Descubren en Calvià una empresa que prestaba servicios de seguridad privada sin autorización

La ley contempla sanciones de hasta 600.000 euros para las empresas que presten este tipo de servicios sin autorización

Agentes de la Policía Nacional han destapado en Calvià una presunta trama de intrusismo en el sector de la seguridad privada, tras una inspección llevada a cabo por el grupo de Intrusismo de la Unidad Central de Seguridad Privada, en colaboración con la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Illes Balears.

La operación, fruto de una investigación que se ha prolongado durante un año, ha revelado que la empresa inspeccionada realizaba funciones reservadas exclusivamente a profesionales del sector sin contar con la habilitación legal correspondiente, lo que constituye una infracción muy grave según la Ley de Seguridad Privada 5/2014.

Durante los servicios de vigilancia y seguimiento, los investigadores constataron que la compañía ofrecía a terceros servicios de instalación de alarmas, custodia de llaves y respuesta inmediata a saltos de alarma las 24 horas, todo ello sin estar legalmente autorizada. En total, se han detectado más de 800 servicios irregulares prestados desde la sede ubicada en Calvià.

DOS CAJAS FUERTES

La inspección en las instalaciones permitió localizar dos cajas fuertes con llaves de clientes, folletos comerciales sobre los servicios ofrecidos, así como registros de comprobación diaria de alarmas y turnos de respuesta. Esta práctica, además de vulnerar la legislación vigente, representa un riesgo para los usuarios, al confiar en personal no acreditado para tareas de protección y vigilancia.

Como medida cautelar, se ha procedido a intervenir diversos activos de la empresa, que quedan ahora a disposición de las autoridades competentes como garantía ante el procedimiento sancionador que ya se ha iniciado.

La ley contempla sanciones de hasta 600.000 euros para las empresas que presten este tipo de servicios sin autorización, así como multas de hasta 20.000 euros para los usuarios y trabajadores que participen en este tipo de actividades ilegales.

La Policía Nacional ha recordado que el correcto funcionamiento del sector de la seguridad privada requiere del cumplimiento estricto de la normativa y la colaboración permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que se ve amenazado por prácticas como la investigada en este caso. 

Fuente: Descubren en Calvià una empresa que prestaba servicios de seguridad privada sin autorización

La trama del caso Mersant tenía 80 empresas para blanquear dinero de la droga

La Policía considera a un empresario de Carmona como el principal cabecilla de la organización, que contaba con más de 35 testaferros

La banda adquiría bienes inmuebles, entre los que destaca un castillo, para reintroducir el dinero ilícito en el circuito legal

La trama del caso Mersant blanqueó presuntamente dinero procedente del narcotráfico a través de más de 80 sociedades y 35 testaferros. Los implicados adquirían bienes inmobiliarios para reinvertir en ellos las ganancias de la droga. Llegaron a comprar, según afirmó un testigo, un castillo en Paterna del Campo, por el que pagaron diez millones de euros. También hacían viajes a Italia, de donde venían con billetes de 500 euros, que luego cambiaban por otros más pequeños con la colaboración de la directora de un banco de Dos Hermanas.

Así consta en el sumario de esta investigación de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales y el fraude, al que ha tenido acceso este periódico. La operación policial se desarrolló en Sevilla y otras provincias españolas a finales del año pasado y en ella fueron detenidas 23 personas, entre ellas los dueños de Mersant Vigilancia, la empresa de seguridad privada por cuyos impagos a los trabajadores comenzó la investigación. El cabecilla de la trama es un empresario de Carmona, que manejaba un complejo entramado societario para reintroducir el dinero ilícito en el circuito legal.

Este empresario, identificado como F. J. C. G., prestó 1,3 millones de euros a los anteriores dueños de Mersant (R. S. M.; su marido, J. C. S.; y el administrador de la sociedad, R. M. G.) para que reflotaran la empresa, que tenía una deuda superior a los cuatro millones de euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Paradójicamente, Mersant era la empresa que prestaba servicios de vigilancia en esta institución, así como en otros organismos públicos y administraciones. Al no poder devolver el dinero prestado, el cabecilla de la trama adquirió la empresa y desvió los servicios que ésta prestaba a otra de su propiedad, Urcon Security. Mersant sería declarada después en concurso.

