarez, asegura que no les urge la adecuación de la indemnización por despido

En una entrevista con Efe a las puertas de la celebración del 44 Congreso Confederal, en el que saldrá elegido para un tercer mandato, Álvarez se muestra satisfecho con lo logrado en estos últimos cuatro años y dispuesto a dar la batalla para seguir mejorando los derechos de los trabajadores.

Para empezar, tratará de presionar al Gobierno para que la subida del SMI sea suficiente y no se aleje demasiado del 60% del salario medio en España que, usando como referencia los datos de Eurostat, UGT sitúa en los 1.296 euros en 2022.

También seguirá con la lucha para reducir la jornada laboral, toda vez que el camino de la negociación tripartita parece haberse agotado ante el rechazo de la patronal. Por ello, Álvarez cree que es el momento de darle forma normativa e iniciar una tramitación parlamentaria que calcula que puede extenderse durante ocho meses, lo que lleva al próximo verano.

Pese a la oposición de la CEOE a acordar esta medida, el líder ugetista no da por zanjada la negociación con la patronal, que podría discurrir en paralelo al trámite en las Cortes, de forma que podría sumarse al pacto en los próximos meses. "No cerramos el debate (...) ni el diálogo, ni la posibilidad de acuerdo con la CEOE. En la tramitación parlamentaria creo que se abre también la oportunidad de poder hacerlo y seguramente que algunos grupos políticos que prefieren votar un acuerdo (...) van a tener la oportunidad de decirle a la CEOE que negocie", reflexiona. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se apruebe. Yo creo que se va a aprobar, sinceramente", subraya el secretario general de UGT que, junto a CC OO, ya ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos.

Sin urgencias con el despido

Sobre otro de los temas que el sindicato ha abanderado en los últimos años, la adecuación de la indemnización por despido, donde ha ganado una demanda en Europa, Álvarez se muestra satisfecho de que ya se esté reflejando en sentencias. "No nos urge" su traslación a la normativa española, porque "lo importante es que se está aplicando en los juzgados", explica, con fallos que ya reconocen indemnizaciones mayores en despidos improcedentes en función de las circunstancias personales del trabajador.

Álvarez confía en que esa "eficacia legal inmediata" animará a Gobierno y patronal a sentarse a negociar para establecer los criterios con los que calcular el coste del despido, acorde a la legislación europea.

"Si el tema del alta gradual de las personas de baja va a la mesa, nosotros nos vamos a levantar"

UGT lanza una 'app' de registro de jornada para que los trabajadores conozcan sus horas de trabajo efectivo

El sindicato ha presentado la herramienta, que será "anónima" y de uso individual

UGT ha presentado este martes en Pamplona una nueva aplicación sobre el registro de jornada llamada UGT Registra, una iniciativa con la que el sindicato busca poner a disposición de todas las personas trabajadoras una herramienta para que puedan realizar un registro de sus jornadas laborales y puedan conocer sus horas de trabajo efectivo.

Se trata de un sistema que funciona en los dispositivos móviles, mediante geolocalización, de modo que permitirá a todos los trabajadores y las trabajadoras que lo utilicen conocer sus horas de trabajo reales. De esta forma, podrán comprobar el registro personal de la App con el de la empresa o suplir éste en el caso de que no exista.

Así lo ha detallado este martes en rueda de prensa Eduardo Magaldi, portavoz confederal de RUGE, Revolución Ugetista, que ha comparecido ante los medios junto al secretario de Organización de UGT Navarra, Augusto Paredes.

Según han indicado, se trata de una herramienta que dotará de un mayor poder y control a la persona trabajadora de sus tiempos. En este sentido, servirá para llevar un control y conocimiento de las horas reales que realiza cada trabajador o trabajadora al cabo del año, pero también puede servir como herramienta fundamental para el cálculo de una reclamación de cantidades por horas extraordinarias.

Eduardo Magaldi ha incidido en que la App es "anónima" y de uso individual, algo que ha considerado "muy importante", ya que "las personas que usaron la aplicación por primera vez mientras la desarrollábamos nos manifestaban el miedo a que el empresario pudiera descubrir que estaba realizando ese registro". "No va a poder acceder nadie más que la persona trabajadora", ha explicado.

