30 septiembre

El Gobierno crea un nuevo título de Formación Profesional en Prevención de Riesgos Profesionales

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha dado luz verde a un nuevo título de Formación Profesional de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales, perteneciente a la familia de Seguridad y Medio Ambiente.


La competencia principal de esta nueva formación de Grado Superior y de 2.000 horas de duración, consiste en participar en la prevención de riesgos laborales asesorando y apoyando a la estructura de la empresa en la actividad laboral y en los desplazamientos para su realización.

Asimismo, recoge el proceso de identificación de los riesgos, evaluándolos y planificando el desarrollo de las medidas de seguridad para la prevención y protección de la salud de las personas trabajadoras.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes continúa actualizando permanentemente y ampliando la oferta formativa de Formación Profesional para responder a las necesidades de los perfiles laborales de los distintos sectores productivos. Una tarea que lleva a cabo con la ayuda de expertos de las principales empresas de cada sector en el marco de los llamados Hubs por la Formación Profesional que está impulsando.

Actualmente, el Ministerio está trabajando en el diseño de más de una treintena de nuevas titulaciones como las relacionadas con servicios de computación en la nube, inteligencia artificial y Big Data, fabricación eléctrica en la industria aeronáutica o ilustración técnica para la industria aeroespacial, entre otros.

Con el título aprobado este martes, ya son 43 las nuevas formaciones de reciente creación. Está previsto que, en los próximos meses, el Ejecutivo dé luz verde al nuevo catálogo de Formación Profesional con más de 9.000 formaciones de diversa tipología y duración. Se trata de un amplio abanico de ofertas al servicio de las necesidades de la población activa para garantizar el aprendizaje permanente.


Dónde tienes que buscar el convenio colectivo que te ampara

Si estamos trabajando por cuenta ajena, conocer el convenio colectivo que regula nuestra actividad o sector es indispensable. Al menos, lo es si queremos asegurarnos de que nuestra empresa nos está remunerando de la forma adecuada en función de nuestro rol y capacitaciones.


Por desgracia, es habitual que se den casos en los que algunas empresas idean estratagemas para pagar por debajo de lo que establece un convenio, o no aplicar beneficios que le corresponden a un empleado, lo cual implica actuar de forma contraria a la ley. Por ello, a continuación vamos a explicar cómo puedes revisar en qué convenio te ha incluido la empresa, si es que lo ha hecho.

Para aprender a revisar nuestro convenio, podemos acudir a los consejos de Luis F. Pallarés, abogado laborista que comparte regularmente informaciones en Twitter sobre derechos del trabajador. En un post reciente, Pallarés explica: «Si no sabes cuál es tu Convenio Colectivo, normalmente sale en la cláusula 7ª de tu contrato de trabajo. Míralo ahí, y sobre todo, nunca lo pidas a la empresa (están en el Boletín Oficial y se encuentran con mucha facilidad en la red). Otro cuento es que no apliquen el que toca».

Dónde localizarlo en el contrato

Es decir, que lo que deberíamos hacer es consultar nuestro contrato de trabajo y buscar dicho apartado, la cláusula séptima. Ahí debería aparecer el nombre del convenio en concreto, que luego nosotros localizaremos por nuestra cuenta en Internet (sin pedirlo a la empresa para evitar que nos proporcionen unos documentos incorrectos o manipulados).

Pero, ¿y si en esa cláusula no viene estipulado el convenio? A algunas personas les ocurre, y aunque puede deberse a distintos motivos, Pallarés advierte de que en algunos casos, podríamos encontrarnos ante «la típica empresa que dice ‘Mi actividad no está en ningún Convenio’ y así hace lo que le da la gana». Por supuesto, deberíamos preocuparnos por revisar el convenio colectivo antes de firmar el contrato de trabajo, ya que será en ese momento cuando podamos preguntar el motivo de que esta cláusula esté en blanco, mejor que a posteriori.

En estos casos, tocaría pensar en la actividad concreta que realiza nuestra empresa, y buscar nosotros qué convenio colectivo de los existentes se adecúa más a esa actividad. En caso de tener algún problema con la empresa, podríamos argumentar nuestra pertenencia a ese convenio, aunque no aparezca en el contrato. El abogado explica: «A menudo pleiteamos porque la empresa dice que va sin convenio o con uno que no toca, y acreditando la actividad real, conseguimos el que toca. Por ejemplo es bastante habitual que huyan de siderometalúrgica o de la química».

Si conocemos el convenio que nos corresponde, viene incluido en el contrato pero la empresa no lo aplica, sería el momento de plantearse un proceso judicial. Pallarés recomienda: «Reclama mediante papeleta de conciliación, ni puerta ni hostias: el Convenio se cumple, y si no hay acuerdo en conciliación, procedimiento judicial o denuncia en Inspección de Trabajo«.

Consultar los convenios en Internet

Los convenios normalmente se publican en los boletines oficiales de las comunidades autónomas, ya que suele aplicar uno autonómico, aunque si nos corresponde el estatal, lo encontraríamos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

29 septiembre

“La empresa no me puede obligar”. Hay empresas que quieren forzar la jubilación de trabajadores, pero eso es excepcional

Con la llegada de la edad de jubilación de los baby boomers, muchos son los que se preguntan si la empresa puede forzar la jubilación de sus trabajadores. La respuesta es no. El acceso a la jubilación es un derecho y no una obligación, por lo que es importante conocer que existen excepciones al respecto.


A finales de 2018 se introdujo una modificación mediante el Real Decreto-Ley 28/2018 que volvió a permitir que, mediante convenio colectivo, se pudiese pactar la jubilación obligatoria. Es importante matizar que la jubilación es obligatoria, al cumplir los 65 años, en el caso de los funcionarios públicos.

Modificaciones en materia de jubilación forzosa

La Ley 21/2021, de reforma de las pensiones, contempla lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores. De este modo, se permite que los convenios colectivos incluyan cláusulas que posibiliten la extinción del contrato cuando un trabajador alcanzase los 68 años. No obstante, deberán ser objetivos coherentes con la política de empleo, como el relevo generacional mediante la contratación de, al menos, un nuevo trabajador a jornada completa.

Ese límite de los 68 años podrá verse reducido hasta la edad ordinaria de jubilación, especialmente si la tasa de empleo de mujeres en una actividad económica es inferior al 20%.

Con el primer paquete de medidas de reforma de pensiones (en vigor desde el 1 de enero de 2022), se introdujeron modificaciones que deben conocerse. Dicho lo cual, los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo con una edad igual o superior a 68 años. Para ello, el trabajador deberá reunir los requisitos exigidos y tener derecho al 100% de la pensión de jubilación.

Hay que matizar que las actividades económicas tomadas como referencia para determinar el cumplimiento de esta condición estarán determinadas por los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). La Seguridad Social facilitará la tasa de ocupación en cada momento.

No hay que olvidar que las cláusulas incluidas en los convenios, según la normativa vigente, pueden aplicarse siempre y cuando sigan en vigor. Todo aquel convenio suscrito previamente al 1 de enero de 2022, seguirá unas cláusulas de jubilación forzosa aplicadas hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.

Antes de la reforma laboral de 2012, era posible introducir en los convenios colectivos cláusulas obligatorias de jubilación para que los empleados que alcanzasen la edad legal y cumpliesen con las condiciones se pudiesen jubilar y acceder a su pensión. Así pues, si el trabajador desea continuar en activo, porque no ha alcanzado los años necesarios para la cotización completa o por pura motivación personal, la empresa, en ninguno de los casos, podrá obligarle.

