04 diciembre

Adiós a la jubilación a los 65 con 38 años cotizados: este será el nuevo tiempo cotizado para jubilarse el 1 de enero de 2025

Para jubilarse a los 65 el próximo año, será necesario haber cotizado 38 años y tres meses. En 2027, será de 38 años y seis meses o más.


En España, la edad de jubilación no siempre es la misma para todos los trabajadores. Para poder cobrar el 100% de la pensión en 2024 se deberán cumplir los requisitos establecidos en la reforma de 2013. Para poder poder jubilarse a los 65 años, hace falta cumplir con un mínimo de años cotizados.

Será de 38 años y tres meses o más el periodo de cotización a la Seguridad Social el próximo año. En el caso de acreditar un periodo de cotización inferior, la edad de retiro se situará en los 66 años y 8 meses. En ambos casos, tanto si se cumple o no con dicho requisito, el periodo exigido cambiará hasta 2027. Ese año, aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses deberán jubilarse a los 67 años, mientras que los que hayan alcanzado o superado ese mínimo, podrán hacerlo a los 65 años.

En relación con el tiempo mínimo que será necesario que cotice un trabajador para acceder a una pensión de jubilación, la Seguridad Social lo establece en 15 años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los 15 años previos a la jubilación. No obstante, en ese caso, los trabajadores solo tendrán derecho a cobrar un 50% de su base reguladora.

En los próximos años, la reducción de la brecha entre la cuantía de la pensión de jubilación y el umbral de la pobreza será del 30% en 2025, y del 50% en 2026. En 2027, se incrementará la cuantía lo suficiente como para que no exista diferencia entre ambos aspectos. A pesar de estos cambios, un trabajador podrá seguir optando por la jubilación anticipada si tiene al menos 38 años y 3 meses cotizados. Esta será posible hasta dos años antes de su edad ordinaria de jubilación.

Los casos en los que compensa jubilarse de forma anticipada

El incremento de las pensiones en 2025 lleva a que quienes estén pensando en jubilarse anticipadamente hagan cálculos para ver si la subida prevista compensa las penalizaciones por jubilarse. Quien opte por jubilarse antes quizá le compense jubilarse este mes de diciembre.


03 diciembre

El auditorio Rocío Jurado no tenía seguridad pese a que había un contrato de vigilancia adjudicado

El alcalde de Sevilla ha confirmado que todo apunta a "un incendio provocado" gracias a que "se ha aprovechado" esa ausencia de vigilancia, y que se han encontrado petacas de gasolina encontradas en el interior


El auditorio Rocío Jurado no salió ardiendo este pasado sábado en torno a las 20 horas, fue intencionado. Y además, a sabiendas de que en el edificio no había ningún tipo de vigilancia de seguridad, algo que ya había sido detectado con anterioridad con algún acto vandálico, y que finalmente ha acabado en un enorme incendio que ha calcinado la zona anexa, sin llegar a dañar la parte del escenario. El alcalde de Sevilla ha confirmado este domingo por la mañana que existía un contrato de seguridad ya licitado y adjudicado pero "todavía no había vigilante". "Si no ha sido fortuito y ha sido ocasionado, que todo parece indicar que ha sido un incendio provocado, evidentemente eso es lo que se ha aprovechado", ha asegurado José Luis Sanz.

Además, el primer edil popular ha confirmado que, pese a que "hay una investigación abierta", "todo parece indicar que había petacas de gasolina, y eso parece que puede indicar que ha podido ser provocado", ha continuado Sanz a las puertas del auditorio.

Según ha relatado el alcalde, un mes después de tomar posesión, el 25 de julio de 2023, se dio el inicio al proceso de recuperación del inmueble. "El pasado 3 de octubre de 2024 se recuperó la posesión del inmueble. Y el pasado 21 de noviembre se terminó el proceso de liquidación concursal. Yo me preocupé de este edificio al mes de tomar posesión", se ha defendido, tras las acusaciones de la asociación Legado Expo y el PSOE de "abandono" y "dejadez".

En un primer momento, fuentes del Ayuntamiento informaron que el proceso de licitación de la seguridad no estaba concluido, pero esta mañana de domingo, horas después del incendio, el alcalde sí ha precisado que estaba casi todo acordado pero aún no había vigilante de seguridad.

