El trabajador tiene derecho a solicitar cambios en su jornada laboral para el cuidado de hijos

El fundamento jurídico de este derecho se encuentra en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, reforzado tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 6/2019.

La conciliación entre vida laboral y familiar es un derecho cada vez más respaldado por la ley y por los tribunales. En España, los trabajadores con hijos menores de 12 años pueden solicitar cambios en su jornada laboral para atender sus responsabilidades familiares, y las empresas están obligadas a negociar estas peticiones.

El fundamento jurídico de este derecho se encuentra en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, reforzado tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 6/2019. La norma reconoce a cualquier persona trabajadora la posibilidad de solicitar adaptaciones en la duración y distribución de la jornada, en la organización del tiempo de trabajo e incluso en la modalidad de prestación del servicio, incluyendo el teletrabajo.

Este mecanismo convive con otra herramienta ya consolidada: la reducción de jornada por guarda legal, regulada en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta opción permite a madres y padres reducir su jornada laboral para cuidar de hijos menores de 12 años, con la correspondiente disminución proporcional del salario. La diferencia principal es que la adaptación de jornada permite reorganizar el tiempo de trabajo sin necesidad de renunciar a horas ni a sueldo, siempre que la medida solicitada resulte razonable y viable.

Las posibilidades de adaptación son amplias y dependen de cada caso concreto. Un trabajador puede solicitar modificar la hora de entrada o salida, concentrar la jornada en determinadas franjas, pasar de jornada partida a continua o fijar turnos estables. También es posible plantear fórmulas de teletrabajo parcial, como trabajar desde casa algunos días a la semana o en horarios específicos que faciliten el cuidado del menor.

No obstante, este derecho no implica que la empresa deba aceptar automáticamente cualquier solicitud. La normativa establece la obligación de negociar de buena fe y de responder en un plazo breve, habitualmente de 30 días.

Durante este proceso, la empresa puede aceptar la propuesta, plantear alternativas o denegarla, pero en este último caso debe justificar su decisión con razones organizativas, productivas o técnicas. La clave está en encontrar un equilibrio entre las necesidades del trabajador y el funcionamiento de la empresa.

A los trabajadores que soliciten reducción de jornada se les concederá de oficio si la empresa no se niega de forma expresa en los 15 días siguientes a la solicitud

El Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a negociar, no pueden negarse desde el primer momento

El Estatuto de los Trabajadores (ET) determina en su artículo 35.8 que cualquier empleado tiene la facultad de solicitar "las adaptaciones que sean necesarias en la duración y distribución de su jornada laboral para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral".

Ahora bien, tras la solicitud la empresa abrirá un proceso de negociación para conceder o no la adaptación de jornada que durará un máximo de quince días. Si la compañía no se pronunciase o hiciera caso omiso de la petición, una vez agotado dicho periodo se concederá la reducción de jornada solicitada automáticamente. Así lo confirma además una reciente sentencia del Tribunal Supremo (que se puede consultar en este enlace), que trata el caso de un trabajador cuya empresa se negó a asignar reducción de jornada.

El hombre, que se desarrollaba como jefe de topografía en una mina de Asturias, estaba empleado a jornada completa. Las 40 horas semanales se distribuían en horario de 8:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 8:00 a 14:00 horas los viernes. Todo iba bien hasta que en 2023 requirió una reducción de jornada de 7:00 a 15:00 horas para poder cuidar de sus hijas menores, que en el momento de la solicitud tenían 5 y 2 años.

Sin embargo, la empresa terminó denegando la petición. El problema viene cuando se miran las fechas: la solicitud se realizó el 14 de marzo pero no fue hasta el 13 de abril que la empresa comunicó su negativa a concederla. Así, había ignorado el plazo de 15 días establecido por el ET para negociar adaptaciones de jornada, pues la decisión se alargó durante prácticamente un mes.

La ley obliga a las empresas a negociar 15 días

Ante este escenario, el trabajador acabó demandando a la empresa. No obstante, un juzgado de lo Social de Oviedo acabó desestimando la denuncia, por lo que decidió elevar el caso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias, que esta vez sí reconoció su derecho a adaptar su jornada de trabajo en aras de facilitar la conciliación. Es más, también se condenó a la compañía a indemnizarle con 7.501 euros por daños y perjuicios, sentencia que la empresa recurrió ante el Supremo.

A juicio del Alto Tribunal, la apertura del periodo de negociación se configura en la ley "como un trámite imperativo u obligatorio para la empresa" presidido, además, por la buena fe. El ET tampoco le autoriza a dar directamente respuesta negativa, pues "estaría eludiendo la obligada apertura del periodo negociador" y el derecho a la adaptación de jornada que tiene la persona que lo solicita.

Por todo lo anterior el Supremo confirma, citando al ET, que las empresas están efectivamente obligadas a negociar con los trabajadores que realicen una solicitud de adaptación de jornada por conciliación familiar y que dicha petición ha de resolverse en el plazo máximo de 15 días. De lo contrario, la solicitud se entenderá como aceptada y la reducción de jornada se concederá de oficio.

Fuente: A los trabajadores que soliciten reducción de jornada se les concederá de oficio si la empresa no se niega de forma expresa en los 15 días siguientes a la solicitud

Las claves de la regulación del registro horario y cómo podría reducir la jornada sin reducir la jornada

Yolanda Díaz ultima un decreto que obligará a las empresas a llevar un registro digital y detallado ante los datos que señalan que casi medio millón de trabajadores hacen horas extra no remuneradas

El fracaso en el Congreso del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha llevado al Gobierno a centrar la atención en otra de sus medidas clave: la reforma del registro horario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había adelantado que, en caso de que su proyecto estrella de reducir la jornada efectiva de sin necesidad de recortar salarios no superase el trámite parlamentario, el endurecimiento del registro de horas trabajadas se aprobaría mediante un real decreto.

El pleno del Congreso rechazó este miércoles la tramitación del proyecto de ley de reducción de jornada tras prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Junts y UPN. Con 178 votos a favor y 170 en contra, la propuesta del Ejecutivo quedó descartada, generando un choque político marcado por la división ideológica y el peso de las pequeñas y medianas empresas en el debate.

La regulación horaria, nuevo objetivo de Trabajo

Tras el veto parlamentario, el Ministerio de Trabajo anunció que impulsará de forma inmediata la reforma del registro horario por la vía reglamentaria, a través de un real decreto que no requiere convalidación en el Congreso. La medida, que desde este jueves ya se encuentra en fase de consulta pública, busca dotar a la Inspección de Trabajo de mayores herramientas de control telemático para detectar fraudes en las horas extraordinarias y garantizar el cumplimiento de la normativa europea.