La investigación arrancó en verano de 2022 a raíz de varias denuncias de un sindicato de seguridad privada, tanto por los impagos de las nóminas de los más de 600 empleados de Mersant desde diciembre de 2021 como por la apropiación indebida de las cuotas de los afiliados a este organización por importe de 8.040 euros.

El caso recayó en el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Sevilla. Tras varias gestiones, los investigadores corroboraron a través de diversas fuentes que el empresario de Carmona era el "cabecilla de una organización criminal especializada en la comisión de delitos económicos y el blanqueo de capitales".

Este hombre disponía de una "importante estructura con más de 80 empresas y 30 testaferros a través de la cual parece llevar a cabo una intensa actividad delictiva, siendo la descapitalización dolosa de Mersant Vigilancia la operativa de fraude más reciente de la que se tiene conocimiento". La Policía identifica hasta cuatro delitos en la manera de actuar de esta organización criminal.

El primero de ellos es el fraude a la Seguridad Social, con la contratación fraudulenta de empleados para generar derechos sociales como son las ayudas por desempleo. El segundo es la frustración de la ejecución. Adquirían sociedades en crisis con deudas millonarias, cuyos activos (derechos y bienes) eran transferidos a empresas vinculadas con la organización, en perjuicio de los acreedores.

Ayuso adjudica la seguridad de dos centros de menores a una empresa condenada por explotar a sus trabajadores

Una empresa gallega que imponía a los vigilantes de seguridad jornadas de 24 horas durante 15 días seguidos se ha hecho con el contrato para vigilar un centro de menores migrantes no acompañados y otro de niños y niñas tutelados.

La Agencia Madrileña de Atención Social ha adjudicado el contrato para el servicio de seguridad y vigilancia de dos centros de menores a la empresa gallega Alcor Seguridad, S.L. que ya se había encargado de las mismas funciones desde 2019. Mientras se resolvía esta licitación, el pasado mes de febrero, la cúpula de la mercantil resultaba condenada por vulnerar los derechos de los trabajadores. 

La Audiencia Provincial de Lugo falló, el pasado 21 de febrero, contra cuatro responsables de la empresa de seguridad por atentar contra los derechos de una treintena de trabajadores. La sentencia, que ha sido recurrida, indica que la empresa imponía a algunos trabajadores turnos de 24 horas sucesivos durante varios días sin respeto de los descansos establecidos, "debiendo emplear dos códigos diferentes en los partes de servicio para ocultar los excesos de jornada". 

Los dos centros de menores donde prestan sus servicios los vigilantes de Alcor Seguridad son la residencia de adolescentes Vista Alegre y la 

residencia infantil Vallehermoso. Respecto al primero de los centros, que acoge a menores inmigrantes no acompañados (MENAS), con una capacidad de doce plazas, la Agencia Madrileña de Atención Social dice que "la tipología de los menores residentes hace necesaria la implantación de un servicio de seguridad y vigilancia privada como el descrito en los pliegos que rigen este contrato, durante todos los días del año". 

Algunos de los testimonios de vigilantes de seguridad escuchados en el juicio contra los responsables de Alcor fueron estos: "La jornada laboral era de 24 horas durante 15 días seguidos. Vivía en una caseta de obra en condiciones infrahumanas e insalubres"; "Me entregaron 20 o 30 folios en blanco para que los firmase"; "Me comunicaron que cambiara la firma y el tipo de letra para simular ser otro vigilante"; "En un servicio en Barcelona, en la zona del Tibidabo, estuve trabajando 10 semanas seguidas sin descansar".

Pese a la gravedad de los hechos probados, las penas han resultado más bajas de las que pedía la Fiscalía y el sindicato USO, que se personó como acusación popular en la causa. Los directivos acusados se han beneficiado de las atenuantes de dilaciones indebidas [la causa se inició hace una década] y de reparación del daño tras consignar el dinero de las indemnizaciones al comienzo de la causa. El principal acusado, C. S., considerado como el responsable de la empresa, ha sido condenado a cinco meses de cárcel; y el resto entre tres meses y un mes y medio de prisión y al pago de multas. 

El tribunal pudo constatar casos de violación de las condiciones legales de trabajo en vigilantes que prestaron servicios para esta mercantil en Euskadi, Canarias, Catalunya, Extremadura y Aragón. Alcor Seguridad es adjudicataria de contratos públicos en todo el Estado, entre ellos, de la seguridad de las obras ferroviarias de la conocida como 'Y vasca'.