El contrato está adjudicado pero todavía se está terminando la tramitación para poder ponerlo en vigor, precisan estas fuentes, por lo que solo está pendiente de firma cuando la empresa entregue toda la documentación. Mientras tanto, agentes de la Policía Local se encuentran vigilando el recinto y seguirán los próximos días hasta que el nuevo contrato de seguridad entre en vigor.

José Luis Sanz también se ha comprometido a que no se va a demoler el edificio, sino que se va a recuperar. "Este Ayuntamiento se comprometió cuando tomamos posesión prácticamente a recuperar este emblemático espacio de Sevilla. Puedo garantizar que Sevilla va a recuperar este espacio emblemático".

Interior activa el nuevo registro de hospedaje y alquiler de vehículos

El Ministerio del Interior ha activado el nuevo registro documental sobre las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, concebido como un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.


Las empresas hoteleras y de alquiler de coches, así como las plataformas intermediarias en ambos sectores y las agencias de viaje, deben comunicar al registro los datos de los clientes con los que mantienen relaciones comerciales.

Este registro está recogido en el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre de 2021, que está en vigor desde abril de 2022. Desde entonces, el Ministerio ha mantenido un diálogo constante con los sectores afectados y aplicado distintas moratorias a su puesta en funcionamiento para facilitar su adaptación al nuevo mecanismo de recogida de datos.

El registro de pernoctaciones hoteleras existe desde 1959, y había quedado obsoleto con el paso del tiempo al no recoger nuevas modalidades de negocio como las viviendas turísticas de corta duración o los portales y centrales de reserva de habitaciones a través de medios digitales en internet.

El nuevo registro permite ahora recabar los datos de los usuarios de hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos; apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, así como operadores que presten servicios de intermediación entre la hospedería y los consumidores y plataformas digitales de reservas.

Estas empresas solo deberán volcar en el nuevo registro aquellos datos que recaben para su propia gestión comercial, datos que en su mayoría son los mismos que ya comunicaban al anterior registro activo desde 1959. Respecto a la identidad de los clientes, la principal novedad consiste en hacer constar la relación de parentesco cuando algún grupo incluya a menores de edad, mientras que sobre las operaciones comerciales deberán precisar el medio de pago e identificar la transacción si se abona mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o plataforma digital de pago, sistemas inexistentes hace 65 años.

Respecto al registro del alquiler de vehículos a motor, existe desde 1974 y su normativa también ha quedado desfasada medio siglo después. Como en el caso anterior, el nuevo sistema obliga también, junto a las empresas dedicadas expresamente al alquiler de vehículos, a los operadores y las plataformas digitales dedicadas a la intermediación en estas actividades a través de internet.

Un sistema más ágil

El nuevo registro está alojado en la aplicación ses.hospedajes, gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, responsable de la custodia y protección de los datos que en ella sean alojados.

El salario mínimo subirá entre el 3 y 5% el próximo año

* El Ministerio de Trabajo pide al Comité de Expertos que la propuesta garantice al menos el mantenimiento del poder adquisitivo

* También reclama que se elabore una aclaración de las fuentes estadísticas para poder establecer un mecanismo legal de revalorización automática

* Recuerda el carácter retroactivo ante la posible demora de la aprobación pero pide celeridad al diálogo social para evitar dañar a las empresas


La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dado el pistoletazo de salida oficial para la negociación de la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025 con la primera reunión de la Comisión Asesora que elaborará en las próximas semanas una propuesta de revalorización que será llevada a la mesa de diálogo con patronal y sindicatos. Aunque la obligación legal del Gobierno es simplemente consultiva la ministra de Trabajo ya ha confirmado que tratará de llegar a un consenso con los agentes sociales, y la consecuencia de ello, tal y como admite, es la posible demora de la aprobación de la subida del salario mínimo hasta ya entrado 2025.

Una circunstancia que no sería novedosa, toda vez que ya se produjo para la actualización del salario mínimo de 2024, la cual no vio luz verde hasta comienzos del mes de febrero del presente año, si bien, señala Trabajo que esto no afectaría al resultado de la subida ya que esta operará con carácter retroactivo. Precisamente por este aspecto vinculante a inicio de año, la vicepresidenta ha expresado este martes su deseo de que las negociaciones se lleven a cabo a la mayor celeridad posible, con el objetivo de no dañar a las empresas ya que deberán compensar el eventual retraso en las nóminas de los algo más de dos millones de trabajadores afectados por el salario mínimo en España.

