Trabajo rectifica y acepta negociar las propuestas de la CEOE para la reducción de jornada

Yolanda Díaz deja atrás su ultimátum e incorpora a sus propuestas la primera de las de la patronal para intentar buscar el acuerdo, la bolsa de horas

La negociación para la reducción de la jornada laboral ha dado un giro de 180 grados en los últimos días. El Ministerio de Trabajo ha pasado del ultimátum que le dio a la CEOE a buscar un acuerdo que también satisfaga a los empresarios. En la reunión mantenida este lunes con los agentes sociales, el ministerio ha realizado dos nuevas propuestas: aumentar las sanciones a las empresas incumplidoras y abordar la bolsa de horas. Esta segunda va encaminada directamente a acercar posturas con la patronal. 

El cambio es importante, porque supone que el Ministerio que lidera Yolanda Díaz incorpora ya algunas de las demandas de la patronal. El ultimátum ha quedado descartado, al menos de momento, ya que el Gobierno teme no disponer de los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante la reducción de la jornada laboral si no cuenta con el visto bueno de la CEOE. 

Aun así, la primera propuesta de Trabajo no satisface a la CEOE y fue rechazada en la mesa, explican fuentes de la negociación colectiva. Se trata de una bolsa de horas equivalente al 10% de la jornada laboral anual que las empresas podrían repartir a lo largo del año. En concreto, se trata de la jornada irregular, que permitiría al empleador cambiar hasta un 10% de las horas trabajadas a lo largo del año. Esto permitiría mantener semanas de 40 horas en los meses de pico de actividad.

Sin embargo, la propuesta del Ministerio sólo contempla esta jornada irregular durante un periodo transitorio aún por determinar antes de la entrada en vigor plena de la nueva jornada laboral. Su propuesta es, por tanto, una prórroga que la CEOE no acepta, ya que quiere que sea permanente. Esta bolsa de horas podría ser la solución para acercar las posturas entre las partes, porque los sectores más afectados por la reducción de jornada son, al mismo tiempo, los que tienen una actividad más estacional. Esto es, agricultura, hostelería, ocio o comercio. Si la jornada laboral queda fijada en 1.712 horas anuales (37,5 horas semanales), los empleadores dispondrían de 170 horas para distribuirlas con flexibilidad y así cubrir estos picos de actividad. 

La segunda de las propuestas del Ministerio de Trabajo es un endurecimiento de las sanciones a empresas incumplidoras de la jornada laboral en cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores. Inicialmente ambas propuestas han sido rechazadas y el Ministerio se ha comprometido a rehacerlas para el próximo lunes, cuando celebrará una nueva reunión.

Periodo transitorio

Uno de los principales puntos de fricción en la mesa de negociación entre Trabajo y la CEOE está en el establecimiento de un periodo transitorio para la adaptación de la nueva jornada laboral. La patronal defendió en la mesa que se deben respetar los convenios colectivos que están vigentes en la actualidad, y que tienen pactada una duración de jornada. Esto significaría que muchos sectores no contarían con la reducción de jornada en dos o incluso tres años. 

La ley que prepara el Gobierno que evitará que te arruines pidiendo un crédito: "Cuidado como te retrases en alguna cuota"

El Ejecutivo está trabajando en la transposición de la Directiva 2023/2225/CE relativa a los créditos de consumo.

 

"Llevo desde el año 2014 pagando una cuota de 105 euros, por un préstamo de 3.300 euros (...) y todavía me dicen que me quedan 45 cuotas". "Muy fácil de contratar sí, pero te hacen recargos que no deberían".  "Cuidado como te retrases en alguna cuota, llaman a tus padres, amigos o vecinos para reclamar". "Mala experiencia. Te cobran dos veces la mensualidad y tienes que esperar 15 días para que te hagan el abono". 

Estos son solo algunas de las reseñas que podemos encontrar en Google publicadas por usuarios sobre su experiencias con diferentes empresas que ofrecen créditos al consumo, que son aquellos que permiten al consumidor la posibilidad de financiar un determinado servicio o la compra de un bien a cambio de devolver posteriormente la cantidad prestada en un plazo determinado junto con los intereses acordados. La cuantía de estos créditos suele oscilar entre los 200 y los 75.000 euros.