Díaz recordó que dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea instan a los Estados a implantar sistemas de registro fiables que reflejen las horas efectivas de entrada y salida de los trabajadores. Por su parte, la patronal mantiene su férrea oposición a esta medida, que ha sido uno de los principales focos de tensión en el debate sobre la reducción de la jornada. CEOE y Cepyme sostienen que supone una carga burocrática y tecnológica adicional para las empresas, especialmente las pymes, con costes y rigideces que limitan la flexibilidad laboral, mientras los sectores de izquierda acusan a las empresas de querer seguir beneficiándose de la laxitud del actual sistema de registro para imponer horas extra no remuneradas a sus trabajadores.

Las novedades del registro digital

El borrador que maneja el Ministerio de Trabajo introduce cambios de calado en el sistema de registro horario, con la vista puesta en cerrar los resquicios que permiten hoy el abuso de las horas extraordinarias no declaradas. La primera gran novedad será que cada trabajador deberá registrar personalmente su jornada a través de sistemas digitales, con verificación de identidad y desglose detallado de las horas ordinarias, extraordinarias, de disponibilidad o de interrupción.

El modelo actual, en el que muchas empresas utilizan hojas de cálculo o sistemas manuales, ha mostrado “insuficiencias” que dificultan la supervisión y dejan a miles de empleados fuera de control efectivo. Por ello, el nuevo decreto prevé la obligatoriedad de soluciones electrónicas con garantías de autenticidad, como los sellos de tiempo o aplicaciones móviles homologadas en las que los trabajadores podrán fichar al iniciar y acabar su jornada, capaces de ofrecer un historial verificable.

Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Además, el registro horario deberá estar disponible en tiempo real para la Inspección de Trabajo y podrá ser consultado de forma remota por los representantes sindicales. Se endurecerán también las sanciones por incumplimiento y las compañías estarán obligadas a entregar copias periódicas de los registros a la representación de los trabajadores. Según Trabajo, el objetivo es doble: garantizar la transparencia en las jornadas y evitar que las horas extraordinarias se conviertan en un recurso estructural gratuito para las empresas.

La medida que se aplicará si no entra en vigor la reducción de jornada

El éxito de la propuesta de reducción de jornada depende, en gran medida, de los votos de Junts, una convocatoria que sorprendió hasta los sindicatos.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral en España ha llegado a un punto crítico. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha propuesto una reducción a 37.5 horas semanales, pero su tramitación se enfrenta a un obstáculo clave: la votación de las enmiendas a la totalidad en el Congreso.

Si estas enmiendas, presentadas por partidos como PP, Vox y Junts, son aprobadas, el proyecto estrella del gobierno de Yolanda Díaz volverá al punto de partida, lo que supondría un importante revés político y un retraso significativo.

El registro horario: el “Plan B” del Gobierno

Ante la posibilidad de que su propuesta principal sea rechazada, el Ministerio de Trabajo ha concretado un plan alternativo: la implementación inmediata de un registro horario electrónico. A diferencia de la reducción de jornada, este control de horarios puede ser aprobado a través de un real decreto del Consejo de Ministros, sin necesidad de pasar por el Parlamento. Este registro, que permitiría a la Inspección de Trabajo un acceso telemático a los horarios de las empresas, se concibió inicialmente como un complemento a la reducción de jornada, pero ahora se presenta como una medida independiente y de aplicación directa.

Junts, el actor clave y la sorpresa de la votación

El éxito de la propuesta de reducción de jornada depende en gran medida de los votos de Junts per Catalunya. Las negociaciones con este partido han sido particularmente difíciles, aunque se han centrado en ofrecer ayudas y un trato especial a las pymes, un punto sensible para muchos.

La convocatoria de la votación para la próxima semana, que pilló por sorpresa incluso a los sindicatos, sugiere que el gobierno buscaba un acuerdo rápido o que la situación se ha vuelto más urgente de lo esperado. El sindicato UGT, a través de su secretario general Pepe Álvarez, ha calificado la fecha de “prematura y nada oportuna”, pero mantiene la esperanza de que la batalla por la reducción de jornada se ganará, si no en este intento, en uno futuro.

Perspectivas de Éxito y Confianza Sindical

Pese a las dificultades, el equipo del Ministerio de Trabajo ve opciones de que la propuesta pueda avanzar, confiando en un acercamiento en el contenido de la ley. Sin embargo, reconocen que la decisión final es política y recae en Junts.

El sindicalista Pepe Álvarez ha sido contundente en su optimismo, recordando las palabras de la ministra María Jesús Montero, quien previamente sugirió que la ley podría aprobarse al “segundo o tercer intento”. Este escenario muestra que tanto el gobierno como los sindicatos están preparados para una batalla legislativa prolongada si la primera votación fracasa.

Además, UGT presiona para que el registro horario, considerado esencial para corregir abusos en las empresas, se implemente de forma inmediata, independientemente del destino de la reducción de jornada.

Fuente: Buenas noticias para millones de trabajadores españoles: esta es la medida que se aplicará si no entra en vigor la reducción de jornada

Cómo afecta la jornada reducida a la cotización

Reducir la jornada laboral por razones personales o familiares es una opción contemplada en la legislación española, pero muchos trabajadores desconocen cómo esta decisión puede afectar a su cotización a la Seguridad Social y, por tanto, a su pensión de jubilación. 

Las últimas reformas introducidas en octubre de 2023 han cambiado de forma significativa la manera en que se computa el tiempo trabajado, lo que puede suponer un alivio para quienes optan por jornadas parciales.

Cuando un trabajador solicita una reducción de jornada por motivos familiares, como el cuidado de hijos menores de 8 años o de familiares dependientes, la normativa actual garantiza que la base de cotización se mantenga al 100 %, a pesar de trabajar menos horas.

* Por cuidado de hijos menores de 8 años, la base completa se mantiene durante 2 años.

* Por otras causas justificadas, como el cuidado de familiares, el periodo cubierto es de 1 año.

Esto significa que, durante ese tiempo, la Seguridad Social considera como si el trabajador siguiera cotizando por su jornada completa, lo que permite proteger el cálculo futuro de la pensión. Sin embargo, una vez finalizado ese plazo, la base se ajusta a las horas trabajadas.

