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29 enero

La tasa de paro bajó en 2024 del 11% por primera vez en 16 años y once autonomías acarician el pleno empleo

La última Encuesta de Población Activa de 2024 nos deja un récord de ocupados que esconde más horas extra que nunca, de las cuales el 40% no se pagan


El año que acabamos de dejar atrás se despidió dejando la tasa de paro en el 10,6%, tras reducirse en seis décimas. Tenemos que retroceder hasta 2008 para ver este indicador por debajo del 11%. Fue en el segundo trimestre y a partir de ahí, el desempleo comenzó una escalada que alcanzó su pico más alto en el primer trimestre de 2013, cuando la tasa de paro rozó el 27% (26,94%). En plena crisis económica, Euskadi aparecía en la Encuesta de Población Activa (EPA) como la autonomía "mejor parada", por llamarlo de alguna manera con un 17,08% de desempleo. Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha superaban el 30%.

Hoy la situación es muy diferente. España ha reducido la tasa de paro hasta el 10,6%. Aun así, esta marca supone la peor de toda la Unión Europea. Somos los únicos que registramos dos dígitos en este indicador y la media, según Eurostat, se sitúa en el 5,9%. El comportamiento de esta tasa es desigual a lo largo y ancho del país. Tenemos tres autonomías que registran pleno empleo (Navarra, Cataluña y Aragón) y ocho que lo rozan.

La ocupación ya superó los 21 millones en 2023, pero los 468.100 empleos creados en los últimos 12 meses hacen que tengamos 21.857.900 trabajadores. Datos positivos que tienen su reflejo en la población activa, es decir, en las personas que buscan un empleo que aumenta en 202.800 personas.

Quién trabaja y dónde se ocupa

Los extranjeros ganan peso en el mercado laboral y los nacionales lo pierden. Así, tenemos 17.324.700 españoles trabajando, son 59.400 menos que al inicio del año. Sin embargo, los ocupados extranjeros avanzan hasta superar los tres millones: son 189.900 más que en el último ejercicio.

El sector Servicios sigue marcando el ritmo del empleo con 424.600 ocupados más. Aun así, se observa un cambio en la calidad del empleo que se crea. Los contratos a tiempo completo avanzan más rápido que los parciales y esto viene acompañado de más contratos indefinidos: en 2024 se firmaron casi 600.000 contratos de este tipo, frente a los temporales que bajaron en 133.900. La tasa de temporalidad se redujo más de un punto porcentual en el último año, hasta el 15,48%.

El 40% de las horas extras no se pagan

En el último trimestre del año se realizaron más de siete millones de horas extraordinarias, de las cuales 2.766.900 no se pagaron, es decir, el 40% fue tiempo que los trabajadores regalaron a sus empresas. Llama la atención el sector educativo: los docentes realizaron más 623.000 horas extraordinarias de las cuales apenas se abonaron el 13%. La situación es más grave en el sector de las actividades inmobiliarias donde el 93% de las horas extra no se pagaron.

Cuánto tiempo se tarda en salir del paro

Los datos publicados este martes por el INE señalan que España cuenta con 2.595.500 desempleados. El 24% lleva más de dos años en esta situación, seguido de quienes buscan empleo entre uno y tres meses. Andalucía es la autonomía más castigada por el desempleo con 652.700 parados, es casi el doble que la Comunidad Valenciana que registra el segundo por dato con 333.600.


14 enero

Así desperdicia España el 20% de su mano de obra: 4,9 millones de personas aún esperan una oportunidad

El subempleo lastra la caída del paro y cuestiona el triunfalismo del Gobierno 


El mercado laboral español cerró 2024 con un récord en el número de ocupados y unas cifras de paro inéditas desde la Gran Recesión, una tendencia que contrasta con el enfriamiento económico en la Unión Europea. El Gobierno destaca que España es el país que más empleo crea y que la cifra de nuevos trabajadores supera la de Alemania y Francia juntas. Pero esta comparativa tiene truco: el nuestro es también el mercado laboral que más mano de obra desaprovecha, entre parados, desanimados que se han rendido en la búsqueda de trabajo y subempleados que solo encuentran uno por horas. Todos ellos aún suman 4,9 millones de personas, un 19,4% del total de la fuerza laboral española.

Aunque el descenso de los parados en los últimos años ha reducido la cifra al mínimo de la serie histórica de la holgura laboral que elabora Eurostat, desde 2009, España sigue siendo el líder europeo con el mencionado 19,4%, una métrica que mide el desencaje entre un mercado laboral y sus potenciales trabajadores. En la media de los Veintisiete es del 11,7% y en Francia un 14,4%, aunque Alemania y otros países se mantienen en el nivel del 7%. Una diferencia que sorprende en un contexto en el que cada vez más empresas españolas hablan de dificultades para encontrar trabajadores.

La principal diferencia entre la holgura laboral y las encuestas de población activa, es que incluye a personas que no trabajan y quieren hacerlo, pero no cumplen algunos de los requisitos de búsqueda de empleo o disponibilidad inmediata que definen a un parado según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ello entran en la categoría de inactivos.