Sanción de 30.001 euros a una empresa de seguridad privada de Mérida por intrusismo

La empresa investigada evitó el abono de tasas y carece de permisos para ejercer el servicio de vigilancia, hechos que se califican como muy graves

Una empresa que prestaba servicio de vigilancia en la plaza de España de Mérida ha sido sancionada con 30.001 euros por intrusismo.

Agentes de la Unidad Territorial de Seguridad Privada, perteneciente a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Badajoz de la Policía Nacional, tuvieron conocimiento de la posibilidad de un intrusismo laboral de una empresa que realiza servicios de seguridad privada sin autorización.

Los agentes realizaron diversas gestiones con la colaboración de una dotación policial de la Comisaria de Mérida e identificaron a una persona que se encontraba prestando servicios de seguridad privada en la plaza de España, concretamente la vigilancia de equipos de sonido y material instalado para las fiestas de preuvas, durante las pasadas navidades.

Según la información recabada por la Guardia Civil, la empresa investigada evitó el abono de tasas y carece de permisos para ejercer el servicio de vigilancia. Por ello, procedieron a la incoación de un expediente sancionador por infracción tipificada como muy grave en el artículo 57.1 a de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, sancionable con una cuantía económica ente 30.001 y 600.000 euros, remitida a la oficina de Derechos y Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Posteriormente, en el mes de febrero, la Delegación del Gobierno en Extremadura determinó la sanción para las infracciones cometidas por la empresa, considerando la propuesta elevada por la unidad investigadora y determinándolas como infracción muy grave, con la cuantía de 30.001 euros.

Fuente: Sanción de 30.001 euros a una empresa de seguridad privada de Mérida por intrusismo (hoy.es)

Condenado uno de los grandes empresarios de la seguridad por delitos contra los trabajadores: 50 € por poder ducharse

Carlos S.F., responsable de Alcor Seguridad S.L., se ha beneficiado de dos atenuantes para que la pena de prisión sea de unos pocos meses. El tribunal considera que se aprovechaba de la situación de necesidad de los empleados

Carlos S.F., uno de los grandes empresarios del sector de la seguridad privada, que ha prestado servicio en algunas de las infraestructuras más importantes del país, ha sido condenado por un delito contra el derecho de los trabajadores por hechos cometidos a través de Alcor Seguridad S.L. que se extienden entre 2011 y finales de 2015. 

El principal investigado, considerado por los agentes como el responsable de la firma, aunque no constase así en el organigrama, se ha beneficiado de las atenuantes de dilación indebida y de reparación del daño tras consignar distintas cantidades de dinero al iniciarse el proceso contra ellos. 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, que entre el 21 y el 29 de noviembre del año pasado acogió la vista oral de un caso cuya instrucción se inició hace una década, ha desestimado la petición de absolución de las defensas del principal investigado y los otros tres encausados y considera probado que la citada compañía "imponía" a sus vigilantes de seguridad "condiciones laborales que vulneraban los derechos reconocidos". 

Esta situación se sustanciaba, según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, "mediante el engaño y abusando, en algunos casos, de la situación de necesidad" de los empleados. 

El tribunal detalla una amplia lista de prácticas irregulares. Destaca las "largas jornadas laborales con turnos de 24 horas durante varios días —15, 20...— y sin respeto de los descansos establecidos" que atestiguaron numerosos empleados. Y señala la "exigencia a los trabajadores de firmar documentos en blanco o parcialmente cubiertos" con los que la empresa justificaba "recibís", negativas a reclamar o formación no recibida por la plantilla. "Justificantes no veraces", se resume en la resolución. 

Uno de los afectados, que desempeñó funciones en el País Vasco, declaró que estuvo dos semanas seguidas trabajando porque "estaba pasando una situación de gran apuro económico". "Era eso o irse a casa", comentó un trabajador, que afirmó que "descansaba en una caseta de la obra o en el vehículo". 

Otro testigo relató que se alquiló un piso a nombre de la empresa para los trabajadores, pero que estos debían "aportar 50 euros para ir al piso a ducharse", se plasma en el fallo judicial, donde también se incide que algunos vigilantes tuvieron que renunciar a su antigüedad para ser subrogados por Alcor Seguridad S.L. 