Una empresa, multada con 8.195 euros por no «cuidar» la salud de sus trabajadores: uno de ellos, de baja por sobrecarga laboral

Uno de sus empleados, que a su vez era presidente del Comité de Empresa, estuvo de baja por incapacidad temporal por sobrecarga laboral.


La salud de los trabajadores es un aspecto fundamental para el bienestar general y la productividad de cualquier organización. En los últimos años, se ha producido un aumento de los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento profesional. Esto es algo que se conoce como el síndrome del trabajador quemado.

Promover un entorno de trabajo saludable no sólo mejora la calidad de vida de los empleados, sino que también reduce el ausentismo, aumenta la motivación y favorece la retención de talento.

Además, las empresas que no evalúen los riesgos psicosociales pueden ser sancionadas, como le ha ocurrido a la Asociación Fuensanta para Discapacitados Psíquicos. Tendrá que pagar 8.195 euros de multa por no cuidar la salud de sus trabajadores.

Uno de sus empleados, que a su vez era presidente del Comité de Empresa, estuvo de baja por incapacidad temporal por sobrecarga laboral. Este trabajador inició un proceso judicial con el objetivo de que esa baja se calificase de accidente de trabajo. La Justicia le dio la razón.

El caso, al detalle

Según se explica en la sentencia 10/2024 dictada por la titular del Juzgado de lo Social Nº2 de Ciudad Real, Carmen Pedraza, todo comenzó el 24 de mayo de 2021. Ese día la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de dicha provincia levantó un acta de infracción.

En ella se explicó que se había hecho «caso omiso» de las propuestas realizadas por los servicios de prevención para corregir diversas deficiencias legales. Además, detallaron que, aunque había realizado la evaluación de riesgos psicosociales, ello no servía de nada si, detectado el riesgo, no se tomaban medidas «para preservar la seguridad y salud de los empleados».

De modo que les propusieron para sanción por una infracción grave del artículo 12.1 de la Ley Sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Este artículo hace referencia a «incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa».

Sanción confirmada posteriormente por la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real.

26 septiembre

La Fiscalía General reclama penas de cárcel para empresarios que no prevengan la salud laboral e induzcan la enfermedad laboral

* Abogan los fiscales por modificar el Artículo 316 del Código Penal
* También incluyen en su solicitud cambios en la Ley de Prevención
* El técnico de prevención de riesgos laborales no tienen responsabilidad penal


La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía General del Estado aboga por la necesidad de encajar las enfermedades profesionales en la actual redacción del artículo 316 del Código Penal (CP), que establece penas de prisión para los empresarios que no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

La revista de Buen Gobierno, Iuris & Lex y RSC de elEconomista, informa en su número de septiembre, de que el empresario está obligado a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, tal y como establece el artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), lo que de una forma nítida le sitúa como garante de la seguridad de los trabajadores, sin que haya en la legislación de prevención un precepto que asigne tan claramente esta obligación a cualquier otro sujeto. Ello se debe al poder de dirección de la actividad laboral y empresarial que le reconoce la legislación.

Diferencia en tipo de peligro que afronta

El problema que se pretende superar es la dificultad de encaje de las enfermedades profesionales, ya que se trata de un delito de peligro concreto, lo que sin duda se ajusta a la naturaleza de la situación previa a la producción de un accidente laboral, con independencia de que este peligro concreto se plasme en un resultado lesivo. Son situaciones que se generan en momentos temporales muy precisos y delimitados, lo que facilita que la fotografía del peligro concreto se muestre con nitidez.

Afirma que "ello supone que tal previsión legal sea inidónea e incompatible para brindar una adecuada protección penal de un derecho fundamental del trabajo como lo es el derecho a un entorno laboral seguro y saludable".

Por ello, defiende que un tipo penal adecuado para otorgar efectiva protección al derecho a que los trabajadores no vean perjudicada su salud en el desempeño de su actividad laboral debería abarcar acciones que individualmente consideradas no sean idóneas para generar una puesta en peligro concreto, ya que se requiere la reiteración de un número indeterminado de ellas para que el trabajador contraiga la enfermedad o esté expuesto al peligro concreto de contraerla.

Afirma que "ello supone que tal previsión legal sea inidónea e incompatible para brindar una adecuada protección penal de un derecho fundamental del trabajo como lo es el derecho a un entorno laboral seguro y saludable".

Por ello, defiende que un tipo penal adecuado para otorgar efectiva protección al derecho a que los trabajadores no vean perjudicada su salud en el desempeño de su actividad laboral debería abarcar acciones que individualmente consideradas no sean idóneas para generar una puesta en peligro concreto, ya que se requiere la reiteración de un número indeterminado de ellas para que el trabajador contraiga la enfermedad o esté expuesto al peligro concreto de contraerla.

Nueva agresión a una vigilante del Hospital de Valme por parte de un 'gorrilla' reincidente

* La empleada recibió un puñetazo en la cara cuando le recriminó que estuviera pidiendo dinero a un usuario, mayor y vulnerable, por aparcar en el parking gratuito del centro
* Es la segunda vez en menos de cuatro meses que la misma persona protagoniza una agresión al personal se seguridad


Un gorrilla reincidente ha vuelto a agredir al personal de seguridad del Hospital de Valme. La víctima, como en la anterior ocasión, el pasado junio, una vigilante que le recriminó que estuviera amenazando a un usuario, mayor y vulnerable, para que le diera dinero por aparcar en un aparcamiento que es público y totalmente gratuito, a lo que el aparcacoches respondió con suma violencia, propinando un puñetazo en el rostro a la empleada, antes de huir del lugar.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional por parte de la dirección del centro, que intentó localizar sin éxito al agresor hasta que pasadas unas dos horas, volvió al aparcamiento, siendo detectado nuevamente por el servicio de seguridad privada, aunque al verse localizado volvió a huir. Finalmente, una nueva actuación de Policía Nacional localizó a esta persona y procedió a su detención. 

Es el segundo episodio violento de idénticas características que tiene lugar en el recinto del hospital sevillano en menos de cuatro meses, además, protagonizado por la misma persona. Los detalles de la agresión han sido denunciados este miércoles por el sindicato CSIF, que muestra así su preocupación por el estado de salud de la profesional afectada, y reconocidos por la dirección del centro, que asegura que ambas agresiones "están denunciadas y a la espera de juicio". Asimismo, las fuentes consultadas en el hospital indican que, para evitar nuevos incidentes se ha reforzado la vigilancia privada de las instalaciones con su propio servicio de seguridad, así como con la colaboración de la Policía Nacional.

No obstante, desde CSIF lamentan que las instalaciones "no cuenten con vallado ni control de acceso alguno", lo cual, consideran, "hace que cada vez sean más habituales episodios de extorsión por parte de agresores habituales".

Ante estos hechos, el delegado de CSIF Seguridad Privada en Ilunion Seguridad, Francisco López Jurado, insta a la dirección del Hospital de Valme a "colaborar de forma eficaz para erradicar la delincuencia persistente". "No han pasado ni cuatro meses y vuelven a repetirse las agresiones; para colmo, por parte del mismo individuo", lamenta López Jurado, que considera desde el hospital "deberían involucrarse, observando y aplicando lo que se hace en otras Áreas Hospitalarias de la provincia de Sevilla". 

Así, CSIF solicita que se aborde "de forma inmediata" esta problemática, que, asegura, "no sólo afecta a los profesionales de seguridad privada, sino también a todos los usuarios que estacionan allí". "Desde hace meses, su comportamiento es cada vez más agresivo hacia los vigilantes de seguridad, con amenazas, insultos, tirándoles piedras e incluso ejerciendo funciones de observación para detectar su presencia; se esconden entre los coches cuando detectan al vigilante y así continúan extorsionando a usuarios y profesionales", alertan.