Cada día trabajado cuenta como un día completo

Una de las novedades más destacadas en el marco legal es la modificación del cómputo de días cotizados. Desde octubre de 2023, cada día trabajado cuenta como un día completo, independientemente de si la jornada ha sido parcial o completa. Es decir, aunque un empleado trabaje media jornada, ese día se computará de manera íntegra a efectos de jubilación, desempleo o incapacidad.

No obstante, es importante diferenciar entre días cotizados y base de cotización. Mientras el primero se mantiene completo, la base económica sobre la que se calcula la pensión sí se reduce proporcionalmente a la jornada trabajada. Esto puede afectar el importe final de la pensión, especialmente si la reducción de jornada se prolonga más allá de los periodos cubiertos por la cotización al 100 %.

Jubilación parcial

En el caso de la jubilación parcial, donde el trabajador combina la percepción parcial de su pensión con un contrato de trabajo reducido, existen otras condiciones:

UGT y CCOO exigen a los grupos parlamentarios la tramitación inmediata de la ley de reducción de jornada

Ambos sindicatos emplazan los grupos parlamentarios a retirar las enmiendas a la totalidad para que por el Parlamento se debata una medida anhelada por la inmensa mayoría de la sociedad

El anuncio del Gobierno sobre el aplazamiento del debate de las enmiendas a la totalidad a la ley que establece la jornada máxima legal en 37,5 horas semanales, previsto inicialmente para el 22 de julio, constituye una decisión que no compartimos, ya que aplaza el avance en la consolidación de derechos laborales ampliamente respaldados por la ciudadanía.

La ley de reducción de jornada no solo reconoce el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y laboral, sino que impulsa un reparto más justo del tiempo de trabajo y de los beneficios generados. Además, refuerza el derecho a la desconexión y garantiza la implantación de un registro eficaz y veraz de la jornada laboral, combatiendo de una vez por todas las horas extraordinarias que no se pagan, no se cotizan y no se declaran.

El retraso no justificado del trámite de la ley está teniendo efectos directos en el mundo del trabajo, privando de un derecho a la mayoría de las personas trabajadoras y sobre todo a las más vulnerables que sufren la precariedad de largas jornadas no retribuidas y contratos a tiempo parcial involuntario, afectando más intensamente a las mujeres.

La incertidumbre también está bloqueando las mesas de negociación colectiva, donde muchas patronales se escudan en la falta de claridad legislativa para frenar avances. Este bloqueo puede desembocar en un otoño especialmente conflictivo en términos laborales.

Por todo ello, reclamamos con urgencia que se reanude de forma inmediata la tramitación parlamentaria de esta ley, nacida del diálogo social y fruto del acuerdo entre el Gobierno, CCOO y UGT. Exigimos, además, la retirada de las enmiendas a la totalidad presentadas por algunos grupos parlamentarios, que impiden el debate democrático de una norma de profundo calado social.

Queremos que todos los partidos puedan expresar y debatir abiertamente su posición ante la ciudadanía y, en particular, ante la clase trabajadora, sobre unos derechos tan demandados como necesarios.

UGT y CCOO continuaremos impulsando un proceso sostenido de movilización social. Las próximas citas serán el 16 de julio en Barcelona, con una concentración, y el 22 de julio en Madrid, con una gran asamblea sindical unitaria.

Fuente: UGT y CCOO exigen a los grupos parlamentarios la tramitación inmediata de la ley de reducción de jornada

El Gobierno prepara un 'plan B' si la reforma de la reducción de jornada no sale adelante

Como mínimo sería en 2026 la puesta a punto de la reforma laboral a expensas de la situación del Gobierno

Todo parece indicar que, tras arduas negociaciones entre los ministerios de Trabajo y Economía, junto con los sindicatos, la reducción de la jornada laboral va a ser una realidad. Una bajada progresiva hasta situarse en las 37,5 horas semanales será lo prometido por parte de las carteras del gobierno. Lo que no se sabe es cuándo va a llevarse a cabo y bajo qué premisas.

Sin embargo, hay especialistas que están pronosticando que la Reforma de la jornada laboral o no va a salir o es difícil que salga, y es por ello que se podrían estar buscando ya alternativas. Hay algunos divulgadores que abanderan este pensamiento, y uno de ellos es la cuenta @empleado_informado en Tik Tok.

Este divulgador habla de la dificultad de llevar a cabo la reforma por el hecho de que se tengan que poner de acuerdo varias partes. "Ahora están saliendo muchas noticias sobre Yolanda Díaz que podría no contar con los apoyos suficientes para sacar adelante esta propuesta". El creador de contenido explica que la Ministra ya sabía que esto sería complicado, por lo que tendría preparado un plan B en el caso de que no se pudiese llevar a cabo como estaba pronosticado.

Se van a intensificar los controles para certificar que no se trabajan más horas de las 40 semanales

"Este plan es que, 'ya que no vamos a poder reducir la jornada a 37,5 horas, por lo menos vamos a asegurarnos que se cumplen las 40 horas semanales", explica el divulgador aludiendo al próximo movimiento del ministerio de Yolanda Díaz.

@Empleado_informado expone una serie de cosas que supuestamente querrían llevar a cabo desde Trabajo para asegurar que las 40 horas son realmente trabajadas: "Tres cosas, cambiar el registro horario para que no pueda ser modificado, aumentar los controles de la inspección y aumentar las multas que se pondrán a las empresas que incumplan con la veracidad del registro horario", sentencia.

Fuente: El Gobierno prepara un 'plan B' si la reforma de la reducción de jornada no sale adelante

Adiós a los 22 días laborables de vacaciones: la nueva jornada podría traducirse en más tiempo de descanso

La compensación de horas extras podría traducirse en hasta 12 días adicionales de descanso al año

Los trabajadores españoles podrían beneficiarse de un aumento significativo en sus días de descanso anual gracias a la nueva reforma laboral que propone reducir la jornada a 37,5 horas semanales. Aunque los 22 días laborables de vacaciones (equivalentes a 30 días naturales) seguirán siendo el mínimo legal garantizado, la aplicación de la nueva normativa podría permitir a los empleados disfrutar de hasta 12 días libres adicionales al año en concepto de compensación horaria.