Además, el propio trabajador decidirá qué hacer con el registro en la APP, si solo comprobar su jornada o si entregar sus datos al sindicato, por ejemplo, para poder sacar estadísticas, ver el comportamiento que desarrollan sus empresas y los sectores e, incluso, utilizar el registro para la reclamación de cantidades.

A pesar de la normativa vigente en relación al registro horario, UGT considera que existe una falta de control efectivo, lo que ha generado una situación en la que un volumen considerable de horas extraordinarias trabajadas no es registrado ni remunerado de manera adecuada. "Hay una falta de transparencia total hoy en día en el registro de la jornada. En España se realizan 6 millones de horas extra a la semana, de las cuales casi la mitad no están remuneradas. Es una pérdida de 65.000 puestos de trabajo anuales", ha destacado Eduardo Magaldi.

Estrasburgo falla en contra del tope de indemnización por despido que tiene España

El Comité de Derechos Sociales insta a España a modificar las condiciones de despido improcedente para elevar los costes o eliminar el límite actual. UGT reclama un "aumento significativo" de la indemnización

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dado un vuelco a la regulación del despido en España. Ante una reclamación realizada por UGT, ha señalado que los despidos improcedentes de España incumplen el artículo 24 de la Carta Social Europea y abre la puerta a encarecer los costes del incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores. "Estamos ante una resolución histórica", ha celebrado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, "el precio de la indemnización tiene que impedir que al empresario le merezca la pena despedir". Actualmente, la indemnización media de los despidos improcedentes se sitúa en 9.000 euros, cuantía que "no tiene ningún carácter disuasivo ni restaurador", ha denunciado el sindicato, "despedir sin causa es demasiado fácil".

En concreto, la resolución del Comité (que no es de obligado cumplimiento, pero que España se había comprometido a cumplir), determina que el límite de dos años que establece la legislación española para los despidos improcedentes no respeta la Carta Social Europea. Actualmente, un trabajador que no es despedido con causas objetivas percibe una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de dos anualidades. Este tope, sin embargo, limita el derecho a reparación que tienen los trabajadores ante un abuso cometido por la empresa, ha explicado UGT en una rueda de prensa. Además, la indemnización tampoco disuade a las empresas de recurrir al despido.

El contenido de la resolución no se conocerá hasta el próximo lunes, pero la información avanzada por UGT abre la puerta a un cambio muy significativo de las indemnizaciones por despido. De hecho, el sindicato también reclama que se incremente el coste mínimo del despido improcedente para aumentar la protección de los trabajadores que llevan poco tiempo contratados. "El coste del despido es una porquería, sobre todo cuando una persona lleva muy poco trabajando", ha denunciado Álvarez.

El cambio es muy relevante, porque la Carta Social Europea señala que el despido no impacta de la misma forma a los trabajadores en función de su situación social o laboral. De ahí que se abre la puerta a que el coste del despido sea variable en función de la empleabilidad futura de la persona despedida, su formación, la situación del mercado laboral donde viva, su riesgo de pobreza, si tiene personas a cargo... UGT pide que el coste del despido también dependa de la situación individual del trabajador "agrave la cuantía de la indemnización". Esto implicaría que la empresa no debería conocer, de antemano, cuánto le costará asumir un despido improcedente, ha señalado el sindicato. 

"El coste del despido es una porquería, sobre todo cuando una persona lleva muy poco trabajando" 

Lo que ha reclamado el sindicato es “que los costes del despido sean tan altos, o tan inciertos, o que dependan tanto de la situación social del trabajador, que lleven a que el empresario en lugar de despedir de manera arbitraria, hable con el trabajador y respete sus condiciones de trabajo”, ha señalado Álvarez. 

UGT ha mostrado su predisposición para negociar con el Gobierno y la patronal un cambio en las indemnizaciones por despido improcedente para adaptarlos a la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales. Eso sí, ha defendido que la medida es de obligado cumplimiento, ya que el Gobierno de España se comprometió a respetar el contenido de la Carta Social Europea, y este fallo precisamente tiene su origen en un choque de la normativa española de despidos con la carta. En cualquier caso, Álvarez ha advertido que si no se modifica la normativa, el sindicato "peleará sentencia a sentencia" la aplicación de esta resolución.