En esta línea, López Jurado señala como medidas necesarias "la coordinación de los recursos jurídicos del hospital y los de la propia empresa de seguridad, mediante denuncias sistemáticas y solicitud de órdenes de alejamiento". CSIF explica que estas prácticas “se llevan a cabo intentando burlar al servicio de seguridad, ya que la vigilancia en los aparcamientos no es continuada”.  

El área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla advierte de que el aparcamiento público gratuito del Hospital de Valme también se usa como punto de encuentros y fue escenario, a principios de año, del abandono de un cadáver, hecho que presenció el vigilante de seguridad que patrullaba en ese momento.


Nueva app de la Seguridad Social y el certificado digital: descarga el informe de vida laboral y modifica tus datos

Importass es la nueva aplicación de la Seguridad Social a la que se puede acceder con el certificado digital de una forma bien sencilla.


Hace días llegó la nueva aplicación de la Seguridad Social que hace bien fácil ciertas tareas que suelen llevar su tiempo como son los diversos trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Entre todas las opciones que otorga, y que son unas cuantas, hay dos bien interesantes: la capacidad de descargar la vida laboral y modificar los datos de una forma bien sencilla.

Como no, el acceso a la misma se puede realizar a través del certificado digital, que ha dado bastantes alegrías para reducir el tiempo que se suele pasar en las Administraciones públicas y así utilizar las diversas aplicaciones disponibles como Mi Carpeta Ciudadana o la misma MiDGT. 

La instalación del certificado digital al igual que su solicitud también es bien sencilla y en su momento desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre se publicaron varias guías para poder pasar ante la instalación de dichas apps o de esta misma que está disponible gratuitamente.

Siendo la app oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social se pueden realizar trámites y consultar información pública y personal de forma bien sencilla. Y como se ha mencionado, se puede acceder con el certificado digital, Cl@ve o SMS, e incluso configurar el acceso biométrico para entrar rápidamente de nuevo.

Aparte de ser una herramienta de gran valía para autónomos, también lo es para la contratación de una persona que realice tareas en el hogar, al igual que para artistas por cuenta ajena o alumnos en prácticas; entre otros tantos trámites a realizar como consultar deudas, solicitar el número de la Seguridad Social o descargar el informe laboral y cambio de datos personales.

Cambiar los datos en la app de la Seguridad Social

Lo mejor de todo es que al descargar el informe laboral (al igual que otros) aparecerá en la segunda pestaña de la app parar tenerlo ahí siempre disponible; también se recomienda aceptar la llegada de notificaciones de la app para cualquier aviso importante. Se hace así:

* Se descarga la app en la Play Store o la App Store.

* Se utiliza mismamente el certificado digital para identificarse.

* Y ahora se va a la pestaña Servicios ubicada en la parte inferior derecha.

* Aparecen los servicios más utilizados: se pulsa sobre informe de vida laboral.

Actas 13° Reunión Del Pleno Del Comité de Empresa de Trablisa Sevilla (28/09/2024)

Os dejo las actas de la 13° reunión del Pleno del Comité de Empresa de Trablisa Sevilla, celebrada el miércoles 25 en las oficinas de la empresa. Una reunión con múltiples temas que tratar tras el verano.


Actas 13° Reunión Del Pleno... by Ugt Trablisa Sevilla

24 septiembre

La Justicia sentencia que los trabajadores podrán elegir cuándo usar el permiso retribuido de atención a familiares

La Audiencia Nacional ha establecido que este permiso no tiene por qué empezar el mismo día en que comience la enfermedad o el periodo de ingreso del familiar.


La Audiencia Nacional ha dado la razón a los sindicatos CCOO, CSIF y UGT y reconoce que los trabajadores no están obligados a disfrutar de los 5 días retribuidos de cuidado de familiares enfermos al día siguiente del hecho causante. Podrán acogerse a este derecho en función de “las posibilidades de conciliación y mientras que el hecho causante permanezca”. 

Los sindicatos presentaron una demanda cuando conocieron que las empresas RACE Asistencia, Asegurance, Unión de Automóviles Clubs y el Grupo Empresarial RACE enviaron un comunicado a sus empleados de forma interna en el que informaban de que el permiso de cinco días por enfermedad o accidente grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización (que precise reposo domiciliario de un cónyuge, familiar o conviviente con el trabajador) “debía coincidir desde el día del hecho causante”. 

Pero, el día 12 de septiembre una sentencia de la Audiencia Nacional desmontó este argumento. Señalaba, en el documento, que la interpretación era “restrictiva o limitadora” del disfrute del permiso, porque ante la ausencia de previsión el comienzo del cómputo no tiene por qué ser el mismo día del hecho causante.

“La finalidad del permiso y la realidad del tiempo en que la norma debe ser aplicada permite que sean los trabajadores afectados quienes determinen la fecha de inicio en función de sus posibilidades de conciliación y mientras el hecho causante permanezca”.

Los permisos por cuidados se iniciarán el día laborable

La Justicia ha establecido que si el día en que aparece la enfermedad o el ingreso en el hospital cae en fin de semana o fiesta, lo lógico es que los permisos se puedan iniciar el próximo día laborable. 

De esta manera, la Audiencia Nacional ha dado la razón a los sindicatos demandantes declarando que las características y la finalidad del permiso requieren de una disponibilidad de ajuste dentro del periodo en que tenga lugar el hecho causante.

Lo que proponían estas empresas, es “contrario al principio de igualdad real y perpetúa la brecha de género, ya que es un desincentivo para que los hombres asuman su deber de responsabilidad en las cargas laborales”.


La empresa de seguridad privada del aeropuerto de Sevilla acumula nueve denuncias en la Inspección de Trabajo

El sindicato CSIF asegura que la compañía Sureste, concesionaria de AENA, vulnera los derechos de más de 200 trabajadores


El área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla ha recibido la confirmación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a nueve denuncias interpuestas por la Central Sindical contra la empresa Sureste Seguridad, concesionaria de Aena en el Aeropuerto de Sevilla. La Inspección de Trabajo ha dado la razón a la sección sindical de CSIF, único sindicato en denunciar la situación de cerca de 200 trabajadores de seguridad privada del Aeropuerto de Sevilla, y "ya ha realizado requerimientos a este empresa por vulneraciones de sus derechos", explica Noemí Marques, delegada sindical de CSIF. "Aena no debe seguir permitiendo que este tipo de empresas incumplidoras concurran a sus adjudicaciones".

Según informó el sindicato en una nota de prensa, las denuncias interpuestas por CSIF se centran en ámbitos normativos como la retribución de los permisos disfrutados en 2023, la realización de los recibos de salario de las gratificaciones de vencimiento superior al mes de Navidad, julio y marzo de los trabajadores de la plantilla, el desglose de todos los conceptos retributivos, la habilitación en el centro de trabajo de un local adecuado y tablón de anuncios para la atención a la plantilla por parte del comité de empresa, o la comunicación a los trabajadores, con un preaviso mínimo de cinco días, para los cuadrantes de fecha y horario de la prestación laboral.

Otro ámbito aprobado por la Inspección de Trabajo es la información y documentación laboral relativa a la realización de tareas de rescate de personas en ascensores, “encomendadas a trabajadores de la plantilla, pese a que no les corresponde realizarla".