La propuesta legislativa, que aún debe superar el trámite parlamentario, ha generado dudas entre trabajadores y empresarios sobre cómo afectará realmente a los periodos de descanso. No obstante, el texto contempla un mecanismo de compensación para aquellas empresas que no puedan adaptar inmediatamente sus horarios: las 2,5 horas semanales trabajadas por encima del nuevo límite legal deberán computarse como horas extras y compensarse con tiempo libre adicional.

Esta reforma laboral se enfrenta actualmente a la oposición de Junts, PP y Vox en el Congreso de los Diputados, formaciones que han manifestado que no apoyarán la medida hasta que cuente con el visto bueno de la patronal, lo que podría retrasar su implementación efectiva.

¿Cómo funcionará la compensación de horas en la nueva jornada laboral?

El objetivo fundamental de la reforma es que ningún trabajador español supere por ley el nuevo máximo legal de 37,5 horas semanales. Sin embargo, el propio texto normativo reconoce que muchas empresas necesitarán un periodo de adaptación para ajustar sus horarios y organización interna a la nueva realidad laboral.

Para estos casos, la ley establece un sistema de compensación que beneficia directamente al trabajador: si se continúa trabajando 40 horas semanales en lugar de las 37,5 establecidas, esas 2,5 horas de diferencia deberán contabilizarse como extras. Estas horas no se abonarán económicamente, sino que se traducirán en días adicionales de descanso a lo largo del año.

En términos prácticos, esto significa que un empleado que mantenga su jornada actual de 40 horas semanales podría acumular aproximadamente 120 horas extras anuales (2,5 horas × 48 semanas laborables), lo que equivaldría a unos 12 días laborables completos de descanso adicional. Este tiempo libre se sumaría a los 22 días laborables de vacaciones que ya están garantizados por ley para todos los trabajadores españoles.

Impacto de la reforma en la conciliación laboral y familiar

La posible ampliación del tiempo de descanso representa una oportunidad para mejorar la conciliación entre vida laboral y personal. España se situaría así en la línea de otros países europeos como Alemania, Francia o los países nórdicos, donde las jornadas laborales son generalmente más reducidas.

Adiós a las nóminas tal como las conocemos: las empresas tendrán que entregar un nuevo documento a sus empleados

Es un escrito adicional junto con la nómina mensual

Los derechos de los trabajadores están mejorando en los últimos tiempos. Para ello, el Ministerio de Trabajo está acometiendo cambios significativos. La normativas laboral vigente ha recibido una noticia de suma importancia con la reforma que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero. Dicha reforma se espera que entre en vigor antes del inicio del año 2026.

A raíz de ello, nuevas reglas van a tener que ser cumplidas por las empresas respecto a sus trabajadores. En este caso, la medida busca reforzar la transparencia y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

El objetivo: que las horas extras sean remuneradas o compensadas con días de descanso

Este documento que las empresas van a tener que proporcionar a sus empleados va de la mano de la reducción de la jornada laboral, ya que se trata de un mecanismo de control más detallado sobre la jornada. Es decir, el objetivo de este documento es asegurar que las empresas cumplan con la nueva jornada establecida, evitando excesos no remunerados o incumplimientos que puedan afectar a los trabajadores.

A partir de que entre en vigor la reforma laboral que incluya la reducción a 37,5 horas por semana, también será efectiva la necesidad de que los empleados sepan la cantidad de horas trabajadas, proporcionando así un documento adicional junto con la nómina del mes donde se detallarán el tramo trabajado, incluyendo horas ordinarias, complementarias y extraordinarias, controlando de mejor manera el tiempo que se emplea en el trabajo.

El objetivo principal de la inclusión de este papel es acabar con una práctica muy extendida hasta ahora: que muchas horas extras no sean remuneradas o compensadas con horas/días de descanso, ya que se evitará que las empresas puedan modificar o eliminar registros para evitar el pago.

Respecto a las obligaciones de las empresas en base a esto, tendrán que mantener dichos documentos durante cuatro años.

Fuente: Adiós a las nóminas tal como las conocemos: las empresas tendrán que entregar un nuevo documento a sus empleados

¿Cuándo entrará en vigor la reducción de jornada a 37,5 horas semanales? Algunos trabajadores podrían esperar hasta 2026 para aplicarla

De momento, el anteproyecto de ley deberá ser aprobado nuevamente en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de su remisión al Parlamento

El Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 horas, sin pérdida de salario. Se trata de una medida que el ministerio de Trabajo llevaba negociando con las organizaciones sociales y empresariales desde hacía 11 meses y que finalmente solo ha contado con el apoyo de los sindicatos.

La intención inicial de la responsable de la cartera, Yolanda Díaz, inicial era aprobar la norma en 2024, con el objetivo de que entrase en vigor a comienzos de 2025. Pero, finalmente, el dialogo social retrasó su implantación.

De momento, el anteproyecto de ley deberá ser aprobado nuevamente en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de su remisión al Parlamento. ¿Es ese el último paso? No. De hecho, todavía le queda un largo camino, y algunos trabajadores podrían esperar para aplicarlo hasta 2026.

El anteproyecto de ley debe ahora iniciar su recorrido legislativo en el Parlamento, donde será sometido a debate, enmiendas y posibles modificaciones por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Solo una vez que el texto definitivo sea aprobado en ambas cámaras, Congreso y Senado, y tras superar los trámites correspondientes, podrá convertirse en ley. Para que entre en vigor, será necesario que la norma aprobada sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el cual adquirirá plena validez jurídica y aplicabilidad.

El ministro de Economía señaló en una entrevista con la Cadena Ser que esperaba los pasos para la reducción “estén terminados para el mes de abril o mayo” y lleguen a la Cámara Baja en primavera. Y es que, el objetivo final es que esté plenamente vigente antes del próximo 31 de diciembre.

Algunos trabajadores tendrán que esperar hasta 2026 para aplicarla

En el anteproyecto aprobado se incluye una Disposición transitoria primera sobre la aplicación de la jornada máxima de trabajo ordinario, en la que se señala que “Las comisiones negociadoras de los convenios colectivos que a la entrada en vigor de esta norma contemplen una jornada superior a las treinta y siete horas y media semanales de promedio anual dispondrán de un plazo hasta 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto en esta norma”. Por tanto, la nueva jornada laboral sería aplicable como muy tarde, a partir del 1 de enero de 2026.

Este es el documento que las empresas tendrán que entregar a los trabajadores con la reducción de jornada laboral

El anteproyecto de ley sobre la reducción de jornada laboral que ha presentado el Gobierno, introduce novedades en los horarios y en la forma de fichar.