Así, la tasa de holgura laboral no se calcula sobre población activa sino sobre el concepto de 'fuerza laboral ampliada'. Según esta métrica, los 2,79 millones de parados suponen el 11% del total, a los que se suman otros 1,14 millones de subempleo, el 4,5%, mientras que los colectivos de desempleados considerados inactivos suman 1,01 millones, un 3,9% (un 3% de personas dispuestas a aceptar un trabajo pero que no lo buscan, y un 0,9% que sí lo buscan, pero no están disponibles). Con ello, los componentes que no se consideran paro añaden 8,4 puntos al que ya es el nivel de desempleo estándar más alto de la UE.

Ante estos datos, la afirmación de que España crea más empleo que el resto de las economías europeas no resulta tan positiva. Tiene toda la lógica que el país con la mayor holgura laboral tenga mayor margen de crear empleo, sobre todo, en un contexto de fuerte repunte del PIB. Pero no tiene mucho sentido compararse con países que tienen un desempleo y una holgura muy inferior, es decir, menor margen para sumar nuevos empleos.

La sombra del paro oculto

El debate sobre si estas personas que no trabajan son 'paro oculto' o no ha estado vigente desde la pandemia, ya que hablamos de personas que no pueden buscar empleo o están 'desanimados' por la falta de expectativas. Una polémica que nace también de las aparentes discrepancias entre metodologías estadísticas. La Encuesta de Población Activa española detecta a unos 125.000 inactivos 'desanimados' que quiere trabajar, pero no buscan activamente empleo. Sin embargo, la metodología de Bruselas los eleva a 771.000.

23 diciembre

Los fijos discontinuos multiplican por cuatro su peso en el paro 'fantasma' desde la reforma laboral

* Han sumado más de 550.000 personas a las estadísticas que no cuentan como parados

* Se suman al efecto que los ERTEs tuvieron antes de la pandemia


Si hay una polémica recurrente en el análisis del mercado laboral es la del desempleo 'oculto', es decir, las personas que no trabajan y se inscriben como demandantes de empleo, pero no computan como parados registrados en los datos que publica cada mes el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Desde la reforma laboral, este debate ha tenido unos protagonistas claros: los fijos discontinuos que pasan a la inactividad mientras sus trabajos quedan en suspenso. No es para menos: la 'sombra' que este colectivo añade a las estadísticas se ha multiplicado por 3,8 con la entrada en vigor de la norma.

¿Está el Gobierno falseando las estadísticas de paro con estos trabajadores? Lo cierto es que esta es una acusación difícil de sostener si tenemos en cuenta que los fijos discontinuos inactivos nunca (o al menos desde 1985) han computado como parados registrados. Se contabilizan como demandantes con relación laboral, una situación que les permite cobrar prestaciones por desempleo (si han cotizado lo suficiente para ello) a la espera un nuevo llamamiento de sus empresas. El problema es que los trabajadores con este tipo de contrato y, por ende, los demandantes, se han disparado tras la reforma laboral, y con ello las preguntas sobre el efecto que estos 'trabajadores que no trabajan' tiene en las cifras.

La reforma laboral se publicó en el Boletín Oficial de Estado el 28 de diciembre de 2021, pero no entró de manera plena en vigor hasta abril del año siguiente: los tres primeros meses fueron una 'vacatio legis' para que las empresas se adaptaran a la desaparición de los contratos por obra y servicio y trasvasaran esos contratos (al menos aquellos relacionados con actividades recurrentes y estacionales) a los fijos discontinuos. En esos meses, los demandantes con relación laboral descendieron, hasta alcanzar un mínimo de 230.972 en mayo, cuando el paro se situaba en 2,9 millones.

Si consideráramos a estas personas 'desempleados ocultos' sumarían un 7,9% a la cifra total, que se sumaría los 3,1 millones de parados efectivos, por utilizar la terminología acuñada por el investigador de Fedea, Florentino Felgueroso. Pero a partir de entonces empiezan a crecer, ya que los nuevos fijos discontinuos empiezan a pasar a la inactividad. Para noviembre de 2024, la cifra de demandantes con relación laboral se había disparado a los 781.240, 2,7 veces más que en el momento de partida, y los parados registrados habían caído hasta los 2,59 millones. El decalaje con el paro registrado se dispara al 30,3%, 3,8 veces más en mayo del 2022.

Suponen un incremento neto de 550.268 demandantes con relación laboral, que se pueden achacar a la nueva regulación (es decir, que se explican por el incremento de los fijos discontinuos inactivos), frente al descenso de 336.973 parados registrados. Una evolución que suscita muchas preguntas. La principal: ¿si estas personas fueran temporales en lugar de estar sujetos por un contrato pero sin trabajar ni cobrar, en qué nivel estaría el paro hoy? La respuesta es el paro efectivo, que se situaría en 3,36 millones.

También hay que tener en cuenta que la volatilidad de los fijos discontinuos, ha aumentado, lo que afecta a sus ciclos de inactividad. Así, el mes previo a la pandemia más comparable con la situación actual sería noviembre de 2019, cuando el número de demandantes con relación laboral fue de 280.542, cuando el paro era de 3,2 millones. La brecha rondaba el 8,7%, 3,4 veces menos que hoy. Pero entonces el contrato fijo discontinuo era diferente, ya que estaba ligado a actividades estacionales (turismo, sobre todo), tras la reforma, estos contratos se enfocan en puestos no solo de temporada, sino recurrentes a lo largo del año, e incluyen a las ETTs. Esto hace que los datos no sean exactamente comparables.