Los vigilantes de seguridad encadenaban, sin descanso, jornadas de trabajo de 24 horas 

En lo que coincidieron muchos de los empleados sobre los que el tribunal basa su sentencia condenatoria es en que debían "presentar facturas de índole personal en las que debía figurar el nombre y el CIF de la compañía para que le fueran pagadas las horas extraordinarias". Estas se abonaban, "habitualmente, en metálico o mediante talón bancario" y "sin reflejo en la nómina". La cuantía de las mismas, recordó uno de los declarantes, era de "seis euros".

Cinco meses de prisión para el jefe de la empresa monfortina Alcor Seguridad por explotar a una treintena de trabajadores

La Audiencia da por probado que la sociedad «les imponía mediante engaño y abusando de su situación de necesidad condiciones laborales que vulneraban sus derechos». Otros tres socios han terminado también condenados a penas menores

La cúpula de la empresa monfortina Alcor Seguridad ha sido condenada por un delito contra los trabajadores. Así lo notificó este jueves el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que hizo pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo en la que se falla contra el jefe y varios socios de la compañía de seguridad que impusieron condiciones laborales ilegales a más de una treintena de trabajadores entre los años 2011 y 2015.

La causa llegó a juicio el pasado mes de noviembre tras diez años de instrucción. La Fiscalía y la acusación popular sostenían que el jefe de la empresa y el resto de la dirección obligaban a sus empleados a trabajar en condiciones ilegales. 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo condena ahora a cuatro de los cinco acusados. Eso sí, a penas mucho menores de lo que solicitaban la Fiscalía y la acusación. El jefe ha sido condenado a cinco meses de prisión, pero el tribunal también castiga con tres meses de prisión, en concepto de cooperadores necesarios, al entonces jefe de servicios en las Islas Canarias y a la que ejercía como delegada de la entidad en Asturias y en Cataluña; y a un mes de cárcel, como cómplice, a una administrativa de la sede de la empresa en Monforte de Lemos. Desde Alcor Seguridad ya han confirmado que recurrirán este fallo ante el TSXG. 

Métodos de presión para imponer condiciones ilegales

Los magistrados consideran probado en la sentencia que, desde aproximadamente el año 2011 hasta octubre de 2015, el acusado, quien «de facto regentaba la entidad», empleó «a múltiples trabajadores como vigilantes de seguridad, a quienes imponía, mediante engaño y abusando en algunos casos de su situación de necesidad, condiciones laborales que vulneraban los derechos reconocidos a los mismos en las disposiciones legales vigentes».

Así, la sala subraya que, entre otras condiciones, les exigía «firmar documentos en blanco o parcialmente cubiertos al tiempo de formalizar el contrato con la entidad o con posterioridad, desconociendo estos su contenido y efectos, tales como recibís, solicitud de anticipos, el modelo 145 del IRPF, manifestación de que no tenían nada que reclamar a la empresa, de haber recibido formación e información en relación con su puesto de trabajo o de conformidad con el convenio colectivo».

Además, algunos trabajadores, según el fallo, «desplegaban largas jornadas laborales con turnos de 24 horas sucesivos durante varios días, sin respeto de los descansos establecidos»; y a los provenientes de otra empresa que debían ser subrogados por la entidad, les exigía «formalizar nuevo contrato, renunciando a la subrogación y, consiguientemente, a su antigüedad como requisito para realizar horas extraordinarias».

Los magistrados también consideran probada la «no realización de cursos de formación de obligado desarrollo, presentando la empresa justificantes inveraces firmados por los trabajadores acreditativos de haberlos realizado e instruyendo a los mismos a realizar manifestaciones en tal sentido si fueren requeridos por los servicios de inspección».

UGT denuncia ante la Audiencia Nacional el convenio de Alcor Seguridad

Un convenio de empresa que amparado en la anterior reforma laboral redujo sustancialmente las condiciones laborales, sociales y económicas de las personas trabajadoras de la empresa ALCOR y que en la actualidad su aplicación choca frontalmente con lo legalmente establecido.

UGT ha presentado denuncia en la Audiencia Nacional contra la empresa de seguridad ALCOR al considerar que según lo previsto en la nueva reforma laboral la empresa ALCOR debe venir obligada a la aplicación para la totalidad de su plantilla del convenio sectorial de seguridad privada y no del convenio de empresa que reduce sustancialmente las condiciones económicas de los vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en la mencionada empresa.