El anteproyecto de ley sobre la reducción de jornada que aprueba el Gobierno, también introduce novedades en el registro de la jornada para garantizar que sea totalmente eficaz. Esto afecta directamente tanto al registro diario ordinario como a las horas extras que los trabajadores realicen, con el objetivo principal de que no se puedan falsear las horas y que las empresas cumplan adecuadamente con los límites legales de la jornada. Por tanto, la totalidad del tiempo empleado desde el inicio hasta la finalización de la jornada será catalogado como tiempo efectivo, por lo que el resto de horas que se dedique a la jornada, tendrá la consideración de horas extra o tiempo complementario.

Registro digital

Una vez la reforma impulsada por el Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral sea aprobada, las empresas deberán contar con un registro digital y permitir el acceso remoto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En este sentido, el Gobierno quiere implementar algunas medidas: “Sistema de registro de jornada realmente eficaz, presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad e interoperabilidad» y que “sea accesible a cada persona trabajadora de modo automático y a la representación de las personas trabajadoras y a la ITSS (en estos dos últimos casos también de modo remoto)”, señalan en el texto que ha llegado al Consejo de Ministros.

De esta manera, la empresa impondrá un registro digital de la jornada para asegurar que se cumpla la norma, pero serán los trabajadores quienes practiquen los asientos de forma personal y directa, para que la empresa no pueda condicionar su contenido. De todas formas, registrarán todas las interrupciones de la jornada que puedan afectar al cómputo general.

Identificación personal a la entrada y salida del trabajo

Cada trabajador deberá identificarse personalmente con el fin de garantizar la autenticidad de los datos y a través de un formato legible y compatible, que permita tanto a los trabajadores como a los representantes legales acceder de forma inmediata al registro de jornada de trabajo, ya sea de presencial o en remoto. El objetivo del Ministerio de Trabajo es que esta nueva medida esté introducida en el BOE antes de verano, para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.

Sin embargo, para que todo pueda seguir su cauce debe seguir primero un largo recorrido legal. Una vez que el Gobierno haya aprobado la reforma, el texto recibirá los preceptivos informes del Consejo de Estado, antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo que Trabajo estima que se producirá a finales del mes de febrero. Por último, entrará en el Congreso dónde los grupos parlamentarios podrán introducir nuevas enmiendas antes de su aprobación final.

Desconexión digital fuera del horario laboral

La norma impulsada por el Gobierno establece el derecho a la desconexión digital de los trabajadores fuera de su jornada laboral, confirmándose como un derecho fundamental de cada empleado que no podrá acarrear consecuencias negativas por no atender a las comunicaciones de la empresa al margen de su horario de trabajo.

Fuente: Este es el documento que las empresas tendrán que entregar a los trabajadores con la reducción de jornada laboral

Todas las claves del acuerdo alcanzado por Trabajo y los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025

No conllevará una merma salarial y la reducción deberá ser pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, con un plazo que acabará el 31 de diciembre de 2025

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT han firmado este viernes un acuerdo para reducir la jornada máxima legal desde las 40 horas semanales de la actualidad a las 37,5 horas en 2025 y que aborda también el registro horario y el derecho a la desconexión digital. Estos son los detalles del acuerdo alcanzado, del que se descolgó la CEOE, y al que ha tenido acceso EFE.

Una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales

La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, siempre que tenga en cuenta una duración máxima de la jornada ordinaria de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.

La reducción de jornada no podrá tener como consecuencia la afectación de las retribuciones, ni la compensación, absorción o desaparición de "derechos más favorables o condiciones más beneficiosas", deja claro el texto del acuerdo.

Los convenios colectivos tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias con el objetivo de cumplir con la jornada máxima de 37,5 horas y medias semanales en cómputo anual.

Compensación salarial para la jornada parcial

Los contratos celebrados a tiempo parcial que, al reducirse la jornada a 37,5 horas semanales, tengan una duración del tiempo de trabajo igual o superior se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo.

El resto de trabajadores a tiempo parcial, así como aquellos con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo, pero con un incremento proporcional del salario.

Compromiso de regular las jornadas especiales

El acuerdo recoge también el compromiso del Gobierno de revisar en dieciocho meses la normativa sobre jornadas especiales de trabajo para adecuarlas a la nueva jornada máxima legal.

Un registro de jornada accesible para la Inspección

También se detalla que la empresa mantendrá un registro diario de jornada digital que garantice "la objetividad, fiabilidad y accesibilidad", así como la interoperabilidad.

Qué deben hacer las empresas para impulsar la desconexión digital

La puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral es uno de los asuntos que más está dando de qué hablar en cuanto a los derechos de los trabajadores. 

Tras la negativa de la patronal, el Ministerio de Trabajo se encuentra negociando en solitario con los sindicatos CCOO y UGT. A la espera de que se apruebe, en 2025, este proyecto afectará al derecho  a la desconexión digital. Se trata de una de las medidas que más polémica está generando entre los empresarios.

Desconexión digital: un derecho reconocido por Ley

Actualmente, todas las empresas y entidades, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de garantizar a sus empleados la desconexión digital, de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018. No obstante, la defensa de ese derecho sigue siendo un frente abierto para el Ministerio de Trabajo. 

De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en agosto, durante la mesa de negociación con los sindicatos, presentó un documento al que tuvo acceso el diario El País. Este, exponía que “ las personas trabajadoras no puedan renunciar al derecho a la desconexión por exigencia empresarial, por contrato, convenio o práctica”.

¿Cómo pueden las empresas favorecer la desconexión digital?

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), señala que el derecho a la desconexión digital “se traducirá en una mejora de la calidad de vida del empleado, y por lo tanto en una mayor productividad”. Asimismo, expone la importancia del papel de los empresarios: “Es crucial que las empresas elaboren una política interna clara y comprensible. Para ello, estas son algunas de las medidas que las empresas pueden aplicar para fomentar la desconexión digital de los empleados». 

Por otro lado, es fundamental el control horario. Este, facilita que los empresarios respeten la desconexión digital de los trabajadores. Esto es debido a que a través de él se pueden detectar excesos de jornada laboral, y aplicar medidas en el caso de ser necesario. Otros aspectos a tener en cuenta para fomentar la desconexión digital, según la APD, son:

* Flexibilidad horaria: esta iniciativa contribuye a que los trabajadores equilibren mejor su vida profesional con la personal. De esta forma, consigue que empleen su tiempo de manera más eficiente.