La resolución también señala que los procedimientos de despido reciban una sentencia judicial en un plazo más corto. El colapso de la justicia española provoca que los litigios sobre los despidos se retrasen de forma sistemática. Además, la eliminación de los salarios de tramitación en la reforma laboral de 2012, deja a los trabajadores despedidos de forma improcedente en una posición muy vulnerable mientras luchan en los tribunales por sus derechos.

Fuente: Estrasburgo falla en contra del tope de indemnización por despido que tiene España (elconfidencial.com)

Pepe Álvarez recuerda a la patronal las horas extra que “roban a los trabajadores”: “Ya que hablan de regalo, son 2.300 millones de euros al año”

El secretario general de UGT ha criticado la postura victimista de la patronal y ha recordado las horas extraordinarias no pagadas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha continuado este viernes afeando a la patronal su postura en torno a la reducción de la jornada laboral. “Esta faceta en la que han entrado los empresarios de situarse en esta idea de martirio, de qué mal nos tratan, se la podrían aplicar si pagaran las horas extraordinarias”, ha señalado a los medios de comunicación en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial.

El miércoles, Álvarez ya había respondido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que había estimado que reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas a la semana “equivale a regalar 12 días de vacaciones pagadas por la empresa”. El líder sindical señaló entonces que, según sus cálculo, eran 16 para aquellas personas trabajadoras que ahora estén en 40 horas. Esta jornada ha afinado la cuenta y ha señalado que, de media, son 7 días, porque el promedio semanal está ya en 38,3 horas y ha recordado que “el sector privado tiene casi un millón de trabajadores y trabajadoras” por debajo del compromiso del Gobierno de coalición para 2025.

Álvarez ha preguntado a la patronal que “ya que hablan de regalo, ¿por qué no hablan del regalo que hacen los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país a las empresas en relación a las horas extraordinarias que se realizan gratis, que roban a los trabajadores y trabajadoras?”. “Estamos hablando de en torno a 2.300 millones de euros al año que trabajamos gratis”, ha señalado el secretario general de UGT.

El tema de las horas extraordinarias es recurrente en el transcurso de la negociación para reducir la jornada salarial. Actualmente, el límite máximo está en 80 horas al año y las organizaciones empresariales habían trasladado su preferencia porque se ampliaran, para compensar los efectos de la reducción de horas semanales. Es una postura que desde el Ministerio de Trabajo han rechazado de plano, al considerar que se trataría de una disminución “fake” de la jornada.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado a expresar que “en España hay más de 6 millones de horas extra a la semana y más de 3 millones son irregulares y no retribuidas”. Según la Encuesta de Población Activa, el último trimestre de 2023, los últimos datos disponibles, no se habían pagado 2.489 horas extra cada semana, aunque desde principios de 2021, estas han rondado entre las 2.186 y las 3.272. “Hacemos horas extra por doquier”, lamentó Díaz.

La Inspección de Trabajo detectó en 2023 un total de 14.292 infracciones en la jornada y horas extras, que afectaron a 147.861 personas. En la última reunión con los agentes sociales, este lunes, el ministerio trasladó un nuevo texto en el que propone un agravante para las sanciones por esta causa que pongan en peligro la salud o la vida de los afectados. “Cuando trabajar en exceso pone en peligro la vida, la respuesta tiene que ser lo suficientemente grave como para que sea disuasoria”, indicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

La jubilación parcial se endurece: la Seguridad Social propone estos nuevos requisitos

CCOO y UGT han denunciado que el Ejecutivo español quiere elevar el periodo mínimo de cotización para aquellos profesionales que quieren acceder a la jubilación parcial

 

La edad de jubilación en España no dejará de aumentar progresivamente hasta el 2027, fecha en la que la retirada del mercado laboral se estanque finalmente en los 67 años. No es de extrañar, por tanto, que miles de trabajadores mayores de 60 años opten por la jubilación parcial o, lo que es lo mismo, la posibilidad de dejar de trabajar a jornada completa pero sin penalizaciones en la pensión. Ahora, el Gobierno propone un nuevo modelo de jubilación parcial.