Según indica el Sector Estatal de Seguridad Privada de FESMC UGT la empresa ALCOR SEGURIDAD amparado en la anterior reforma laboral negoció un convenio de empresa reduciendo las condiciones económicas de las personas trabajadoras. Esta situación se reprodujo en distintas empresas del sector de seguridad denunciadas desde el Sindicato, con la única intención de recortar costes empresariales reduciendo entre otras condiciones laborales el salario de las personas trabajadoras que además les permitía competir en concursos públicos y privados con menor coste salarial y por lo tanto en situación más beneficiosa que su competencia.

La nueva reforma laboral aplico en materia de negociación colectiva un régimen transitorio ya finalizado y que en la actualidad obliga a la empresa ALCOR a la aplicación del convenio sectorial, la falta de atención a este prefecto por parte de la empresa ha sido denunciada por UGT ante la Audiencia Nacional, entendiendo que la actuación de ALCOR lesiona los derechos de sus trabajadores y trabajadoras en materia de salario así como en las cuantías de cotizaciones a realizar por parte de la empresa a la seguridad social, motivo que también será motivo de denuncia por parte de UGT ante la Inspección de Trabajo en su ámbito estatal.

ALCOR SEGURIDAD en la actualidad se encuentra a la espera del fallo de la Sala Segunda de lo Penal en Lugo por una presunta explotación laboral cometida contra las personas trabajadoras adscritas a la empresa de seguridad privada.

Fuente: UGT denuncia ante la Audiencia Nacional el convenio de Alcor Seguridad - FESMC-UGT (fesmcugt.org)

Cae la empresa de seguridad de Mario Conde y Luis Oliver: Norvik Security Services en quiebra

LA COMPAÑÍA DEL EXBANQUERO Y DEL EXCEO DEL BETIS ACUMULABA DENUNCIAS POR RETRASOS EN EL PAGO A SUS TRABAJADORES Y HA ENTRADO EN CONCURSO DE ACREEDORES

La empresa de seguridad Norvik Security Services, de la que son propietarios el exbanquero Mario Conde y el exconsejero delegado del Betis Luis Oliver, este 17 de enero de 2024 ha sido declarada en quiebra. Ha sido obligada, por el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid, a salir a concurso de acreedores por retrasos en el pago de la nómina de sus trabajadores durante varios meses y numerosas denuncias por parte del sindicato

La empresa del exbanquero Mario Conde y el exconsejero delegado del Betis Luis Oliver, Norvik Security Services (NSS), antigua INV, se encuentra en medio de una crisis financiera que la ha llevado a presentar un concurso de acreedores. El pasado 17 de enero de 2024 el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid declaraba a la reconocida empresa en el sector de seguridad, a presentar concurso de acreedores por una acumulación de impagos a sus trabajadores de varios meses.

De hecho, en su día le abrieron expediente sancionador tras recibir numerosas denuncias por parte de 'Alternativasindical' en toda España. "La empresa lleva incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones con los trabajadores, no abonando las nóminas en tiempo y forma, y en los últimos meses ni siquiera abonándolas, suponiendo esto una precarización laboral y un incumplimiento reiterado de los pliegos de condiciones y la Ley de Contratos del Sector Público (LCSC) cliente mayoritario de la empresa”, señala el sindicato.

Los negocios de Mario Conde y Luis Oliver

“La Administración en muchos casos es responsable solidaria de estos impagos de Norvik Security Services por haberle adjudicado el contrato pese a que se dan estos condicionantes que enumera: que figura en la lista de deudores de Hacienda con una deuda cercana a los 3,7 millones de euros, que se trata de una empresa con poca o nula solvencia tanto económica, como técnica y organizativa, y que está en manos del fondo de inversión RivieraHus Spania, con dudosa transparencia y que, como destapamos, está liderado por Mario Conde y el empresario Luis Oliver”, informa en un comunicado Alternativasindical, en voz de su portavoz Alberto García. “En otros casos el sindicato estudiará también la responsabilidad solidaria de muchos de sus clientes privados”, puntualiza.

El fondo HR Spania estuvo recientemente, en abril de 2023, en el foco mediático por su acuerdo con el grupo INV para anexionarse su departamento de vigilancia y tres de sus empresas asociadas. Se trata de una Sociedad Limitada con domicilio social en Benidorm (Alicante), cuya actividad es la promoción inmobiliaria y que está vinculado a Noruega por el origen de su administrador único.