* Formaciones sobre el uso de dispositivos electrónicos: para agilizar la implementación de esta medida, las entidades deberán invertir en acciones de capacitación y formación para fomentar el uso correcto de los dispositivos tecnológicos.

La nueva manera de fichar en el trabajo que será obligatoria a partir de 2025

Esto es uno de los puntos que se ven afectados con la reducción de la jornada laboral en España impulsada por el Ministerio de Trabajo

La reducción de la jornada laboral es una reforma que el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar lleva trabajando desde hace tiempo. Impulsada principalmente por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, parece que tendrá que retrasarse hasta mediados de 2025. La que fuera líder de Sumar explicó que este retraso para la aplicación de la reforma se debe al propio proceso legislativo pertinente una vez que el Gabinete de Pedro Sánchez la lleve a cabo pese a la oposición de las patronales CEO y Cepyme. La base de este proyecto es reducir la jornada laboral de los trabajadores a 37,5 horas semanales. Sin embargo, más allá de esta rebaja la nueva norma traerá consigo una serie de cambios clave que afectan al registro horario y a la desconexión digital.

Con el nuevo registro horario que quiere implantar el Gobierno, ya no será posible fichar «a la vieja usanza», firmando el clásico cuadrante que se puede encontrar en muchas empresas. Una vez se apruebe la reducción de jornada, las empresas deberán contar con un registro interoperable; lo que significa que tendrá que ser digital y permitir el acceso remoto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En el texto que se sacó a consulta pública el pasado mes de noviembre, se quiere implementar «sistema de registro de jornada realmente eficaz, presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad e interoperabilidad» y que «sea accesible a cada persona trabajadora de modo automático y a la representación de las personas trabajadoras y a la ITSS (en estos dos últimos casos también de modo remoto)».

De esta manera, tanto los trabajadores como los inspectores podrán acceder en cualquier momento a dichos registros. Un cambio que se lleva a cabo para garantizar el cumplimiento efectivo de la reducción de jornada. La iniciativa, no obstante, no ha sido bien acogida por los empresarios, que han calificado este punto de la normativa como «dinamita» por el cambio legislativo que supondrá respecto a las sanciones por incumplimiento.

Mayores multas para las empresas

El Ministerio de Trabajo va a endurecer las sanciones actuales por los incumplimientos en materia de registro horario. Por un lado, las multas ahora serán por cada trabajador con el que se ha incumplido la ley y no por empresa. Por otro lado, la cuantía de las sanciones va a ser mayor. Actualmente van de 750 a 7.500 euros. Sin embargo, con la nueva normal podrían llegar hasta 10.000 euros en caso de infracciones muy graves.

Fuente: La nueva manera de fichar en el trabajo que será obligatoria a partir de 2025 (lasprovincias.es)

Los inspectores de Trabajo avisan de que es imposible aplicar la reducción de jornada

La presidenta del sindicato SITSS, Ana Ercoreca, reclama en el Senado la plantilla y medios prometidos para el organismo por Yolanda que no han llegado

Aviso a navegantes: "El Gobierno no podrá hacer cumplir la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas de manera efectiva si no se refuerza a nivel operativo y a nivel de recursos a la Inspección de Trabajo (ITSS), que es el encargado de hacer cumplir la normativa social". Alto y claro lo trasladó ayer durante la Comisión de Trabajo del Senado la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca, en la que ha denunciado que la Inspección sufre una "alarmante disminución de efectivos", que además están peor remunerados que otros cuerpos, lo que provoca "la fuga a otros organismos" y que no haya suficientes candidatos para cubrir las plazas "porque las condiciones no son atractivas".

Los inspectores, que dependen del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, se ponen ya la venda incluso antes de que aparezca la herida ante la inminencia de que tengan que asumir nuevas responsabilidades y más carga de trabajo, pero con los mismos recursos y sin que se hayan cumplido las promesas de la ministra de reforzar el organismo en personal y medios. Ese es el temor que muestran ante la más que probable aprobación de la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que Díaz ha prometido que se aplicará a partir de 2025 y lo hará sin el apoyo de los empresarios, que se han descolgado de la negociación ante las imposiciones del Gobierno.

El Ministerio ya trabaja en un plan integral de aplicación de la nueva normativa, que incluye un programa especial de control del registro horario en las empresas. Sin embargo, en este plan no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Por ello, Ercoreca avisa de que la aplicación de este plan "será imposible de aplicar con los recursos actuales. Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo". Por ello, ha reclamado la aprobación definitiva del proyecto de ley de Función Pública, en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, y de la relación de puestos de trabajo para el colectivo, tal y como se pactó con el Gobierno. "Nada de eso se ha hecho pese a que está firmado. Llevamos ya varios años de retraso".

En este sentido, defendió la independencia e imparcialidad como "principios" de los inspectores, en contra de la utilización política que se intenta hacer del organismo, en clara referencia a Yolanda Díaz, pero sin nombrarla. Lo que sí dejó claro es que la plantilla de la institución inspectora sufre unas condiciones laborales y una situación de trabajo que se encuentra en "horas bajas" por una retribución inferior a la que tienen otros cuerpos, lo que está provocando que personal "se fugue a otras administraciones, no se presente personal suficiente para las plazas que se convocan, al tiempo que la plantilla está envejeciendo, la carga de trabajo se incrementa de manera permanente, no hay promoción para subir de puesto en la escala y no se ha realizado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que había comprometido el Gobierno".

Ercoreca denunció ante sus señorías que la estructura actual es "deficitaria" porque faltan medios y ni siquiera existe una subdirección general TIC ante la proliferación de ciberataques. "Todas estas deficiencias son conocidas, pero nada se ha hecho al respecto para poner una solución". Y esto pone en suspenso la aprobación de nuevas medidas, como la reducción de jornada o el control del registro horario. Desde el SITSS han manifestado en diferentes ocasiones que las actuaciones de control "no podrán ser realmente eficaces si no se avanza con firmeza en el fortalecimiento y modernización de la ITSS, adoptando medidas organizativas que permitan su implementación. La experiencia de anteriores instrumentos de planificación en este organismo resulta concluyente y exige el desarrollo del activo más valioso de la Inspección de Trabajo, que es sin duda el capital humano, que sigue siendo ninguneado por la ministra".