Las dudas sobre el paro 'oculto'

Ahora bien, antes de concluir que son 'parados ocultos' y que sin ellos el paro registrado sería más alto conviene hacer varios matices. El primero, y más importante, es que solo un 15% de los fijos discontinuos cobran una prestación de paro por pasar la inactividad (una media de 119.000 en lo que va de año). Esto implica que sus prestaciones son muy cortas o que hay casos en los que siguen dados de alta pese a haber vuelto a trabajar, o incluso que rechacen llamamientos de las empresas.

La segunda consideración es que las estadísticas del SEPE son problemáticas. Los datos de mayo de 2021 se consideran un mínimo porque todos los meses anteriores, desde marzo de 2020 venían sesgados por la pandemia. Hubo fijos discontinuos afectados por ERTE de sus empresas, mientras otros recibieron un refuerzo de sus prestaciones si no se producía el llamamiento, lo cual elevó la cifra de demandantes con relación laboral. Sin olvidar otros supuestos de demandantes ocupados que tiene su propia casilla, pero fueron incluidos en la otra en unos meses de auténtico caos para las estadísticas. Precisamente, antes de la pandemia, el mayor supuesto de paro oculto eran los ERTEs.

Este precedente hizo que el repunte de los fijos discontinuos inscritos como demandantes no resultara llamativo. Lo fue entre octubre y noviembre, cuando el SEPE detectó que las comunidades autónomas estaban contabilizando como parados a demandantes con relación laboral. El error se debió al cruce de datos con Seguridad Social, pero corregirlo obligó a sacar de las listas del paro registrado a cerca de 115.000 personas en los últimos meses del año. La polémica centró el debate político y puso en el foco a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La también vicepresidenta segunda se comprometió a publicar información detallada sobre los fijos discontinuos inactivos.

Nunca lo hizo. Dos años después de aquel compromiso, los únicos datos del SEPE con los que contamos es una respuesta parlamentaria al Grupo Popular del Senado que elevaba la cifra de inactivos apuntados a las oficinas de empleo de 443.000 en 2022, pero esa información nunca tuvo seguimiento y el debate se difuminó en el ruido del ciclo electoral. Ello a pesar de que los demandantes con relación laboral siguen creciendo.

Ni los fijos discontinuos ni los ERTEs son la única fuente de paro oculto. En noviembre de este año había un total de 1,8 millones demandantes de empleo que no cuentan como parados, incluyendo otros ocupados, pero también otros beneficiados del subsidio agrario, desempleados que buscan trabajo con características muy especiales o parados con la demanda suspendida por estar realizando cursos de formación. Pero todos estos colectivos han descendido desde la reforma laboral, el único que ha crecido son los demandantes con relación laboral.

Sin embargo, las dudas sobre los datos del SEPE contrastan con lo que revela la EPA, que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Una estadística que no contabiliza a los fijos discontinuos inactivos como el SEPE: si están buscando activamente empleo, los considera parados, si no es así os incluye entre los inactivos.

Aunque los datos no están en las variables publicadas (sí se pueden obtener con las operaciones de extracción de microdatos, algo que no está al alcance del usuario medio), la estimación es que oscilan entre 120.00 y 150.000 según el trimestre (la mitad parados, la mitad inactivos). Y ni las cifras globales de paro ni las de inactivos han aumentado desde 2021, más bien todo lo contrario. Así que su efecto parece limitado, aunque muchos analistas advierten de que los datos de esta encuesta (trimestrales) no recogen la volatilidad de estos empleos.

Además, estos cambios han elevado su inestabilidad. Aunque apenas supone un 5% del empleo, el pase a la inactividad es la segunda causa de bajas de afiliación a la Seguridad Social, por detrás de las de los temporales que caducan. No es solo que haya más contratos de este tipo, sino que son más precarios. Así, su tasa de volatilidad (altas y bajas diarias de afiliación sobre el total de asalariados) por encima de la de los eventuales propiamente dichos. Datos que, más allá de su impacto en las estadísticas de paro, ponen el foco en su impacto en la creación de empleo estable.


07 noviembre

Las prestaciones por desempleo dan la voz de alarma: suben casi un 6% pese a la caída del paro

* Despidos y los fijos discontinuos hacen que el SEPE pague más ayudas pese al descenso del paro
* La tendencia apunta a una nueva dualidad del mercado de trabajo tras la reforma laboral


Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revelan una sorprendente contradicción entre la evolución de la protección social de las personas sin trabajo y la del propio mercado laboral. Pese a la reducción del paro, los beneficiarios de estas ayudas se mantenían prácticamente sin cambios, incluso con un repunte del 0,9%. Lo más sorprendente es que la moderación solo se produce en el nivel asistencial, esto es, el de los subsidios y rentas de inserción. Las personas que cobran una prestación contributiva, la primera a la que un desempleado tiene derecho tras dejar de trabajar, crecen a un ritmo interanual del 5,4%: exactamente el mismo porcentaje en el que se recorta el paro registrado. La clave parece estar en el incremento de los afectados por despido y los fijos discontinuos.