En este punto, el Ministerio confirma que la disyuntiva sobra la que debe dilucidar en este momento la Comisión Asesora es cuáles son las fuentes estadísticas se vincula el cálculo del 60% del sueldo medio, que es el compromiso del Gobierno en cumplimiento de la Carta Social Europea. En este sentido, Díaz sí admitió que la última cifra con la que trabaja el departamento es una mediana salarial de 22.383 euros al año, cifra que recoge la Encuesta de Estructura Salarial del INE para 2022.

Sin embargo, precisamente, el ejercicio de los expertos congregados es establecer en primer término cuál sería la fuente estadística adecuada, también las retenciones de IRPF de la Agencia Tributaria y las estadísticas de Eurostat ofrecen versiones sobre el sueldo medio en España, y según el mandato de Díaz, también deberán de establecer la propuesta para instaurar un mecanismo con automaticidad que vincule cada año la revalorización del SMI a ese 60% del sueldo medio.

Mínimo el IPC

Lo que sí aseguró la ministra de Trabajo en la rueda de prensa celebrada en el contexto de la primera de las reuniones que mantendrá la Comisión Asesora, es que el sueldo de subida del salario mínimo para 2025 será el valor de la inflación media del año, para garantizar que estas nóminas no pierden poder adquisitivo. Según las estimaciones del Banco de España. esta rondará el 2,9% anual. Por lo que la actualización no estará por debajo.

En este sentido, cabe destacar que tanto UGT como CC.OO. en una posición de máximos ya han trasladado al Ministerio de Trabajo que llevarán a la etapa de la negociación en la mesa de diálogo una petición de revalorización del 5%. Precisamente, sobre este rango se mueve la horquilla de la negociación, tal y como señalan a ABC las fuentes consultadas del diálogo social.

02 diciembre

Los inspectores de Trabajo avisan de que es imposible aplicar la reducción de jornada

La presidenta del sindicato SITSS, Ana Ercoreca, reclama en el Senado la plantilla y medios prometidos para el organismo por Yolanda que no han llegado


Aviso a navegantes: "El Gobierno no podrá hacer cumplir la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas de manera efectiva si no se refuerza a nivel operativo y a nivel de recursos a la Inspección de Trabajo (ITSS), que es el encargado de hacer cumplir la normativa social". Alto y claro lo trasladó ayer durante la Comisión de Trabajo del Senado la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca, en la que ha denunciado que la Inspección sufre una "alarmante disminución de efectivos", que además están peor remunerados que otros cuerpos, lo que provoca "la fuga a otros organismos" y que no haya suficientes candidatos para cubrir las plazas "porque las condiciones no son atractivas".

Los inspectores, que dependen del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, se ponen ya la venda incluso antes de que aparezca la herida ante la inminencia de que tengan que asumir nuevas responsabilidades y más carga de trabajo, pero con los mismos recursos y sin que se hayan cumplido las promesas de la ministra de reforzar el organismo en personal y medios. Ese es el temor que muestran ante la más que probable aprobación de la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que Díaz ha prometido que se aplicará a partir de 2025 y lo hará sin el apoyo de los empresarios, que se han descolgado de la negociación ante las imposiciones del Gobierno.

El Ministerio ya trabaja en un plan integral de aplicación de la nueva normativa, que incluye un programa especial de control del registro horario en las empresas. Sin embargo, en este plan no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Por ello, Ercoreca avisa de que la aplicación de este plan "será imposible de aplicar con los recursos actuales. Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo". Por ello, ha reclamado la aprobación definitiva del proyecto de ley de Función Pública, en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, y de la relación de puestos de trabajo para el colectivo, tal y como se pactó con el Gobierno. "Nada de eso se ha hecho pese a que está firmado. Llevamos ya varios años de retraso".

En este sentido, defendió la independencia e imparcialidad como "principios" de los inspectores, en contra de la utilización política que se intenta hacer del organismo, en clara referencia a Yolanda Díaz, pero sin nombrarla. Lo que sí dejó claro es que la plantilla de la institución inspectora sufre unas condiciones laborales y una situación de trabajo que se encuentra en "horas bajas" por una retribución inferior a la que tienen otros cuerpos, lo que está provocando que personal "se fugue a otras administraciones, no se presente personal suficiente para las plazas que se convocan, al tiempo que la plantilla está envejeciendo, la carga de trabajo se incrementa de manera permanente, no hay promoción para subir de puesto en la escala y no se ha realizado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que había comprometido el Gobierno".