Durante la Comisión, en la que Ercoreca ha comparecido para informar de la labor de los inspectores y de las necesidades y retos actuales del organismo, también ha avisado de que la Inspección está trabajando "por encima de sus posibilidades", a la vez que ha reivindicado el papel de este organismo para "garantizar un futuro y unas condiciones de trabajo dignas. Es necesario reforzar con recursos y medios para garantizar que no sólo tengamos un pasado sino también un futuro".

Adiós a registrar la jornada con papel y boli

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo propone introducir estos cambios en el control de trabajo

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que en los próximos días alcanzará un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y, además, ha anunciado que el martes reunirá al comité de expertos para subir el Salario Mínimo Profesional (SMI).

"Llega un nuevo tiempo que se llama nada más y nada menos que reducción de la jornada laboral", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de asistir al acto de cierre de la asamblea constituyente de Sumar Galicia en Santiago de Compostela.

Según ha explicado la vicepresidenta, esta "medida por excelencia" y "de carácter transversal" irá "directamente a un trámite parlamentario". "Sirve para mejorar la vida de la gente, que gana salud mental, que además es una medida que lucha contra la emergencia climática, que reduce la huella ecológica, que sirve para ganar tiempo de vida y mejora la productividad", ha reivindicado antes de destacar que con esta medida y la subida del SMI cierra "un círculo potente".

Asimismo, Yolanda Díaz ha anunciado que el próximo martes convocará a la mesa de expertos para "volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional".

En esta línea, ha señalado que en Galicia "mejoran su posición salarial 136.000 trabajadores" que, según la vicepresidenta, "ven cómo mejoran su situación gracias a la subida del SMI".

¿Es obligatorio que sea digital el registro horario?

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido cambiar de estrategia y acelerar la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y el registro horario obligatorio con acceso remoto para poder ejercer mayor control desde la Inspección de Trabajo. Inicialmente, el plan era negociar con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para llegar a un acuerdo tripartito con los sindicatos. Sin embargo, tras la negativa de la patronal en las últimas semanas, Díaz ha optado por avanzar con el apoyo de los sindicatos y espera aprobar la reforma en diciembre.

La obligatoriedad de un registro de jornada digital en las empresas parece que pronto será una realidad. Sin embargo, no existe todavía una fecha límite para contar con un software de control horario. Se espera que la aprobación de la medida se produzca de manera conjunta a la reducción de jornada. Y, para acelerarlo, el Gobierno está intensificando las reuniones. El Ministerio de Trabajo, desde primavera, se está juntando cada lunes con sindicatos y empresarios.

Fuente: Adiós a registrar la jornada con papel y boli: la decisión de Yolanda Díaz para obligar a que Inspección de Trabajo pueda ver los datos en remoto en cualquier momento

UGT exigirá subir el salario mínimo otro 6% para que supere los 1.200 euros en 2025

El secretario general de la formación, Pepe Álvarez, asegura que no les urge la adecuación de la indemnización por despido

En una entrevista con Efe a las puertas de la celebración del 44 Congreso Confederal, en el que saldrá elegido para un tercer mandato, Álvarez se muestra satisfecho con lo logrado en estos últimos cuatro años y dispuesto a dar la batalla para seguir mejorando los derechos de los trabajadores.

Para empezar, tratará de presionar al Gobierno para que la subida del SMI sea suficiente y no se aleje demasiado del 60% del salario medio en España que, usando como referencia los datos de Eurostat, UGT sitúa en los 1.296 euros en 2022.

También seguirá con la lucha para reducir la jornada laboral, toda vez que el camino de la negociación tripartita parece haberse agotado ante el rechazo de la patronal. Por ello, Álvarez cree que es el momento de darle forma normativa e iniciar una tramitación parlamentaria que calcula que puede extenderse durante ocho meses, lo que lleva al próximo verano.

Pese a la oposición de la CEOE a acordar esta medida, el líder ugetista no da por zanjada la negociación con la patronal, que podría discurrir en paralelo al trámite en las Cortes, de forma que podría sumarse al pacto en los próximos meses. "No cerramos el debate (...) ni el diálogo, ni la posibilidad de acuerdo con la CEOE. En la tramitación parlamentaria creo que se abre también la oportunidad de poder hacerlo y seguramente que algunos grupos políticos que prefieren votar un acuerdo (...) van a tener la oportunidad de decirle a la CEOE que negocie", reflexiona. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se apruebe. Yo creo que se va a aprobar, sinceramente", subraya el secretario general de UGT que, junto a CC OO, ya ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos.

Sin urgencias con el despido

Sobre otro de los temas que el sindicato ha abanderado en los últimos años, la adecuación de la indemnización por despido, donde ha ganado una demanda en Europa, Álvarez se muestra satisfecho de que ya se esté reflejando en sentencias. "No nos urge" su traslación a la normativa española, porque "lo importante es que se está aplicando en los juzgados", explica, con fallos que ya reconocen indemnizaciones mayores en despidos improcedentes en función de las circunstancias personales del trabajador.

Álvarez confía en que esa "eficacia legal inmediata" animará a Gobierno y patronal a sentarse a negociar para establecer los criterios con los que calcular el coste del despido, acorde a la legislación europea.

"Si el tema del alta gradual de las personas de baja va a la mesa, nosotros nos vamos a levantar"

Trabajo confirma una multa de 7.500 euros a cada trabajador por incumplir con el registro horario

La reducción de jornada laboral a 37,5 horas prevé implantar un registro horario más controlado que incluye multas de hasta 7.500 euros por cada trabajador que lo incumpla.

La reducción de jornada laboral a 37,5 horas sin reducción de salario llega a su recta final con una “sorpresa” para miles de trabajadores. Desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, barajan una medida sancionadora para los autónomos y sus empleados que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que Trabajo estudia imponer multas de hasta 7.5000 euros a cada trabajador por incumplir con el registro horario si incumplen con esa reducción de horario.

En la mesa de diálogo social entre gobierno, sindicatos y patronal se ha estado negociando sobre esta medida, que tenía el consenso de todas las partes. Ahora que las patronales CEOE y Cepyme han decidido no acudir a más reuniones y negarse a esta reducción de jornada, todo apunta que es una medida que sí o sí saldrá adelante. Recientemente, el secretario general de UGT ha lanzado un serio mensaje a la ministra apuntando a que “no pueden haber concesiones sobre este tema”.

Como novedad, estas sanciones por el registro horario ya no irían hacia las empresas, exclusivamente, sino también a los trabajadores. Actualmente, la inspección de Trabajo las incluye en su normativa, el Real Decreto-ley 8/2019, que entró en vigor el 12 de mayo.