Veamos en qué consiste, pero antes de empezar es importante diferenciar entre los dos actuales modelos actuales. Uno de ellos es la jubilación parcial con contrato de relevo. Esta es a la que accede el trabajador cuando tiene la edad mínima establecida para esta modalidad (62 años y seis meses o 64 años en función del periodo de cotización acreditado) y acuerda con el empleador la reducción de su jornada.

El trabajador y el empleador firman un contrato a tiempo parcial, por lo que el beneficiario comenzará a recibir un porcentaje de la pensión que sustituye a los ingresos perdidos por la reducción de su jornada laboral. El otro es la jubilación parcial sin contrato de relevo, la cual se produce cuando el trabajador ha cumplido la edad legal ordinaria de jubilación y accede a la jubilación parcial, firmando un contrato a tiempo parcial con el empresario. En este caso no será necesario suscribir un contrato de relevo con otro trabajador.

Cómo funcionaría el nuevo modelo de jubilación parcial

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el objetivo de crear un "nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión", ha enviado un borrador de documento a los agentes sociales en el que propone un endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación parcial:

* Si se accediese a la jubilación parcial con contrato de relevo, que se pudiese acceder a la misma como máximo con dos años de antelación a esa edad legal ordinaria. En 2024, la edad ordinaria de jubilación son 66 años y 6 meses en caso de haber cotizado menos de 38 años, y 65 años si se han cotizado 38 años o más.

* Que sea requisito obligatorio realizar un contrato indefinido a tiempo completo con el trabajador relevista.

* Que la base de cotización del relevista sea, como mínimo, sea igual al 75% de la base de cotización del trabajador jubilado parcial. Por tanto, la base de cotización del relevista no podría ser inferior al 75% del promedio de las bases de cotización de los 6 últimos meses del período considerado para el cálculo base reguladora de la pensión de jubilación parcial del jubilado parcial (frente al mínimo del 65% actual).

Álvarez (UGT) confirma que aumentar las horas extra es una posibilidad que estudian con CEOE y Cepyme

* La ley española es una de las más restrictivas: permite hacer 80 anuales, frente a 150 en Europa

* Presiona para acordar la reducción de la jornada laboral en junio: "No hay más tiempo"

* CEOE y sindicatos negocian subir el límite de horas extra de 80 al entorno de 150 al año

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha confirmado ante los medios de comunicación que la mesa de negociación bipartita para reducir la jornada laboral tiene sobre la mesa la posibilidad de aumentar las horas extra anuales. En declaraciones recogidas por Europa Press, afirmó que es "uno de los temas que está encima de la mesa, pero no es un tema que esté acordado", confirmando la información publicada en exclusiva por elEconomista.es. "Es un tema que tenemos abierto", reiteró.

Álvarez ha avanzado que UGT y CCOO discutirán sobre el aumento de las horas extra anuales para tomar una posición conjunta en la mesa de negociación con CEOE y Cepyme, pese a que CCOO negaba ayer estar negociando este punto. La legislación española, en comparativa con la europea, es una de las más restrictivas: permite realizar 80 horas más allá de la jornada ordinaria, mientras el promedio europeo está en 150 horas anuales. En el foco de la negociación está la fiscalización, el control y la compensación de estas horas por petición de los sindicatos.

Álvarez aprovechó para presionar a la patronal, considerando que el tiempo para negociar la reducción de la jornada laboral "se acaba" y que en este mes de junio se debe tener cerrado un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo hasta las 37,5 horas en 2025 sin recortar el salario.

"No hay más tiempo, hemos hablado, sabemos que es lo que queremos cada uno, se trata de ponerlo encima de la mesa, ver si hay acuerdo o no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, pues nos vamos a la mesa general, a la concertación, y el Gobierno en última instancia, que es el que tiene la obligación, decidirá", ha asegurado el sindicalista en declaraciones previas a su entrada a la Agencia Tributaria para visitar a los representantes de los trabajadores que se encuentran encerrados.