El dictamen de la Inspección de Trabajo en Sevilla llega tras las movilizaciones que los trabajadores de Sureste Seguridad vienen desarrollando en municipios como Alicante o Málaga. La plantilla de seguridad privada del aeropuerto de Alicante inició una huelga en marzo del presente año, durante toda la Semana Santa, para reclamar un compromiso por escrito para "respetar y mantener todos los acuerdos previos", un abono de radioscopia fija completa a toda la plantilla, el pago del complemento de parking a todos los trabajadores y revisión de su cuantía, o la eliminación del turno de las 3:30 horas y "reducción drástica" de los turnos matutinos.

También solicitan el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de descansos entre jornadas; el establecimiento de turnos de comida en horas razonables y descansos adicionales en filtro de pasajeros; la adecuación de las instalaciones para el personal operativo, el establecimiento de un retén remunerado y respeto a la desconexión digital.

Por otra parte, el pasado año 2023 en Málaga, los trabajadores de Sureste Seguridad convocaron una nueva huelga indefinida por los incumplimientos que se están produciendo del pliego y el convenio colectivo. En julio de 2021, ya se ejecutó una huelga indefinida, pero en deferencia con los usuarios y con el propio aeropuerto de Málaga, se decidió realizar la huelga en parones intermitentes dentro de la jornada habitual, sin dejar nunca al descubierto una jornada completa sin servicio.


23 septiembre

Día negro para las motocicletas de alquiler en Sevilla capital

* Dos jóvenes de veintidós años iban subidas a bordo de una motocicleta cuando la conductora perdió el control en la calle Santa María de Gracia

* Unas horas antes falleció un hombre de 44 años, también a bordo de una motocicleta de la marca Acciona, en la glorieta Víctimas del Terrorismo


Día negro para las motocicletas de alquiler en Sevilla capital: a las seis de la tarde de este sábado falleció un hombre de 44 años tras perder el control y chocar contra un semáforo en la glorieta Víctimas del Terrorismo, y sólo unas horas después, a las cuatro de la madrugada, dos jóvenes resultaron heridas tras perder también el control de una moto de alquiler y estamparse contra la puerta de un apartamento turístico. Ambas motocicletas pertenecían a la marca Acciona.

El servicio Emergencias Sevilla ha informado que este último accidente estuvo protagonizado por dos jóvenes de veintidós años, quienes resultaron esta pasada madrugada, a las 4.10 horas, heridas leves tras sufrir un siniestro vial en la calle Rafael Padura y chocar contra la puerta de un establecimiento de apartamentos turístico, junto a la calle Sierpes y a la espalda de la Confitería La Campana.

Al parecer, la conductora, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, pudo perder el control de una motocicleta al acelerar cuando circulaba por la calle Santa María de Gracia, cruzando la Plaza de la Campana para detenerse al chocar contra la puerta de un establecimiento en la calle Rafael Padura, causándole daños de importancia.

En el lugar de los hechos tuvieron que intervenir efectivos de Bomberos para extraer la motocicleta y una ambulancia para asistir a las lesionadas. La Policía Local se hizo cargo de la investigación y la instrucción de las correspondientes diligencias.


La Justicia da la razón a un sindicalista despedido tras espiarle un detective para su empresa

El TSJ ratifica que la compañía de Castellón pague salarios y 12.000 euros de indemnización porque le vigilaron fuera de horario laboral por si trabajaba para otros en horas sindicales


El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado la anulación del despido de un técnico de emergencias sanitarias, representante del Comité de Empresa, que fue acusado de usar las horas sindicales para trabajar en otras mercantiles y que fue investigado por un
detective privado. Se fundamenta en que se le vigiló también fuera del horario laboral y, por lo tanto, el informe carece de validez.

De esta forma, la Sala de lo Social del Alto Tribunal valenciano ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por la mercantil contra la decisión previa del Juzgado de lo Social número 1 de Castellón de la Plana, que, además, condenó a la empresa a pagar los salarios no percibidos por el empleado desde su despido más una indemnización de 12.000 euros al considerar que se produjo vulneración de derechos fundamentales. También instaba a indemnizar con 1 euro a UGT, el sindicato que ha representado al trabajador.

Ocurrió en octubre de 2022, cuando la empresa notificó al demandante la carta de despido esgrimiendo que aprovechaba el crédito sindical para realizar actividad laboral en otra empresa, lo que tildaba de «fraude».

La firma, que contrató a un detective para realizar labores de vigilancia, aseguraba: «Se da la circunstancia de que precisamente usted es un miembro del Comité de Empresa, especialmente reivindicativo, que exige el cumplimiento de la legalidad a la empresa, como debe ser, con especial entusiasmo, y, sin embargo, la empresa tiene pruebas fehacientes de que el uso de su crédito sindical se realiza en beneficio propio y no de los derechos de sus compañeros».

La sentencia del juzgado aludía al derecho de libertad sindical reconocido en el artículo 28.1 de la Constitución y recordaba, entre otras cuestiones, que la afiliación no puede ser motivo ni de una actitud contraria al trabajador ni favorable a sus intereses.

Ahora, en una nueva sentencia fechada el 12 de septiembre y consultada por Europa Press, el TSJCV considera que la magistrada valoró el informe de detective aportado por la empresa, «si bien que consideró que no cubría los requisitos necesarios de validez por variadas razones.

Entre ella que la empresa no comunicó al detective los días de uso del crédito sindical ni cuándo iba a disfrutar de vacaciones y días de permiso de asuntos propios, «con el resultado de que dicho seguimiento, realizado durante 12 días, si bien no ha supuesto una lesión del derecho a la intimidad del trabajador al no haberse producido en espacios reservados a tal fin, la indagación sí merece la consideración de acto de injerencia, puesto que resulta desproporcionada«.

20 septiembre

Los sindicatos temen que el Parlamento tumbe la reducción de jornada laboral

La CEOE no entra a negociar a fondo, a pesar de las últimas ofertas de Trabajo


La reducción de la jornada laboral tiene un futuro azaroso. Se ha entrado en la recta final de la negociación, con nueva reunión posible pero aún no confirmada este jueves, con la patronal resistiéndose a entrar en el fondo de la negociación, unos sindicatos ya inquietos y un futuro complejo en el pase por el Parlamento.

Los sindicatos temen que las primeras derrotas parlamentarias del Gobierno vayan a más y que, en un potencial bloqueo de la agenda legislativa, una de las víctimas sea la reducción de la jornada. Es una reforma que consideran estrella, no solo por los cuarenta años que lleva sin modificarse legalmente sino por la buena entrada que tiene entre los trabajadores. También para el Ministerio de Trabajo es un cambio fundamental. En cambio, la CEOE se resiste a tocar un tema considerado tabú en la patronal y además, con la convicción de que, sin su apoyo, será muy difícil que consiga pasar el trámite parlamentario.

La semana pasada la patronal rechazó la bonificación a las pequeñas empresas para reducir la jornada

Fuentes de la negociación apuntan que detrás de las reiteradas negativas de la patronal a entrar a negociar a fondo e incluso a aceptar el objetivo de las 37,5 horas está su convencimiento que la reforma no sumará suficientes apoyos parlamentarios. En este terreno, es significativo el acercamiento que Foment del Treball y el propio Josep Sánchez Llibre llevan realizando con Junts para recuperar el espíritu de la antigua Convergència. Si a eso se le añaden los últimos posicionamientos de Junts, como el voto contrario a la senda de estabilidad en julio, que ahora el Gobierno volverá a presentar, más percepciones puede tener la patronal de que la reforma lo tiene difícil en las Cortes.