Las multas de Trabajo para las empresas que incumplan con el registro horario

En España, el registro de la jornada laboral es una obligación legal para todas las empresas, independientemente de la modalidad de contrato de los empleados. Esta medida sigue siendo un punto clave en las inspecciones laborales. La falta de cumplimiento de esta normativa puede resultar en sanciones que varían según la gravedad:

* Infracción leve: si la empresa no informa sobre las condiciones laborales o no lleva un registro adecuado de las horas trabajadas, puede ser sancionada con una multa que oscila entre 60 y 625 euros por cada jornada laboral que no se registre correctamente.

* Infracción grave: sn casos donde no se computen correctamente las horas extras, existan errores en el registro de jornada o no se comuniquen las horas extras a los representantes de los trabajadores, la multa puede variar entre 626 y 6.250 euros.

* Infracción muy grave: cuando se detectan impagos, retrasos en los pagos de salarios o la utilización indebida de menores en horas extras, las sanciones ascienden a cantidades que pueden ir desde 6.251 hasta 187.515 euros, lo que implica una grave vulneración de la legislación laboral.


Trabajo bonificará la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo si se reduce la jornada

El Ministerio de Yolanda Díaz anuncia que elaborará un reglamento para implementar un registro horario accesible para la Inspección de Trabajo. El Gobierno avisa a la patronal: "El perímetro de la negociación está cerrado y sellado".

La mesa de negociación para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales avanza y el Gobierno sigue detallando a los agentes sociales sus propuestas para abordar las modificaciones necesarias. Este viernes ha tenido lugar el último encuentro de este foro, que se ha centrado en varios elementos.

El primero es la remisión por parte del Ministerio de Trabajo a los sindicatos y a la patronal del denominado Plan PYME 375, el plan de acompañamiento que los de Yolanda Díaz han elaborado para ayudar a las empresas de menos de 10 trabajadores a transitar hacia la reducción de jornada.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz ya había avanzado que este plan contemplaba la bonificación de las cotizaciones de las nuevas contrataciones indefinidas que se hicieran como consecuencia de reducir la jornada (para cubrir el tiempo que deja de trabajar un empleado que sale antes de su puesto de trabajo).

Este viernes, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado que este plan también contempla bonificar la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo como consecuencia de la reducción de la jornada.

"Buena parte de las empresas pequeñas, sobre todo en comercio y hostelería, tienen mucha contratación a tiempo parcial y, por lo tanto, margen para incrementar las jornadas parciales como consecuencia de la reducción de jornada. Es una oportunidad para la calidad en el empleo", ha defendido Pérez Rey en una rueda de prensa posterior a la reunión de la mesa de diálogo.

Un grupo de expertos para el registro horario

El secretario de Estado ha especificado que las bonificaciones de los nuevos contratos indefinidos y de la conversión de la contratación a tiempo parcial en contratación a tiempo completo no serán las mismas, ya que se bonificará en proporción a las jornadas.

Preguntado por el porcentaje y los conceptos de bonificación, Pérez Rey ha explicado que es un elemento sujeto a negociación en la mesa y que los sindicatos y las patronales deben hacer ahora sus aportaciones. En todo caso, ha insistido en que el objetivo de estas bonificaciones es "estimular la creación de empleo" y que, por lo tanto, no se pueden convertir en un "peso muerto" en el mercado de trabajo.

Desde Trabajo también se traslada que este viernes la reunión se ha centrado en el registro horario "interoperable" por parte de la Inspección que se implementaría junto a la reducción de la jornada. El secretario de Estado ha anunciado que su departamento ha creado un grupo de expertos para que sienten las bases de un reglamento que orientará cómo debe ser este registro, cuyo objetivo es acabar con el fraude en las horas extraordinarias y con los excesos en la jornada de trabajo.

La reducción de jornada se aprobará como anteproyecto de ley en trámite de urgencia

El reloj corre en contra pese a los deseos del Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está intentando por todos los medios que la reducción de jornada laboral a 37,5 horas salga adelante antes de que finalice el año. 

Una auténtica lucha ante los tiras y aflojas en la mesa de diálogo social con los sindicatos y la patronal. Este martes, Díaz, ha avanzado que la norma se regulará como anteproyecto de ley en trámite de urgencia.

“En el trámite parlamentario se agilizará lo máximo posible. No me voy a levantar de la mesa. Tengo una paciencia infinita. Me tomo muy en serio el diálogo social y no le doy carpetazos”, asegura la titular de Trabajo. Cabe mencionar que primero debe darse una rebaja de reducción de jornada a 38,5 horas sobre las 40 actuales, algo que se prevé para este año, y de 37,5 horas a partir de 2025.

Sin embargo, estas estimaciones no convencen del todo al secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, quien en una reciente entrevista con este medio ha expresado lo siguiente: “Estamos en el mes de octubre del año 2024. Con lo cual todo el mundo es consciente de que si esto entra en dos secuencias, con toda seguridad una será a principios de 2025 y la otra a finales de 2025 o primeros de 2026. Por eso yo entiendo que la discusión es un poco absurda, 31 de diciembre de un año o 1 de enero del siguiente van seguidos”.

Yolanda Díaz ve positivos los avances con la patronal para agilizar la reducción de jornada

En declaraciones posteriores a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Díaz se ha mostrado satisfecha por la última reunión de la mesa de negociación con sindicatos y empresarios. “Fue la primera vez que la patronal española (CEOE y Cepyme) se adentra en el núcleo duro de la negociación”. De ahí que se muestre convencida de que hay un posible acuerdo.

La próxima reunión de los agentes sociales con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey se celebrará el próximo viernes. Se espera que sigan los avances en esa mesa de negociación al tratar dos temas de “especial sensibilidad”, como son el control horario en remoto y en tiempo real y el derecho a la desconexión digital.

Tras una reciente reunión con el comité de empresa y de recursos humanos del Grupo Inditex, la ministra ha comunicado que se intentará aprobar controles horarios específicos para las actividades con jornadas laborales especiales, como la pesca, la siderurgia o el trabajo por turnos. “En esta mesa es como un pequeño pulmón que mira a la España que viene, que tiene que ver con vivir mejor, trabajar menos y tiene que hablar del reparto de la productividad, es muy importante”, ha subrayado.

Fuente:  Yolanda Díaz trae novedades de la reducción de jornada: se aprobará como anteproyecto de ley en trámite de urgencia (huffingtonpost.es)