El Gobierno quiere reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial y lo quiere hacer en dos tramos: hasta las 38,5 horas en 2024 para llevarlas a las 37,5 horas en 2025.

En sus declaraciones, Álvarez ha urgido a la CEOE a llegar a un acuerdo sobre la reducción del tiempo de trabajo este mes y ha asegurado que "se puede" llegar a un acuerdo, pero solo si la patronal "quiere".

Por otro lado, ha advertido de que lo "importante" es que la CEOE no se plantee una estrategia de dilatación a la espera de ver "si tiene suerte" y se realizan nuevas elecciones para no discutir sobre temas como la reducción de jornada u otras reivindicaciones de las organizaciones sindicales.

Fuente: Álvarez (UGT) confirma que aumentar las horas extra es una posibilidad que estudian con CEOE y Cepyme (eleconomista.es)

Estrasburgo admite a trámite la denuncia de UGT sobre el coste de las horas extra en España

El sindicato de Pepe Álvarez ha presentado una reclamación colectiva en la que pide que las horas extra se paguen con una prima respecto a las ordinarias

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), con sede en Estrasburgo, ha admitido a trámite la reclamación colectiva que presentó en enero UGT contra el Reino de España porque nuestra legislación no estipula la obligación de pagar una prima por la realización de las horas extra, lo que consideran que vulnera la Carta Social Europea.

Según ha podido saber EL MUNDO, este tribunal ha admitido a trámite la queja, lo que implica que ahora el Gobierno y las patronales -española y europea- pueden presentar alegaciones hasta el próximo 21 de julio. Después UGT responderá y se abrirá un último turno de alegaciones antes de que el Comité tome una decisión.

"La actual ley laboral española no garantiza, per se, con carácter general una remuneración incrementada para las horas extras, como sí requiere el artículo 4.2 de la Carta Social Europea", alegó el sindicato que dirige Pepe Álvarez en la reclamación, en alusión a que nuestra normativa permite pagarlas con un sueldo equivalente al de las horas ordinarias.

Este artículo de la Carta estipula que "para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las partes contratantes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares". De hecho, a diferencia de España, la mayoría de los países europeos contempla en su legislación un pago incrementado para este tipo de horas.

Al haber firmado esta Carta, España debe cumplir con todo su articulado, de ahí que el sindicato considere que la legislación debería cambiar.

La Carta no fija en cuánto debería incrementarse el pago de las horas extra, pero UGT considera que la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) ha sentado precedentes previos en los que indica que en ausencia de acuerdo aplicable, el suplemento debe establecerse "en un 25% para las primeras 8 horas extraordinarias, y en un 50% para las horas extraordinarias siguientes".

NUEVA QUEJA TRAS EL DESPIDO

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Esta es la segunda reclamación colectiva que presenta UGT ante Estrasburgo y que podría tener impacto en la legislación nacional, después de la relativa a la indemnización por despido improcedente en España sobre la que ya han emitido dictamen favorable para el sindicato.

Pepe Álvarez: “Un desempleado quiere trabajar, pero va a la oficina de empleo y después nadie se acuerda de él”

El secretario general de UGT señala que los únicos preocupados por la estabilidad de las pensiones son los fondos privados y advierte de que “la intención tras esta generación de incertidumbres” es “meter mano”

La agenda Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) está a rebosar de compromisos, como cada mes de abril. La antesala del Primero de Mayo pilla al secretario general de la UGT entre reuniones, asambleas y con varios frentes de negociación abiertos con la patronal y el Gobierno. Antes del verano, debería despejarse la duda de si es posible cerrar un acuerdo, que considera “preferible”, con la CEOE para la reducción de la jornada laboral.

Después, está previsto que se conozca la resolución de la demanda que el sindicato puso contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que forzará cambios en las indemnizaciones. Y, tras el periodo estival, volverá hablarse del SMI, ya para 2025. Su “objetivo mínimo”, avisa, “son 1.293 euros”.