Para intentar evitar que se produzcan situaciones de engaño y prevenir el sobreendeudamiento de los consumidores, entre otras cuestiones, la Unión Europea aprobó el pasado año la Directiva 2023/2225/CE relativa a los contratos de crédito al consumo, que debe aplicarse ya en España en noviembre de 2026.

La directora general del Tesoro Público, Carla Díaz Álvarez de Toledo, organismo perteneciente al Ministerio de Economía, ha confirmado recientemente que el Ejecutivo está trabajando en la transposición de la directiva que incluye la obligación de registro de todas las entidades que ofrecen créditos al consumo, obligaciones en materia de publicidad y evaluación de solvencia para prevenir el endeudamiento excesivo, la prohibición de aprobar crédito no solicitado o la introducción de medidas para evitar tipos de interés excesivos, entre otros. 

En España, los créditos al consumo se agrupan fundamentalmente en tres categoría: el préstamo personal, el crédito rápido y la línea de crédito. Pero es el crédito rápido el que ha generado más polémica en los últimos tiempos. Estos préstamos, en términos generales, tienen altos intereses y se conceden casi de manera automática, incluso vía online o telefónica, sin un análisis de riesgos o de solvencia, lo que conduce a muchas personas a un sobreendeudamiento.

Organizaciones de usuarios financieros, como Asufin o Adicae, han advertido de que "el peligro de estos productos aflora con el impago, algo muy frecuente en la medida es que se otorgan muchas veces sin el debido estudio de solvencia del cliente". Ese tipo de créditos, subrayan, "empujan al consumidor a una espiral de sobreendeudamiento de la que es muy difícil salir".

Bajo la lupa del Defensor del Pueblo

También el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tras recibir quejas de varios ciudadanos alertando de posibles abusos, anunció que investigaría de oficio junto al Banco de España y el Ministerio de Economía el nivel de protección que ofrecen a los consumidores las entidades de concesión de créditos rápidos y, en especial, los elevados intereses y los breves plazos impuestos para la devolución de las cantidades prestadas

Estos son todos los cambios que prepara el Gobierno en el subsidio por desempleo

* El objetivo es que estos cambios puedan entrar en vigor a lo largo del año que viene de forma diferida.

* Trabajo plantea subir las ayudas a los parados hasta 660 euros durante los seis primeros meses.

El Ministerio de Trabajo se encuentra ultimando la reforma del subsidio por desempleo, uno de los hitos pendientes del plan de recuperación del Gobierno y vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos. Está pendiente todavía su puesta en común con los agentes sociales, de ahí que Trabajo los haya convocado para este lunes, el mismo día en que se conocerán los datos de paro registrado y afiliación del mes de noviembre. El objetivo es que estas novedades que plantea el departamento de Yolanda Díaz puedan entrar en vigor a lo largo del año que viene de forma diferida. 

Este subsidio por desempleo lo cobran aquellas personas que ya no tienen derecho a la prestación contributiva —es decir, los que hayan agotado el paro— y se sitúa en el 80% del IPREM, unos 480 euros al mes. Según los últimos datos disponibles del mes de octubre, hay unos 700.000 beneficiarios de esta prestación.

El borrador de Trabajo incorpora dos grandes cambios: se extiende la cobertura de la ayuda a los menores de 45 años sin cargas familiares y se elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata.

En primer lugar, la mejora de la cobertura pasa por ampliarla para que llegue a otros colectivos que ahora mismo no se benefician de ella. De este modo, Trabajo quiere incorporar al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares —unos 150.000, según sus estimaciones— y a los trabajadores eventuales del sector agrario que no sean de Andalucía ni Extremadura —cerca de 250.000 personas—.

Además, se elimina el mes de carencia que ahora hay que esperar para empezar a cobrar el subsidio y se permite compatibilizar el cobro de esta ayuda con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía.

Por otro lado, la propuesta de Trabajo propone revisar los subsidios de forma trimestral y no mensual, para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio. También mejorarán los criterios de renta para el acceso, de forma que se puedan contar todas las rentas de la unidad familiar si ese cálculo es más beneficioso para el beneficiario.