De esta manera, se ha asistido a un cambio de posición bastante radical del Ministerio de Trabajo, que pasó de lanzar un ultimátum para que la CEOE presentara una propuesta por escrito, a no ejecutarlo y en cambio, lanzar potenciales cesiones a la patronal. Desde retrasar su entrada en vigor, que no fuera el uno de enero del 2025 sino a lo largo del año, hasta permitir una distribución irregular de la jornada. La semana pasada, Trabajo lanzó otro guiño a la patronal, bonificar los nuevos contratos para las pequeñas empresas de hasta 10 empleados del personal que se tuviera que contratar a causa de esta reducción legal. No se dieron detalles, tienen que figurar en la propuesta por escrito que se espera en breve, pero ya la primera reacción de la patronal fue negativa.

“Está muy bien que por fin reconozcan que esta reforma a quien afecta de verdad es a las pequeñas empresas”, apuntan fuentes empresariales, pero añaden que la medida no se ha concretado y que además, como un elemento aislado, no compensa.

Tal como están las cosas, parece que la patronal, en la disyuntiva de entrar a negociar y suavizar la reforma, pagando el precio de darle su apoyo; o bien jugar al todo o nada, oponerse y contar con que no pase el filtro parlamentario, ha adoptado la segunda opción. Mientras, los sindicatos se inquietan por el paso del tiempo sin decisión, por lo que han convocado movilizaciones, las primeras a partir del 26 de septiembre, ante la sede de la patronal de todas las capitales de provincia.

Novedades y derechos laborales que van a aprobar antes de que acabe 2024 y van a beneficiarte

El Ministerio de Trabajo pretende abordar antes de que acabe el año una serie de medidas que ampliarían los derechos laborales de todos los trabajadores.


El Ministerio de Trabajo ha retomado el curso político con una agenda repleta de tareas pendientes. La más inminente, y prioritaria, es la reducción de la jornada laboral. Según el plan inicial de la cartera de Yolanda Díaz, se pasará de las 40 a las 38,5 horas en 2025 y hasta las 37,5 horas en 2025, y esperan llevarla pronto al Parlamento.

Así lo aseguró el propio secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey: “Está claro que estamos en el tiempo de descuento, no nos queda mucho, este compromiso tiene que enviarse al Parlamento cuanto antes y así lo vamos a hacer, pero estoy convencido de que lo haremos con el respaldo de los empresarios”. No obstante, si estos no se suman, seguirán con la propuesta, asegurando también de que se trata de “un compromiso democrático que nadie puede vetar”. 

Una vez que entre en vigor, los trabajadores no solo trabajarán menos por el mismo salario (no habrá recorte salarial), sino que también se verán beneficiados por dos medidas que Trabajo va a aprobar en la misma norma que la reducción de la jornada laboral: la reforma del registro horario y el derecho a la desconexión digital.

Gracias a estas, entre otras cosas, la Inspección de trabajo podrá acceder de forma remota a los registros (será obligatorio y así se vigilarán más las horas extra), al igual que se va a impedir que los empleadores puedan contactar con sus empleados fuera de la jornada laboral “por cualquier dispositivo, herramienta o medios digitales”, salvo causas de fuerza mayor. En este sentido, el ministerio habla del “derecho a no ser localizable”. 

Derechos laborales que Trabajo espera aprobar antes de que acabe 2024
Hay otra serie de derechos y propuestas que el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a abordar antes de que acabe el año. Y que, de materializarse, supondría una mejora para todos los trabajadores, tanto en materia de conciliación como en condiciones laborales. 

Aumento del Salario Mínimo Interprofesional

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han confirmado que va a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La intención de Díaz, además, es fijar por ley que este siempre tenga que equivaler al 60% del salario medio en España, para garantizar un SMI justo independientemente del partido que esté gobernando. No se sabe todavía la fecha, pero previsiblemente se aprobará a finales de año o principios de 2025.

Aumento de las indemnizaciones por despido

Otra gran reforma que tiene el Ministerio de Trabajo entre manos es la reforma de la indemnización por despido improcedente. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) estimó este año la demanda interpuesta por UGT, considerando que la actual es insuficiente. Por ello, a pesar de las reticencias conocidas por parte del ala socialista del Gobierno, Trabajo se ha comprometido a reformar el sistema actual para concebir indemnizaciones mayores en los casos que corresponda. 

19 septiembre

Varapalo a la seguridad privada: Empleados logran sus pluses de transporte y vestuario

La Justicia ha fallado a favor de la denuncia de Alternativa Sindical beneficiando a los trabajadores de jornada parcial


Los trabajadores del sector de la seguridad privada están de enhorabuena. Su celebración viene motivada porque el Juzgado de lo Social número 1 de Lleida ha dictado una sentencia favorable a la denuncia de Alternativa Sindical. 

Concretamente se trata del procedimiento que ha llevado a cabo en representación de sus afiliados contra las empresas Grupo Control Empresa de Seguridad S.A., Iman Seguridad S.A. y Protección de Patrimonios S.A.

El Tribunal ha reconocido el derecho a percibir el pago íntegro de los pluses de transporte y vestuario, independientemente de la jornada parcial. El fallo confirma que todos estos gastos no dependen del número de horas trabajadas.

En el escrito se explica que todos asumen los mismos costos de desplazamiento y mantenimiento de uniformes, sea cual sea su jornada laboral. De la misma forma, el Tribunal ha instado a las empresas demandadas a abonar las cantidades reclamadas a los trabajadores.

La citada sentencia establece la responsabilidad solidaria entre las empresas demandadas por la sucesión de empresas. Esta resolución refuerza los derechos de los trabajadores esgrimidos por el sindicato Alternativa Sindical ante situaciones de subrogación.

De esta forma, el sindicato con más crecimiento de los últimos años, "logra un resultado sin precedentes", detallan. Por otra parte, "se ubica en una posición relevante en la defensa de las condiciones laborales de empleados del sector de la seguridad privada", exponen.

De la misma forma, hay que destacar que FOGASA ha sido absuelto en este procedimiento. Por ello, la responsabilidad recae únicamente en las empresas demandadas, siendo esta una sentencia firme. Ante ella no cabe recurso, por lo que su cumplimiento es obligatorio para las empresas condenadas.

La Justicia zanja la guerra entre vigilantes de Seguridad y guardias civiles en el Ministerio de Transportes

La Audiencia Provincial inadmite el recurso que habían interpuesto los trabajadores de la empresa privada


La Justicia pone punto y final a la lucha que los vigilantes de Seguridad, que se encargan del interior del complejo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), habían emprendido contra los guardias civiles que custodian el exterior por supuestos delitos de desobediencia, coacciones, amenazas y falsedad. Uno de los querellados era el subteniente José Luis Rodríguez García, detenido en el 'caso Koldo', quien fue grabado, como publicó este medio, tratando de pasar al ministerio a personas sin que fueran registradas en la entrada. La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, no cree que los hechos sean graves y ha apoyado el archivo de este asunto.

La pugna se remonta a un cambio en el organigrama de Seguridad de la etapa del exministro José Luis Ábalos, quien removió a un guardia civil para hacer depender ese área de un inspector de Policía. En mayo de 2023, el cuerpo dio un golpe en la mesa cuando el coronel jefe de la Unidad de Protección y Seguridad de la Benemérita remitió una orden "confidencial" al Ministerio (al frente ya estaba la ministra Raquel Sánchez) expresando que "desde junio de 2022, de forma continuada e intencionada, en contra de la legislación vigente", el director de Seguridad había dado "órdenes a los vigilantes de seguridad privada contra los guardias civiles [...] con el único objetivo de obstaculizar, cuando no impedir, el normal funcionamiento de los servicios que presta la fuerza pública en dichas instalaciones".

