Cada vez es más común utilizar auxiliares en categoría de vigilantes cuando no tienen la formación necesaria, una práctica que puede ser multada con hasta 600.000 euros
Es junio de 2024 y un hombre acaba de acceder al jardín de una villa de la isla de Eivissa. El intruso, que se mueve en silencio por el exterior, se encuentra, de repente, con un trabajador de la vivienda y lo amenaza. Es un auxiliar de servicio que ejerce funciones de seguridad en el domicilio sin tener título habilitante para ello. Se oyen a continuación unos disparos. Poco después de proferir las amenazas, el individuo que se ha entrometido en la finca huye a toda velocidad del lugar. Pero la historia no se da por finalizada.
Los hechos llegan al conocimiento del Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Eivissa, quien abre una investigación que hace temblar tanto a la empresa, como al contratante y también a los trabajadores: hasta cinco multas les pueden caer, en conjunto, por proteger la villa con empleados que no cuentan con la licencia necesaria. Una de ellas (a la compañía) que puede llegar a alcanzar los 600.000 euros. “Intrusismo de manual”, apunta Alfredo Rodríguez, jefe de la unidad territorial de seguridad privada en Balears de la Policía Nacional.
Esta mala práctica es una de las más graves y repetidas que supervisan y fiscalizan los agentes desde el cuerpo de seguridad: utilizar auxiliares en categoría de vigilantes cuando no tienen la formación necesaria. Además, el auxiliar no está contratado a través de ninguna empresa especializada, otro de los requisitos para poder operar con normalidad sin enfrentarse a sanciones. El caso del asalto en la villa también se cierra con una “parte de responsabilidad penal” de la que se tuvo que hacer cargo la Guardia Civil. “Luego hubo una parte de responsabilidad administrativa, por intrusismo, que corresponde a la Policía Nacional”, apunta Rodríguez.
La seguridad privada se ha convertido no en la muleta, sino en el mejor aliado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lejos de ser un servicio subordinado al que se otorga desde la Administración Pública, como años atrás, cobra ahora un protagonismo difícil de gestionar. El intrusismo en el sector, tanto en Balears como a nivel nacional (en el que hay más de 20.000 Tarjetas de Identidad Profesional –TIP– en vigor), está a la orden del día.
Más de 5.000 vigilantes, jefes y directores de seguridad conforman el grueso del sector en las islas y vigilan, día a día, joyerías, bancos, compro oro, estaciones de servicio, farmacias con dispensación 24 horas y despachos de loterías para evitar delitos. Se incluyen en este grupúsculo profesional los detectives privados del archipiélago –alrededor de una quincena– y que también están fiscalizados por la Policía. En paralelo, el instituto armado supervisa las actividades de los guardapescas y los guardas rurales, de su competencia.
Falta de personal por la crisis de vivienda
“No hay sector más controlado”, afirma Rodríguez, quien explica que todos los establecimientos mencionados están obligados por ley a tener unas medidas de seguridad mínimas. Unas medidas que, sin embargo, no se pueden afrontar ya desde el sector público, puesto que la demanda en el sector privado se ha incrementado demasiado en los últimos años.
En Eivissa en concreto, fluctúa con la temporada turística. “Luego está la problemática que hay en todos los sitios: la falta de personal, principalmente por el tema de la vivienda”, asegura el representante de la unidad territorial. La crisis habitacional se extiende a las empresas de seguridad, que han de traer vigilantes de la Península. La compañía, además, se ve obligada a hacerse cargo de encontrar casa para sus trabajadores.
Por su parte, la Policía Nacional no puede controlar todos los establecimientos que requieren de vigilancia, más teniendo en cuenta los problemas para destinar agentes de las fuerzas del Estado a las islas. Entre estos, se incluyen aeropuertos o las infraestructuras públicas, como las prisiones, donde la ley permite a los vigilantes privados hacer la ronda por los exteriores. Aunque ese trabajo antes sí lo hacían los policías o guardias civiles hoy es “inviable”. “Los agentes al final somos los que somos”, añade Rodríguez.