Y es que el gasto en prestaciones por desempleo es un termómetro no solo de la destrucción de empleo, sino de la calidad del que se crea. En 2019 ya se registró una evolución similar a la actual: el paro bajaba, pero las prestaciones repuntaban. Entonces saltaron las alarmas por lo que suponía una clara desaceleración del mercado laboral, como ocurre hoy. Pero el efecto aquellos momentos se concentraba en la caducidad de un empleo eventual. Es decir, a una volatilidad del mercado laboral. Sin embargo, pese a que ahora hay más contratos indefinidos, la situación no parece haber mejorado. De hecho, los perceptores de prestaciones contributivas se han incrementado un 1,8% desde entonces, pasando de 770.109 a 783.907, a pesar de que el paro registrado ha caído un 17% en los últimos cinco años.

Así, los trabajadores que cobran el paro al término de un contrato temporal han retrocedido un 52% respecto a septiembre de 2019, de 332.110 a 162.069, mientras los afectados por despido se han disparado un 42%, hasta los 328.489. Por su parte, los fijos discontinuos inactivos han crecido un 187%. . Estos dos colectivos siguen explicando el grueso de la subida del número de beneficiarios de prestaciones en el último año, aunque el peso de los que han sufrido un cese es bastante mayor.

El coste medio de la prestación ha aumentado, de 27,55 en septiembre de 2019 a 32,96 euros. Pero esto no se debe a que los empleos sean mejores, sino a que en 2022 el Gobierno derogó el recorte en las prestaciones aprobado por el PP una década antes. Este cambio supone que, a los seis meses, la prestación pasa de calcularse sobre el 60% de la base de cotización, en lugar del 50% precedente. ¿Qué significa esto? Que el incremento de la nómina de los beneficiarios no se debe a que fueran empleos de mayor calidad (con mejores salarios, más tiempo cotizado y que genera prestaciones más altas), sino a aquel cambio legal.

En todo caso, la tendencia en lo que va de 2024 arroja indicios inquietantes. El pasado mes de septiembre, 1,7 millones de personas cobraban una prestación por desempleo. Los beneficiarios del nivel contributivo sumaban 783.907, 39.885 más que en el mismo mes de 2023, pese a que el paro registrado se ha reducido en 147.183 personas. Los beneficiarios del nivel asistencial, que suponen 833.587 sí han retrocedido, pero solo un 1,7%. Los que cobran el subsidio de paro, que suman 685.194 (un 40,2% del total) solo han descendido en un 0,8%.

¿Una tasa de cobertura 'inflada'?

Esta evolución tan dispar ha supuesto un repunte de la tasa de cobertura a un histórico 72,2% en lo que va de año. Son 4,5 puntos porcentuales más que hace un año. El Gobierno lo achaca a una mejora de la protección por desempleo tras derogar los recortes aprobados por el PP, pero esta afirmación admite bastantes matices. Sobre todo, estadísticos.

19 junio

La letra pequeña de la compatibilidad de empleo y prestación recorta a la mitad sus beneficiarios

* Un sueldo de 1.000 euros percibirá el mismo complemento que quien gane 2.000
* La ayuda será más alta para quien menos tiempo lleve sin empleo 


La novedad más llamativa de la reforma del subsidio por desempleo aprobada por el Gobierno es la compatibilidad de la prestación contributiva por desempleo con un trabajo a tiempo completo con un sueldo equivalente al 375% del IPREM (2.250 euros al mes en los niveles actuales). Una sorpresa de última hora, ya que en el primer borrador se situaba el tope en el 225% (1.350 euros) que busca hacer más atractiva una propuesta cuya letra pequeña revela bastantes puntos oscuros y que se limita a la mitad de los desempleados que cobran la ayuda.

El nuevo sistema pactado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los sindicatos, parte de la misma base que se aplica para los subsidios, es decir, se configura como un "complemento de apoyo al empleo" que se calcula como un porcentaje decreciente del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), establecido actualmente en 600 euros. Pero incluir a las prestaciones no es nada sencillo.

Prueba de ello es que el Gobierno se ha dado un año para articular "cómo implantará el servicio que permita la aplicación del límite" del 375% del IPREM". Por tanto, nadie podrá percibirlo antes del 1 de abril de 2025, aunque aquí se añade otra restricción: solo se podrá recurrir al complemento si al pardo se le ha reconocido un derecho de cobro superior a 12 meses. El periodo medio actual de reconocimiento es 13,65 meses.

Según los últimos datos del SEPE, unas 430.000 personas tienen un periodo de cobro reconocido de más de 12 meses. De ellos, 198.000 llegan a 24 meses. Aunque es imposible anticipar cuántos habrán superado estos umbrales dentro un año, esto reduce el universo de posibles beneficiarios de esta medida a la mitad de los que perciben la prestación contributiva.

Para reforzar la eficacia de lo que se considera un incentivo para evitar caer en el desempleo de larga duración (el que supera los 12 meses de duración), la versión final de la norma introduce otra novedad: el complemento podrá empezar a percibirse cuando se lleve cobrando nueve meses de prestación. Aquí llegamos a otro de los puntos oscuros del nuevo sistema.