En ese informe, que hablaba de "agresiones armadas contra las autoridades", se permitía que los guardias pudieran entrar armados al recinto, algo que contravenía el propio protocolo interno del edificio. El Ministerio del Interior evitó intervenir en este asunto en todo momento, tanto a preguntas de este medio, como a las reiteradas peticiones de los sindicatos que veían que aquello se estaba convirtiendo en un polvorín.

La versión de los vigilantes de Seguridad distaba mucho de ser la misma. Para ellos, lidiar con el subteniente José Luis Rodríguez y los compañeros que trabajaban en Nuevos Ministerios era complicado, y el clima laboral llegó a ser tan irrespirable que hasta ocho vigilantes estuvieron de baja laboral a la vez. Las "amenazas verbales" que algunos denunciaron quedaron recogidas en grabaciones como la que publicó este medio.

Rodríguez: "Yo siendo el jefe de la sección, o sea de la sección que es la seguridad aquí, no me autoriza una empresa de seguridad privada a pasar un vehículo que yo digo que tiene que pasar. Eso es el mundo al revés. Veremos cómo termina esto"

Trabajador: "Perdón, no le autoriza el área de Seguridad que pertenece al Ministerio"

Rodríguez: "Correcto. Entonces, ocurre lo siguiente, como no quiero más escándalo ya aquí delante de esta persona porque no tengo que dar explicaciones de a qué viene. Viene a tomar un café o a otra cosa. Y me importa muy mucho el buen nombre y ese señor no tiene que saber lo que está pasando... pues le he dicho que se vaya a otro sitio y que curse una disculpa. Esto no va a pasar así. Si un mando viene por aquí y vosotros no me dejáis pasar o me lo impedís físicamente, mandaría a la Fuerza y os detendría por impedir obstrucción del agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones (sic)"

18 septiembre

Expertos en integración del barrio del Bronx de Nueva York asesorarán al Ayuntamiento de Sevilla con el Polígono Sur

El gobierno local matiza las palabras del alcalde de Sevilla, que anunció la participación de estos «especialistas» en el desmantelamiento de El vacie

José Luis promete que antes de 2027 se habrán terminado los asentamientos chabolistas de Reina de los Ángeles y El Vacie


Unos «especialistas internacionales» con experiencia en el famoso barrio del Bronx de Nueva York serán los asesores del Ayuntamiento de Sevilla para llevar a cabo las labores de desmantelamiento y «regeneración» de los poblados chabolistas de El Vacie y Reina de los Ángeles. Es el gran anuncio que este martes ha hecho público el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha protagonizado un coloquio organizado por Fórum Europa, donde el primer edil hispalense ha impartido la conferencia 'Sevilla, un sueño compartido', siendo presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

José Luis Sanz ha asegurado sin titubeos que «éste será el mandato en el que se terminará con los asentamientos [chabolistas] de Reina de los Ángeles y El Vacie», matizando que procurará para esas familias «unas condiciones de vida dignas». Al respecto, Sanz ha señalado que además de políticas sociales hacen falta políticas urbanísticas «para cambiar criterios que han convertido a ciertos barrios en un gueto». Y para este propósito «vamos a contar con especialistas de carácter internacional que han participado en la regeneración de otros barrios del mundo como El Bronx», ha asegurado el alcalde hispalense.

Minutos después de las declaraciones del alcalde hispalense, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han querido matizar que el desmantelamiento de El Vacie es responsabilidad de los técnicos de Servicios Sociales, mientras que los especialistas internacionales con experiencia en el barrio del Bronx de Nueva York participarán en unos proyectos «de regeneración» en el Polígono Sur. «Concretamente, en el proyecto estratégico de mejora social, medioambiental, urbanística y arquitectónica del Polígono Sur».

De la mano de la Junta

Desde el hotel Alfonso XIII, a pocos metros del Palacio de San Telmo, ambos líderes han reivindicado su buena sintonía y reclamado más apoyo al Gobierno central. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido que Sevilla es «una capital fundamental para el país y para Andalucía», y sobre José Luis Sanz ha destacado que haya «acabado con años de conformismos y limitaciones impuestas desde fuera», poniendo como ejemplo los «fiascos» con el metro o la SE-40, e incluso «autoimpuesta por alcaldes que no han apostado lo suficiente por el potencial que tiene Sevilla y los intereses de todos los sevillanos».

Para el presidente andaluz, Sanz «lo está haciendo con valentía», refiriéndose al «bloqueo» del resto de grupos municipales a la gran mayoría de proyectos del gobierno local de Sevilla. Para Juanma Moreno, ésta ha sido «la peor decisión posible» por parte de los «partidos a derecha e izquierda». Según el líder andaluz, la respuesta del alcalde ha sido «acertada e inteligente», buscando el acuerdo y el diálogo «con todos». «Los sevillanos premian la política útil, y por eso la política transformadora de José Luis se abre paso imparable».

Las bases del futuro

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido que su primer año al frente del Consistorio ha sido «complicado y difícil, aunque asegura que su gobierno ha logrado «poner las bases para que empiecen a cambiar las cosas en Sevilla». Entre los grandes logros de este primer curso completo, Sanz saca pecho de haber conseguido sacar adelante su primer presupuesto y eliminar trabas urbanísticas. «La aprobación del presupuesto fue una agonía, con la oposición instalada en el 'no es no'». «El presupuesto es la base del cambio en nuestro modelo de gestión. Hemos puesto la casa en orden, cuidado del patrimonio, mejorada la limpieza, parques y jardines...», señaló Sanz.

El alcalde ha recordado los incrementos en las partidas presupuestarias para el mantenimiento del viario, el alumbrado, la conservación monumentos o la limpieza. «Lo segundo que hemos hecho es la reorganización de la administración municipal para lograr la excelencia en los servicios municipales», explicaba el alcalde, poniendo como ejemplo que este viernes se aprobará la implementación de la ley de grandes ciudades en la capital hispalense.

Detenido el grupo de estupefacientes de la comisaría de la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra en una operación antidroga

Asuntos Internos arresta a los cinco agentes de la lucha antidroga por sus presuntas relaciones con el narcotráfico


Los cinco agentes del grupo de estupefacientes de la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra han sido detenidos este martes en el curso de una operación antidroga. La investigación, de la que han trascendido muy pocos detalles, la lleva la unidad de Asuntos Internos a través de un grupo especializado venido desde Madrid. Las detenciones se producen tras tres meses de discretos trabajos en la comisaría local y el entorno de la misma, mediante las diligencias habituales en este tipo de operativos.

Se sabe que hay 35 arrestados en total y que la mayor parte del operativo se ha desarrollado en el barrio alcalareño de Rabesa. Se desconocen aún cuáles son las imputaciones sobre los agentes y qué tipo de pruebas los implican en el tráfico de drogas. La operación permanece bajo secreto y fuentes oficiales de la Policía Nacional no han querido informar de nada relacionado con la misma.

La operación se inició a las cinco de la mañana. El jefe de la comisaría ordenó a todos los agentes destinados en esta sede policial que dejaran sus teléfonos móviles y les anunció que iba a haber una serie de detenciones en la comisaría, sin dar más pistas. Poco a poco, los policías que estaban de servicio descubrieron que los detenidos eran los miembros del grupo dedicado a la lucha contra el narcotráfico en esta ciudad.

Los agentes encargados de la investigación se han desplegado tanto por la comisaría como por la barriada de Rabesa, de donde son el grueso de los detenidos. Este barrio es el más deprimido de la ciudad y en él está muy presente el tráfico de sustancias estupefacientes.