Tras este fondo RH Spania, que también está al frente de la empresa ya en quiebra Norvik, están Mario Conde y Luis Oliver Albesa. Ambos mantienen una estrecha amistad desde que Oliver se convirtió en el jefe de seguridad del exbanquero –que continúa su actividad empresarial a pesar de sus polémicas– en 1992, como publica El País.

La doble cara de las empresas de seguridad 'low cost' en Euskadi: más económico y menos fiable

El Centro de internamiento de menores de Zumárraga denuncia falta de personal de seguridad en el único establecimiento de Euskadi donde se realizan labores educativas con menores que han llevado a cabo delitos muy graves por la subcontratación de un sistema "barato y poco seguro"

"Llevamos sufriendo de manera continuada falta de personal de seguridad y todo es resultado de la subcontratación a empresas 'low cost'". Desde el Centro de menores Ibaiondo de Zumárraga lo tienen muy claro. El comité del establecimiento denunció hace unos días el escaso servicio del que disponen desde los últimos años, argumentando que esta situación debe cambiar al tratarse del "único sitio de Nivel 1 en Euskal Herria, donde se realizan labores educativas con menores y jóvenes que han llevado a cabo delitos graves o muy graves". Según explicó el sindicato ELA, el Gobierno Vasco tiene contratada una empresa ISEC, una medida que no satisface a los empleados que trabajan en este centro de la localidad guipuzcoana.

Las quejas contra las empresas de seguridad 'low cost' han ido en aumento durante las últimas fechas en el país. El caso más reconocido se centra en el actual presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado como el 'rey de la seguridad low cost'. El canario fue detenido el pasado verano cuando volvía de Miami por ser cómplice de encabezar diversas empresas que ofrecen servicios de vigilancia discontinua que permiten reducir los costes sin perder, en teoría, eficacia en seguridad. Algo que se está aplicando en diversos sectores y que, en el caso del Centro de menores Ibaiondo, perjudica a los propios empleados.

Entre 2018 y 2019, los vigilantes de seguridad fueron agredidos 35 veces, con costillas rotas y con necesidad de intervención quirúrgica

Cabe recordar que entre los años 2018 y 2019, los vigilantes del establecimiento admitieron que sufrían una situación "insostenible" debido al incumplimiento del protocolo de seguridad que se ha visto agravado por un aumento de la conflictividad y del grado de violencia de los inquilinos. Además, según recalcan los protagonistas, durante esas fechas fueron "agredidos 35 veces en los últimos 20 meses, con resultados del tipo de moratones en los ojos o costillas rotas, con necesidad de intervención quirúrgica, mientras que ha habido cuatro intentos de evasión en el último año y medio". Reconocen que los episodios de uso de la fuerza se han duplicado en el último año, ya que "llegan cada vez más jóvenes y más violentos".

A la espera del Gobierno Vasco

Cinco años después de este fenómeno, la situación continúa parecida según informan algunos empleados del centro de menores a Crónica Vasca. Subrayan la "poca seguridad" que hay durante algunos momentos específicos del día, como por ejemplo, a la hora de realizar "talleres educativos en la parte exterior del centro, o también se puede dar el caso de que no haya vigilantes suficientes en el turno nocturno y los menores no puedan ir al baño, teniendo que hacer sus necesidades en su habitación en una bacinilla".

"Se requiere más personal para evitar poner en riesgo la seguridad estipulada de los trabajadores"

Miembro del Comité de centro de menores Ibaiondo

Desde el centro indican que, hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno Vasco. Se encuentran a la espera de una solución que requiera más personal para evitar poner en "riesgo la seguridad estipulada de los trabajadores, y vulneran los derechos de los menores y jóvenes residentes". Desde el punto de vista del Comité, esto supone un incumplimiento del contrato que tiene la empresa con Lakua e instan a que se supervisen las condiciones en las que se encuentran tanto los menores hoy en día en Ibaiondo como los que conforman la plantilla de trabajo.

Vigilantes al servicio del Gobierno de Navarra llevan dos meses sin cobrar

Los problemas empezaron en julio, cuando Norvik absorbió a la empresa adjudicataria de la seguridad en juzgados, comisarías y hospitales

 

Ya son dos meses sin cobrar la nómina los que acumulan cerca de un centenar de trabajadores en Navarra de la empresa de seguridad privada Norvik Security Services, que presta servicio a Gobierno foral, Nasuvinsa o Agencia Tributaria, además de algunas importantes compañías como Gestamp o Volkswagen. La falta de ingresos ha llevado a estos vigilantes a una situación límite debido a que los atrasos comenzaron meses atrás. Según la representación sindical de la plantilla, no están cobrando con normalidad sus salarios desde hace medio año, lo que está derivando en graves contratiempos económicos ante la imposibilidad en algunos casos de hacer frente al alquiler, la hipoteca o las facturas domésticas.