Ercoreca denunció ante sus señorías que la estructura actual es "deficitaria" porque faltan medios y ni siquiera existe una subdirección general TIC ante la proliferación de ciberataques. "Todas estas deficiencias son conocidas, pero nada se ha hecho al respecto para poner una solución". Y esto pone en suspenso la aprobación de nuevas medidas, como la reducción de jornada o el control del registro horario. Desde el SITSS han manifestado en diferentes ocasiones que las actuaciones de control "no podrán ser realmente eficaces si no se avanza con firmeza en el fortalecimiento y modernización de la ITSS, adoptando medidas organizativas que permitan su implementación. La experiencia de anteriores instrumentos de planificación en este organismo resulta concluyente y exige el desarrollo del activo más valioso de la Inspección de Trabajo, que es sin duda el capital humano, que sigue siendo ninguneado por la ministra".

Durante la Comisión, en la que Ercoreca ha comparecido para informar de la labor de los inspectores y de las necesidades y retos actuales del organismo, también ha avisado de que la Inspección está trabajando "por encima de sus posibilidades", a la vez que ha reivindicado el papel de este organismo para "garantizar un futuro y unas condiciones de trabajo dignas. Es necesario reforzar con recursos y medios para garantizar que no sólo tengamos un pasado sino también un futuro".

Un juzgado de Guadalajara reconoce 10.000 euros de indemnización adicional en un despido improcedente

El trabajador despedido injustificadamente será indemnizado por los daños y perjuicios sufridos


El Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara ha declarado improcedente el despido de un auxiliar administrativo al no quedar probada la causa extintiva del mismo. En consecuencia, el juzgador ha condenado a la empresa a optar entre readmitir al trabajador o, en su defecto, despedirle e indemnizarle con 1.050 euros, así como abonarle una indemnización adicional de 10.000 euros por los daños y perjuicios causados.

La sentencia, dictada el pasado 7 de noviembre y disponible en el botón ‘descargar resolución’, señala que al tratarse de un despido sin causa justificada y una antigüedad escasa (el trabajador llevaba prestando servicios para la empresa desde hacía menos de un año), ha de imponerse esa indemnización adicional de 10.000 euros para reparar el daño sufrido por la víctima.

Una decisión judicial que viene determinada por el fallo emitido por el Comité Europeo de Derechos Sociales el pasado 29 de julio, en el que respondía a la reclamación planteada por Unión General de Trabajadores (UGT), se concluyó que la legislación española no protegía suficientemente a las personas trabajadoras en los supuestos de extinción de la relación laboral sin razón válida, infringiendo con ello la Carta Social Europea Revisada.

La defensa del trabajador, que ha estado a cargo del letrado Pedro Álvarez del Río, abogado asociado de Lexway Abogados, señala a Economist & Jurist sobre este fallo judicial que es una sentencia muy favorable para los derechos de los trabajadores, sobre todo para aquellas personas trabajadores con escasa antigüedad en la empresa, con jornada parcial y que cuando están apunto de superar el periodo de prueba son despedidos. “Creo que es un fallo judicial favorable porque se establece una indemnización superior a la legalmente tasada y, por lo tanto, se puede generar de cara a las empresas un efecto disuasorio en el sentido de no tener que despedir a trabajadores con tan escasa antigüedad”, señala Álvarez.

No obstante, el letrado también cree que esta sentencia “puede generar a las empresas cierta inseguridad jurídica por lo novedosa que es y porque no existen unas claras líneas a la hora de tasar el importe de la indemnización”. En el caso de este trabajador, el abogado Pedro Álvarez decidió fijar la indemnización en 10.000 euros al tomar como referencia el salario que percibía su cliente durante un año.

Pese a que este letrado está satisfecho con el fallo del Juzgado, ya que estimó la cuantía propuesta en la demanda, recalca que “todavía no hay sentencias del Tribunal Supremo que indiquen cuál es la pauta que tienen que seguir los juzgados de primera instancia para imponer la indemnización”. “Si que hay tribunales Superiores de Justicia que están tomando como referencia diversos aspectos. Hay algunos que toman de referente la indemnización equivalente a un año de salario; hay otros que toman de referencia las diferencias entre lo que el trabajador ha dejado percibir de su salario y la prestación por desempleo en el límite de un año”.