A mediodía, varios agentes entraban y salían de las instalaciones policiales cargando material intervenido, útil en la investigación. Así, se han podido ver a algunos policías portando armas largas, del tipo escopetas, y otros llevando lo que parecen herramientas y útiles para plantaciones de marihuana. Entre ellos bombonas, conectores de electricidad de gran tamaño e, incluso, una motosierra.

La operación ha supuesto una verdadera sorpresa para la mayoría de los policías destinados en esta localidad. Se han practicado 27 registros domiciliarios, no sólo en el municipio alcalareño, sino, además, en la localidad de vecina de Mairena del Alcor y en una parcela de Utrera, donde reside uno de los agentes detenidos.

El final de la operación ha coincidido con la hora de salida de un colegio próximo a la comisaría local de la Policía Nacional. Algunas madres comentaban cómo les había sorprendido a primera hora de la mañana el ruido de un helicóptero en marcha, así como la elevada presencia policial del barrio de la Rabesa. "Esto tendrían que hacerlo dos veces al mes", decían algunas a preguntas de este medio. "Lo que hace falta en Alcalá es una buena limpieza", añadían.

17 septiembre

¿Cuántos días llevo cotizados? Seguridad Social lanza una aplicación para facilitar los trámites con la administración

El Ministerio refuerza la herramienta que ya utilizan autónomos, artistas, empleadas y empleadores del hogar para incluir a los 700.000 becarios en prácticas no remuneradas


En el año 2023, la Seguridad Social expidió más de 46 millones de vidas laborales. Cientos de miles de ciudadanos quisieron saber cuántos días habían cotizado a lo largo de su carrera profesional. No fueron las únicas gestiones. Entre enero y julio de este ejercicio, este departamento resolvió 104 millones de consultas telemáticas. El ministerio que dirige Elma Saiz ha presentado este lunes las novedades de la aplicación 'Importass', con la que pretenden facilitar y acercar estos servicios a la ciudadanía, sobre todo a la más joven.

La actualización de la plataforma, que ya utilizan personas que trabajan por cuenta propia, artistas y empleadas y empleadoras del hogar, esta centrada en un grupo de reciente incorporación a la Seguridad Social: los becarios en prácticas no remuneradas que cotizan desde el pasado 1 de enero. “La nueva app incorpora un apartado específico para los jóvenes y los estudiantes en prácticas, más de 700.000 alumnos desde la entrada en vigor (de la nueva normativa), que acumulan más de 14 millones de días de cotización”, ha cuantificado la ministra Saiz, que ha destacado que “la administración tiene que acercarse” a la juventud.

La medida tiene un doble objetivo. Por un lado, que la ciudadanía pueda “acceder, de forma intuitiva, a la información personal que le interese y a cualquier tipo de trámite con un par de clics”. Es lo que ocurre ya con muchos de los procesos burocráticos que realizan las personas autónomas o las empleadas del hogar y sus empleadores. Por otro, que los más jóvenes y aquellas personas que están iniciado su actividad profesional o su carrera de cotización “se comprometan con el sistema público”, ha señalado la ministra. “Es lo que les garantiza su presente, pero también su futuro. Cotizar hoy es la garantía de una pensión mañana, de estar protegidos si tienen un accidente y de ganar derechos desde el primer momento”.

A través de la aplicación, los usuarios pueden comprobar su vida laboral, su base de cotización, sus contratos, cuántos días han estado dados de alta y las prestaciones sociales a las que tienen derechos o los convenios que marcan los perímetros de sus relaciones laborales con la empresa. “Los alumnos nos preguntan para qué cotizan y cuando lo ven, lo entienden”, ha indicado la subdirectora general de Integración y Coordinación de Administración digital, Celia Sacristán.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha señalado que la aplicación permitirá a la administración “hacer un aprovechamiento de las tecnologías más avanzadas, como la inteligencia artificial, para mejorar la atención, hacer una evaluación de cómo se hace esa atención y garantizar que nuestro personal está al día de todos los avances que se produzcan en estos ámbitos”. En cualquier caso, el número 2 del ministerio ha destacado que “detrás siempre habrá una persona”.

Suárez ha destacado que, aunque en esta ocasión han puesto el énfasis en los jóvenes, “es evidente que esta aplicación trata de ser lo más amable y accesible posible, no solo para ellos, sino para todas las personas”. En la misma línea, Saiz ha señalado que “la tarea no está acabada” porque la app “nace con la tarea de ser una herramienta viva”, que pueda ir incorporando paulatinamente todos los servicios y trámites con la Seguridad Social. Pero ha sido también tajante en un mensaje: “Aunque el objetivo de digitalización del Gobierno es llegar al 80% de la población, no se va a dejar atrás a las personas mayores”.


A juicio un vigilante de seguridad por el robo de 1.200 euros en una oficina de Correos en Valencia

Los usuarios del despacho colocaron una cámara de seguridad que registró al encausado cogiendo dinero


La Audiencia Provincial de Valencia juzga este próximo jueves a un vigilante de seguridad acusado de sustraer 1.200 euros de un despacho de una oficina de Correos ubicada en la capital del Turia, según concretan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La Fiscalía solicita una pena de prisión de tres años por un presunto delito continuado de robo con fuerza. La acusación pública sostiene que, entre el 6 de marzo y el 8 de abril, el procesado accedió a las instalaciones, cogió la llave de la caja fuerte que se encontraba en la mesa y se apropió del dinero.

Los usuarios del despacho, miembros del Sindicato Libre de Correos, colocaron una cámara de seguridad en la oficina que, según el ministerio público, registró al encausado cogiendo 100 euros y devolviéndolos al percatarse de la existencia del dispositivo.

La vista tendrá lugar el próximo jueves 19 de septiembre a las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, de acuerdo con la información facilitada por el TSJCV.


16 septiembre

Vigilancia de obras en Cataluña: dos de cada tres están controladas por clanes criminales

Con un informe público, el director de BauWatch España se ha animado a denunciar una práctica ilegal que, para él, y hasta ahora, "era tan sólo una leyenda urbana"


"Más del 66% de las obras de construcción en Cataluña recurren a servicios de seguridad privada sin licencia oficial". A Ignacio González, director de BauWatch España -una empresa pionera en la videovigilancia de proyectos de construcción mediante sistemas de inteligencia artificial-, le ha bastado poco más de un año para llegar a esta conclusión.

La empresa, nacida en Holanda en el año 2009, aterrizó en la península a principios de 2023. En este tiempo han podido constatar la gravedad de la situación, especialmente en la provincia de Barcelona: "Aunque hemos detectado esta práctica en otros puntos de España, en Cataluña la realidad es muy preocupante, pues dos de cada tres obras contratan a empresas ilegales", asegura el responsable de BauWatch.

De este modo, en escasos 20 meses, la empresa que González lidera en nuestro país se ha visto obligada a redactar un informe para visibilizar y denunciar una práctica que, para él, y hasta ahora, "era tan sólo una leyenda urbana". Una investigación que rompe con la omertá sobre la vigilancia de obras en Cataluña. 

Jefes de obra amenazados y coaccionados

Así, y según ha podido cotejar el análisis impulsado por BauWatch España [Crimen en la Construcción 2024], estas compañías fraudulentas llevan décadas operando con total impunidad. Incluso en obras públicas. De ahí que la empresa de videovigilancia se esté moviendo para concienciar a los constructores (ergo, a sus clientes potenciales) que contratar los servicios de estas empresas también incurre en una ilegalidad. Una práctica que está penada con multas de hasta 200.000 euros.