Misma cuantía con independencia del sueldo

Actualmente las personas que cobran la prestación contributiva por desempleo solo pueden compatibilizarlos con un empleo a tiempo parcial, reducida de forma proporcional a la jornada (no al salario). Además, lo pueden hacer desde el primer momento con independencia del tiempo reconocido.

El nuevo régimen fulmina esta opción para las prestaciones reconocidas a partir del 1 de abril de 2025 y las vincula a un esquema en el que el complemento se calcula como un porcentaje del IPREM, no de la prestación, que en ningún caso superará el 80% (480 euros) y se reduce según el tiempo que se lleve en desempleo.

Tampoco se verá afectado por el salario: una persona que cobre 2.225 euros de salario bruto recibirá el mismo que una que perciba 1.134 euros al mes (el SMI actual). Además, será más alto para los trabajadores a tiempo completo que a tiempo parcial, y premiará a los que encuentren trabajo llevando menos tiempo lleven en desempleo.

07 mayo

El Gobierno propone que los parados puedan cobrar la prestación contributiva a la vez que tienen un empleo completo

También se contemplan mejoras en el cobro del subsidio por desempleo para los trabajadores a tiempo parcial y para mujeres que hayan sufrido violencia de género


El ejecutivo aspira a aprobar una reforma más amplia en las prestaciones por desempleo de la que estableció en diciembre en el Real Decreto-ley 7/2023, que posteriormente terminó decayendo por no ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Según ha adelantado este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno está dispuesto a incluir medidas novedosas tras las negociaciones con los agentes sociales y una de ellas es la posibilidad de que quienes cobren una prestación contributiva por desempleo puedan compatibilizarla temporalmente con un empleo a tiempo completo. Hasta ahora solo se podía hacer con un empleo a tiempo parcial.

Se trata de ampliar el esquema diseñado para los subsidios de desempleo, los que se cobran cuando finaliza la prestación contributiva. Según figuraba en la normativa derogada, la compatibilidad de los subsidios con un empleo a tiempo completo se extendía a 180 días, un periodo que el Ministerio de Trabajo considera adecuado también para el nivel contributivo. En dicho texto también se aprobó un aumento de la cuantía inicial a cobrar en los subsidios, pasando de los 480 euros actuales a 570 durante los seis primeros meses, mejora que previsiblemente se mantendrá en la nueva norma.

“Damos un paso más”, ha asegurado Díaz en una entrevista en TVE, a lo que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha añadido que se pretende “que no haya escalón entre el subsidio y la prestación contributiva, que no se ciña solo a la parte asistencial”. También ha defendido que es “el modelo que más nos gusta”, refiriéndose a los 180 días, pero “hay que cerrar detalles” en la mesa de negociación con sindicatos y patronales que se celebrará esta misma tarde. Uno de ellos es calcular en qué periodo el SEPE puede efectuar los cambios en las prestaciones, algo que previsiblemente llevará meses.

Además de este cambio, el Gobierno quiere incluir mejoras en el cobro del subsidio por desempleo para quienes hayan accedido a la prestación después de tener empleos a tiempo parcial y para mujeres que hayan sufrido violencia de género, creando una prestación específica para este último caso. Respecto a los trabajadores parciales, estos ven recortada la prestación y la intención es que puedan recibirlas íntegramente, al igual que quienes trabajan a tiempo completo.

Más allá de estas novedades, el Gobierno no ha adelantado qué pasará con la reducción de la cotización que introdujo el real decreto-ley derogado para las personas que cobran el subsidio de mayores de 52 años y que provocó el voto en contra de Podemos. Se establecía un descenso progresivo del porcentaje a aplicar sobre la base mínima de cotización de las personas que perciben este subsidio, pasando del 125% del año 2023 a un 100% en el año 2028. De terminar aplicándose, esto supone una reducción de la cuantía de la pensión, ya que estas personas se encuentran en sus últimos años de vida laboral que computan para la misma, y un ahorro del gasto público de 93,6 millones de euros al año, según la memoria económica de la norma.

Retraso en la llegada de fondos europeos

La “simplificación y mejora” del nivel asistencial de desempleo es la reforma 10 del componente 23 del Plan de Recuperación, por lo que su cumplimiento está ligado a la recepción de fondos europeos. Según el calendario acordado entre el Gobierno y la Comisión, este hito se tenía que haber cumplido durante 2022 y forma parte de la solicitud del cuarto pago que el Ejecutivo envió a Bruselas en diciembre. La derogación en enero del decreto que lo contenía supuso un problema para la recepción de la cuantía completa del cuarto pago (10.000 millones de euros) y el ministerio de Economía logró aplazar la evaluación de la Comisión hasta el 20 de mayo.

18 enero

UGT trabajará "a fondo" para que la reforma del subsidio por desempleo se apruebe tras caer por el voto de Podemos

"Nos van a encontrar poco en la gresca política y partidaria, menos entre grupos políticos de izquierdas que nos gustaría que se entendieran", señala Pepe Álvarez tras lo sucedido este miércoles en el Congreso. 