Los problemas comenzaron en julio, cuando Norvik absorbió a INV, la concesionaria de los servicios de vigilancia en hospitales públicos, comisarías o juzgados que se había hecho con el contrato a comienzos de este año. La plantilla ya está habituada a ser subrogada de una empresa concesionaria a la siguiente en función del resultado del concurso para adjudicar el servicio, pero tardó poco en darse cuenta que esta vez iba a ser diferente. La paga extra de julio se retrasó casi dos semanas, algo inhabitual y que sentaba un mal precedente. La mala impresión inicial se confirmó en agosto, con el pago de los salarios con tres semanas de retraso, y septiembre, que fue abonado en unos casos el día 6 y en otros el 17.

La situación se agravó en octubre, mes desde el que no han visto ni un euro. Ante este panorama, los vigilantes se quejan de la falta de repuesta del Gobierno de Navarra para encontrar una solución. Según les han informado, ninguna otra empresa de seguridad quiere adjudicarse el servicio porque tendría que asumir las deudas acumuladas, por lo que se prorrogará el contrato con Norvik hasta abril.

“Nos están manteniendo mis suegros”

Son casi un centenar de trabajadores de Norvik en Navarra que están viviendo con el agua al cuello, según los testimonios recogidos entre algunos de estos vigilantes que llevan dos meses sin cobrar sus nóminas. En los casos más graves, algunos han tenido que abandonar sus hogares ante la imposibilidad de pagar el alquiler. Los demás ya han agotado sus pequeños ahorros y tiran adelante gracias a la ayuda de familiares. Las dificultades para pagar las facturas están disparando los cuadros de ansiedad que derivan en bajas, lo que sumado a la fuga de empleados a otras empresas está llevando a que no haya personal para cubrir los servicios de seguridad en algunos lugares.

“La hipoteca nos ha subido 300 euros al mes por el incremento de los intereses y el salario de mi mujer no nos llega para afrontar todos los gastos. Tenemos dos hijas de 17 y 12 años y solo gracias a la ayuda de mis suegros seguimos a flote”, reconoce uno de los vigilantes de Norvik afectados por el impago de las nóminas que prefiere mantenerse en el anonimato. Totalmente indignado con la situación de tener que trabajar sin cobrar, apunta que tampoco pueden dejar de hacerlo ante el riesgo de despido y solo confían en que llegue un nuevo adjudicatario solvente. “Nos han hecho un agujero tremendo. Estamos a las puertas de la Navidad con el culo prieto si surge un gasto imprevisto. Por culpa de la ansiedad he perdido ocho kilos”, explicaba.

Fuente: Vigilantes al servicio del Gobierno de Navarra llevan dos meses sin cobrar (diariodenavarra.es)

"Vivía en condiciones infrahumanas": juicio a una de las grandes firmas de la seguridad privada

Tras diez años de instrucción, este martes debe dar comienzo en Lugo el proceso judicial contra los responsables de Alcor Seguridad S.L., una compañía que prestó servicios en grandes infraestructuras del país

Durante el tiempo que trabajé en las obras de la Y vasca, mi jornada laboral era de 24 horas durante 15 días seguidos. Vivía en una caseta de obra en condiciones infrahumanas e insalubres". "Me entregaron 20 o 30 folios en blanco para que los firmase. Cuando me quejé, me dijeron: 'Esta es la diferencia entre trabajar o estar en el paro'". "Me comunicaron que cambiara la firma y el tipo de letra para simular ser otro vigilante". "En un servicio en Barcelona, en la zona del Tibidabo, estuve trabajando 10 semanas seguidas sin descansar".

Estos son algunos de los testimonios recogidos por investigadores del Grupo Operativo de Fraudes de la Policía Nacional entre trabajadores de Alcor Seguridad S.L., y que en parte han sustanciado una acusación que a partir del próximo martes sentará a algunos responsables de esta empresa en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo. Un caso que guarda numerosos paralelismos con el que derivó en el procesamiento del actual presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y en el que se abordará la comisión de delitos contra el derecho de los trabajadores.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, el juicio contra cinco directivos se celebra tras diez años de una instrucción que arrancó el 19 de julio de 2013 con la denuncia de un exempleado de esta mercantil que prestaba servicios de seguridad privada en distintas partes del país y en infraestructuras tan importantes como las obras del AVE Madrid-Galicia.