Sin embargo, en esta ecuación también entra en juego el discurso del miedo. Y es que, a lo largo de su investigación, los responsables de BauWatch se han percatado de que muchos de los jefes de obras viven amenazados y coaccionados por los cabecillas de estas empresas ilegales. 

"Nuestros comerciales han hablado con decenas de constructores y jefes de obras. Aunque a priori les cuesta de reconocer quién se esconde tras sus servicios de seguridad, muchos acaban reconociendo que se encargan empresas ilegales, sin licencia en la Unidad Central de Seguridad Privada", manifiesta González.

Sin embargo, esta es una realidad que Sergio Sánchez, de ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña, lleva años denunciando. Según el portavoz del sindicato mayoritario de seguridad privada, estas supuestas sociedades dedicadas al mundo de la seguridad privada son, en realidad, organizaciones criminales que se lucran del intrusismo profesional y del miedo de sus víctimas. "Les amenazan con robarles todo el material", explica el portavoz.

El mapa de los salarios en Europa por horas que muestra donde se sitúa España

Nuestro país se encuentra por debajo de la media europea en ingresos salariales que está fijada en 24 euros por hora


¿Te has preguntado cuánto cobra un trabajador por hora en otros países de Europa? La app Voronoi sirviéndose de los datos de Eurostat de 2023 ha desarrollado un mapa que muestra que España se encuentra por debajo de la media europea en ingresos
salariales. Fijada en 24 euros por hora

. España muestra diferencias con sus vecinos europeos. De tal modo, que cuanto más azul, mayor será el salario por hora. Y los resultados van de los 47,2 euros por hora a los 8 euros.

Mientras que los países más próximos a España como Portugal están en la parte inferior de la lista. Con un salario medio por hora de 13,7 euros. En contraste el sueldo de Francia supera a la media con 28,7 euros por hora y en Italia, el sueldo también supera al de España con 21,5 euros por hora. Situándose en decimocuarta posición. En medio de este panorama, España con 18,2 euros por hora trabajada en 2023. Casi a mitad de la lista de los países que Eurostat analiza, concretamente en la decimoquinta posición.

A la cabeza de la lista está Luxemburgo como la mejor situada. Liderando la tabla con un salario medio de 47 euros la hora. No en vano, tiene un PIB per cápita de los más altos del mundo. En segundo y tercer lugar se posicionan Dinamarca con 42 euros por hora y Noruega con 41,7 euros por hora. En cambio, otro país escandinavo como Suecia difiere con 26 euros por hora.

En el otro extremo, se sitúan Bulgaria con 8 euros la hora y y Rumania con 10,4 euros por hora. Les sigue Letonia con 10,7 euros por hora. Comparación europea: Los datos muestran que países como Dinamarca e Islandia también se encuentran arriba de la tabla en términos de ingresos medios, mientras que países del sur de Europa, como Grecia tiene un salario de 12,6 euros por hora. Por lo que se sitúa más abajo.

Este mapa una vez más deja claro la teoría que sabemos de que Europa del Norte y del Oeste tienen salarios promedio que son más altos que los de la Europa del Sur y del Este. Visual Capitalist, quien ha ilustrado estos resultados aclara en su web que naturalmente, el mapa de salarios promedio también es un reflejo del costo de vida en cada país.

13 septiembre

La empresa no está obligada a mantener las condiciones ofertadas en el anuncio de empleo si durante el proceso entra en vigor una norma que afecta al contrato

Las empresas no están obligadas a mantener las condiciones laborales ofertadas en los anuncios de empleo, como es la duración estimada de la relación laboral, si entran en vigor normativas que afectan a los contratos que han ofertado.


Así ha fallado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) en la que ha desestimado las acciones legales interpuestas por una trabajadora contra la empresa pública Madrid Destino, por incumplimiento de lo pactado en relación con la duración de su contrato de obra, ya que la empresa no respetó los dos años de empleo que prometieron en la oferta laboral.

La Sala de lo Social ha razonado que no existió precontrato alguna, sino una oferta publicada para el puesto de trabajo; y, además, la modificación del tiempo de duración (que se vio reducida de dos años a seis meses) estaba justificada porque entró en vigor una normativa laboral que derogaba los contratos de obra. Por tanto, la empresa actuó conforme a la ley.

Los hechos

Los hechos enjuiciados se remontan al año 2021, cuando la empresa Madrid Destino — una empresa pública propiedad del Ayuntamiento de Madrid encargada de la gestión de los aspectos culturales, turísticos así como de espacios y eventos— publicó en septiembre de ese año una oferta de empleo para cubrir un puesto de técnico especialista en comunicación, marketing y publicidad mediante la suscripción de un contrato de obra o servicio. En la oferta se indicaba que el contrato tendría una duración estimada de dos años desde la incorporación del trabajador al puesto laboral.

La actora concurrió al proceso de selección y fue seleccionada para el puesto en noviembre, aunque se le comunicó que ya se le informaría de la fecha de incorporación. Y, en el mes de diciembre, la mujer presentó su baja voluntaria en el Canal de Isabel II para el que venía prestando servicios.

El problema llegó a principios de enero cuando entró en vigor el Real Decreto-ley 32/2021 de Medidas Urgentes para la reforma del mercado laboral, la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, en la que se deroga el contrato de obra. En consecuencia, y atendiendo a la Disposición Transitoria de la misma norma —ya que la disposición legal dictada fue anterioridad a la fecha de formalización del contrato de trabajo—, la empresa comunicó a la trabajadora que se suscribirá el contrato pero la duración del mismo no podía ser superior a los seis meses.

La actora aceptó las condiciones y el 10 de enero las partes suscribieron el citado contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio, señalándose en la cláusula tercera del documento contractual que la duración se extendería hasta julio de 2022, fecha en la que finalizó la relación laboral y se entregó a la trabajadora el finiquito en concepto de indemnización por finalización del contrato temporal.

El cambio en el permiso de paternidad de ocho semanas: así afecta a empleados y empresas

El Gobierno introduce un cambio con el objetivo de cumplir con las directrices de la Unión Europea. Afecta directamente a la remuneración.



En junio de 2023 se aprobó en España el permiso parental de ocho semanas, mediante el cual se permitía a los padres y madres disfrutar de ocho semanas remuneradas de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla los ocho años. 


Se trata de un permiso de atención a los hijos que es distinto al vinculado con el nacimiento, y que pueden aprovechar ambos progenitores de manera flexible a voluntad de sus intereses. Sin embargo, en las últimas semanas se ha introducido un cambio que afecta directamente a la remuneración de dicho permiso.


Qué cambia


A partir de ahora, las empresas tienen la obligación de pagar a sus empleados que soliciten el permiso durante los 15 primeros días. A partir de entonces, y tal y como explica El Debate, la empresa no ofrece compensación económica a los trabajadores durante las semanas restantes del permiso parental. Es decir, que las compañías seguirán pagando el sueldo al trabajador solamente durante la primera quincena.


Por qué se cambia


España, como muchos otros países, ha esperado hasta el último momento para acatar las directrices de la Unión Europea, que exige que el permiso parental sea retribuido. Hasta ahora, el Gobierno había extendido el permiso de lactancia a todos los trabajadores para cumplir con las demandas de la UE, pero a partir del 2 de agosto de este año se aprobó el cambio que obliga a las empresas a pagar a sus empleados durante el permiso.


De esta forma, y tal y como se refleja en el Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo, “se avanza en la mejora y se incrementa el nivel de reconocimiento y protección de los permisos de conciliación, cumpliéndose por tanto la exigencia de un permiso parental retribuido”.