   
Trabajar "a fondo" para que la reforma del subsidio por desempleo pueda aprobarse de la forma más urgente posible. Ese es uno de los mensajes transmitidos desde el sindicato UGT, según ha destacado su secretario general, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa realizada este jueves. El decreto que contenía esta reforma fue tumbado este miércoles en su trámite parlamentarios con los votos en contra de Podemos, PP y Vox. 

UGT se había mostrado crítico con algunas cuestiones de la reforma. Especialmente por no haber sido consultado de la forma conveniente con los agentes sociales. Junto con CCOO, el sindicato que lidera Álvarez han pedido una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambas organizaciones han alertado sobre el enfriamiento del diálogo social por parte del Ejecutivo. 

En todo caso, la organización sindical había llamado a votar a favor de todos los decretos por las ventajas para la clase trabajadora que suponía. Álvarez no ha querido cargar las tintas contra Podemos, como sí han hecho desde el PSOE o Sumar. "Nos van a encontrar poco en la gresca política y partidaria, menos entre grupos políticos de izquierdas que nos gustaría que se entendieran", ha afirmado Álvarez. 

El líder de UGT ha confirmado que ha recibido un mensaje desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz para abrir un proceso de diálogo social y retomar la reforma del subsidio tumbada este miércoles. De momento, no hay fecha para el primer encuentro. 

Respecto a las críticas concretas de Podemos, que se basan en la cotización para las pensiones en personas paradas de más de 52 años, UGT considera que "es evidente que hay personas que tenían unas condiciones y que en ese decreto iban a tener otras". "Planteamos alternativas diferentes en relación a los mayores de 52 años", ha señalado Álvarez. 

28 diciembre

El SEPE confirma la fecha en la que entrará en vigor el nuevo subsidio por desempleo

Ya se conoce la fecha en la que se pondrá en marcha el nuevo subsidio por desempleo en 2024.


El pasado 19 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó los cambios que van a repercutir en el subsidio por desempleo en 2024 que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal. La nueva normativa, que se va a implementar el próximo año, busca simplificar la tramitación, del mismo modo que pretende mejorar el nivel asistencial, proporcionando una mejor protección a las personas que están sin trabajo.

Estos son algunos de los cambios y cuantías que va a introducir la reforma 

La nueva reforma del subsidio por desempleo queda recogida en el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. En principio, su implementación va a provocar que las ayudas den una mayor cobertura. Por ejemplo, las personas sin responsabilidades familiares menores de 45 años o las que han cotizado menos de 6 meses, y que hayan agotado el paro, van a poder acogerse ahora al nuevo subsidio.

Las cuantía de estas ayudas también se va a ver afectada, de forma que aumentará a un 95% del IPREM, lo que supondrá un incremento de los 480 euros actuales hasta los 570 euros mensuales. Eso sucederá durante los 6 primeros meses, puesto que los 6 meses siguientes se cobrarán 540 euros y el resto, hasta que se agote la ayuda, 480 euros (80% del IPREM).

El nuevo subsidio por desempleo se impondrá el 1 de junio de 2024 ¿Tendrá carácter retroactivo?

El SEPE ha confirmado en la red social X, antes conocida como Twitter, que el nuevo subsidio por desempleo va a entrar en vigor el 1 de junio de 2024. No obstante, el SEPE aclara que la norma no tendrá carácter retroactivo. Esto quiere decir que si a una persona desempleada se le reconoce la ayuda antes de dicha fecha, cobrará durante todo el tiempo que dure su prestación 480 euros, tal y como sucede ahora.

La paradoja española: hay 18 parados por empleo vacante y aún así no logra cubrirse

España tiene 156.000 puestos de trabajo sin cubrir pese a haber 2,9 millones de parados


Casi 156.000 empleos no se logran cubrir en España pese a haber 2,9 millones de personas desempleadas. Dicho de otra manera, hay 18 parados por empleo vacante y aún así no se cubre. Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Las vacantes de empleo se han duplicado en la última década, existen en prácticamente todos los sectores de actividad (aunque destacan en el sector público, donde se concentran el 35%) y han llevado a las empresas a plantear la cuestión como un problema del mercado laboral.

En la última encuesta realizada por el Banco de España, un 42,5% de las empresas españolas reconoce que tiene problemas para encontrar trabajadores. Éstos son especialmente importantes en la hostelería, la agricultura y la construcción, donde la cifra supera el 50%.

¿Motivo de alarma?

De hecho, este déficit de trabajadores ha sido motivo de choque entre la CEOE y el Ministerio de Trabajo, que, tras las alertas emitidas desde la patronal, publicó un informe asegurando que no es un motivo de alarma. “No hay problema de vacantes, ni en la cifra global, ni por sectores”, aseguraron desde Trabajo. 

Este lunes, al ser preguntado por este periódico, el think tank de la patronal, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), aseguró que "hay un problema en la economía española" y es que "tenemos una tasa de paro importante pero hay numerosos sectores que tienen problemas para encontrar mano de obra".

Por sectores, y más allá de la administración pública, las vacantes se concentran sobre todo en el sector del comercio (un 9% del total); la sanidad (8%); las actividades profesionales, científicas y técnicas (7%); la hostelería (6%) y la industria manufacturera (5%), según los datos que difunde el INE. 

