La ley contempla sanciones de hasta 600.000 euros para las empresas que presten este tipo de servicios sin autorización
Agentes de la Policía Nacional han destapado en Calvià una presunta trama de intrusismo en el sector de la seguridad privada, tras una inspección llevada a cabo por el grupo de Intrusismo de la Unidad Central de Seguridad Privada, en colaboración con la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Illes Balears.
La operación, fruto de una investigación que se ha prolongado durante un año, ha revelado que la empresa inspeccionada realizaba funciones reservadas exclusivamente a profesionales del sector sin contar con la habilitación legal correspondiente, lo que constituye una infracción muy grave según la Ley de Seguridad Privada 5/2014.
Durante los servicios de vigilancia y seguimiento, los investigadores constataron que la compañía ofrecía a terceros servicios de instalación de alarmas, custodia de llaves y respuesta inmediata a saltos de alarma las 24 horas, todo ello sin estar legalmente autorizada. En total, se han detectado más de 800 servicios irregulares prestados desde la sede ubicada en Calvià.
DOS CAJAS FUERTES
La inspección en las instalaciones permitió localizar dos cajas fuertes con llaves de clientes, folletos comerciales sobre los servicios ofrecidos, así como registros de comprobación diaria de alarmas y turnos de respuesta. Esta práctica, además de vulnerar la legislación vigente, representa un riesgo para los usuarios, al confiar en personal no acreditado para tareas de protección y vigilancia.
Como medida cautelar, se ha procedido a intervenir diversos activos de la empresa, que quedan ahora a disposición de las autoridades competentes como garantía ante el procedimiento sancionador que ya se ha iniciado.
La ley contempla sanciones de hasta 600.000 euros para las empresas que presten este tipo de servicios sin autorización, así como multas de hasta 20.000 euros para los usuarios y trabajadores que participen en este tipo de actividades ilegales.
La Policía Nacional ha recordado que el correcto funcionamiento del sector de la seguridad privada requiere del cumplimiento estricto de la normativa y la colaboración permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que se ve amenazado por prácticas como la investigada en este caso.
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