El sindicato demandó a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por los bajos costes del despido. La institución europea ya ha notificado su resolución a las partes, aunque aún no pueden hacerla pública. ¿Está contento con el resultado?

El resultado lo sabremos cuando se publique en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas, aunque el Gobierno puede levantar el secreto. Todavía no podemos dar a conocer el contenido pero, evidentemente y por cómo se ha resuelto anteriormente, esperamos que la resolución sea plenamente favorable. Nuestra demanda estaba avalada por dos resoluciones previas sobre Italia y Francia y, después, Finlandia, con situaciones similares. Es evidente que en España el despido no es disuasorio, como dice la Carta Social Europea, porque el empresario sabe perfectamente cuánto le va a costar echar a una persona y no resarce de acuerdo a la situación personal. Hay otra cuestión que también planteamos y que ha sido menos comentada, que tiene que ver con los salarios de tramitación.

El Comité se ha pronunciado reiteradamente en contra de las indemnizaciones tasadas para los despidos improcedentes. ¿Cuál es la propuesta de UGT en este sentido?

En cuanto se publique la resolución, los jueces empezarán a trabajar con esa sentencia, que es vinculante, y a situar cuáles son los elementos que hacen que la indemnización por despido improcedente no pueda estar tasada solo en días. A nosotros nos parece razonable abrir una mesa de diálogo con la CEOE, el Gobierno y las organizaciones sindicales, pero no voy a decir ahora cuáles son nuestras posiciones para este hipotético cambio legislativo. Comisiones Obreras tiene una demanda bastante similar, que se resolverá en los próximos meses. Tendremos que ver cómo queremos abrir ese proceso, aunque ya hemos ido situando algunos aspectos que se podrían incorporar. Por ejemplo, que nadie pueda ser despedido sin causas objetivas antes de los seis meses.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, abrió la puerta a eliminar la reducción de los beneficios previstos como una causa objetiva de despido. ¿Cómo valoran esta propuesta?

Si el Gobierno, fuera de campaña, quiere abrir ese debate, nos va a parecer positivo. Es evidente que las causas objetivas de despido en España son amplísimas, tanto para los individuales como para los colectivos. No tiene ningún sentido mantener esa situación, pero hasta ahora no habíamos visto que hubiera una voluntad colectiva por parte del Ejecutivo para abordarlo.

Desde UGT han pedido al presidente del Gobierno que no dimita. ¿Cómo puede alterar las previsiones sindicales una hipotética dimisión? ¿Qué escenario cree que se abriría?

No estamos solo en un debate en relación de las consecuencias que habrá si hay un cambio de mayorías políticas en el parlamento como ha ocurrido en Portugal. No solo hablamos de consecuencias de agenda pendiente, sobre todo en reducción de tiempo de trabajo y protección social, sino lo que es más importante: la calidad de la democracia en España queda muy tocada si finalmente, por cuestiones que no son la mayoría parlamentaria que eligió al actual presidente del Gobierno, por lo tanto poderes ajenos, consiguen su objetivo, que es separar a Sánchez de sus actuales responsabilidades.

80.000 profesionales de la seguridad privada, pendientes de las jubilaciones anticipadas y el relevo generacional

Con plantillas envejecidas y cada vez más exigencias por parte de las empresas, desde UGT han promovido protestas ante las Direcciones Provinciales de la Seguridad Social pidiendo medidas como la posibilidad de que los vigilantes puedan acogerse a la jubilación anticipada.

54 años. Esa es la edad media de edad de los profesionales que hoy componen el sector de la seguridad privada en España. Un grupo que actúa, por ley, como complementario a la Seguridad pública y que hoy ve muchas lagunas en el futuro de los más veteranos. Por ese motivo, desde la Unión General de Trabajadores (UGT) de A Coruña promueven mañana movilizaciones ante la Dirección Provincial de la Seguridad Social para demandar al Gobierno central que los vigilantes puedan acogerse a la jubilación anticipada. 

Cerca de 80.000 profesionales pueden verse afectados por esta medida y siguen con atención cada avance. Desde UGT insisten en la importancia de abordar la tramitación de expedientes reductores y recuperar el contrato de relevo en el sector, donde las horas extras y la precariedad son una constante. 