En opinión del Instituto, estas rigideces se solucionarían con "formación" y "un diseño adecuado del sistema de protección de desempleo que haga más énfasis en las políticas activas y no tanto en las pasivas".

27 noviembre

Así será la nueva reforma del paro en España y cuando entrará en vigor

* La simplificación de las prestaciones y subsidios de desempleo afectará a 800.000 españoles y permitirá que sean compatibles con un empleo. 
* La reforma del paro impactará en 800.000 personas, en su mayoría de más de 50 años


El nuevo Gobierno de España afrontará en esta legislatura una reforma significativa del sistema de prestaciones y subsidios por desempleo. El Ejecutivo recién configurado que lidera Pedro Sánchez mantiene en las principales carteras económicas a Nadia Calviño (Economía); Yolanda Díaz, que repite al frente de Trabajo, y María Jesús Montero (Hacienda), con categoría de vicepresidentas y serán las que lideren esta transformación en la forma de cobrar el paro que es crucial para que la Unión Europea libere el pago de los fondos Next Generation. 

Qué cambiará con la nueva reforma del paro: de la cuantía del subsidio al IPREM

Esta reforma de los subsidios de desempleo ha sido recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que ha subrayado su urgencia. El objetivo es racionalizar la eficacia del sistema de pensiones, facilitar la compatibilidad con el empleo a tiempo completo, reconfigurar la tasa de sustitución de los subsidios y modernizar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En el fondo, afectará a más de 815.400 parados españoles que cobran un subsidio de 480 euros al mes (el 80% del IPREM) por no tener trabajo, haber agotado la prestación o no cumplir los requisitos para cobrarla.

En este grupo, los mayores de 50 años son más del 70%. En Aragón, por ejemplo, dos de cada tres parados superan la cincuentena. Estos serán los que se verán beneficiados o perjudicados por el cambio en los subsidios de desempleo. Cambiarán, probablemente, las condiciones, la duración y la cuantía de estas ayudas por no tener trabajo. 

Con la nueva reforma del paro que propone el Ejecutivo, el subsidio no desaparecerá al encontrar trabajo, sino que la prestación se irá reduciendo en relación con los ingresos totales percibidos. De esta forma se evitará el hecho de que haya quienes rechacen ofertas de trabajo por los bajos salarios. La modificación trata de eliminar los incentivos que promueven una larga permanencia en una situación de inactividad. 

El diseño de la reforma no modificará el subsidio total percibido, pero sí las cantidades a cobrar en función del tiempo que se lleva recibiendo el subsidio. Los desempleados recibirán así más dinero al principio y la cantidad se irá reduciendo de forma gradual para incentivar la búsqueda de empleo. El Gobierno espera que esto estimule la participación en el mercado laboral. Quienes no encuentren empleo podrán recurrir al (IMV) Ingreso Mínimo Vital.

07 noviembre

Sevilla registra el menor impulso del empleo en octubre desde 2015

* Sevilla registra el menor impulso del empleo en octubre desde 2015
* Suma 7.046 afiliados más, pero la cifra es muy inferior a la de los años anteriores en el que suele ser uno de los mejores meses del año
* La principal causa es el mal comportamiento de la agricultura, que pierde afiliados por primera vez en octubre


Octubre suele ser un gran mes para el empleo en Sevilla, por varios factores. Entre ellos, por ejemplo, el regreso de muchos trabajadores al sector educativo tras el verano y la temporada alta para el turismo tras el calor de los meses estivales.

Los datos de afiliación, pues, tienen que ser forzosamente buenos. Efectivamente, la provincia genera 7.046 nuevos empleos, hasta rozar los 800.000 (799.555), pero vista en perspectiva la evolución no es tan buena. Estamos ante octubre menos bueno para el empleo desde 2015 y el avance es inferior en más de 3.000 afiliados al que se registró en los dos años inmediatamente anteriores.

Es más, Sevilla no alcanza el récord de afiliación, algo que si hubiera ocurrido simplemente repitiendo los guarismos de octubre de 2022. Se queda por debajo del nivel de abril y mayo (cuando sí se superaron los 800.000 afiliados) y hay un dato, en este sentido, que llama a la reflexión. Es la primera vez desde 2013 que la provincia registra menos afiliados medios a la Seguridad Social en octubre que en mayo.

Bajada del paro de 55 personas en Sevilla capital

Igual que sucede en el conjunto de la provincia, la caída del desempleo en la metrópoli es exigua. Son 55 personas menos en las listas del Servicio Andaluz de Empleo, hasta sumar, en total, 62.251, una cifra todavía superior a la que había en agosto. El ritmo de caída (-0,09%) es muy similar al provincial (-0,11%). En tasa interanual, es decir, respecto a octubre del año pasado, el paro se reduce en 3.263 personas, un 4,98% menos, una caída, también, muy similar a la provincial (-5%)

Es cierto que se parte de un nivel muy alto, pues en mayo se rompió el récord absoluto, pero también que los síntomas de agotamiento del impulso laboral están ahí.