Este testigo aportó 62 folios que contenían información sobre los cuadrantes de trabajo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012 y enero de 2013, cuando ejercía como jefe de equipo de Gerona para la compañía investigada, así como una hoja utilizada como "certificado de percepción salarial" con el anagrama de Alcor Seguridad S.L. correspondiente a octubre de 2012. Según explicó a los agentes, no firmó ningún contrato y, cuando se presentó en su puesto en Mondragón (Guipúzcoa), comprobó que las jornadas de trabajo "eran muy superiores a lo permitido en la legislación vigente". Había turnos de 24 horas durante 15 días y se descansaban 12 horas cada cinco jornadas, se recoge en su declaración adjuntada al sumario. Este empleado relató que "el pago de las horas extras se hacía en metálico y fuera de la nómina mensual". "La empresa obligaba a los trabajadores a entregar facturas que pudieran ser deducibles por Alcor Seguridad S.L.", para lo que se les proporcionaba "el CIF de la propia mercantil para que lo consignasen" en los comprobantes. Y afirmó que algunas de las compañías en las que prestaban sus servicios "eran conscientes y conocedores" de estas supuestas irregularidades.

Dinero en un sobre

Los investigadores aportaron a la autoridad judicial un total de 72 testimonios que coincidían en relatar estos presuntos comportamientos delictivos dentro del marco de las relaciones laborales y ponían de relieve una forma de actuar sostenida en el tiempo, según se desprende de sus comparecencias ante los agentes. La mayoría insistió en que las horas extraordinarias se les abonaban con transferencias, un talón nominativo o dinero en efectivo guardado en un sobre, "sin realizar las pertinentes cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ni las retenciones del IRPF". Y los testimonios explicaron que esta práctica era una "imposición": quejarse contra ella implicaba ser "apercibidos con el despido" o quedarse sin cobrar estos emolumentos.

Sanción de hasta 600.000 euros para una empresa por prestar servicios de seguridad sin autorización en Palma

Los supuestos infractores utilizaban carteles con un logo donde indicaban que la obra estaba protegida por ellos

La Policía Nacional ha propuesto para sanción, en virtud de la ley de Seguridad Privada, a una empresa de servicios, a una constructora y a dos trabajadores de la empresa de servicios por realizar en Palma actividades relacionadas con la seguridad privada sin la autorización correspondiente.

La empresa ha sido propuesta para una sanción de entre 30.000 € a 600.000€, mientras que las constructoras pueden enfrentar sanciones de entre 20.000 € y 100.000 €. Los individuos que realizaron funciones propias de vigilantes de seguridad sin la habilitación requerida se pueden enfrentar a sanciones de entre 6.000 € y 30.000 €.

Durante la investigación, se determinó que la empresa investigada ofrecía servicios de controladores de acceso a una constructora en horarios en los que no se trabajaba en las obras, cuando no era necesario controlar el acceso.

La Ley de Seguridad Privada dispone que es sancionable: en relación a la empresa investigada, que la prestación de servicios de seguridad privada a terceros sin autorización es una infracción muy grave. De igual manera, las constructoras pueden haber incurrido en una infracción muy grave de la citada ley por la contratación o utilización de servicios de empresas de seguridad privada sin autorización específica, que también es una infracción muy grave; y los trabajadores incurren en otra infracción muy grave por realizar funciones de seguridad privada sin la habilitación necesaria.

Los supuestos infractores utilizaban carteles con un logo donde indicaban que la obra estaba protegida por ellos.

Esta investigación es la continuación de las investigaciones que se llevaron a cabo en el mes de mayo por parte de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Illes Balears en la que ya se sancionó a otras empresas de servicios y varias constructoras por infracciones similares.

La Unidad territorial seguirá vigilante en este tipo de actuaciones y no dudará en sancionar todas aquellas que infrinjan los preceptos de la Ley de Seguridad Privada.

Fuente: Sanción de hasta 600.000 euros para una empresa por prestar servicios de seguridad sin autorización en Palma (cronicabalear.es)