 

No se trata, en cualquier caso, de nuevas demandas. La petición ya fue elevada por UGT al Ministerio de Seguridad Social en 2017. Siete años después, la administración sigue sin dar una respuesta positiva a la solicitud, que también fue tratada en la negociación colectiva a nivel estatal.

RELEVO GENERACIONAL

"En la actualidad la media de edad en la seguridad privada en nuestro país es de 52, elevándose a 54 en el transporte de fondos. Una profesión complementaria por Ley a la seguridad pública y que pone en primera línea de actuación en lugares de pública concurrencia, así como en dependencias estratégicas, a las personas que realizan su labor en la seguridad privada, las cuales son las garantes de la protección de este tipo de instalaciones y, por ende, de un número elevado de ciudadanos y ciudadanas de este país que concurren diariamente a este tipo de instalaciones", señalan desde el sindicato. 

En la misma línea, enumeran los cada vez mayores requisitos tecnológicos dentro de este sector, cada vez más dependiente de las nuevas tecnologías. Esto ha llevado a los profesionales a actualizarse y a las empresas a exigir más conocimientos en la senda de contratar a un personal más cualificado, que se adapte a los nuevos perfiles que demandan y para el que el nuevo módulo de FP de vigilantes de seguridad puede resolver para el relevo generacional. 

 

Así, desde UGT consideran "de vital importancia" la "aplicación en el sector de coeficientes reductores, así como del contrato de relevo como herramientas fundamentales para que el sector pueda realizar una transición ordenada en los próximos años sin afectar a personas trabajadoras de avanzada edad que merecen una salida digna de la profesión".

Fuente: 80.000 profesionales de la seguridad privada, pendientes de las jubilaciones anticipadas y el relevo generacional (galiciapress.es)

Estrasburgo da la razón a UGT y señala que el coste de los despidos improcedentes en España vulnera la Carta Social Europea

La resolución del órgano de justicia del Consejo de Europa va en la línea de que la normativa española no es suficientemente reparadora ni proporcional al daño que producen los despidos sin causa porque fija de manera predeterminada y única la indemnización

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ubicado en Estrasburgo ha emitido resolución favorable a la reclamación colectiva presentada por UGT en marzo de 2022 sobre el coste de los despidos improcedentes. Según el sindicato, la normativa española está incumpliendo el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT al fijar la indemnización por este tipo de despidos en 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, algo que considera “asequible y nada disuasorio”. El CEDS da ahora la razón a la organización encabezada por Pepe Álvarez y mete presión para que el Ejecutivo modifique la legislación en consecuencia.

Según ha adelantado El País, la resolución del órgano de justicia del Consejo de Europa va en la línea de que la normativa española no es suficientemente reparadora ni proporcional al daño que producen los despidos declarados improcedentes mediante sentencia porque fija de manera predeterminada y única la cuantía y el cálculo de la indemnización. Aunque el contenido exacto del fallo del CEDS se conocerá dentro de unos meses, se prevé que la legislación afectada sea, fundamentalmente, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Los despidos improcedentes son los que no tienen una razón objetiva de la empresa para efectuarlos y la resolución del CEDS abre la puerta a establecer una indemnización “reparadora”, como ha reclamado en numerosas ocasiones la líder de Sumar y vicepresidenta segunda. Díaz defendió en la pasada legislatura que las compensaciones deben ser distintas en función de la situación personal de los trabajadores, especialmente según su edad y la situación familiar. Este fue uno de los puntos de fricción para lograr un acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar a finales de 2023 y finalmente quedó recogida una referencia en el documento conjunto: “Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”.

Este fallo del CEDS se conoce tras un pronunciamiento el pasado 20 de marzo en sus Conclusiones de 2023 en las que carga contra el sistema de indemnizaciones tasadas en España para un caso concreto relacionado con el permiso por maternidad. “El Comité señala que el límite máximo de los baremos de indemnización no permite conceder a un trabajador una indemnización superior en función de todas las circunstancias, ya que los tribunales solo pueden ordenar una indemnización dentro de los límites del baremo”, señala el texto.