11 septiembre

Los desempleados con más de 45 años podrán acceder a una ayuda familiar del SEPE de hasta 14.400 euros

La cuantía inicial de este subsidio por agotamiento de la prestación contributiva es de 480 euros mensuales, pero prevé varias prórrogas de seis meses


Los últimos datos publicados esta semana por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) referidos al mes de agosto certifican la caída de contratos en julio en el tramo de edad de más de 45 años y una pérdida aún mayor en este último mes. Concretamente, los 292.415 contratos realizados a este colectivo en agosto representan 55.067 menos que en julio.

Las perspectivas laborales para estos trabajadores que pierden su empleo a esa edad se complican a medida que cumplen años, por eso para sobrellevar el bache la administración prevé una prestación de 480 euros al mes de al menos seis meses, pero con derecho a varias prórrogas hasta totalizar 30 meses, lo que equivaldría a ingresar 14.400 euros en todo el periodo.

Aunque de forma oficial se llama 'subsidio por agotamiento de la prestación contributiva con responsabilidades familiares', se conoce popularmente como 'ayuda familiar'. Pueden acceder a ella quienes han agotado el paro (por tener al menos un año cotizado), tengan responsabilidades familiares y carencia de rentas. Pero también, cabe la posibilidad de que puedan optar a esta ayuda familiar los desempleados que no han podido cobrar el paro porque no han cotizado 360 días, pero al menos tienen acumulados 90 días de cotización y también tienen familiares a cargo.

A los efectos del subsidio por desempleo, tener responsabilidades familiares significa tener a cargo al cónyuge o a algún hijo (puede ser natural o adoptado) que sea menor de 26 años o mayor con discapacidad o personas menores acogidas, si conviven o dependen económicamente del desempleado y no tienen rentas mensuales superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI), sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, siempre que la suma de los ingresos de todos los miembros de su unidad familiar así constituida, dividida entre el número de componentes de la misma, no supere dicha cantidad. Es decir, no podrían superar los 810 euros mensuales, que es el 75% del SMI que en 2023 se eleva a los 1.080 euros.

Familiares a cargo

Los hijos a cargo pueden tenerlos en cuenta ambos cónyuges, tanto si solicitan la prestación por desempleo (para el cálculo de las cuantías mínima y máxima a percibir), como si solicitan un subsidio por desempleo en el que sea imprescindible tener responsabilidades familiares.

26 julio

«No se podrá bajar el paro hasta que no haya una reducción drástica de las cotizaciones sociales»

Un debate organizado por el Consejo General de Economistas señala el alza de las cargas laborales sobre las empresas como una de las medidas más dañinas para la competitividad de la economía

Lamentan la falta de reformas para impulsar la actividad económica


La incapacidad de la economía española para mejorar su PIB per cápita a lo largo de los últimos tres lustros revela un estancamiento económico que, a juicio de los profesionales reunidos por el Consejo General de Economistas este martes, se debe a una dificultad casi endémica para mejorar la productividad y a la elevada tasa de paro de la economía, que duplica la media europea.

Para el que fuera presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y miembro en la actualidad del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEOE, José Luis Feito, esta situación tiene causas claras: el coste del despido, que según sus datos es el mayor de todas las economías desarrolladas y no tanto por su coste regulatorio, que también, sino porque hay una inmensa mayoría de despidos improcedentes (90%), más caros, cuando en el resto de Europa ese porcentaje no llega ni a la mitad; también por la estructura de la cobertura al desempleo, que según el economista en Europa tiene un estructura mucho más condicional a la aceptación de los empleos o la formación que se les ofrece a los perceptores y que aquí tiene una condicionalidad mucho más suave; y por último a la estructura de la negociación colectiva, que privilegia lo pactado a nivel sectorial o territorial que en el nivel de empresa.

El Instituto de Estudio Económicos (IEE) advierte de que la reforma elevará a 63.000 millones de euros anuales el agujero del sistema

Todo ello contribuye, a juicio de Feito, a que la tasa de paro en España sea sensiblemente más alta que en otros países, un problema que tiene tintes de lastre para el crecimiento. «En España no se podrá bajar el paro hasta que no haya una reducción drástica de las cotizaciones sociales», ha dicho el economista, que ha advertido que la escalada de subida de cuotas sociales aprobada por el Gobierno en los últimos años para sufragar la factura creciente del gasto en pensiones va a tener consecuencias a futuro tanto sobre la creación de empleo como sobre los salarios. «Es evidente que cuanto mayores sean los costes laborales que se imponen las empresas menor será la creación de empleo y la subida de los salarios».

"Tenemos una tasa de paro estructural del 13% y es la misma desde hace décadas", ha lamentado José María Serrano, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En su opinión parte de culpa en esto lo tiene que "las empresas privadas se muevan en un marco legislativo perturbador para el adecuado funcionamiento de la economía", como califica el hecho de que desde 1978 se hayan aprobado más de 400.000 normas en España y que solo en 2021 se hayan aprobado más de 12.000.

Serrano también apunta a la elevada vulnerabilidad de la economía española por la persistencia de su déficit público y su deuda pública "que la hacen especialmente dependiente de los mercados financieros internacionales y del BCE". "Es un riesgo que se debe evitar alcanzando el equilibrio presupuestario", remacha.

"Para atender los gastos necesarios para intentar frenar el cambio climático y para atender las crecientes necesidades asistenciales provocados por el envejecimiento de la población, necesitamos unas cuentas saneadas", ha incidido el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.