Según una comunicación publicada este domingo por UGT, “no hay ninguna duda” de que la resolución del CEDS es de “carácter vinculante” y “de obligado cumplimiento”. Por ello, el sindicato cree que la legislación española se ha de modificar, aunque suscite críticas entre los empresarios e incluso en una parte del Gobierno. No obstante, no todos los países que han tenido fallos similares han acometido cambios, como es el caso de Francia. Cabe recordar que la anterior ministra de Economía, Nadia Calviño, no estaba de acuerdo con aumentar el coste del despido en ningún caso, aunque aún no se conoce la opinión del nuevo ministro, Carlos Cuerpo.

Habrá debate sobre la cuantía de las indemnizaciones y las causas

La demanda de UGT fue posible porque España ratificó en 2021 la versión revisada de la Carta Social Europea y se produjo justo después de que entrara en vigor la reforma laboral liderada por Yolanda Díaz. La reforma de 2021, comprometida con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, dejó fuera la modificación de las indemnizaciones por despido para conseguir el apoyo de CEOE y Cepyme, pero conllevó el voto en contra de algunos partidos nacionalistas (ERC, Bildu y BNG) que querían recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado. Dicha cuantía era la establecida antes de la reforma laboral de 2012 del PP y estuvo vigente en España desde el año 1980.

664 personas murieron por accidente de trabajo en 2023, sin contabilizar aun el mes de diciembre

‘El Contador de la Vergüenza’, herramienta de UGT para visibilizar los accidentes mortales sigue aumentando, y el sindicato calcula que 2023 cerrará con más de 700 muertes

Se aprecia un leve descenso de los accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral, esto puede deberse, entre otras cuestiones, al menor número de casos de COVID-19 calificados como accidente de trabajo, especialmente en las actividades sanitarias y de servicios sociales. También, es cierto que los accidentes mortales han descendido en comparación con los registrados hasta noviembre de 2022, también influido porque en 2022 murieron 21 trabajadores en el naufragio del pesquero gallego en las aguas de Terranova.

Este descenso de los accidentes de trabajo no es suficiente. En un país como el nuestro no podemos ignorar la lacra que supone la siniestralidad laboral. Urge llevar a cabo actuaciones inmediatas que pongan fin a esta situación.

Aumentar los recursos de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía de Salud Laboral

Debe cumplirse rigurosamente con la legislación en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas para evitar accidentes ya que, en algo más de un tercio de los accidentes de trabajo ocurridos durante la jornada laboral que se registraron en 2022 no se había realizado evaluación de riesgos. Esto es un asunto grave que indica una falta de cumplimiento de la normativa, por lo que, UGT reclama un aumento de recursos humanos y materiales tanto para la Inspección de Trabajo, para que controle el cumplimiento de las normas, como para la Fiscalía de Salud Laboral, para que investigue y depure responsabilidades. 

El sindicato insta al Ministerio de Trabajo a que abra urgentemente la Mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riesgos laborales a la que se comprometió en la legislatura anterior. Este compromiso fue anunciado durante la firma de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y no puede demorarse más. Los trabajadores y trabajadoras siguen muriendo y accidentándose por el simple hecho de intentar ganarse la vida.

En esta mesa debe negociarse, de forma inmediata, un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral. Entre las materias que debe incluir, no pueden faltar los riesgos psicosociales, que están relacionados con la primera causa de muerte por accidente laboral en nuestro país, que son los infartos y derrames cerebrales. 

Realizar cambios normativos 

Además, UGT considera necesario realizar cambios normativos para adecuar la legislación en materia preventiva a las nuevas realidades del mundo del trabajo, así como mejorar la gestión preventiva y acabar con la mercantilización de los servicios de prevención.

Por último, el sindicato continúa reivindicando la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, ya que es una realidad que los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros. La creación de esta figura ayudaría a mejorar la PRL en las PYMES de nuestro país que no tiene representación sindical. 

Fuente: 664 personas murieron por accidente de trabajo, hasta noviembre de 2023 (ugt.es)